En el año 2003 se creó el régimen especial de las micro y pequeñas empresas a través de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (en adelante MYPE), norma que fuera modificada en más de una oportunidad y que tiene como última modificación la Ley N° 30056. Dicho régimen desde su promulgación, ha tenido como finalidad la reducción de la informalidad laboral mediante una serie de incentivos que reducen los costos laborales de los empleadores, a través de los beneficios sociales de los trabajadores. No obstante la significativa reducción de los costos a favor del empleador, el 70% de los trabajadores peruanos siguen perteneciendo al sector informal. Por ello, se hace imprescindible analizar cuales pueden haber sido las causas por las que el Perú se encuentra dentro de los países con los mayores índices de informalidad de la región. Para ello, se ha realizado el análisis de la regulación y su compatibilidad con la Constitución, la descripción y comparación de diferencias entre el régimen MYPE en sus dos modalidades (micro y pequeña empresa) con el régimen general a fin de tener claras las diferencias existentes. Finalmente se realizará el análisis y descripción de algunas políticas específicas implementadas en la región con muy buenos resultados, y que no necesariamente implican la reducción de los beneficios laborales. Esto nos permitirá apreciar, que existen incentivos alternativos, así como la implementación de políticas integrales como en el caso de la educación, que podrían tener mejores resultados respecto de la formalización laboral. / Tesis

La seguridad social en pensiones en nuestro país pasa por un momento de crisis y de cuestionamientos por parte de la sociedad y sectores del Gobierno en torno a los escasos niveles de protección que ofrece particularmente a los trabajadores independientes y de la microempresa, para quienes la afiliación y cotización resulta voluntaria. En de un contexto en el que el mercado laboral peruano presenta niveles elevados de informalidad laboral y de baja cobertura previsional en el cual el mas de los dos tercios de la PEA ocupada (algo más de 10 millones de personas) se encuentran sin protección en materia previsional lo que les impedirá a futuro percibir una pensión que les permita suplir la ausencia de ingresos producto del trabajo; el presente artículo analiza el marco normativo, los datos estadísticos, los intentos fallidos y legislación comparada para concluir sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de la afiliación y cotización de los trabajadores independientes y de la microempresa en nuestro ordenamiento de seguridad social, medida que por sí misma requiere de otros elementos, que le permitan incrementar los niveles de protección social y de cobertura de este grupo de trabajadores, proponiéndose que el Sistema de Pensiones Sociales (SPS), basado en el matching contribution y aplicable al régimen de la microempresa se haga extensivo a los trabajadores independientes entre otras medidas de índole normativo y educativo. / Trabajo académico

En el presente trabajo se analiza sobre la necesidad de reducir derechos laborales de cara a la búsqueda de la formalización de las empresas y promover el empleo. De este modo, la cuestión principal de este trabajo gira en torno a los límites que deberán tomar en cuenta nuestros legisladores al momento de querer plantear un régimen laboral promocional, tanto desde una perspectiva jurídico – constitucional como empírica. La conclusión final es que, no siempre es necesaria la reducción de derechos laborales, pues existen otras alternativas a través de las cuales podemos lograr competitividad y productividad laboral sin perder la calidad en el empleo, esto es, respetar el trabajo decente. / Trabajo académico

En el año 2003 se creó el régimen especial de las micro y pequeñas empresas a través de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (en adelante MYPE), norma que fuera modificada en más de una oportunidad y que tiene como última modificación la Ley N° 30056. Dicho régimen desde su promulgación, ha tenido como finalidad la reducción de la informalidad laboral mediante una serie de incentivos que reducen los costos laborales de los empleadores, a través de los beneficios sociales de los trabajadores. No obstante la significativa reducción de los costos a favor del empleador, el 70% de los trabajadores peruanos siguen perteneciendo al sector informal. Por ello, se hace imprescindible analizar cuales pueden haber sido las causas por las que el Perú se encuentra dentro de los países con los mayores índices de informalidad de la región. Para ello, se ha realizado el análisis de la regulación y su compatibilidad con la Constitución, la descripción y comparación de diferencias entre el régimen MYPE en sus dos modalidades (micro y pequeña empresa) con el régimen general a fin de tener claras las diferencias existentes. Finalmente se realizará el análisis y descripción de algunas políticas específicas implementadas en la región con muy buenos resultados, y que no necesariamente implican la reducción de los beneficios laborales. Esto nos permitirá apreciar, que existen incentivos alternativos, así como la implementación de políticas integrales como en el caso de la educación, que podrían tener mejores resultados respecto de la formalización laboral.

La seguridad social en pensiones en nuestro país pasa por un momento de crisis y de cuestionamientos por parte de la sociedad y sectores del Gobierno en torno a los escasos niveles de protección que ofrece particularmente a los trabajadores independientes y de la microempresa, para quienes la afiliación y cotización resulta voluntaria. En de un contexto en el que el mercado laboral peruano presenta niveles elevados de informalidad laboral y de baja cobertura previsional en el cual el mas de los dos tercios de la PEA ocupada (algo más de 10 millones de personas) se encuentran sin protección en materia previsional lo que les impedirá a futuro percibir una pensión que les permita suplir la ausencia de ingresos producto del trabajo; el presente artículo analiza el marco normativo, los datos estadísticos, los intentos fallidos y legislación comparada para concluir sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de la afiliación y cotización de los trabajadores independientes y de la microempresa en nuestro ordenamiento de seguridad social, medida que por sí misma requiere de otros elementos, que le permitan incrementar los niveles de protección social y de cobertura de este grupo de trabajadores, proponiéndose que el Sistema de Pensiones Sociales (SPS), basado en el matching contribution y aplicable al régimen de la microempresa se haga extensivo a los trabajadores independientes entre otras medidas de índole normativo y educativo.

La relevancia del presente trabajo es el análisis del Decreto de Urgencia 013-2020, emitido el 23 de enero de 2020, bajo el título de “Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups” respecto de su Título IV sobre la regulación del Financiamiento Participativo Financiero (o también conocido como crowdfunding financiero). En este sentido, se cuestiona que las fuentes de financiamiento tradicional imposibiliten un acceso eficiente a las mypes, por lo cual se plantea como objetivo que el crowdfunding financiero (en sus modalidades de valores representativos de capital y/o de deuda, de préstamos y otras que establezca la SMV mediante normas de carácter general) resulte ser una alternativa de financiamiento para las micro y pequeñas empresas peruanas. Por ello, se ha analizado la experiencia comparada en América Latina y el impacto de su regulación en aspectos vitales como la gestión de riesgos, la regulación y supervisión de las entidades autoridades (SMV, SBS e Indecopi), y, con mayor énfasis, en las prohibiciones y obligaciones por parte de las Sociedades Administradoras. Ante ello, se concluye que la regulación del crowdfunding financiero debe ser considerada como una alternativa de financiamiento para las micro y pequeñas empresas en cuanto se debe establecer la incorporación del término de inclusión financiera como base fundamental de una regulación complementaria que pueda adaptarse a las necesidades de financiamiento de las micro y pequeñas empresas para su desenvolvimiento en este segmento empresarial. Así, se plantea que el desafío que ello implica es el diseño de un sistema de calificación de riesgos que pueda garantizar la protección de todos los actores del financiamiento participativo financiero. / The relevance of this research is the analysis of the Urgency Decree 013-2020, issued on January 23, 2020, under the title of "Urgency Decree that promotes the financing of micro and small companies, entrepreneurship and Startups" regarding its Title IV on the regulation of crowdfunding. Therefore, it is questioned that traditional sources of financing prevent efficient access to mypes, which is why the objective is that financial crowdfunding (in its modalities of capital and / or debt securities, loans and others) established by the SMV through general rules) turns out to be a financing alternative for Peruvian micro and small companies. For this reason, the comparative experience in Latin America and the impact of its regulation on vital aspects such as risk management, regulation and supervision of authority entities (SMV, SBS and Indecopi), and, with greater emphasis, on the prohibitions and obligations on the part of the Administrative Companies. Given this, it is concluded that the regulation of financial crowdfunding should be considered as a financing alternative for micro and small companies, insofar as the incorporation of the term of “financial inclusion” should be established as a fundamental basis of a complementary regulation that can be adapted to the needs of financing of micro and small companies for their development. Finally, it is proposed that the challenge that this implies is the design of a risk rating system that can guarantee the protection of all actors of crowdfunding.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el recientemente promulgado Decreto de Urgencia Nº 13-2020, que regula entre sus estipulaciones el crowdfunding. El crowdfunding es un mecanismo de financiamiento alternativo que emplea plataformas de internet para abaratar costos y permitir que proyectos con poco capital puedan financiarse. Considerando ello, el crowdfunding se presenta como una alternativa de financiación muy atractiva para micro, pequeñas y medianas empresas, que son el tipo de empresa más común en el Perú. Por lo tanto, la regulación de este mecanismo debe ser adecuada, a fin de que se convierta en una herramienta óptima a la que puedan acceder los nuevos empresarios peruanos. Por tal motivo, este trabajo evalúa cuán idónea resulta la regulación para el correcto desenvolvimiento de este novedoso mecanismo de financiación en el Perú. Para ello, se analizan las normativas homólogas de distintos países y se recogen las principales propuestas de regulación contempladas por la doctrina, a fin de establecer los parámetros regulatorios o criterios que deberían estar presentes en el Decreto de Urgencia Nº 13-2020. Tras ello, a la luz de las normativas extranjeras equivalentes y de las propuestas establecidas por la doctrina, se evalúa el mencionado Decreto de Urgencia y se concluye que, si bien buena parte de los parámetros se encuentra presente en la norma peruana, esta no los ha desarrollado y se ha limitado a ser meramente enunciativa

El informe tiene como objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del “Caso Régimen Laboral de las MYPE”, recaído en el expediente N° 00021-2014-PI/TC. En el cual el Colegio de Abogado de Arequipa interpone la Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 7,8,9 y 10 del Decreto Legislativo 1086; y contra el Articulo 11 en la medida que modifica los artículos 5 y 42 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE) y a la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 30056. Siendo admitida por el Tribunal solo lo concerniente a la Ley 30056. El Tribunal declara infundada la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, Asimismo, se exhorta al congreso que en el marco de sus atribuciones modifique el sentido de los art 5 y 51 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE). El presente informe se analiza si resulta suficiente esta sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, partiendo de definir si el régimen MYPE no vulnera el principio - derecho de igualdad de los trabajadores sujetos al mismo frente a los trabajadores del régimen laboral general. Asimismo, si la ponderación de derechos de los artículos 2.2 y 59 de la Constitución Política que realiza el Tribunal fue adecuada. Finalmente, se analiza si el régimen MYPE ha cumplido con el objetivo para el que fue creado

El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

Con la llegada en vigencia del régimen laboral especial de la Ley de Micro, Pequeñas y Medianas empresas se instituyó un marco regulatorio orientado a aumentar la competitividad y formalización de estas empresas a través del establecimiento de políticas de alcance general, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un régimen laboral especial y la promoción de un entorno favorable para la creación, formalización de estas empresas. Pese a que el régimen MYPE consistió en disminuir los derechos laborales para contribuir en la formalización de las empresas y trabajadores, tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada) tienen empleo informal, siendo las microempresas las que ostentan el mayor porcentaje de informalidad laboral (88% de la PEA ocupada con empleo informal se ubica en este sector) (INEI, 2019, pág. 75) . El empleo informal termina afectando a los trabajadores de este sector pues se encuentran desprovistos de sus derechos laborales y de la seguridad social. Además de la informalidad laboral, las mínimas condiciones de trabajo, la limitación económica, la baja productividad en este sector y la deficiente gestión de la seguridad y salud en el trabajo, son factores que limitan y hacen vulnerables a este sector frente a peligros y con ello riesgos en los casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En ese contexto, resulta importante que el diseño normativo previsto para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las microempresas se encuentre dentro de los alcances de instrumentos internacionales, pues se trata de garantizar las condiciones esenciales de seguridad y salud para las trabajadoras y trabajadores en este sector. El sistema de gestión de seguridad y salud establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es inadecuado para las microempresas, pues resulta engorroso, complicado y poco comprensible de establecer e implementar, lo cual conlleva a que los empleadores incumplan con sus obligaciones y desprotejan la seguridad y salud de sus trabajadores. Los riesgos en el trabajo pueden presentarse tanto en las grandes como en las microempresas; no obstante, son estas últimas sobre las cuales se requiere un enfoque y ayuda urgente por parte de las instituciones en la medida de que las condiciones de trabajo resultan muchas veces precarias. Un entorno de trabajo seguro favorece la productividad en una empresa y promueve la competitividad en el mercado, situación favorable que se podrá lograr si se desarrolla una cultura de prevención de riesgos laborales y se establece un sistema de prevención de riesgos que sea apto y eficiente para las microempresas