El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Propone soluciones que coadyuven y fortalezcan la tutela del derecho de acceso a la información pública a través de una regulación jurídica adecuada del hábeas data y que para ello resulta necesario partir de un estudio minucioso de soporte teórico y analítico que busque remediar la carencia de tutela urgente en el sentido de prontitud, inmediatez, seguridad y eficacia jurídica del derecho de acceso a la información pública. El conflicto normativo descrito en la presente investigación impide garantizar la protección idónea y adecuada del citado derecho al no existir reciprocidad legislativa con la garantía que lo tutela, por lo que su tratamiento demanda un desarrollo legislativo que resulte hábil en su defensa. Por lo que, con las propuestas obtenidas del presente estudio se busca establecer soluciones al conflicto normativo y de esa manera lograr una tutela efectiva del derecho fundamental. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante el desarrollo de esta memoria y no por casualidad, aparece patente el hecho de encontrarme frente a uno de los temas más candentes en materia jurídica del ultimo tiempo, y que sale a la luz por distintas vertientes del quehacer nacional, produciéndose una colisión de intereses primero entre el Organo Ejecutivo y la prensa (Presidente de la República y nueva Política Comunicacional que restringe cobertura de la prensa en visitas a terreno) y posteriormente tal colisión se produce por la decisión de la Cámara de Diputados que restringir la labor periodística a espacios determinados dentro del Congreso Nacional. Situaciones puntuales como estas se dan todos los días a nivel mundial, algunas por su trascendencia logran salir a la luz pública 10 10 (supuesta autocensura de la prensa en Estados Unidos a raíz de los atentados a la Torres Gemelas) y otros atropellos a la libertad de opinión e información son silenciados o simplemente no logran ser de conocimiento público por diversas razones. Es la pertinencia del tema, sus difusos contornos y por ende la constante colisión con otros derechos a saber: el derecho a la intimidad y a la propia imagen, a la honra, el escudo protector de la dignidad de ciertas personas a través de la tipificación del desacato, etc., lo que explica su interés, y el no haber una doctrina pacífica la respecto, lo que lo hace de suyo atractivo este estudio.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia / Seminario de grado: Entendiendo la sociedad chilena y latinoamericana a través de un análisis histórico cultural

Este trabajo tiene por objetivo explicar por qué el derecho de acceso a la información pública permite que las personas puedan solicitar y recibir los correos electrónicos de cuentas oficiales de sus servidores públicos. Se parte de la hipótesis de que dicho bien constitucional abarca la facultad subjetiva de acceder a documentación en soporte digital que refleja el desempeño de las autoridades públicas. Su estudio se justifica porque, en el contexto de la sociedad de la información, el Estado emplea el servicio de correo electrónico para realizar, de manera eficiente, sus funciones y obligaciones, lo cual produce que los órganos públicos posean documentación en buzones institucionales, sobre los cuales los individuos tienen interés en conocer. Este trabajo se basa en el tratamiento jurídico que el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales proveen, tomando en consideración las respuestas denegatorias de cuatro Ministerios a pedidos ciudadanos de emails institucionales, los fallos emitidos por el Poder Judicial y las decisiones administrativas de los órganos garantes del derecho a saber de México y Chile. Se concluye que el derecho de acceso a la información pública asegura la apertura de correos de cuentas oficiales de funcionarios públicos porque estos documentos se hallan bajo su posesión (criterio que permite optimizar los fundamentos de dicho derecho) y porque toda información bajo tenencia de órganos públicos le pertenece a la sociedad, en tanto el poder que titularizan (que les permite conocer información) debe ejercerse en favor de principios y derechos fundamentales (dignidad, transparencia y Estado democrático). En tanto el derecho a saber no es absoluto, la entrega de emails oficiales puede estar sujeta al régimen de excepciones. De este modo, a la luz del test de proporcionalidad, las autoridades podrán denegar la apertura de dicha documentación para tutelar otros bienes legítimos como el de intimidad.

La presente investigación versa sobre la figura de acaparamiento del mercado de los medios de comunicación, la cual trae la particularidad de encontrarse expresamente prohibida en la Constitución de 1993. En la actualidad, el tema en cuestión viene siendo discutido ampliamente por académicos y profesionales del Derecho en tanto existe una controversia sobre la materia en manos de la justicia constitucional conocida como el caso Epensa.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de algunos derechos fundamentales, las libertades de expresión e información, la intimidad personal y la autodeterminación informativa, cuyo desarrollo y vigencia está directamente vinculado con el afianzamiento jurídico y social de la libertad individual, la dignidad de la persona, y el régimen político democrático. Para este efecto, el trabajo analiza el contenido y alcances de cada uno de estos derechos y los principales problemas de interpretación y aplicación que le son propios. Asimismo la interrelación que se da entre estos derechos y las controversias que, muchas veces, surgen de su ejercicio, buscando determinar criterios razonables de ponderación para resolver dichos conflictos en una perspectiva que armonice y favorezca su respeto, abandonando las posturas que proclaman la posición preferente o supremacía a priori de alguno de estos derechos en desmedro de los otros. El interés por los derechos objeto de este trabajo tiene diversos factores de justificación. De un lado, como acabamos de indicar, por su relevancia jurídica y social, tanto como tema de reflexión académica como por su incidencia para la vigencia y consolidación del Estado de Derecho y el Régimen Democrático en nuestro país. De otro lado, por la necesidad de aportar al estudio y debate de las nuevas dimensiones y contenidos que actualmente corresponden a estos derechos. En este sentido, nos ha impulsado el ánimo de desarrollar con mayor profundidad e integralidad algunos aspectos tratados en diversas investigaciones y publicaciones que realizamos durante los últimos años. Adicionalmente, el hecho que se haya empezado a contar con diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional donde se abordan estos temas, situación inexistente cuando empezamos esta investigación, amerita el análisis de dicha jurisprudencia dada su contribución a la comprensión de los problemas que aquí presentamos.

El derecho de acceso a la información pública ha sido desarrollado por el legislador peruano con la finalidad de erradicar la cultura del secreto en la función pública. Tal secretismo había servido para mantener ocultos graves actos de corrupción y de violación a los derechos fundamentales en el país. En ese sentido, el visibilizar las labores del Estado, en sí mismo, constituyó un avance en momentos de crisis democrática y de corrupción imperante. Sin embargo, una vez recuperado el Estado constitucional y democrático, es necesario avanzar y dar un salto cualitativo en la misión y contenido del derecho fundamental de acceso a la información pública. En el momento actual por el que transita el Estado peruano, ya no basta con la exposición masiva de datos indescifrables en portales electrónicos, con obligar a que las entidades públicas brinden información indebida, incompleta o tardía a la población que la requiere. Ahora también será necesario que el derecho de acceso a la información pública se convierta en un verdadero canal para fortalecer la participación ciudadana en el control del Estado y empezar a forjar una cultura de la rendición de cuentas. Para ello, será preciso redefinir el derecho, los objetivos y contenidos del mismo, así como fortalecer mecanismos institucionales para garantizarlo. En el presente trabajo se realiza un análisis crítico de la regulación del derecho fundamental de acceso a la información pública en el Perú, y se plantean algunas propuestas para su mejor desarrollo

En vista de lo anterior, la presente tesis de pre-grado tiene el objetivo de demostrar la validez de la siguiente hipótesis: “Si mediante el empleo del método de interpretación de la ratio legis y del método sociológico consideramos que sólo la difusión de información veraz por parte de los medios de prensa merece protección constitucional, en aplicación del derecho a la libertad de información y habida cuenta de: (i) la contribución que dicha actividad tiene sobre la formación de la opinión pública; y (ii) el respeto a los derechos fundamentales de la persona; entonces, se debe entender a la “veracidad informativa” como un deber del informador hacia la verdad, el que conlleva la obligación de actuar con la debida diligencia al momento de recabar y analizar la información, lo que incluye interpretar los hechos sociales a la luz de su contexto, y no limitarse a realizar una simple descripción de los acontecimientos”. Precisamente, al profundizar el análisis de los diferentes elementos que componen la “veracidad informativa”, nos proponemos probar que el deber de diligencia del informador hacia la búsqueda de la verdad se manifiesta en tres momentos a lo largo del proceso de construcción de la noticia: (i) verificación del hecho y distinción de opiniones; (ii) averiguación, documentación y contrastación del hecho; y (iii) análisis del hecho en su contexto. De esta forma, sólo la noticia diligentemente obtenida y analizada puede ser difundida a la población, ya que de lo contrario, se estaría admitiendo la posibilidad de que los medios periodísticos difundan rumores, invenciones o hechos que al estar fuera de contexto no forman parte del objeto del derecho a la libertad de información.

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentran consagrados y protegidos por la norma fundante básica y de mayor grado que existe en nuestro país. A pesar de ello, los legisladores estimaron necesario proteger algunos de ellos de manera particular respecto de los trabajadores, los llamados derechos constitucionales laborales inespecíficos, siendo uno de ellos el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquiera de sus formas y por cualquier medio. No existe definición legal de él. La doctrina lo define como un derecho que posee una doble dimensión, constituyéndose como un derecho individual en cuya virtud nadie puede ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y como un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La jurisprudencia administrativa y judicial no están contestes en la forma de resolver conflictos en que se encuentre involucrado este derecho. Mediante un método mixto-deductivo y argumentativo concluyo que es innecesaria la tutela del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en el ámbito laboral