Es una verdad ampliamente aceptada en la doctrina, el hecho de que el proceso es el "eslabón perdido" del sistema de tutela sustantiva de derechos, en el sentido que aquél garantiza la exigibilidad o justiciabilidad de los derechos materiales o sustantivos, lo cual calza plenamente con su naturaleza instrumental, pero que a su vez tiene un efecto "reflejo" en el núcleo duro de las políticas instrumentadas por el Estado para lograr sus fines últimos; esto en materia de la Constitución Laboral encuentra plena sintonía con las líneas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y Buenas Prácticas Laborales. En ese sentido, el presente trabajo plantea indagar como una política procesal "pura" (la reforma del proceso laboral) puede influir o tener incidencia en la médula de las políticas sociales consensuadas respecto de las Buenas Prácticas Laborales. / Tesis

Tesis

La presente investigación, analiza la normativa de las medidas legales adoptadas por el Gobierno en el proceso de formalización minera entre los periodos del 2012 al 2017, con el propósito de poder determinar cuáles son los criterios adoptados por el Estado Peruano en la lucha contra la informalidad en las actividades mineras de pequeña escala y, verificar, si estos mecanismos han contribuido a la efectiva erradicación de la misma. En esa línea, con el Primer Capítulo se busca explorar las diferencias existentes entre cada categoría de clasificación de los productores mineros en el Perú, mediante la evaluación de los criterios de clasificación por el Estado. Luego hará mención al nexo existente entre los pequeños productores mineros y los mineros en proceso de formalización, a fin de determinar la viabilidad de su adscripción a dicha categoría. El Segundo Capítulo, analizará la evolución política y legislativa de la formalización minera, de los periodos contemplados entre el año 2012 al 2017, para luego mencionar a algunos de los principales entes rectores relacionados con la minería de pequeña escala y su rol en el proceso de formalización. El Tercer Capítulo se desarrollará brevemente los instrumentos ambientales suscitados durante el proceso de formalización, acorde a la línea de tiempo de este estudio. Finalmente, el Cuarto Capítulo abarcara los puntos de impactos, beneficios y propuestas de solución a la informalidad minera en nuestro país. En conclusión, los criterios de clasificación aún no han sido establecidos claramente por parte del Estado, y por tanto son ambiguos para determinar una adecuada categorización. La simplificación administrativa aplicada por el Gobierno ha sido positiva en algunos aspectos, ha dejado de lado otros importantes como el ordenamiento territorial en los lugares donde se desarrollan estas actividades, retornando a una gestión sectorial poco beneficiosa para la erradicación de la informalidad minera. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación que pongo a disposición del Jurado Evaluador se intitula "Bases teóricas para la regulación de la tutela diferenciada en el proceso civil", el tema central en la misma se refiere a la Tutela Diferenciada, nomen iuris quizá de muy poca difusión, pero que acoge en su interior figuras de orden procesal consideradas por la Doctrina Procesal actual, algunas novedosas y otras de gran difusión en la teoría procesal tradicional, pero todas de suma importancia para que el Estado pueda brindar una tutela jurídica adecuada, rápida y eficiente a los conflictos intersubjetivos con relevancia jurídica que se ponen a su consideración. En realidad este trabajo es fruto de la curiosidad del investigador, por hurgar en temas que se mueven en Doctrina, pero que no tienen mucha difusión desde el punto de vista académico y tampoco regulación normativa concreta en nuestra legislación, es por ellos que decidí hace más de dos años enbarcarme seriamente en la tarea de investigar las arístas de este tema, con el propósito de proponerlo como objeto de investigación para la tesís doctoral, habiendo tomado conocimiento del mismo en un Seminario de Temas Procesales organizado por Jus et Veritas en Junio de 2000 en la Pontificia Uniuversidad Católica con un artículo que se nos entregó en diskette escrito por el renombrado profesor Juan Monroy Gálvez en coautoria con su hijo, otro destacado profesor profesor universitario, este articulo que luego fuera publicado en diversas revistas especializadas abrió las puettas para el inicio de esta tarea, coadyuvaron al propósito los dos últimos Congresos de Derecho Procesal realizados por la Universidad de Lima, en el que destacaron temas vinculados a la tutela diferenciada. Hoy se tangibiliza con este informe de tesís, las teorías y posiciones encontradas en la Doctrina especializada respecto del tema de investigación, buscando amalgamar lo que hemos denominado las bases teóricas de la denominada tutela diferenciada, sin embargo ésta no sólo contiene un aporte netamente teórico, pues tratándose de una investigación Jurídico-social, tiene también un trabajo de campo que nos da una aproximación a la realidad, con la cual se pudo obtener información de las unidades de análisis que estuvo integrada por magistrados, sabogados, decentes y estudiantes de maestría respecto de los alcanzes y problemática respecto de la tutela diferenciada. El presente trabajo no tiene por objeto la extinción de la tradicional tutela ordinaria con la cual no hemos formado y se vienen formando muchos estudiantes de derecho, lo que corresponde a esta investigación es la propuesta de conceder al Estado nuevos mecanismo para ejercer de manera adecuada su actividad jurísdiccional, lo que implica que la tutela diferenciada comkpartirá tareas con la tutela ordinaria y de esta forma pensemos se puede lograr un administración de justicia más ágil y oportuna, dando satisfacción al justiciable en tiempo más reducido. En fin, lo que intento con las propuestas establecidas en la investigación es crear conciencia de que se deben incorporar a nuestra legislación procesal cívil, las manifestaciones de tutela diferenciada que no tiene regulación normativa concreta, en tal sentido se hace necesario por el avance de nuestra sociendad, su complejidad y la generación de situaciones novedosas y nuevos derechos que no pueden ser atendidas exitosamente por la tutela ordinaria, así se convierte en oportuna la inclusión en nuestro ordenamiento procesal civil de la tutela preventiva, con la que se puede brindar tutela jurídica a cualquier sujeto de derecho para evitar la configuración de un inminente daño o para evitar la repetición de lo ilícito ello implica que la actividad jurisdiccional se anticipa al conflicto, es decir el servicio de justicia llega a priori y no a posteriori, también de la tutela urgente satisfactiva, la que no participa del principio de instrumentalidad, pues con su despacho se logra la satisfacción de la tutela anticipatoria, con lo que se podrá anticipar lo que se va ha decidir en la sentencia, sin que se confunda su configuración con la tutela cautelar y finalmente de la ejecución anticipada de sentencia, con la cual se ejecuta una sentencia de condena sin que haya trasuntado por la cosa juzgada, es decir se logra llegar a la etapa de ejecución sin haber culminado el proceso. Considero que este trabajo puede aportar decididamente a la incorporación vía norma objetiva de los mecanismos novedosos que se encuentren en Doctrina, como los que tratamos en las siguientes paginas, y que lamentablemente en nuestro medio no tienen mucha difusión. Por lo expuesto, pongo a consideración del jurado evaluador la presente tesis, esperando se acogida con voto aprobatorio.

"Hoy el régimen representativo se concentra en controlar, más que en cumplir con el régimen democrático. Por ello, lo que puede paralizar la democracia es la confiscación del poder por la clase política, guardando las apariencias de la democracia pero no su esencia." Revel, miembro de la Academia Francesa, definió como "incestuosa" la relación entre el poder político y el económico y dijo que la corrupción es la hija de ambos. "En la actualidad se utiliza al Estado para sacar ventajas económicas que pagan otros grupos de ciudadanos con menor poder para influir sobre otros", precisó. En la trashumancia electoral se nota clarimente esta relación. El poder económico del que organiza la trashumancia y que desea acceder al poder político. Poro otro lado para la jurisprudencia por “trasteo de votos” o trashumancia electoral sólo se configura si se reúnen los siguientes requisitos: a) Que los inscritos no residan en el municipio donde se inscribieron para las elecciones.; b) La demostración de que los inscritos ciertamente votaron en las elecciones; c) La prueba de que los votos irregulares tienen incidencia en el resultado electoral final, pues, de lo contrario, la nulidad del voto resulta inocua. Esta última condición surge de la exigencia de que el fallo judicial produzca consecuencias razonables, puesto que no tendría sentido que el juez declare la nulidad de una elección por la existencia de un trasteo de votos que no es suficiente para modificar el stato quo electoral. Así las cosas, la nulidad electoral por trasteo de votos se circunscribe al análisis fáctico de las condiciones necesarias para que se configure la violación de la prohibición constitucional. la Sala reitera su jurisprudencia en cuanto considera que la incidencia de los votos nulos en el resultado electoral debe ser evaluado desde el punto de vista numérico respecto del total de la votación o de la diferencia entre los sufragios obtenidos por el candidato ganador y el que le sigue en votación. Por lo tanto, si se demuestra la irregularidad de un número suficiente de votos para incidir en el resultado electoral, la nulidad debe decretarse.

El presente trabajo de investigación analiza el régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica establecido en el Sistema Nacional de Endeudamiento. Para ello, se verifica si las condiciones de su endeudamiento limitan el desarrollo de sus inversiones en servicios públicos, debido a su estructura y modelo de negocio, sin considerar la condición de igualdad en tratamiento legal respecto de las empresas privadas establecido en el Artículo 60° de la Constitución Política del Perú. A partir de este análisis, se concluye que la decisión del financiamiento de este tipo de empresa debe comprender una autogestión a nivel de empresa/accionista (dotarla de autonomía), con la finalidad de que el acceso al financiamiento para sus inversiones en servicios públicos no sea complejo, ordinario, ni limitado; en cambio sea compatible con el modelo regulatorio del negocio y sus características, que están enfocados al cumplimiento de sus fines sociales y empresariales. En ese sentido, resulta prioritario distinguir que la dinámica empresarial en la actividad de distribución eléctrica exige inversiones de forma intensiva, por lo que se requiere procedimientos óptimos que coadyuven su desarrollo económico y garanticen el suministro de conformidad con el Artículo 58° de la Constitución Política del Perú. / Trabajo de investigación

Tesis

La presente investigación trata de un tema muy controvertido en el comercio internacional: La validez de las clausulas arbitrales en el conocimiento de embarque. Este tema es de gran importancia en la actualidad, debido a que en la actualidad son las empresas de transporte marítimo las que movilizan la mayor cantidad de mercancías en el mundo. / Tesis

En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en especial del sector público, donde se tienen diversas modalidades de contratación. Siendo esta diversidad, la que genera desigualdad y desequilibrio. Dentro del régimen de la actividad pública se encuentra la llamada Contratación Administrativa de Servicios (en adelante CAS), la cual afecta derechos laborales y más aún, generaría desigualdad y discriminación frente a los demás regímenes laborales. En ese sentido nuestra posición supone explicar: qué es un contrato laboral a la luz de los principios del Derecho del trabajo, así mismo, evidenciar que existe una vía procedimental por medio de la cual puedan accionar las personas que se sientan afectadas en sus derechos, evidentemente en busca de la restitución de los mismos. Hasta el momento, en la jurisdicción nacional se han visto diversidad de fallos y sentencias de toda índole, los cuales debieran ser unificados para llegar a tener una sola línea de acción, siendo así, lo que se busca en el presente trabajo es marcar un posible camino, a través de la Acción de Convencionalidad, el cual conduzca a un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), quien, de una vez por todas, delimite la aplicación de los principios del Derecho del trabajo y así no solo el Perú, sino todos los países adscritos a su jurisdicción, estén vinculados para que elaboren contratos laborales acorde a los lineamientos que emita el máximo intérprete de los Derechos Humanos en América. / Tesis

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