Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La normativa sobre Libre Competencia en nuestro país faculta a un Tribunal especial a conocer de las actuaciones de organismos públicos y privados de actos contrarios a la Libre Competencia. Este órgano es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Junto con ello, la normativa faculta al Tribunal a imponer “multas a beneficio fiscal” las que han ido aumentando en su consagración legal. Pretendemos analizar qué fundamentos ha tenido el Tribunal (y en su momento la Comisión Resolutiva Central) para aplicar las multas cuando han determinado que existen actuaciones contrarias a la libre competencia. Para ello se torna indispensable una pequeña referencia a la evolución histórica de la imposición de multas (y en su momento de tipos penales a efectos de precaver conductas antimonopólicas), cómo han sido tratadas doctrinalmente y qué relevancia tiene ese tratamiento. Las multas fueron sustituyendo las respuestas que el Estado había impuesto a los ciudadanos, trasladando desde el ámbito penal al pecuniario su poder de reacción, considerando factores de eficiencia y otras finalidades, que incluso escapan al estudio de la Libre Competencia y se acercan al Derecho Punitivo. Para lo anterior hemos reunido las sentencias desde el año 2004 a 2012. Como hipótesis preeliminar creemos que esa fundamentación de las multas no ha sido siempre igual y que, atendida la mayor especialización en el conocimiento de la disciplina antimonopólica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iría motivando cada vez más sus sentencias. Ello en razón de la importancia de su función para el mercado y sus agentes, pero además, porque estando sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, la posibilidad de enmendar sus planteamientos están latentes, máxime aun si este Tribunal Supremo constituye un Tribunal de derecho y con interpretaciones cargadas de formalismo y observancia de la ley. Discurre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en un sistema procesal altamente especializado, con análisis de prueba rendida sometida a las reglas de la sana crítica y con integrantes que no son abogados, mientras que la Corte Suprema es un Tribunal de Derecho, letrado y permanente, cuya función actual corre por dos cauces, la observancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad y de igualdad ante la ley como Tribunal de Casación

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Bajo la hipótesis de incertidumbre y vacío normativo en materia de acuerdos conciliatorios en sede de libre competencia, este trabajo busca examinar la institución de la conciliación en el marco del procedimiento contencioso en el cual se aplica, poniendo especial énfasis en el análisis jurisprudencial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC” o “el Tribunal”) y la importante función que el TDLC cumple en estos procedimientos. Con este objetivo, se explorará el carácter de equivalente jurisdiccional de la conciliación en sede de libre competencia, sus características y clasificaciones. Desarrollando, por último, un estudio destallado y crítico de las diversas interpretaciones y criterios que el TDLC ha formulado al examinar las propuestas de acuerdos conciliatorios presentados para su aprobación en este procedimiento, para enfrentar con ello, el vacío normativo existente en esta materia

La presente investigación trata un tema controvertido en el Derecho de la Competencia: los contratos de exclusividad como conductas sancionables por afectar la libre competencia. Es un tema importante en la actualidad, puesto que las justificaciones planteadas para suscribir un contrato de exclusividad están basadas en eficiencias económicas. La economía nacional se sustenta, entre otros aspectos, en el respeto que deben mantener los agentes por las normas que rigen la libre competencia, así como la existencia de normativa para que las empresas puedan acceder al mercado sin limitaciones innecesarias. Es decir, que de la observación de las conductas empresariales no se concluya una finalidad destinada a vulnerar el sistema de competencia y que el Estado no establezca barreras burocráticas que dificulten la libre iniciativa privada. Así, las empresas tienen la libertad para celebrar los contratos que deseen, pudiendo establecer de manera discrecional las cláusulas que consideren necesarias para el mejor desarrollo empresarial. Por ello, las empresas se vincularán entre ellas con el objetivo de ser más competitivas en el mercado, ahorrando costos de producción y elevando la calidad de los productos ofrecidos para captar la preferencia de los consumidores. Sin embargo, estos contratos pueden tener como finalidad afectar el proceso competitivo, excluyendo a los competidores de alguno de los contratantes, reduciendo las alternativas disponibles de los consumidores. El Derecho de la Libre Competencia no puede desconocer esta situación, por lo que es importante evaluar los supuestos en los cuales la actuación de las empresas podría basarse en aspectos ineficientes. Con el fin de demostrar lo que se plantea, se analiza la posible afectación de las conductas originadas como consecuencia de los contratos de exclusividad en el proceso competitivo, inclusive si se presentan eficiencias en el mercado, por ejemplo, si los contratos de exclusividad están destinados a garantizar la recuperación del financiamiento realizado por inversionistas, la reducción de costos, entre otros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es hacer un análisis a los requisitos que la doctrina ha establecido para la dictación de las denominadas medidas restrictivas de derechos fundamentales, en el ámbito de las facultades que el DL 211 ha establecido para la Fiscalía Nacional Económica en la investigación de los ilícitos del artículo 3 a). En un primer capítulo hacemos una síntesis de la historia y modificación del DL 211 hasta la ley N°20.361 haciendo hincapié en los motivos que llevaron a la dictación de esta última ley, para finalmente hacernos cargo de las primeras críticas que se dieron a la incorporación de estas nuevas atribuciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A pesar de que los precios bajos se suelen ver como un síntoma de un mercado competitivo, también pueden ser el resultado de maniobras que buscan excluir competidores a fin de obtener poder de mercado. A estos precios se les llama predatorios. Su existencia y forma de determinarlos es una de las discusiones más arduas y largas en el derecho de la libre competencia, existiendo grandes diferencias en cuanto a su tratamiento en el derecho comparado. En este trabajo comenzaré con una contextualización de la cuestión, analizando su concepto, elementos requeridos y funcionamiento según las teorías económicas modernas. Analizaré así mismo, los sistemas comparados más importantes (Europa y E.E.U.U) y su aplicación en casos concretos, para luego ver en particular el caso de Chile. Finalmente concluiré con una propuesta de la forma en que deben de ser examinados y tratados los casos de precios predatorios por parte de los tribunales nacionales para distinguirlos de simples maniobras empresariales, tomando en cuenta las particularidades del mercado nacional / 05/12/2018

Tesis

En razón de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “D.L.1256”) y el encendido debate respecto del tipo de procedimiento administrativo que este procedimiento representa, el presente trabajo intentará plantear la posición del autor a la luz de lo señalado en la doctrina nacional. En ese sentido, el marco teórico a ser desarrollado presentará los principales conceptos de los tipos de procedimientos administrativos existentes, vale decir, a entender del optante, el general y los especiales, para que podamos definir qué tipo de procedimiento se sigue ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”), en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (en adelante, “Comisión”) y la Sala de defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (en adelante, “Sala”). Posteriormente, a manera de propuesta nos enfocaremos en el precepto definido en el artículo 1° del D.L. 1256, el cual, al establecer la finalidad del procedimiento bajo análisis, refiere que las competencias otorgadas a la Comisión y la Sala se supeditan a la supervisión del cumplimiento del marco legal en lo que se relaciona con los derechos a la libre iniciativa y la libertad de empresa que puedan restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como la supervisión de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa buscando procurar la eficiente prestación de servicios a los administrados por parte de la administración pública. La definición del tipo de procedimiento, consideramos, será fundamental para determinar el tipo de reglas que han de ser aplicadas en el procedimiento de Barreras Burocráticas, el cual, creemos, es un procedimiento especial, al que habrán de aplicarse las reglas del procedimiento administrativo general, denominado Control de Legalidad, entendido como aquel cuya finalidad es la realización de una actividad de supervisión del cumplimiento del marco legal a cargo de una entidad administrativa respecto de otra, para lo que se encuentra plenamente facultada, definición a la que arribaremos en el presente trabajo y que se condice con lo establecido en el D.L. 1256. Manos a la obra. / Trabajo académico