El presente artículo aborda y desarrolla los principales aspectos jurídicos relacionados al tratamiento legal de los fondos de inversión, como sujetos de derecho, en sede registral. En tal sentido, se analizan las características de los fondos inversión y su naturaleza jurídica a partir de la Ley de Fondos de Inversión y, de forma específica, la posibilidad de los mismos para ejercer su representación en sede registral a través de su sociedad administradora. De esta manera, se demuestra y sostiene que los fondos de inversión ostentan la naturaleza jurídica de sujetos de derecho y, como tales, por mandato imperativo de la ley, su representación, en todos los actos jurídicos que celebre, corresponde ser ejercida por su sociedad administradora, por lo que, para la acreditación de dicha representación en sede registral, no resulta posible exigir los mismos requisitos legales que a las personas jurídicas, ni mucho menos equiparar su naturaleza jurídica.

En nuestro país, existen distintos tipos de regímenes laborales especiales establecidos en función a la capacidad económica de sus empleadores, los cuales persiguen fines económicos o lucrativos, lo que ha dado lugar, por ejemplo, al régimen especial de las Micro y Pequeñas Empresas (régimen mype). No obstante, esta situación no ha ocurrido con las personas jurídicas sin fines de lucro que, al estar excluidas de dicho régimen, se advierte un trato diferenciado, al no tenerse en cuenta su capacidad económica y finalidad jurídica. Bajo ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo principal identificar si existe afectación al principio-derecho de igualdad, al no encontrarse regulado un régimen especial laboral a favor de las personas jurídicas sin fines de lucro que le permita gozar de beneficios en el pago de sus obligaciones laborales, como sí ocurre con las micro y pequeñas empresas, los empleadores de las trabajadoras y trabajadores del hogar y demás empleadores, que en algunos casos tampoco persiguen un fin económico o lucrativo; empleándose en el análisis el método cualitativo-descriptivo. La investigación utiliza el test de igualdad, concluyendo que la falta de regulación de un régimen especial a favor de las personas jurídicas sin fines de lucro, vulnera su derecho a la igualdad ante la ley. / In our country, there are different types of special labor regimes established according to the economic capacity of employers, which has given rise, for example, to the special regime for Micro and Small Enterprises. However, this situation has not occurred with non-profit legal entities, which, as they are excluded from said regime, provide a differentiated treatment, as their economic capacity and legal purpose are not taken into account. Under this context, the main objective of the present investigation is to identify if there is an effect on the principle-right of equality, since a special labor regime is not regulated in favor of non-profit legal persons that allows them to enjoy benefits in the payment of their labor obligations, as is the case with micro and small businesses, employers of domestic workers and other employers without legal personality, which in some cases do not pursue an economic or lucrative purpose either; using the qualitative-descriptive method in the analysis. The research, using the equality test, concludes that the lack of regulation of a special regime in favor of non-profit legal entities violates their right to equality before the law.

En los últimos años, el Tribunal Registral se ha pronunciado de manera favorable, por medio de distintas resoluciones, sobre la posibilidad de que una asociación pueda incluir en su estatuto la realización de actividades económicas y/o lucrativas sin alterar su fin no lucrativo. Estas resoluciones se han dado en el marco de la inscripción de la constitución de una asociación (lo cual incluye el contenido de su estatuto) en el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En ese sentido, en vista que, aún continúan habiendo posturas doctrinarias que se encuentran en desacuerdo con la inscripción de la constitución de una asociación por incluir dentro de sus estatutos la posibilidad de realizar actividades económicas y/o lucrativas para su sostenimiento y desarrollo su fin no lucrativo, hemos considerado realizar el presente artículo. Es así que, en el presente documento, nos centraremos en las implicancias que tiene la realización de actividades económicas y/o lucrativas para una asociación (positivas y/o negativas) como medios para lograr sus fines, así como en el contexto en el que se dan estas y cómo son llevadas a cabo (representantes). También, se buscará brindar apoyo a quienes redacten el estatuto de una asociación (fundadores) para que no se vean sorprendidos con observaciones por parte de los registradores. Finalmente, se brindará una propuesta de modificación al artículo 82° del Código Civil a fin de solucionar la interrogante. / In recent years, the Registry Court has ruled favorably, through different resolutions, on the possibility that an association may include in its bylaw the performance of economic and / or lucrative activities without altering its non-profit purpose. These resolutions have been given within the framework of the registration of the constitution of an association (which includes the content of its bylaw) in the Registry of Legal Entity of the National Superintendency of Public Registries. In this sense, since there are still doctrinal positions that are in disagreement with the registration of the constitution of an association because it includes within its bylaw the possibility of carrying out economic and / or lucrative activities for its support and development its non-profit purpose, we have considered elaborate this article. Thus, in this document, we will focus on the implications of carrying out economic and / or lucrative activities for an association (positive and / or negative) as means to achieve its purpose, as well as the context in which these are given and how they are carried out (representatives). Also, it will seek to provide support to those who draft the bylaws of an association (founders) so that they may suffer observations from the public registrars. Finally, a proposal to modify article 82 of the Civil Code will be provided in order to solve the question.

En el presente informe jurídico se busca determinar el tipo de consumación que se produce en el delito de Enriquecimiento ilícito, así como la posible atribución de responsabilidad penal a los terceros (extranei) que intervengan y colaboren con la realización del ilícito. Sumado a ello, se analizará la figura jurídica del acuerdo previo o pactum sceleris y las implicancias que el mismo pueda tener en la atribución de la responsabilidad penal a los acordantes. Es así que se hará uso del método de investigación en base a la doctrina existente y los pronunciamientos jurisprudenciales que resulten relevantes. En ese sentido, se demostrará que, según los hechos narrados en el recurso sub examine (Recurso de Nulidad N° 2976-2004-Lima), la Corte Suprema debió optar por atribuir responsabilidad penal a la esposa e hijas de un ex General del Ejército Peruano (funcionario público). Ello en cuanto se está ante un delito residual, comisivo de consumación permanente y, las extranei, mediante el despliegue de diversas acciones y transacciones financieras (complicidad material y psíquica), colaboraron en la realización del delito de Enriquecimiento ilícito, aunado a que también se habría incurrido en la realización, en conjunto con el funcionario público, de un acuerdo previo o pactum sceleris

El Compliance ha cobrado gran relevancia en el Derecho debido, principalmente, a los cambios normativos, que impulsaron la incorporación de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. Esta responsabilidad fue incorporada debido a que los criterios penales dogmáticos clásicos para sancionar las conductas delictivas cometidas en el seno de una organización empresarial no eran suficientes para sancionar a las personas naturales que cometen delitos. Por ello, el Estado traslada a las personas jurídicas la obligación de coadyuvar en la prevención de delitos cometidos por sus funcionarios, representantes o trabajadores. Es así que, en el Perú mediante la Ley N° 30424, y sus normas modificatorias, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica y un mecanismo para exonerar o atenuar su responsabilidad, esto es, la implementación de un modelo de prevención de delito que deberá contener cinco elementos mínimos necesarios para cumplir la finalidad preventiva de conductas delictivas. La referida ley establece que, para el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, será suficiente que estas acrediten la implementación de un elemento mínimo para exonerarse de responsabilidad. Es por esto que, mediante el presente trabajo de investigación, analizaremos si efectivamente cumplirá con la finalidad preventiva de todo modelo de prevención que una micro, pequeña y mediana empresa cumpla con implementar un solo elemento mínimo del modelo de prevención. / Trabajo de investigación

El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la actualidad, el principal protagonista de los delitos de mayor gravedad es la Empresa. Por ello, un sector de juristas consciente de ello, se encuentran replanteando las instituciones jurídicas del Derecho Penal Clásico con la finalidad de que responda a las nuevas condiciones de la sociedad. En ese contexto, el Derecho Penal se encuentra en un actual proceso de formación de sus principales instituciones jurídicas como la “Teoría del Delito”, “los fines de la pena”, etc. Ante ello, el presente trabajo aborda el tema sobre los modelos de imputación penal de la Empresa, ya que con su estudio se puede tomar una postura sobre cuál es el más idóneo para determinar la responsabilidad penal de la Entidad Corporativa. En el caso peruano, a partir del año 2017 se ha regulado la Responsabilidad Penal de la Empresa con la Ley N° 30424; sin embargo, aún la doctrina y jurisprudencia nacional adolece el problema descrito en el párrafo anterior. Siendo así, se toma una posición en el tema, luego de haber revisado la literatura jurídica de otros países, entre ellos España, país de quien hemos copiado prácticamente toda su regulación penal implementada en el año 2015. Finalmente, ya con una postura respecto al modelo de imputación de la Empresa, se analiza la regulación peruana sobre responsabilidad penal de la empresa por el delito de Lavado de activos con la finalidad de analizar sus deficiencias y proponer mejoras. / Trabajo de investigación