La Seguridad Social en Salud y su acceso siempre han sido un tema de mucha controversia, básicamente por la falta de recursos que el Estado dispone para atender a todas las personas que sufran un estado de necesidad apremiante y requieran atenciones en salud de distintos tipos, desde atenciones ambulatorias, consultas clínicas y operaciones, hasta largos y costosos tratamientos, rehabilitaciones por accidentes, entre otros. No obstante la falta de recursos, por mandato constitucional, el Estado se encuentra en la obligación de brindar Seguridad Social en Salud a todas las personas que requieran atender su salud por distintos factores. Es así que, para la atención de la salud de las personas existen dos sistemas, el Sistema No Contributivo representado por el Ministerio de Salud - MINSA y Sistema Contributivo representado por el Seguro Social de Salud - ESSALUD. El MINSA brinda atención en salud a las personas en pobreza y/o extrema pobreza y, por otro lado, ESSALUD brinda atención en salud a las personas que se encuentren laborando en una relación de dependencia, razón por la cual, su empleador contribuye mensualmente con el 9% de la remuneración del trabajador para que este y sus derechohabientes se puedan atender en ESSALUD. Los trabajadores independientes que voluntariamente contribuyan al Sistema Contributivo de atención en salud también tienen acceso a ESSALUD al igual que sus derechohabientes. En el caso de ESSALUD, esta institución brinda atención en salud a todas las personas que coticen en el Sistema Contributivo sin hacer distinción alguna ya sea por raza, género, religión entre otras, es decir, tanto hombres como mujeres, en relación de dependencia con un empleador, tienen el derecho de acudir a ESSALUD por las contingencias que se presenten en su vida diaria respecto de su salud. / Trabajo académico

La presente investigación tiene por objetivo explicar los alcances en torno a si nuestro ordenamiento civil otorga relevancia a la autonomía de la voluntad de los cónyuges en previsión de una ruptura conyugal. Para lo cual analizamos el papel actual que se reconoce a la autonomía de los cónyuges para reglamentar los aspectos personales y económicos una vez surgida la ruptura o crisis conyugal, así como también analizamos a la luz de la doctrina, nuestro ordenamiento legal y constitucional y la jurisprudencia, si existen justificaciones para ampliar aquel reconocimiento de autonomía privada para anticipar los efectos económicos que produce una ruptura conyugal. A partir del desarrollo de los principales efectos económicos que produce una ruptura conyugal, justificamos la necesidad de la derogación del artículo 312 del Código Civil que limita la libertad de contratación entre cónyuges, así como la recepción normativa de los acuerdos prematrimoniales, que en nuestro medio puede significar una mejor protección, por los propios cónyuges, frente a las consecuencias económicas injustas que puede producir una ruptura conyugal. Realizamos un abordaje teórico de los acuerdos prematrimoniales para encontrar su utilidad práctica en nuestro contexto, y evaluamos si su incorporación en nuestro ordenamiento puede representar una mejor protección de los cónyuges, en manos de ellos mismos, mediante dichos acuerdos o pactos. / The purpose of this research is to explain the scope of the question whether our civil system grants relevance to the autonomy of the spouses' will in anticipation of a marital breakdown. For which we analyze the current role that is recognized to the autonomy of the spouses to regulate the personal and economic aspects once the marital breakdown or crisis arises, as well as we analyze in the light of the doctrine, our legal and constitutional order and the jurisprudence, if there are justifications to extend that recognition of private autonomy to anticipate the economic effects that a marital breakdown produces. From the development of the main economic effects produced by a marital breakup, we justify the need for the repeal of article 312 of the Civil Code that limits the freedom of contracting between spouses, as well as the normative reception of the premarital agreements, which in our environment can mean a better protection, by the spouses themselves, against the unfair economic consequences that a marital breakup can produce. We make a theoretical approach of the premarital agreements to find their practical utility in our context, and we evaluate if their incorporation in our legal system can represent a better protection of the spouses, in the hands of the spouses themselves, by means of such agreements or pacts.

De la lectura e interpretación del artículo 326 del Código Civil, se tiene que, aquella unión convivencial no alineada a los parámetros señalados en el mismo articulado (unión impropia), no producirá efectos jurídicos. La medida pareciese adecuada si lo que se pretende es omitir de legalidad a aquellas uniones que no mantengan vocación de concreción y realización familiar. No obstante, dicha situación resulta perniciosa si su materialización y configuración escapa del parámetro fáctico bajo la cual fue pensada. Este es el caso de la unión impropia revestida de buena fe, en donde, al menos un integrante desconoce que su relación carece de legalidad; así, aquel mantiene una idea ficta: su unión es reconocida y genera derechos. Ante ello la norma es clara y de manera genérica, le niega el reconocimiento de efectos jurídicos. Teniendo claro ello, el objeto de la presente investigación se enfoca en la posibilidad de otorgar efectos jurídicos en favor del conviviente concurrente de buena fe; para ello, se realizará un análisis exegético, dogmático, comparativo y funcional de la unión de hecho impropia de buena fe, para así, ensayar una nueva fórmula de tutela frente a estos casos. Finalmente, concluimos con la siguiente premisa: a través del método integrativo de la norma, derechos de la personalidad, buena fe y dignidad humana, resulta factible otorgar efectos jurídicos en favor de dicho conviviente, consecuentemente, la buena fe, en todas formas, merece ser tutelada.

La Seguridad Social en Salud y su acceso siempre han sido un tema de mucha controversia, básicamente por la falta de recursos que el Estado dispone para atender a todas las personas que sufran un estado de necesidad apremiante y requieran atenciones en salud de distintos tipos, desde atenciones ambulatorias, consultas clínicas y operaciones, hasta largos y costosos tratamientos, rehabilitaciones por accidentes, entre otros. No obstante la falta de recursos, por mandato constitucional, el Estado se encuentra en la obligación de brindar Seguridad Social en Salud a todas las personas que requieran atender su salud por distintos factores. Es así que, para la atención de la salud de las personas existen dos sistemas, el Sistema No Contributivo representado por el Ministerio de Salud - MINSA y Sistema Contributivo representado por el Seguro Social de Salud - ESSALUD. El MINSA brinda atención en salud a las personas en pobreza y/o extrema pobreza y, por otro lado, ESSALUD brinda atención en salud a las personas que se encuentren laborando en una relación de dependencia, razón por la cual, su empleador contribuye mensualmente con el 9% de la remuneración del trabajador para que este y sus derechohabientes se puedan atender en ESSALUD. Los trabajadores independientes que voluntariamente contribuyan al Sistema Contributivo de atención en salud también tienen acceso a ESSALUD al igual que sus derechohabientes. En el caso de ESSALUD, esta institución brinda atención en salud a todas las personas que coticen en el Sistema Contributivo sin hacer distinción alguna ya sea por raza, género, religión entre otras, es decir, tanto hombres como mujeres, en relación de dependencia con un empleador, tienen el derecho de acudir a ESSALUD por las contingencias que se presenten en su vida diaria respecto de su salud.

La presente tesis tiene por objetivo identificar el rol del enfoque de género como herramienta en el análisis del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, mediante el abordaje de una situación específica, la comprensión del matrimonio forzado como una modalidad específica del crimen de esclavitud sexual. La importancia de esta investigación radica en que tradicionalmente se ha considerado a estas ramas del derecho como neutras a lo referido a implicancias de género. Sin embargo, consideramos que el diseño de las normas y el sistema jurídico, en general carentes de este enfoque, no son “neutros”, sino que muy por el contrario contribuyen a perpetuar sistemas opresores e insensibles ante existentes y nuevas formas de violencia contra mujer, las cuales se constituyen como violaciones de derechos humanos. Es así que para el desarrollo de la investigación se ha empelado el marco teórico de del Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, y de los estudios de género. A partir de los mismos se ha utilizado una metodología mixta, incluyendo el análisis dialectico, histórico y analógico. Cómo conclusión, se ha comprobado que el enfoque de género es imprescindible para comprender el fenómeno analizado y brindar una respuesta adecuada al mismo. Esto al demostrar que el matrimonio encubre un conjunto de violaciones de derechos fundamentales en una institución social aceptada y regulada: el matrimonio, invisibles ante un lente carente de este enfoque