El presente trabajo tiene como finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, que es la calidad de cosa juzgada, en ese sentido desarrollaré y analizaré los hechos, los puntos controvertidos y los argumentos vertidos en el laudo arbitral. El Tribunal Arbitral anterior, cuyo Expediente N° 099-2009, declaró infundada la sexta pretensión del Consorcio; por tanto, declaró como válida Resolución Directoral N° 1202-2009-MTC/20, en la que PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato de Consultoría de Servicio N° 035-2009-MTC/20, por exceso en el plazo de la entrega del Informe N° 2. Además, de lo expuesto en la parte considerativa del laudo anterior se pronuncia afirmando que sí correspondía que la Entidad impusiera la penalidad establecida en el contrato y que dicha penalidad superó los máximos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (10% del monto del contrato). Por consiguiente, el nuevo Tribunal Arbitral, con Expediente N° 289-59-12, al amparar el punto 3.2 de la tercera pretensión en el presente laudo arbitral materia de análisis, se estaría dejando sin efecto la causal, el artículo 41° de la Ley2, y los artículos 224° a 226° del Reglamento3, que ha servido como fundamento para la resolución del contrato declarado por el primer Tribunal

En el 2007, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impulsó un proceso de desconcentración de sus servicios de orientación y atención a usuarios de telecomunicaciones, supervisión al comportamiento de las empresas de los servicios de telecomunicaciones y resolución de los Recursos de Apelación de los Reclamos de usuarios y quejas en cada departamento. Veintitrés (23) Oficinas y nueve (09) Centros de Orientación fueron implementadas. Esta investigación se pregunta ¿cuáles fueron los factores o condiciones que afectaron el proceso de desconcentración del OSIPTEL? e identifica los aspectos que facilitaron y limitaron los cambios entre el 2007 y el 2017. La información ha sido recogida de documentos oficiales, informes y entrevistas semiestructuradas a actores que intervinieron en el proceso. Se concluye que los factores que afectaron positivamente el proceso son: el liderazgo y compromiso de sus líderes, el entorno político favorable, disponibilidad de recursos económicos (presupuesto asignado), el fortalecimiento de capacidades del personal y la gestión de la información. Los factores que limitaron el proceso fueron la resistencia al cambio, las dificultades de adaptación y la burocratización. El trabajo abre la oportunidad a nuevas investigaciones y permite comprender procesos de reformas de gestión institucional en el Perú. / In 2007, the regulatory body for telecommunications (OSIPTEL) initiated a deconcentrating process of its service delivery to consumers (orientation to consumers, oversight to companies, and complaints appeal procedures). Twenty-three (23) offices and nine (09) orientation centres were implemented. This investigation aims to ask the research question ¿which were the factors that affected the deconcentrating process of OSIPTEL? This research seeks to identify the enabling and limiting factors that affected changes between 2007 and 2017. The information has been collected from official documents, reports, and semi-structured interviews to actors involved in the process. Conclusions derived from the analysis identify factors that positively affected change: i) the leadership and commitment of its leaders to processes, ii) the favourable political environment, iii) availability of economic resources (assigned budget), iv) capacity building of staff and information management. Moreover, negative factors were: i) the resistance to change, ii) adaptation difficulties, iii) bureaucratization, and iv) processes delays. This work opens the opportunity for new research and allows to understand processes of institutional management reforms in Peru.

El presente informe jurídico corresponde a la controversia suscitada entre la Compañía Telefónica Andina S.A. (Teleandina) y Telmex del Perú S.A. (Telmex), en relación a un Procedimiento de Solución de Controversias, desarrollado ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en el mes de junio del 2006, debido a la presunta dilación en la reparación del enlace de interconexión por parte de TELMEX. A raíz de ello, se emitió la Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2007, mediante la cual el Tribunal de Solución de Controversias (i) declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 003-2006- CCO/OSIPTEL, (ii) instituye un precedente de observancia obligatoria, relacionada al numeral 48 del anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, las TUO de Interconexión)(1) y (iii) recomienda la conformación de un Cuerpo Colegiado, para el inicio de un procedimiento administrativo de oficio. Este informe se realiza con la finalidad de resaltar la importancia de los principios, en la actuación de la Administración, y establecer una crítica a las recomendaciones inviables que formula la Administración. Del análisis de los actuados se identifican tres problemas: primero, la vulneración del Principio de Tipicidad, con el establecimiento del precedente de observancia obligatoria, segundo, las consecuencias de la nulidad del acto administrativo, y tercero, la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, sustentado en el incumplimiento del numeral 48 del anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. Se concluye, entre otros aspectos, que OSIPTEL llevó a cabo una interpretación extensiva o analógica del numeral 48 del anexo 5 del TUO de Interconexión, dio origen a un imposible jurídico y brindó una recomendación inviable, contraria al Principio de Tipicidad

El presente Informe Jurídico realiza un análisis al procedimiento administrativo sancionador instaurado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) contra Frontera Energy del Perú S.A., antes llamado Pacific Stratus Energy S.A. por el incumplimiento de la obligación de retiro de una instalación inactiva que habría generado la fuga de hidrocarburos en la batería de Capahuari Sur del Lote 192, en el año 2016. En ese sentido, se evalúan dos problemas jurídicos principales, por un lado, desde la perspectiva procedimental, respecto a la competencia sancionadora de OSINERGMIN en el presente caso y, por otro lado, en sentido material, sobre la actuación del administrado y su responsabilidad en la fuga descrita. Al respecto, a lo largo del presente análisis jurídico se busca dar respuesta a los problemas jurídicos, a fin de concluir si el procedimiento administrativo sancionador contra Frontera Energy del Perú S.A., fue llevado de manera correcta por OSINERGMIN, en el marco procesal y material, cumpliendo con la normativa vigente en el momento que ocurrió el hecho infractor. Finalmente, se arriba a una recomendación y reflexión final en relación a una mejora legislativa, a efectos de evitar controversias como la que se presenta en el caso materia del presente análisis.

Consumidor regulan la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios; para ello se ha otorgado a la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi las competencias de control y vigilancia sanitaria en tema de alimentos y bebidas. El presente trabajo académico se propone desarrollar, primero, las diferencias entre el Deber de Idoneidad, Inocuidad y Seguridad; segundo, analizar las competencias otorgadas en materia de alimentos a la Digesa y al Indecopi; tercero, busca reflexionar acerca de la aplicación de uno de los supuestos de las medidas correctivas complementarias. Para tal efecto, se ha recurrido a diferentes fuentes doctrinales, marcos normativos y a Resoluciones emitidas por el Indecopi desde el 2017. Todo ello con la finalidad de poder demostrar la relevancia de la actuación del Indecopi y la Digesa en materia de la vigilancia y control sanitario en los alimentos y bebidas. Asimismo, demostrar si efectivamente se cumple el objetivo que tienen las medidas correctivas complementarias; y, finalmente, exhibir el rol principal que cumple la Digesa en este tipo de casos. / The Food Safety Law, as well as its Regulations; and the Consumer Protection and Defense Code regulates the sanitary surveillance of food products; For this, the General Directorate of Environmental Health - Digesa and the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - Indecopi have been appointed the powers of health control and surveillance in the area of food and beverages. This academic work aims to develop, first, the differences between the Duty of Suitability, Innocuousness and Security; second, it analyzes the powers granted to Digesa and Indecopi in matters of food; third, it seeks to reflect on the application of one of the assumptions of the complementary corrective measures. For this purpose, different doctrinal sources, regulatory frameworks, and Resolutions issued by Indecopi have been used since 2017. All this to be able to demonstrate the relevance of the actions of Indecopi and Digesa in matters of health surveillance and control in food and beverages. Likewise, demonstrate whether the objective of the complementary corrective measures is being met; and, finally, show the main role played by Digesa in this type of case.

El trabajo se desarrolla en base al criterio respecto al deber de idoneidad que tienen los proveedores de servicios públicos, destacando su relevancia y entendiendo que son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la constitución o las leyes para satisfacer de manera regular y continua a cierta categoría de necesidades que serían de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal sujetos a un régimen de derecho público o privado. Asimismo, se destaca la relevancia de la creación de organismos reguladores a fin de que el estado cumpla con proteger el derecho de los usuarios de servicios públicos de manera eficiente, razonable y sobre todo entendiendo que toda regulación tiene como pilar fundamental la protección al usuario. Por ello, se desarrollará la función, objetivos y principios que cumplen los organismos reguladores en nuestro país

La presente monografía tiene como hipótesis demostrar que la aplicación del Código de Protección al Consumidor por parte del organismo de competencia encargado de aplicarlo, actúa en despropósito de su protegido: el consumidor. Todo ello debido a la ambigüedad en la regulación y más aún sobre los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, siendo que el concepto de Idoneidad que éstos últimos regulan no tiene un criterio objetivo a través del cual se pueda sancionar a los proveedores. La falta de un criterio objetivo para sancionar en un proceso Administrativo Sancionados, no sólo genera inseguridad jurídica, sino atenta contra el principio de tipicidad exhaustiva recogido en el artículo 230 inciso 4, titulado “Principio de la Potestad Sancionadora” en la Ley No. 27444 del Procedimiento Administrativo General y no es sostenible desde un análisis desde un punto de visto del Análisis Económico del Derecho

En esta tesis, las autoras, sobre la base de la pirámide de Braithwaite, proponen la utilización de las herramientas de Enforcement con las que cuenta el OSIPTEL durante la supervisión, fiscalización, sanción y post evaluación del cumplimiento regulatorio en el sector de las telecomunicaciones, en un esquema piramidal de aplicación, bajo el enfoque de Responsive Regulation. Dichas herramientas están consignadas desde las menos intrusivas y persuasivas, hasta aquellas otras que se sustentan en la no cooperación de los regulados, frente a lo cual se requiere el empleo de mecanismos de disuasión. Además, a fin de obtener un enfoque de Responsive Regulation, de forma integral, precisan que es necesario considerar diversas mejoras en la normativa del OSIPTEL, así como en el ejercicio de sus funciones, las cuales han sido desarrolladas en este documento.

El informe jurídico analiza principalmente dos problemas jurídicos principales identificados en virtud de la Resolución Nº 0278-2015/SDC-INDECOPI1, que declaró barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la disposición administrativa contenida en el numeral 34 del artículo 2º, artículos 4º y 33º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que exigen a los propietarios titularse como químicos farmacéuticos para denominar “farmacia” a sus establecimientos farmacéuticos. El primer problema jurídico principal refiere a la pertinencia de la entidad a exigir el cumplimiento de disposiciones administrativas contenidas en normas reglamentarias los cuales transgreden la finalidad de su ley primigenia; y, el segundo, sobre la viabilidad de que Indecopi proceda con ordenar la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas irrazonables materializadas en disposiciones administrativas. Para el análisis de los problemas jurídicos reseñados, tomé como referencia su base legal, exposición de motivos, proyectos de ley y documentos internos de Indecopi en el cual realizan críticas a las modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1256, aprobadas mediante la Ley Nº 31775; así como, la doctrina nacional correspondiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, sobre relevancia que el reglamento cumpla con las formalidades necesarias a fin de que guarde concordancia con su ley primigenia; y, en segundo lugar, respecto la importancia que Indecopi declare la inaplicación con efectos generales de las barerras burocráticas irrazonables contenidas en disposiciones administrativas. / The legal report mainly analyzes two main legal problems identified by virtue of Resolution No. 0278-2015/SDC-INDECOPI, which declared illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier the administrative provision contained in numeral 34 of Article 2, Articles 4 and 33 of the Regulation of Pharmaceutical Establishments, which require owners to be licensed as pharmaceutical chemists to call their pharmaceutical establishments "pharmacy". The first main legal problem refers to the pertinence of the entity to demand compliance with administrative provisions contained in regulatory norms which transgress the purpose of its original law; and, the second, on the viability of Indecopi to proceed with ordering the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers materialized in administrative provisions. For the analysis of the legal problems reviewed, I took as a reference their legal basis, explanatory memorandum, draft laws and internal documents of Indecopi in which they criticize the amendments to Legislative Decree No. 1256, approved by Law No. 31775; as well as the corresponding national doctrine. Finally, the conclusions are the following: firstly, on the relevance that the regulation complies with the necessary formalities in order to be in accordance with its original law; and, secondly, on the importance of Indecopi declaring the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers contained in administrative provisions.

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.