El presente trabajo de investigación persigue la finalidad de proponer los aspectos principales cubiertos por un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. El estudio de los aspectos principales implica una revisión detallada de bibliografía especializada del ámbito jurídico, así como del campo académico de la gestión de negocios y de la ética empresarial. Así, primero se realiza una evaluación de los estándares internacionales para el marco general de los programas de cumplimiento. La guía ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, así como las publicaciones de la Society of Corporate Compliance and Ethics y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos brindan un marco de referencia para entender qué es un programa de cumplimiento y cómo debe gestionarse. Asimismo, se hace una comparación de las propuestas chilena, brasilera y peruana de los aspectos principales de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia. Los aspectos clave para la implementación de un robusto programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia son bastante similares para las autoridades de Chile y Brasil. En Perú, las resoluciones 078- 2016/CLC-INDECOPI y 01 0-2017/CLC-INDECOPI nos dan un alcance de las expectativas de la autoridad peruana respecto a los programas de cumplimiento. Finalmente, se realiza un análisis de los alcances y limitaciones de un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. / Trabajo de investigación

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio. / Tesis

En el contexto de una concertación de precios, la prueba indiciaria es determinante en la configuración de las conductas anticompetitivas bajo la conglomeración de indicios acreditados unidos a un razonamiento lógico que aseguren la hipótesis planteada. Ello considerando de manera integral los medios probatorios disponibles, construidos de manera conexa entre sí. Las comunicaciones y la evidencia económica fueron vitales para confirmar la imputación de concertación de precios del caso concreto. Al otorgarle mayor rentabilidad a los agentes económicos que ejecutaron los precios colusorios, se afectó el bienestar del consumidor, causando además menor eficiencia social en el mercado, privando a los consumidores de una diversidad de opciones con calidades y precios distintos. Las medidas correctivas contienen como idea nuclear la reposición de los efectos causados por el actuar ilícito, lo cual se cumple en el caso concreto mediante la implementación del programa de cumplimiento, sin olvidar la flexibilidad de su aplicación. Se recalca la consideración del beneficio extraordinario y la gravedad de la sanción con respecto de la concertación de precios imputada. / Considering the spectrum of price fixing, circumstantial evidence is crucial in the construction of anticompetitive behavior, underneath the conglomeration of reliable indications that are united to a logical reasoning that confirms the proposed hypothesis. The previous idea is heavily connected to a consolidated examination of the available evidence. The economic evidence and the accessible emails were vital to confirm the price fixing of this case. In the moment the companies involved in the case executed the collusive and coordinated price, the well-being of the consumer was affected, and also the social efficiency of the market, depriving consumers of the liberty of a wide range of options related to quality and different prices. The corrective measures contain as a fundamental idea the reinstatement of the effects caused by the illicit behaviour, which occurs in the current case when the compliance programme is implemented, with a quota of flexibility. The extraordinary benefit and the seriousness of the fine are both emphasized regarding the price fixing analize in this document.

El presente trabajo desarrolla el primer pronunciamiento de la Autoridad de la Competencia del Indecopi en el que se reconoce que las actividades sindicales se encuentran exentas del control antitrust. Así, desde el análisis interdisciplinario del Derecho Colectivo de Trabajo y del Derecho de Libre competencia se cuestiona: i) si los sindicatos constituyen agentes económicos, ii) si las actividades sindicales se encuentran exentas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 1034 y iii) si en el procedimiento administrativo en concreto se configuraron las prácticas colusorias horizontales imputadas por el órgano administrativo. Del análisis de lo anterior, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos no son agentes económicos, en tanto los fines para los cuales fueron constituidos distan de la calificación de agente económico que desarrollan las normas de libre competencia. En segundo lugar, se señala que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vigencia de los derechos sindicales y, en este sentido, resulta necesario el reconocimiento de una exención en favor de las actividades sindicales respecto del control antitrust. Finalmente, se refiere que tal exención no supone que se admita el abuso de derecho por parte de los sindicatos o el ejercicio irregular de sus derechos sindicales (situaciones que deberán ser analizadas por las autoridades laborales correspondientes) y que- de advertirse que los sindicatos se comporten en la práctica como agentes económicos en sí mismos, estos sí puedan ser considerados pasibles de sanción por las normas que rigen la libre competencia.

Considero que el presente expediente tiene especial relevancia debido a que recientemente se ha aprobado la Ley N° 31112, el cual establece el control previo de operaciones de concentración empresarial; y mediante la cual se derogó la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. De esta manera, mi elección del presente expediente se encuentra justificada en el hecho de que, una vez que entre en vigencia la Ley antes mencionada, se necesitará de profesionales que cuenten con conocimiento tanto del lado corporativo de una fusión y adquisición, así como del lado regulatorio, referido al control de concentraciones. En atención a lo antes mencionado, el objetivo principal de la investigación materia del presente es, en primer lugar, profundizar en la definición de operación de concentración en el Perú, así como del concepto de control. Del mismo modo, en segundo lugar, es determinar la necesidad del respeto de los principios del derecho administrativo sancionador para un eficaz procedimiento sancionador. Se utilizaron como principales métodos de interpretación jurídicos para poder arribar a las conclusiones pertinentes, los métodos de interpretación literal, teleológico y sistemático a través de la comparación con otras normas, ya sean nacionales o de derecho comparado. Ello en relación a que la interacción entre los distintos métodos de interpretación permite un análisis que le otorgará mayor riqueza a las conclusiones, teniendo en especial consideración que nacionalmente no poseemos mucho desarrollo tanto normativo como doctrinario respecto de un régimen de control de concentraciones. La conclusión principal del presente informe es que INDECOPI tuvo un criterio correcto al momento de determinar que se debía imponer la sanción, ya que el acto realizado lo ameritaba, sin embargo, finalmente, la misma no fue correctamente cuantificada tomando en consideración el administrado imputado.

El presente informe jurídico analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C, por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios de venta, a nivel nacional, en el periodo 2008-2009. Al respecto, el presente trabajo hace uso de categorías e instituciones propias del Derecho Administrativo, así como de otras ramas del Derecho, como el Derecho Constitucional, con el fin de determinar (i) si es posible atribuir responsabilidad administrativa a cualquier agente económico interviniente en una fijación concertada de precios, (ii) si se ha vulnerado el derecho de defensa de los administrados y (iii) si es factible la aplicación de las categorías jurídicas de “facilitador” o “intermediario”. Ulteriormente, los resultados de la presente investigación permiten constatar: primero, que se puede atribuir responsabilidad a cualquier agente económico competidor que haya participado en una práctica colusoria horizontal. Segundo, se han garantizado, desde la notificación inicial hasta la emisión del acto administrativo, el principio de contradicción y el principio de interdicción de la indefensión, contenido del derecho de defensa, de las cadenas farmacéuticas. Tercero, conforme a los principios de tipicidad y de irretroactividad, no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa a ningún agente económico que haya participado como facilitador o intermediario. / This legal report analyzes the problems arising from the administrative sanctioning procedure against Albis S.A., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. and Nortfarma S.A.C., for the commission of horizontal collusive practices, in the form of concerted fixing of sales prices, at national level, in the period 2008-2009. In this regard, this paper makes use of categories and institutions of Administrative Law, as well as other branches of Law, such as Constitutional Law, in order to determine (i) whether it is possible to attribute administrative liability to any economic agent involved in concerted price fixing, (ii) whether the rights of defense of the persons administered have been violated and (iii) whether the application of the legal categories of "facilitator" or "intermediary" is feasible. Subsequently, the results of this investigation show: first, that liability can be attributed to any competing economic agent that has participated in a horizontal collusive practice. Second, from the initial notification to the issuance of the administrative act, the principle of contradiction and the principle of prohibition of defenselessness, which are part of the right of defense of the pharmaceutical chains, have been guaranteed. Third, in accordance with the principles of typicality and nonretroactivity, there is no possibility of attributing administrative liability to any economic agent that has participated as a facilitator or intermediary.

En el presente trabajo académico trato de determinar si los canales de televisión de señal abierta, sobre la base de su producción propia tienen derecho a celebrar uno o más contratos de exclusividad con los servicios de televisión de paga (o, también denominadas ‘empresas de cable’ o ‘cableras’), con exclusión de otros servicios de televisión de paga, o si esto se trataría de una práctica colusoria vertical o de un abuso de la posición de dominio ilícitos de la empresa operadora de servicio de televisión de paga que celebra contrato de exclusividad con los canales de televisión de señal abierta. La conclusión principal a la que he llegado es que si un agente del mercado tiene posición de dominio y, abusando de ella, celebra contratos de exclusividad con otros agentes del mercado, exigiéndoles que restrinjan sus relaciones comerciales con otros agentes del mercado, sin acreditar beneficios al proceso competitivo, estaría en la potencialdiad de afectar injustificadamente a la competencia. Este análisis debe realizarse caso por caso, verificpandose los efectos positivos y negativos que pudieran tener. En sector de Telecomunicaciones, es particularmente relevante el abuso de la citada posición de dominio y afectación al proceso competitivo, por afectar normas de orden público, como la prohibición del monopolio y exclusividades (injustificadas) en el mercado de las comunicaciones.

El presente informe tiene por objetivo analizar tres (3) problemas jurídicos identificados en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por parte de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCCO) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por haber incurrido en la conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificada en el literal 10.2.h) del Decreto Legislativo 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA), por el condicionamiento de la prestación del servicio de Internet ADSL a la contratación del servicio de telefonía fija. Así, partiendo de los pronunciamientos de primera y segunda instancia, examinamos tres (3) puntos controvertidos durante el procedimiento: (i) la aplicabilidad de la referida norma a la conducta imputada, considerando que esta se encontraría cubierta por el principio de supletoriedad; (ii) la variación de la imputación durante el transcurso del procedimiento, en perjuicio de Telefónica; y, (iii) el cumplimiento del estándar de prueba relativo a la generación de efectos negativos actuales y potenciales en el mercado de telefonía fija. En base al desarrollo doctrinario y jurisprudencial que se expone en el informe, concluimos que (i) procede la aplicación de la LRCA a la conducta bajo análisis, ya que las excepciones a esta deben establecerse a través de una norma con rango legal; (ii) la STCCO varió la imputación al momento de la expedición del Informe Instructivo, al incluir un elemento adicional típico de una conducta distinta a la imputada; y, (iii) el pronunciamiento de segunda instancia no alcanzó el estándar de prueba necesario para la acreditación de la relación de causalidad entre la conducta imputada y los efectos que se le atribuyeron.

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio.

El presente informe jurídico analiza el pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante la Resolución 0858-2013/SDC-INDECOPI, donde se pronuncia sobre la denuncia interpuesta por Industrias Willy Busch S.A. contra Filtros LYS S.A. por la presunta comisión de infracciones al Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Concretamente, por el despliegue de una estrategia de abuso de procesos legales, así como la emisión de una serie de anuncios publicitarios dirigidos a denigrar o compararse indebidamente con la denunciante. El objetivo principal de este informe es determinar si la interpretación que el órgano colegiado de segunda instancia hace de la aplicación de la cláusula general, es congruente con la naturaleza de las normas de represión de la competencia desleal y, a su vez, compatible con lo establecido en las normas de libre competencia, que también recogen esta conducta bajo la prohibición relativa. Para esto, se analizarán los principales problemas jurídicos detectados en el caso, para luego contrastar la forma en que la Sala decidió sobre el particular recurriendo a la jurisprudencia pertinente en la materia, así como a la posición de la doctrina nacional e internacional. Este trabajo se justifica en la complejidad de la imputación principal del caso y la trascendencia de la decisión, dado que esta definió la forma de compatibilizar los regímenes de defensa de la competencia y represión de la competencia desleal al momento de postular una conducta de abuso de procesos legales / This legal report analyzes the decission issued by the Specialized Chamber for the Defense of Competition of INDECOPI through Resolution 0858-2013/SDC INDECOPI, where it rules on the complaint filed against Filtros LYS S.A. by Industrias Willy Busch S.A. for the alleged commission of violations under the Legislative Decree 1044, Peruvian Unfair Competition Law. Specifically, for the deployment of a sham litigation strategy, as well as the issuance of a series of advertisements aimed at denigrating or unduly comparing itself with the complainant. The main objective of this report is to determine whether the interpretation that the administrative court makes of the application of the general clause is consistent with the nature of the rules of unfair competition law and, in addition, compatible with the provisions of the antitrust laws, which also prohibits this conduct under the relative prohibition rule. For this purpose, the main legal problems detected in the case will be analyzed, to then contrast the way in which the Chamber decided on the issue by resorting to the relevant jurisprudence on the matter, as well as the position of the national and international doctrine. This work is justified by the complexity of the main charge of the case and the relevance of the decision, since it defined the way in which the antitrust and unfair competition laws should be made compatible when dealing with a case of abuse of legal process.