El presente trabajo trata del derecho de las personas adoptadas y concebidas por medio de técnicas de reproducción humana asistida a conocer la realidad de su origen biológico. Primero, se analiza este derecho en un plano teórico, delimitando sus alcances, significado, y los medios más idóneos para segurar su cumplimiento. Por otro lado, se hace un estudio del derecho positivo en relación al conocimiento de la verdad del propio origen, cubriendo legislación nacional, comparada, y tratados internacionales.

El aislamiento solitario es una práctica antigua que se ha extendido hasta formar parte de los sistemas penitenciarios del mundo, ha sido parte de los orígenes de la rehabilitación a través del aislamiento en los modelos penitenciarios y se le puede encontrar en los modelos de Auburn y Pennsylvania. Esta medida es utilizada en distintos escenarios de reclusión, tales como centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, instituciones para niños, niñas y personas adultas mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas, indocumentados y en campos de prisioneros de guerra. La presente tesis expone los fundamentos y críticas del empleo de esta práctica a nivel global, se enfoca en el uso del régimen en prisioneros de guerra con discapacidad mental o psicosocial en los conflictos armados internacionales. Para ello, plantea si la interpretación del primer párrafo del artículo 30 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949, que permite el empleo del régimen del aislamiento solitario en los prisioneros de guerra con discapacidad mental, es válida a la luz de los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El artículo 30 del III Convenio de Ginebra de 1949, desde su entrada en vigor, ha sostenido una interpretación que permite el empleo del régimen de reclusión en la modalidad de aislamiento solitario en prisioneros de guerra con enfermedades mentales o –denominada hoy en día por el modelo social— discapacidades mentales. Esta disposición normativa está basada en un modelo médico de discapacidad que tenía como finalidad ser una medida de protección hacia terceros. A partir del surgimiento del modelo social de discapacidad y de los estándares de la CDPD, el modelo en el que estuvo basada la norma y su interpretación se encuentra desfasado; y, la propia interpretación no responde a los estándares de derechos humanos actuales. Sin embargo, esto no implica que el artículo 30 sea suprimido, sino al contrario, la disposición normativa seguirá siendo la misma, pero es necesaria una reinterpretación y actualización de la norma conforme a los criterios establecidos en la interpretación dinámica de la norma conforme al nuevo corpus juris de las personas con discapacidad y de los valores protegidos de la norma humanitaria, el principio pro persona (aplicación la interpretación más favorable, extensiva, amplia, a la hora de proteger a los derechos humanos que se encuentran de manera implícita al interpretar el artículo 30 del CG III), el criterio de sentido común de los términos o coherencia terminológica (criterio para interpretar los valores protegidos de la norma humanitaria) y el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 (la prohibición de las distinciones de índole desfavorable, el trato inhumano, degradante e inhumano y la tortura

El presente estudio aborda aquellas vicisitudes vinculadas a la contratación de personas con discapacidad en los puestos de trabajo considerados de riesgo en el marco del procedimiento de selección de personal. Al respecto, se desarrolla el contenido de los derechos de accesibilidad y ajustes razonables relacionados con los deberes y derechos a la seguridad y salud en el trabajo a modo de justificar la contratación o no de la persona con discapacidad en el puesto de riesgo ofertado en la convocatoria de trabajo. En este contexto, se postula que en caso se decida la no contratación de una persona con discapacidad se necesita de una evaluación especializada, técnica y previa del puesto de trabajo, haber previsto los ajustes razonables y justificar adecuadamente el cumplimiento de la razonabilidad e imposibilidad de ocupar el puesto de trabajo por razones de riesgo. En relación a lo anterior, se proponen criterios y recomendaciones para la evaluación objetiva del puesto de trabajo para una persona con discapacidad en la actividad industrial. Además, se aborda el entendimiento de los ajustes razonables “mínimos” en la regulación peruana.

José de Saramago, escritor luso, Premio Nobel de Literatura, en su célebre novela “Ensayo sobre la ceguera” (1995), nos narra la historia de una fulminante epidemia, que surge de manera inopinada en una ciudad sin nombre, describiéndola como una blancura resplandeciente en el campo visual del infectado, sin dolores ni antes ni después, dejando a sus víctimas completamente ciegas. El agente mórbido desconocido, no es producto de una lesión en el nervio óptico, ni en la esclerótica, ni en el cristalino; con ausencia total de señales previas de incubación o latencia. Siendo distinta a la agnosia visual, ni tampoco siendo amaurosis. Simplemente la describe como una “ceguera blanca” que es diferente, pues aunque no es mortal es cierto, hará que los que la padezcan deseen estarlo, porque nunca más podrán “ver” la sociedad como la miraban.

El presente Informe analiza los extremos en los que se ha pronunciado la Sentencia Nº 00013- 2017-PI/TC del Tribunal Constitucional que resuelve sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos de Lince contra la Ordenanza Nº 376- 2016-MDL “Ordenanza para la conservación y gestión distrital del área de reserva ambiental Parque Mariscal Ramón Castilla del distrito de Lince”. Sobre ello, se desarrolla la posición que se comparte con el Tribunal Constitucional respecto a las competencias exclusivas y compartidas en materias de zonificación y medio ambiente que le corresponde tanto a la Municipalidad Distrital de Lince como a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a efectos de analizar la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la referida ordenanza. Por su parte, difiriendo de la posición del Tribunal Constitucional, se analizará el contenido del derecho a la ciudad y la importancia de su reconocimiento constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. A tales efectos, se utilizarán instrumentos normativos referidos a la descentralización que nos ayudará a diferenciar las competencias de cada nivel de gobierno, así también, se emplearán los métodos histórico, comparativo y teórico para dar luces sobre la historia, derecho comparado y doctrina; respectivamente, que ha originado la concretización del derecho a la ciudad. / This Report analyzes the extremes in which Judgment No. 00013-2017-PI/TC of the Constitutional Court has been pronounced, which resolves the unconstitutionality claim filed by the citizens of Lince against Ordinance No. 376-2016-MDL “Ordinance for the conservation and district management of the Parque Mariscal Ramón Castilla environmental reserve area in the district of Lince”. On this, the position that is shared with the Constitutional Court is developed regarding the exclusive and shared competences in matters of zoning and the environment that corresponds to both the District Municipality of Lince and the Metropolitan Municipality of Lima, in order to analyze the unconstitutionality of some of the articles of the aforementioned ordinance. For its part, differing from the position of the Constitutional Court, the content of the right to the city and the importance of its constitutional recognition in our legal system will be analyzed. For such purposes, normative instruments referring to decentralization will be used that will help us to differentiate the competencies of each level of government, as well as historical, comparative and theoretical methods will be used to shed light on history, comparative law and doctrine; respectively, which has led to the realization of the right to the city.