El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

El presente trabajo de investigación busca analizar –a partir de la Casación N.º 74-2014-AMAZONAS– el objeto de protección o bien jurídico protegido del artículo 313 del Código Penal, siendo la hipótesis del presente trabajo que será todo a que espacio geográfico regulado a través de la normatividad administrativo-ambiental cuya modificación –a través de la tala o construcción– no haya sido autorizada por autoridad competente y en abierta vulneración de las normas indicadas precedentemente. En tal sentido, son pasibles de protección tanto las áreas naturales protegidas como las zonas de amortiguamiento en tanto y en cuanto para su modificación fuera de los términos del Plan Maestro está sujeto a la emisión de compatibilidades y –si se afectan bosques– autorizaciones de desbosque, otorgados por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –en el primer caso– y el Servicio Forestal o la Autoridad Regional Forestal competente –en el segundo caso–.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la vigencia de los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el sub sector hidrocarburos, el cual se ha constituido en el principal instrumento de gestión ambiental en proyectos de explotación hidrocarburífera. Para ello, se realiza un breve recuento de las principales disposiciones del marco legal que ha regulado la implementación del PAMA, desde el D.S. N° 046-93-EM hasta el actual D.S. N°039-2014-EM, bajo cuya vigencia se han regulado instrumentos correctivos complementarios al PAMA, tales como el Plan Ambiental Complementario, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan Ambiental Detallado y el Plan de Adecuación Ambiental, que han posibilitado su subsistencia hasta la actualidad. Asimismo, se analiza la vigencia del PAMA en el sub sector hidrocarburos a la luz del Principio de Indivisibilidad y del Principio de Jerarquía de la Mitigación, planteándose como propuesta que el procedimiento de actualización del PAMA es una obligación a cargo de los titulares de las actividades hidrocarburiferas, en el que la evaluación de los impactos ambientales generados por las ampliaciones en componentes principales, auxiliares así como de las medidas de rehabilitación y remediación gestionadas por sus instrumentos complementarios se realice bajo un enfoque de integralidad. / The objective of this paper is to analyze the validity of the Environmental Adaptation and Management Plans (PAMA by its acronym in Spanish) in the oil subsector, which has become the main environmental management instrument in oil exploitation projects. For this, a brief recount is made of the main provisions of the peruvian legal framework that has regulated the implementation of the PAMA, from D.S. N° 046-93-EM to the current D.S. N°039-2014-EM, under whose validity complementary corrective instruments to the PAMA have been regulated, such as the Plan Ambiental Complementario, the Plan de Manejo Ambiental, the Plan Ambiental Detallado and the Plan de Adecuación Ambiental, which have enabled their subsistence until the present. Likewise, the validity of the PAMA in the oil subsector is analyzed in light of the Principle of Indivisibility and the Mitigation Hierarchy Principle, formulating as a proposal that the PAMA update procedure is an obligation in charge of the owners of the oil exploitation activity, in which the evaluation of the environmental impacts generated by the extensions in main and auxiliary components, as well as the rehabilitation and remediation measures managed by their complementary instruments, is carried out under a comprehensively approach.

Esta investigación analiza la figura contenida en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 040- 2014-EM, una figura que, creada en el 2014, no ha sido utilizada todavía y genera muchas interrogantes. Contempla el escenario en que el titular de un proyecto minero con instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado (actividades de explotación y beneficio), transfiera u otorgue en cesión todas sus concesiones mineras, o bien (es decir, excluyentemente) la concesión de beneficio, habilitando al adquirente o cesionario a utilizar el mismo instrumento de gestión ambiental original, siempre que se haya obtenido la aprobación de un procedimiento de modificación sobre dicho IGA. Establece como requisitos el destino exclusivo de dichas concesiones, respectivamente, a actividades de explotación y de beneficio, así como el funcionamiento independiente de dichas actividades. En primer lugar, hemos verificado la viabilidad legal de la figura a la luz del principio de Indivisibilidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en el marco legal sectorial minero. En segundo lugar, verificamos su viabilidad pragmática a través de la existencia real de proyectos mineros que únicamente desarrollan actividad de explotación y de beneficio, respectivamente. Finalmente, a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los administrador que participen de esta figura y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental al momento de fiscalizar, hemos reflexionado sobre los cuidados que debe tener la autoridad ambiental que apruebe la modificación del IGA original, en base a un cuestionable caso práctico que -si bien no es aplicación de la figura materia de análisis- se acerca mucho porque incluyó a dos titulares dentro de la certificación ambiental de una unidad minera.

En el presente trabajo se busca conocer el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ambiente a través de las sentencias del Tribunal Constitucional, toda vez que el máximo intérprete de la Constitución ha ido perfilando su contenido a través de su jurisprudencia. Se parte de la hipótesis de que el Tribunal Constitucional formula un concepto amplio del derecho que nos ocupa, el cual no solo está contemplado en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución. Consideramos que para llegar a dicho concepto que aún es general y amplio en cuanto a su contenido, debido a los conceptos indeterminados que emplea (“equilibrado” y “adecuado”), se ha incorporado, paulatinamente, algunos principios del derecho ambiental internacional; así como los criterios y principios contemplados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 2005. Por ello, el período de estudio abarca únicamente los años 2000 a 2010 a fin de poner en evidencia y centrar el análisis en el impacto que ha tenido la citada ley sobre el concepto del derecho al ambiente desarrollado por el Supremo intérprete de la Constitución.

El presente resumen ejecutivo corresponde a la Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa. Titulo: «EL CONTRATO “INVULNERABLE” Y LA GESTIÓN AMBIENTAL AD HOC: una interpretación jurídica para la creación de un sistema civil-ambiental de tutela preventiva de la biodiversidad y la biotecnología». Autor: Joseph Mejía Guevara Área de investigación: Nuestra investigación puede ubicarse dentro de las llamadas interdisciplinas, debido a que su desarrollo implicó necesarias vinculaciones entre el Derecho civil, el Derecho administrativo y el Derecho ambiental (específicamente en materia de tutela de la biodiversidad y de protección indirecta de las expectativas de desarrollo de la ciencia y tecnología). Tema: Se estudia las implicancias de los deberes de protección contractuales (de naturaleza civil) dentro del sistema de tutelas preventivas (ambientales) para la protección de la biodiversidad. Justificación: La situación jurídica particular que contribuye al acaecimiento del conflicto socioambiental, y que justifica el presente estudio, se da por la aparente imposibilidad jurídica de implementar normas y/o dispositivos de protección del medio ambiente (particularmente relacionadas a la tutela de la biodiversidad), con posterioridad a la celebración del contrato de concesión; y que regulen la conducta de las empresas concesionarias a través de la aplicación ad hoc de los deberes de protección contractuales, con la finalidad de evitar perjuicios sobrevinientes al equilibrio ecológico. Pregunta de la investigación: ¿Pueden implementarse mecanismos normativos de protección civil y/o ambiental para la tutela del medio ambiente con posterioridad a la celebración del contrato de explotación de recursos naturales sin afectar los términos contractuales? Hipótesis: Sí se pueden elaborar y ejecutar normas de tutela preventiva para la protección de la biodiversidad después de la celebración de un contrato de concesión. Motivación: En general, nuestra motivación se sustenta en el interés por develar la existencia de ciertos principios de la contratación pública (fundamentalmente, en el caso del contrato de explotación de recursos naturales o el de concesión) que permitan al Estado ejercitar sus potestades regulatorias y de gestión con posterioridad a la celebración del acuerdo. Marco teórico: La presente investigación analizó tres presupuestos teóricos. El primero de ellos es el relativo a la trascendencia en sede civil de los deberes de protección contractuales; el segundo, es el de la relevancia y exigencia de dichos deberes de protección contractuales en el ámbito de la contratación pública y específicamente en el de la concesión de recursos energéticos no renovables; y, finalmente, la posibilidad legal de que se puedan implementar dispositivos legales, después de la celebración del contrato de concesión, que le permitan al ejecutivo proteger ágilmente dos intereses públicos que, leídos en clave de derechos subjetivos públicos, determinen, por un lado, la tutela más efectiva de los recursos no renovables y, de otro lado, contribuyan a incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la tutela indirecta de la expectativa de desarrollo científico.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron establecidos por la ONU a efectos de fijar metas del 2020 al 2030, que enfrenten las problemáticas urgentes que aquejan a la población mundial, para ser consideradas por los países de la comunidad internacional de forma voluntaria, a través de políticas públicas. Constituyen metas ambiciosas, como la supresión de la pobreza o el hambre cero, en las que se ven involucradas las empresas, como ciudadanos corporativos globales claves para la eficacia de los ODS, sobretodo las compañías multinacionales, por su poder económico e influencia a nivel social y político. Su intervención es una realidad, pues voluntariamente se vienen alineando a los ODS. Ante ello, cabe plantearnos como problema de investigación, de qué formas hacer más garantista el cumplimiento de los ODS, partiendo de la hipótesis que los instrumentos de carácter voluntario son útiles pero resultan insuficientes, debiendo adoptarse otras medidas estratégicas como alianzas entre el Estado y la empresa, entre otras de carácter compulsivo. Lo cual será demostrado a través de la exposición de las iniciativas que se vienen desarrollando (incluyendo un estudio de caso), y los efectos logrados, así como las opiniones de la doctrina al respecto. Ello nos permitirá comprender la importancia de los ODS y las acciones estratégicas que adoptan los protagonistas de la comunidad internacional, pudiéndose lograr un círculo virtuoso en el cual el buen funcionamiento de los estados propicia el establecimiento de las empresas sostenibles, alcanzando un nuevo estándar en la cultura cívica universal.

Frente a la crisis climática actual, han surgido cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad que instan a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza para efectos de frenar el deterioro ambiental que, argumentan, se ve causado por una visión meramente instrumentalista del medio ambiente, que no le reconoce un valor intrínseco, sino subordinado a los intereses humanos. Una de las vías por las cuales se busca modificar dicho paradigma es mediante el reconocimiento de derechos a la naturaleza, otorgándole personería jurídica y un estatus similar del cual gozan las personas naturales. En el caso peruano, dicha iniciativa se ha visto plasmada en los Proyectos Legislativos N° 06957/2020-CR y N° 08097/2020-CR, que proponen el reconocimiento de derechos a la naturaleza para tales efectos. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar la idoneidad de dichas propuestas para la protección efectiva del medioambiente. En ese sentido, se empleará el método doctrinal y exegético para hacer revisión de los diferentes argumentos doctrinarios a favor y en contra de dicho reconocimiento, y el método jurisprudencial para analizar los principales pronunciamientos que reconocen personería jurídica a la naturaleza. Lo señalado nos conducirá a concluir que el reconocimiento de derechos a la naturaleza es poco idóneo para lograr la protección efectiva del medio ambiente, en tanto adolece de errores formales – carece de un análisis de costo beneficio, además de emplear vías inadecuadas para introducir dicho paradigma en el ordenamiento– y de fondo –al ser incompatible con el antropocentrismo fuerte que prima en la legislación peruana y al replicar características fallidas de la experiencia comparada.

La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación de la presente investigación es la de aclarar el sustento de los argumentos jurídicos debatidos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República referidos a la conveniencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú con respecto a su impacto en la legislación ambiental peruana. Nuestra hipótesis de investigación es que la adecuación normativa de la legislación nacional ambiental al Acuerdo de Escazú extiende el alcance de los derechos de acceso ambiental (participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales) a nivel convencional, constitucional y administrativo. Sobre el marco teórico a emplear, utilizamos los contenidos del derecho internacional ambiental, los principios de buen gobierno y el constitucionalismo ambiental para el análisis de la mencionada adecuación normativa. La metodología empleada es la revisión documentaria de fuentes normativas y doctrinarias que nos permite identificar categorías jurídicas para dilucidar la interpretación integral de ambos cuerpos normativos. Una de nuestras más importantes conclusiones es que la adecuación de la legislación ambiental peruana al Acuerdo de Escazú dota de mayor protección constitucional y convencional los derechos de acceso a ambiental, limitando al legislador y el poder reglamentario de la administración a afectar la naturaleza jurídica de estos derechos, más bien guiándolos a desarrollar sus contenidos en base a la idoneidad de las normas ambientales, la transparencia y participación de los procedimientos administrativos relacionados a la evaluación ambiental, la rendición de cuentas y la efectividad de la administración en el marco de la fiscalización ambiental, es decir, a tener una legislación más consistente desde el enfoque de los principios de buen gobierno

El proyecto de innovación busca aportar al fortalecimiento de la articulación entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental - FEMA, reforzando sus capacidades y potenciando su intervención en la lucha contra los delitos ambientales, con la finalidad de que los ciudadanos vean realizados sus derechos de acceso a la justicia y a contar con un ambiente sano. Inicialmente se analiza las dificultades presentes en las investigaciones penales que generan un reducido número de sentencias. Ello permitió establecer la importancia de la participación del OEFA con los Informes Fundamentados y las causas de su posible ineficacia: contenido insuficiente previsto legalmente, naturaleza jurídica asignada, deficiente articulación entre entidades y falta de comprensión del contenido. Realizada la jerarquización, se eligió la deficiente articulación como causa principal, reformulando el problema público, planteándose el siguiente desafío de innovación: “¿Cómo se puede fortalecer la articulación entre el OEFA y las FEMA en las investigaciones penales por delitos ambientales para lograr que estas entidades mejoren su comunicación e identifiquen un objetivo común, agilizando la atención de requerimientos y reduciendo el exceso de burocracia?”. Luego de la formulación y priorización de ideas surgió un concepto inicial que decantó en la solución: “Programa colaborativo para el fortalecimiento de la articulación entre el OEFA y las FEMA en la lucha contra los delitos ambientales”. El prototipo comprende el desarrollo de actividades de sensibilización y acciones de articulación mediante la implementación de un portal colaborativo. Presentado el prototipo a diversos especialistas en la materia y realizado el testeo, se verificó que la solución propuesta cumple con criterios mínimos de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, pudiendo aportar valor público a la ciudadanía al incidir en una mayor protección de su derecho a un ambiente sano. / The innovation project seeks to contribute to the strengthening of the articulation between the Environmental Evaluation and Supervision Agency – OEFA and the Prosecutors Office specialized in Environmental Matters – FEMA, reinforcing their capacities and enhancing their intervention against environmental crimes, with the purpose that citizens fulfill their rights of access to justice and to a healthy environment. Initially, it analyzes the difficulties present in criminal investigations that generate a reduced number of sentences. This establishes the importance of OEFA's participation with the Substantiated Reports and the causes of their possible ineffectiveness: insufficient legally provided content, assigned legal nature, poor articulation between entities and lack of understanding of the content. Once the hierarchy was made, poor articulation was chosen as the main cause, reformulating the public problem, posing the following innovation challenge: “How can the articulation between OEFA and FEMA be strengthened in environmental crimes criminal investigations to ensure that these entities improve their communication and identify a common objective, streamlining the attention to requirements and reducing excess bureaucracy?” After the formulation and prioritization of ideas, an initial concept emerged that led to the solution: “Collaborative program to strengthen the coordination between OEFA and FEMA in the fight against environmental crimes”. The prototype includes the development of awareness-raising activities and articulation actions through the implementation of a collaborative portal. After presenting the prototype to various specialists in the field and carrying out testing, it was verified that the proposed solution meets minimum criteria of desirability, feasibility and viability, being able to provide public value to citizens by influencing greater protection of their right to a healthy environment.