Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hemos dividido el presente trabajo en cinco capítulos: En el primero de ellos se aborda la crisis que vive actualmente nuestro sistema de procesamiento penal, tema que a nuestro parecer es fundamental para entender adecuadamente el motivo de la creación del Ministerio Público. En el Capítulo segundo se desarrolla una visión histórica del Ministerio Público. Además se analizan los principios dogmáticos que informan nuestro actual proceso penal y los principios dogmáticos que informarán el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal (Legalidad- Escrituración versus Oportunidad- Oralidad). En el Capítulo tercero se aborda la historia de la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 del Ministerio Público, en donde se exponen las principales intervenciones de las diferentes autoridades del país. Del mismo modo, se analizan los tratados internacionales vigentes en Chile y su vinculación con el nuevo sistema procesal penal. En el Capítulo cuarto nos abocamos a estudiar la historia de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.640 del Ministerio Público y la organización y atribuciones de este nuevo organismo. Además analizamos la relación del Ministerio Público con la Policía y el Juez de Control. Finalmente, en el Capítulo quinto de nuestro trabajo, se expone un análisis crítico de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional a propósito del control preventivo de constitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se aboca a la investigación del rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal en Chile. Para una comprensión del fenómeno de manera completa, es que ésta investigación se divide en dos partes, la primera de ellas, se encarga de constatar el estado actual de la Política Criminal en Chile, para ello se realiza un paneo histórico de la evolución que ha tenido la Política Criminal en nuestro país, que busca identificar el por qué de su variante punitiva, el por qué del estado actual de la misma y cuáles son las principales consecuencias que en la práctica se generan con la actual Política Criminal. En la segunda parte de esta investigación, nos concentramos en el Ministerio Público, señalando su organización, funciones y principios rectores. Todo esto para dilucidar el rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal desde su entrada en vigencia el año 2000 junto con la Reforma Procesal Penal. Luego del análisi de diversas historias de la ley y de la LOCMP demostrámos cómo es que el Ministerio Público es la institución llamada al diseño de la Política Criminal persecutoria del país, señalando cómo se diseñan estos criterios político criminales, cuáles son los controles de estos criterios dentro y fuera de la institución, y realizamos las críticas que consideramos en relación tanto a la función misma de diseño de Política Criminal persecutoria como a la forma en que se desarrolla ésta

Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad explicar cómo, en el marco de la política pública de Justicia, es posible fundamentar los motivos, más allá de los normativos, en virtud de los cuales el Estado debe proveer servicios de asistencia legal en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, explicando las razones normativas y empíricas que sustentan su establecimiento y, en particular, los fundamentos detrás de la utilización de sistemas de externalización. Se expondrá cómo la literatura ha explicado esta situación: por un lado la jurídica, a través del concepto del debido proceso, y por la otra, la económica, a través de la minimización de los costos sociales para la provisión de bienes públicos. Se explicará que el bien público justicia requiere una serie de factores esenciales para su producción, relacionados por una condición de mínimos, entre los cuales se encuentra la defensa. Se indicará que la producción sub óptima de la defensa conlleva una intervención del Estado para su provisión, sobre todo si esa producción sub óptima es consecuencia de que la mayoría de la demanda por estos servicios en el sistema de enjuiciamiento criminal proviene de personas pobres, con escasa disposición a pagar por esos servicios y, por otro lado, pues la inexistencia de defensa implica afectar la continuidad y eficiencia del sistema judicial en su conjunto. Una interrogante a resolver es si el Estado debe producir o comprar el servicio de defensa. Si bien la literatura de licitaciones de defensa penal ha puesto énfasis en los aspectos asociados a las áreas sensibles, es necesario establecer elementos que permitan evaluar qué aspectos se deben considerar para ocupar un sistema u otro. Con dicha finalidad se analizará el sistema implementado en Chile y sus resultados, con el objeto de proveer de información de la manera en como alguno de esos supuestos se han comportado. Lo anterior puede resultar relevante en un momento de reformas judiciales, no sólo la procesal penal completamente instalada, sino que también la de tribunales de familia y la nueva justicia laboral, en proceso de instalación. Estas experiencias y modelos debiesen servir también para evaluar los aspectos vinculados a lo que se supone serán las reformas al sistema de enjuiciamiento civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto dilucidar el impacto que la Reforma Procesal Penal ha producido en el sistema legal chileno, en específico en la teoría de la responsabilidad del Estado, y dentro de este mismo ámbito de responsabilidad, la que resulta producto de la función jurisdiccional del Estado. Para ello, hemos de fijar a través de una hipótesis de trabajo las probables consecuencias fáctico – jurídicas que la mencionada Reforma Procesal Penal ocasiona en la teoría de la Responsabilidad del Estado. Una vez planteada la hipótesis, se trabajará en relación a dos líneas principales de investigación. La primera de ellas, dice relación con el impacto jurídico que la introducción de la Reforma Procesal Penal ha generado en la teoría de la responsabilidad del Estado, a nivel Constitucional, en lo que respecta al tema central que nos aboca en la presente investigación, cual es la responsabilidad del Estado – Juez. La segunda línea investigativa, se referirá a la constatación empírica de los efectos que ha producido la mencionada reforma en la teoría de la responsabilidad del Estado, en específico el impacto que ha tenido el ingreso, a través de los Tribunales de Justicia, de acciones en contra del Estado que persiguen la responsabilidad de éste por daños producidos a consecuencia de la función jurisdiccional en materia penal, y la actividad del nuevo órgano encargado de la persecución penal pública: el Ministerio Público. Estas dos líneas de trabajo se entrelazarán al momento de arribar a las conclusiones finales de la presente investigación, en las cuales resultará comprobada o refutada la hipótesis de trabajo y establecidos los alcances y efectos que esta misma tiene en la dogmática y en la práctica jurídica de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la estricta finalidad de instruir previamente al lector, antes de comenzar a leer esta obra, es necesario advertir que su objetivo consiste en examinar los sistemas de control judicial y administrativo respecto al Principio de Oportunidad, la Facultad de No Iniciar la Investigación y el Archivo Provisional, algunos de los términos facultativos que puede utilizar el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, incluye la definición de cada uno de ellos, como asimismo se destacan sus rasgos esenciales y, asimismo, su similitud con algunas legislaciones extranjeras. Para dichos efectos, se ha dividido esta obra en cuatro partes, cada una de ellas con capítulos y subcapítulos, que tratan por separado cada una de estas instituciones. En cada uno de ellos, se analizó por separado cada característica, a fin de comprender el mecanismo de control judicial y administrativo de cada institución, determinando, en un apartado, las ventajas y dificultades (o desventajas de cada uno de ellos. Asimismo, luego de un extenso examen de bases de datos y textos de consulta, esta obra trae consigo jurisprudencia acerca de dichos temas, un aspecto que se echa de menos en las obras que se han escrito, como asimismo resalta la innovadora perspectiva en la que se aborda dicha temática en esta memoria. Finalmente, a la luz del análisis que se advierte en el cuerpo de esta obra, junto a datos estadísticos utilizados para dichos efectos, se extraen ciertas conclusiones que permiten dar por sentada la existencia efectiva de una dualidad de mecanismos de control que, a la postre, resultan adecuados, no obstante advertir que una reforma legal, a fin de detallar los procedimientos y no dejar así vacíos, se tendría como oportuna y óptima, con la finalidad de evitar contradicciones y vicios en un sistema de frenos y contrapesos necesario para el adecuado ejercicio de esta facultades, no perdiendo de vista, por cierto, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Precisamente, el objetivo de esta memoria es el estudio del Ministerio Público frente a estos principios. Para ello, antes de dedicarnos, en concreto, al desarrollo de esos temas, nos ocupamos en los capítulos I al III, de esta memoria a revisar los antecedentes históricos y legales de la reforma procesal penal en general y del Ministerio Público, en particular. Como así mismo de determinar la naturaleza jurídica, con que es reinstalada esta institución en nuestro sistema jurídico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos plantearemos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Luego dedicaremos un capítulo a cada sistema, empezando por una descripción breve de cada uno de éstos, para luego dar paso a un análisis de fondo de la forma en que se controla al órgano persecutor tanto a nivel administrativo, judicial, como político. A continuación seguiremos con un capítulo destinado a la comparación de los distintos sistemas nacionales en función de los siguientes criterios: Principios que informan su actuación y mecanismos de control. Por último, finalizaremos con un apartado de conclusiones generales en el cual trataremos de determinar cual de estos sistemas es el que mejor combina eficiencia con protección de garantías en el proceso penal.