El presente artículo se basa en la viabilidad de la aplicación del principio precautorio en situaciones en las que las ballenas requieran o necesiten de una protección especial. En este sentido, en las líneas siguientes se analizará la evolución y definición del derecho internacional del medio ambiente para desagregar a partir de su desarrollo: a) el concepto contemporáneo sobre el medio ambiente y b) el principio precautorio, entre los sendos principios que han surgido a partir de esta rama particular del derecho internacional. Finalmente, con el fin de un mejor entendimiento sobre la relación entre el medio ambiente, las ballenas y el principio precautorio, se desarrollarán los matices teóricos sobre esta interconexión y también su aplicación a un caso práctico en concreto. / Trabajo académico

El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

El presente trabajo de investigación busca analizar –a partir de la Casación N.º 74-2014-AMAZONAS– el objeto de protección o bien jurídico protegido del artículo 313 del Código Penal, siendo la hipótesis del presente trabajo que será todo a que espacio geográfico regulado a través de la normatividad administrativo-ambiental cuya modificación –a través de la tala o construcción– no haya sido autorizada por autoridad competente y en abierta vulneración de las normas indicadas precedentemente. En tal sentido, son pasibles de protección tanto las áreas naturales protegidas como las zonas de amortiguamiento en tanto y en cuanto para su modificación fuera de los términos del Plan Maestro está sujeto a la emisión de compatibilidades y –si se afectan bosques– autorizaciones de desbosque, otorgados por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –en el primer caso– y el Servicio Forestal o la Autoridad Regional Forestal competente –en el segundo caso–.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la vigencia de los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el sub sector hidrocarburos, el cual se ha constituido en el principal instrumento de gestión ambiental en proyectos de explotación hidrocarburífera. Para ello, se realiza un breve recuento de las principales disposiciones del marco legal que ha regulado la implementación del PAMA, desde el D.S. N° 046-93-EM hasta el actual D.S. N°039-2014-EM, bajo cuya vigencia se han regulado instrumentos correctivos complementarios al PAMA, tales como el Plan Ambiental Complementario, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan Ambiental Detallado y el Plan de Adecuación Ambiental, que han posibilitado su subsistencia hasta la actualidad. Asimismo, se analiza la vigencia del PAMA en el sub sector hidrocarburos a la luz del Principio de Indivisibilidad y del Principio de Jerarquía de la Mitigación, planteándose como propuesta que el procedimiento de actualización del PAMA es una obligación a cargo de los titulares de las actividades hidrocarburiferas, en el que la evaluación de los impactos ambientales generados por las ampliaciones en componentes principales, auxiliares así como de las medidas de rehabilitación y remediación gestionadas por sus instrumentos complementarios se realice bajo un enfoque de integralidad. / The objective of this paper is to analyze the validity of the Environmental Adaptation and Management Plans (PAMA by its acronym in Spanish) in the oil subsector, which has become the main environmental management instrument in oil exploitation projects. For this, a brief recount is made of the main provisions of the peruvian legal framework that has regulated the implementation of the PAMA, from D.S. N° 046-93-EM to the current D.S. N°039-2014-EM, under whose validity complementary corrective instruments to the PAMA have been regulated, such as the Plan Ambiental Complementario, the Plan de Manejo Ambiental, the Plan Ambiental Detallado and the Plan de Adecuación Ambiental, which have enabled their subsistence until the present. Likewise, the validity of the PAMA in the oil subsector is analyzed in light of the Principle of Indivisibility and the Mitigation Hierarchy Principle, formulating as a proposal that the PAMA update procedure is an obligation in charge of the owners of the oil exploitation activity, in which the evaluation of the environmental impacts generated by the extensions in main and auxiliary components, as well as the rehabilitation and remediation measures managed by their complementary instruments, is carried out under a comprehensively approach.

Esta investigación analiza la figura contenida en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 040- 2014-EM, una figura que, creada en el 2014, no ha sido utilizada todavía y genera muchas interrogantes. Contempla el escenario en que el titular de un proyecto minero con instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado (actividades de explotación y beneficio), transfiera u otorgue en cesión todas sus concesiones mineras, o bien (es decir, excluyentemente) la concesión de beneficio, habilitando al adquirente o cesionario a utilizar el mismo instrumento de gestión ambiental original, siempre que se haya obtenido la aprobación de un procedimiento de modificación sobre dicho IGA. Establece como requisitos el destino exclusivo de dichas concesiones, respectivamente, a actividades de explotación y de beneficio, así como el funcionamiento independiente de dichas actividades. En primer lugar, hemos verificado la viabilidad legal de la figura a la luz del principio de Indivisibilidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en el marco legal sectorial minero. En segundo lugar, verificamos su viabilidad pragmática a través de la existencia real de proyectos mineros que únicamente desarrollan actividad de explotación y de beneficio, respectivamente. Finalmente, a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los administrador que participen de esta figura y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental al momento de fiscalizar, hemos reflexionado sobre los cuidados que debe tener la autoridad ambiental que apruebe la modificación del IGA original, en base a un cuestionable caso práctico que -si bien no es aplicación de la figura materia de análisis- se acerca mucho porque incluyó a dos titulares dentro de la certificación ambiental de una unidad minera.

En el presente trabajo se busca conocer el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ambiente a través de las sentencias del Tribunal Constitucional, toda vez que el máximo intérprete de la Constitución ha ido perfilando su contenido a través de su jurisprudencia. Se parte de la hipótesis de que el Tribunal Constitucional formula un concepto amplio del derecho que nos ocupa, el cual no solo está contemplado en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución. Consideramos que para llegar a dicho concepto que aún es general y amplio en cuanto a su contenido, debido a los conceptos indeterminados que emplea (“equilibrado” y “adecuado”), se ha incorporado, paulatinamente, algunos principios del derecho ambiental internacional; así como los criterios y principios contemplados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 2005. Por ello, el período de estudio abarca únicamente los años 2000 a 2010 a fin de poner en evidencia y centrar el análisis en el impacto que ha tenido la citada ley sobre el concepto del derecho al ambiente desarrollado por el Supremo intérprete de la Constitución.

El presente resumen ejecutivo corresponde a la Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa. Titulo: «EL CONTRATO “INVULNERABLE” Y LA GESTIÓN AMBIENTAL AD HOC: una interpretación jurídica para la creación de un sistema civil-ambiental de tutela preventiva de la biodiversidad y la biotecnología». Autor: Joseph Mejía Guevara Área de investigación: Nuestra investigación puede ubicarse dentro de las llamadas interdisciplinas, debido a que su desarrollo implicó necesarias vinculaciones entre el Derecho civil, el Derecho administrativo y el Derecho ambiental (específicamente en materia de tutela de la biodiversidad y de protección indirecta de las expectativas de desarrollo de la ciencia y tecnología). Tema: Se estudia las implicancias de los deberes de protección contractuales (de naturaleza civil) dentro del sistema de tutelas preventivas (ambientales) para la protección de la biodiversidad. Justificación: La situación jurídica particular que contribuye al acaecimiento del conflicto socioambiental, y que justifica el presente estudio, se da por la aparente imposibilidad jurídica de implementar normas y/o dispositivos de protección del medio ambiente (particularmente relacionadas a la tutela de la biodiversidad), con posterioridad a la celebración del contrato de concesión; y que regulen la conducta de las empresas concesionarias a través de la aplicación ad hoc de los deberes de protección contractuales, con la finalidad de evitar perjuicios sobrevinientes al equilibrio ecológico. Pregunta de la investigación: ¿Pueden implementarse mecanismos normativos de protección civil y/o ambiental para la tutela del medio ambiente con posterioridad a la celebración del contrato de explotación de recursos naturales sin afectar los términos contractuales? Hipótesis: Sí se pueden elaborar y ejecutar normas de tutela preventiva para la protección de la biodiversidad después de la celebración de un contrato de concesión. Motivación: En general, nuestra motivación se sustenta en el interés por develar la existencia de ciertos principios de la contratación pública (fundamentalmente, en el caso del contrato de explotación de recursos naturales o el de concesión) que permitan al Estado ejercitar sus potestades regulatorias y de gestión con posterioridad a la celebración del acuerdo. Marco teórico: La presente investigación analizó tres presupuestos teóricos. El primero de ellos es el relativo a la trascendencia en sede civil de los deberes de protección contractuales; el segundo, es el de la relevancia y exigencia de dichos deberes de protección contractuales en el ámbito de la contratación pública y específicamente en el de la concesión de recursos energéticos no renovables; y, finalmente, la posibilidad legal de que se puedan implementar dispositivos legales, después de la celebración del contrato de concesión, que le permitan al ejecutivo proteger ágilmente dos intereses públicos que, leídos en clave de derechos subjetivos públicos, determinen, por un lado, la tutela más efectiva de los recursos no renovables y, de otro lado, contribuyan a incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la tutela indirecta de la expectativa de desarrollo científico.

Frente a la crisis climática actual, han surgido cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad que instan a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza para efectos de frenar el deterioro ambiental que, argumentan, se ve causado por una visión meramente instrumentalista del medio ambiente, que no le reconoce un valor intrínseco, sino subordinado a los intereses humanos. Una de las vías por las cuales se busca modificar dicho paradigma es mediante el reconocimiento de derechos a la naturaleza, otorgándole personería jurídica y un estatus similar del cual gozan las personas naturales. En el caso peruano, dicha iniciativa se ha visto plasmada en los Proyectos Legislativos N° 06957/2020-CR y N° 08097/2020-CR, que proponen el reconocimiento de derechos a la naturaleza para tales efectos. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar la idoneidad de dichas propuestas para la protección efectiva del medioambiente. En ese sentido, se empleará el método doctrinal y exegético para hacer revisión de los diferentes argumentos doctrinarios a favor y en contra de dicho reconocimiento, y el método jurisprudencial para analizar los principales pronunciamientos que reconocen personería jurídica a la naturaleza. Lo señalado nos conducirá a concluir que el reconocimiento de derechos a la naturaleza es poco idóneo para lograr la protección efectiva del medio ambiente, en tanto adolece de errores formales – carece de un análisis de costo beneficio, además de emplear vías inadecuadas para introducir dicho paradigma en el ordenamiento– y de fondo –al ser incompatible con el antropocentrismo fuerte que prima en la legislación peruana y al replicar características fallidas de la experiencia comparada.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron establecidos por la ONU a efectos de fijar metas del 2020 al 2030, que enfrenten las problemáticas urgentes que aquejan a la población mundial, para ser consideradas por los países de la comunidad internacional de forma voluntaria, a través de políticas públicas. Constituyen metas ambiciosas, como la supresión de la pobreza o el hambre cero, en las que se ven involucradas las empresas, como ciudadanos corporativos globales claves para la eficacia de los ODS, sobretodo las compañías multinacionales, por su poder económico e influencia a nivel social y político. Su intervención es una realidad, pues voluntariamente se vienen alineando a los ODS. Ante ello, cabe plantearnos como problema de investigación, de qué formas hacer más garantista el cumplimiento de los ODS, partiendo de la hipótesis que los instrumentos de carácter voluntario son útiles pero resultan insuficientes, debiendo adoptarse otras medidas estratégicas como alianzas entre el Estado y la empresa, entre otras de carácter compulsivo. Lo cual será demostrado a través de la exposición de las iniciativas que se vienen desarrollando (incluyendo un estudio de caso), y los efectos logrados, así como las opiniones de la doctrina al respecto. Ello nos permitirá comprender la importancia de los ODS y las acciones estratégicas que adoptan los protagonistas de la comunidad internacional, pudiéndose lograr un círculo virtuoso en el cual el buen funcionamiento de los estados propicia el establecimiento de las empresas sostenibles, alcanzando un nuevo estándar en la cultura cívica universal.

En el Perú, la Constitución establece en su en su artículo 2 una seríe de incisos de derechos fundamentales de carácter individual y colectivo, en su inciso 22 señala que debemos “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida” para cada uno de los ciudadanos, este artículo es concebido como el derecho humano a un ambiente sano, de manera constitucional, se dispone que la nación esta obligada a proteger por leyes especiales y justas los derechos que implican gozar de un ambiente sano y adecuado. En materia ambiental, el Estado ha dispuesto normas especiales, administrativas, civiles, penales con la finalidad de prevenir y sancionar a los que causen un daño a la naturaleza, en la actualidad tras la crisis climatica que enfrenta el planeta, en especial nuestro país, como en el presente año se han reportado cultivos en emergencia la papa el arroz, entre otros según reporte agroclímatico del Senamhi a causa de una temporada de friaje mas alto de los últimos 5 años, en las zonas del centro del país. Este trabajo visto desde el derecho ambiental con enfoque constitucional, busca que todos los sectores de la sociedad conozcan tanto los derechos contenidos en la constitución como en los instrumentos internacionales que reconocen el derecho humano al ambiente sano donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 ya pone en el centro a la naturaleza a la hora de tomar una decición controversial, teniendo en cuenta la crísis clímatica que enfrenta el planeta. / In Peru, the Constitution establishes in its article 2 a series of subsections of fundamental rights of an individual and collective nature, in its subsection 22 it states that we must "enjoy a balanced and adequate environment for the development of life" for each one. of citizens, this article is conceived as the human right to a healthy environment, constitutionally, it provides that the nation is obliged to protect by special and fair laws the rights that imply enjoying a healthy and adequate environment. In environmental matters, the State has established special, administrative, civil, criminal regulations in order to prevent and punish those who cause damage to nature, currently after the climate crisis facing the planet, especially our country, As this year, potato and rice crops have been reported in emergency, among others according to the Senamhi agroclimatic report due to a cold season that is the highest in the last 5 years, in the central areas of the country. This work seen from environmental law with a constitutional approach, seeks that all sectors of society know both the rights contained in the constitution and in international instruments that recognize the human right to a healthy environment where the Inter- American Court of Human Rights already puts into question the center to nature when making a controversial decision, taking into account the climate crisis facing the planet. / Trabajo académico