Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio del presente trabajo son las implicancias en la determinación de los sujetos legitimados para demandar y respecto de los cuales se debe ejercer la pretensión, en los procedimientos laborales. Por cuanto es recurrente en sede laboral, el error de demandar por parte de quien no detenta la legitimidad o hacerlo respecto de aquel que no está legitimado para ser sujeto pasivo de la pretensión. El objetivo anterior señalado, se busca lograr en la primera parte del trabajo, a través de una exposición de los conceptos aportados por la dogmática procesal, tales como concepto de proceso, parte, capacidad y legitimación procesal. Más adelante, se desarrolla de manera particular, la incidencia de la legitimidad procesal en distintos procedimientos laborales que manifiestan problemas paradigmáticos en este tema, como son el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y procedimientos laborales originados por incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con el trabajador por parte de la empresa contratista y subcontratista, teniendo como solidaria o subsidiariamente responsable a la empresa principal, según el artículo 183 B del Código del Trabajo. Respecto de estos temas, se desarrolla en capítulos distintos, un análisis jurisprudencial atingente a los casos de conflicto tratados antes de manera teórica. 11 Finalmente se tratan en un apartado especial, determinados casos de relevancia en atención a la legitimidad procesal, como son los casos del Fisco como demandado en procedimientos laborales y el caso de la legitimidad procesal que detentarían los causahabientes de la víctima de un accidente de trabajo, en atención al daño moral sufrido. El derecho a demandar no radica exclusivamente en quien tiene el derecho material, sino que existen casos que por mandato de la ley, es necesario la presencia de ciertos sujetos legitimados. Es por ello que nuestro campo de estudio abarcará los diferentes casos en donde haya un conflicto en determinar los legitimados para obtener la satisfacción de una pretensión o contra quien se quiere obtener, y como esto incide en los efectos de la sentencia. Es el caso de legitimidad procesal en juicios del régimen de subcontratación, el legislador plantearía la posibilidad de ejercer la acción por parte del trabajador, en contra de la empresa principal o la empresa contratista, desatendiendo a quien de ellas hubiese incumplido. La misma posibilidad otorgaría respecto de ejercer la acción en contra de la empresa principal, contratista o subcontratista. Dentro de la legitimación activa, en el marco del procedimiento de tutela laboral, existe la posibilidad de ejercer la acción por personas distintas al trabajador afectado, esto podría generar distintos problemas. Por una parte luego de obtenida la sentencia, podría solicitarse la ejecución por parte de personas que no hayan actuado en el proceso, y por otro lado surgiría la posibilidad que dentro de un mismo conflicto material se inicien distintos procedimientos, obteniendo sentencias contradictorias.

The objective of this paper is to analyze the causes and antecedents that have contributed to the fact that, in Argentina, the office of Ombudsman remains vacant. Likewise, the normative origins of the organ are reviewed, in order to understand its value and democratic mission. In the ruling entitled Center for Studies for the Promotion of Equality and Solidarity and Others and the Ministry of Energy and Mining under Collective Protection (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo), issued on August 18, 2016, the Supreme Court of Justice of the Nation exhorted the Congress of the Nation to appoint an Ombudsman in accordance with the provisions conferred on it by article 86 of the National Constitution. The Court’s decision exposed a long-standing legal problem: the absence of an Ombudsman. / El presente trabajo tiene como objetivo analizar las causas y antecedentes que han contribuido a que, en Argentina, el cargo de Defensor del Pueblo permanezca vacante. Asimismo, repasa los orígenes normativos del órgano, a fin de comprender su valor y misión democrática. En el fallo caratulado Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo, emitido el 18 de agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Nación a nombrar un Defensor del Pueblo con arreglo a las disposiciones que le ha conferido el artículo 86 de la Constitución Nacional. La decisión de la Corte expuso una problemática jurídica de larga data: la ausencia de un Defensor del Pueblo.