El presente informe versa sobre el análisis realizado sobre la resolución N° 11 del expediente 00677-2018-0-1817-SP-CO-01 emitido por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual trata sobre el recurso de anulación interpuesto por el Gobierno Regional de Cusco. A través de este, se podrá observar que actualmente siguen existiendo fallas en la aplicación e interpretación del Arbitraje y, que, por su carácter, no es posible asimilar criterios normalizados en sede judicial a sede arbitral. Dichos criterios se evidencian en el análisis de la motivación en sede arbitral ya que si bien el recurso de anulación se inicia a partir de un supuesto incumplimiento de aplicación del reglamento y el acuerdo de las partes, la Sala resuelve argumentando que en el laudo arbitral se evidencia una motivación aparente y, es en razón a ello que se declara fundado el recurso de anulación; sin embargo, la sala no ha tomado en consideración lo pretendido por el Gobierno Regional de Cusco y; sumado a ello, habría sobrepasado sus límites de actuación delimitados por la Ley de Arbitraje. Finalmente, se puede concluir que el criterio utilizado por la Sala se deslinda de lo pretendido por el Gobierno Regional de Cusco toda vez que, para verificar la aplicación de la causal de anulación solicitada, la Sala debió analizar la existencia de la falta cometida por el Árbitro Único en la emisión del Laudo Arbitral; no obstante, se realizó un análisis sobre el criterio de justificación utilizado por el Árbitro Único.

El objeto del presente informe jurídico es analizar la Resolución N° 9 del 7 de marzo de 2017, dictada por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial, recaída en el proceso de anulación de laudo, correspondiente al Expediente N° 282-2015- 0-1817-SP-CO-02. Este recurso de anulación de laudo fue promovido por el Instituto de Ciencias y Humanidades, a efectos de que se declare la nulidad parcial del laudo arbitral del 18 de junio de 2015 emitido por la Árbitra Única Eugenia Sessarego Melgar en el Caso Arbitral N° 2870-2013-CCL, seguido por el Instituto de Ciencias y Humanidades contra Innova Publicidad S.A.C, en el cual el tópico principal de la controversia fue el incumplimiento parcial o total de las prestaciones de la segunda en relación a dos contratos suscritos entre ambas partes. A propósito del presente caso, se busca analizar los límites del control judicial de los laudos arbitrales, los cuales muchas veces se ven vulnerados por los jueces al cuestionar aspectos como la aplicación de las normas y la valoración de pruebas por parte de los árbitros. Como veremos en el presente trabajo, el cuestionamiento de estos aspectos implica adentrarse dentro de las mejores o peores razones que el árbitro ha tomado para sustentar su decisión, lo cual se encuentra proscrito por el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1071, que expresamente prohíbe a los jueces pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por los árbitros. / The purpose of this legal report is to analyze Resolution No. 9 of March 7, 2017, issued by the Second Civil Chamber with Commercial Subspecialty, in the process of annulment of award, corresponding to Case File No. 282-2015-0-1817-SPCO-02. This annulment of arbitration award was initiated by Instituto de Ciencias y Humanidades, for the purpose of declaring the partial nullity of the arbitration award dated June 18, 2015 issued by the Sole Arbitrator Eugenia Sessarego Melgar in Arbitration Case No. 2870-2013-CCL, followed by Instituto de Ciencias y Humanidades against Innova Publicidad S.A.C, in which the main topic of the controversy was the partial or total breach of the latter's performance in relation to two contracts entered into between both parties. The purpose of this case is to analyze the limits of judicial control of arbitral awards, which are often violated by judges when questioning aspects such as the application of the rules and evaluation of evidence by the arbitrators. As we will see in this paper, the questioning of these aspects implies going into the best or worst reasons that the arbitrator has taken to support his decision, which is prohibid by Article 62 of Legislative Decree No. 1071, which expressly forbids judges to pronounce on the merits of the dispute or on the content of the decision or to qualify the criteria, motivations or interpretations set forth by the arbitrators.

El objetivo del presente Informe es analizar y formular una respuesta a los principales problemas jurídicos discutidos en el proceso de indemnización por daños y perjuicios, seguido entre NORSAC S.A. contra el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK. Concretamente, se analizan los siguientes aspectos: i) la interpretación del concepto de “notoriedad en la falsificación de firmas” previsto en el artículo 172 de la Ley N° 16587, antigua Ley de Títulos Valores; ii) el tipo de responsabilidad civil que recae sobre los bancos cuando pagan cheques con firmas notoriamente falsificadas; iii) la procedencia o improcedencia de la indemnización por lucro cesante solicitada por NORSAC S.A.; iv) el tipo de moneda en que debe ser pagada la indemnización y si corresponde o no la actualización del monto indemnizatorio hasta la fecha efectiva del pago; y v) la procedencia o improcedencia de la denuncia civil formulada por INTERBANK contra quienes se beneficiaron con el cobro de los cheques con firmas falsificadas. Las áreas del Derecho involucradas en el presente proceso son Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil. El método de análisis empleado consiste, en primer lugar, en la evaluación de los argumentos esbozados por cada parte con respecto a cada punto controvertido y, posteriormente, a través de un estudio normativo, doctrinario y jurisprudencial de los distintos conceptos jurídicos involucrados en el proceso, se brinda una respuesta acerca de cada uno de los puntos controvertidos. La conclusión principal del trabajo de investigación es que algunas de las instituciones jurídicas fueron analizadas correctamente por los órganos judiciales que conocieron el proceso; sin embargo, otras instituciones jurídicas no lo fueron.