El presente trabajo de investigación surge de la preocupación por las dinámicas políticas detrás de la aprobación de leyes por insistencia. El diseño institucional peruano, que regula las funciones y atribuciones de los poderes del Estado, permite que el Legislativo apruebe leyes por insistencia con mucha facilidad, a diferencia de muchos países de América Latina, dejando al Ejecutivo con poca capacidad para ejercer un veto efectivo sobre la producción legislativa. Se indaga en las insistencias aprobadas durante distintos gobiernos, entre el 2001 y el 2019, mostrando estadísticas para cuatro presidentes y cuatro congresos distintos. Los datos comprueban que, aunque hay diferencias por gobierno, las tasas de insistencia son sorprendentemente altas. Dentro de cada gobierno, las insistencias aprobadas disminuyen mientras pasa el tiempo. Así, observando dichas diferencias se argumenta que no es solo el diseño institucional, el cual solo exige una mayoría de 66 votos en el Legislativo para aprobar la insistencia, sino también la composición política dentro del congreso. El sistema multipartidario, los presidentes sin una bancada oficialista mayoritaria, y el rol de la oposición, con sus estrategias parlamentarias e intereses, parecen ser las causas de las altas y variadas tasas de insistencia. La información se utiliza para plantear distintas preguntas. La principal oes comprobar si las estrategias de la oposición en un parlamento multipartidario siguen la Teoría del Cartel Procedural, donde una bancada sin necesaria mayoría monopoliza los puestos claves que le permiten manejar la agenda del congreso. Se añaden otras interrogantes abiertas, sobre distintas dinámicas políticas no resueltas que expliquen la variación dentro y entre gobiernos, el rol de la disciplina partidaria del oficialismo en las votaciones, y los distintos temas de leyes que son aprobados con mayor frecuencia por este mecanismo.

El objeto de estudio en la presente investigación, está referido al análisis de la responsabilidad del Presidente de la República en los ámbitos político, penal y constitucional, así como de los criterios a considerar para su reforma en nuestro país.

La relación entre el Ejecutivo y Legislativo en el Perú ha alcanzado un pico de conflicto en los últimos años. Un indicador de ello, al cual no se le ha prestado suficiente atención, es el veto presidencial y la aprobación de leyes por insistencia. Estas llegaron a su récord histórico durante el breve periodo 2020-2021. La presente investigación se pregunta por los factores que explican la aprobación de leyes por insistencia, en un contexto institucional donde, a nivel comparado, los requisitos para ello favorecen al Legislativo. Se presentan dos variables explicativas: i). la fortaleza de la coalición legislativa previa al veto y ii). el tamaño de la bancada de gobierno. A través de una base de datos original con todas las autógrafas observadas entre el 2006 y el 2021 se evalúan las diferentes razones y resultados de los vetos por periodo. El análisis de regresión lineal muestra que ambas variables son determinantes para la aprobación de insistencias, pero no para el dictamen previo dentro de la comisión ordinaria. Las cifras evidencian que el veto ha logrado evitar la promulgación de la mitad de autógrafas observadas, y en la otra mitad prima la insistencia sobre el allanamiento o el sustitutorio. El veto presidencial en el Perú no tiene la capacidad de romper la coalición legislativa, y el diseño institucional incentiva un juego de suma cero. Si bien el tamaño del oficialismo es determinante para reducir las insistencias, los casos donde estas se aprueban suelen llegar a los votos requeridos con el apoyo de la bancada de gobierno. A través del análisis de votaciones se reflexiona sobre el rol del oficialismo en un Congreso multipartidario y fragmentado, donde en ciertos casos prioriza sus intereses como bancada antes que los del Ejecutivo y el partido de gobierno.

La inserción del Derecho en su contexto social constituye un enfoque novedoso porque, cambia la concepción del Derecho. - Hasta el siglo XIX se había manejado la idea que la esencia del Derecho reside en su construcción meramente formal. Actualmente asistimos a una nueva concepclón del derecho que - plantea la realidad como fuente de todo Derecho. El tratamiento de temas clásicos de Derecho se realiza en consideración de variables económicas, sociales y políticas. Sin embargo, no se puede perder de vista, el peso específico del Derecho. Al respecto dice el doctor Fernando de Trazegnies: "...La especificidad del derecho no se define por si misma, sino que consiste precisamente en la función especifica que le corresponde dentro de una estructura social determinada; no especificacidades en abstracto si no en el seno de la totalidad social y es sólo así que puede ser comprendida la verdadera naturaleza (función) del derecho"

La promulgación de la Ley N°30288, Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social, o popularmente llamada “Ley Pulpín”, resultó ser objeto de gran polémica dentro de la sociedad civil peruana. Por un lado, hubo quienes tildaron la ley como “esclavista” y la asociaron directamente a una presión de intereses por parte del sector empresarial. Por otro, hubo quienes señalaron a la tecnocracia peruana como la única responsable de su elaboración. En el presente trabajo se busca comprobar con rigurosidad la consistencia de ambas interpretaciones para hallar la verdadera naturaleza de esta ley. Es decir, intentamos descubrir hasta qué punto la elaboración de la Ley N° 30288 estuvo influenciada por grupos de poder económico o respondió a un consenso ideológico dentro de la tecnocracia peruana. En base a una metodología cualitativa, esta investigación reconstruye el proceso de elaboración y promulgación del Régimen Laboral Juvenil referido. Asimismo, incluye información relevante obtenida gracias a las conversaciones con los distintos actores vinculados – tanto directa como indirectamente - a dicho proceso. Al final, podemos comprobar que la Ley N° 30288 nace como fruto de las ideas de un reducido grupo de tecnócratas en el Ejecutivo. Es decir, la capacidad explicativa de la segunda hipótesis presenta una mayor solidez que la primera. Asimismo, resulta importante señalar que los hallazgos de la presente tesis se perfilan como un aporte más dentro del inacabado debate en torno a la naturaleza del Estado

Entre 2016 y 2020 el Perú vivió uno de los mayores conflictos a nivel político, producto de los choques entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el país. En ese sentido, el presente trabajo pretende complementar dicha área de investigación en la literatura especializada mediante el análisis de las causas que provocaron el aumento de la conflictividad entre ambos poderes del Estado peruano. La hipótesis para responder tal cuestión es que este aumento de la conflictividad se produjo debido a la convergencia de cuatro factores: el carácter minoritario de la bancada oficialista dentro del Congreso, la debilidad de las coaliciones conformadas por partidos aliados al gobierno, el diseño institucional peruano y la extrema fragmentación de los partidos políticos y las bancadas parlamentarias (que también afecta a la bancada de gobierno). Esta hipótesis se sustenta en literatura académica sobre las crisis presidenciales, las coaliciones políticas en sistemas de gobierno presidenciales, la influencia de las instituciones en el comportamiento de individuos y sobre la extrema fragmentación partidaria en el caso peruano. Se concluye que la convergencia de los cuatro factores incrementa en gran manera la conflictividad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pudiendo culminar con medidas extremas como la renuncia o vacancia del presidente y la disolución del Congreso. Finalmente, se elaborarán algunas recomendaciones para evitar mayores enfrentamientos en el futuro.

La presente investigación se justifica de la constatación de rasgos de inestabilidad política en el Perú cuando el Presidente de la República cuenta con mayoría opositora parlamentaria compuesta por una o dos fuerzas políticas y no haya concretado acuerdos de gobernabilidad; dicho escenario evidencia una alta incidencia de crisis políticas importantes, generándose en no pocos casos rupturas del orden constitucional. Conforme con ello, y ubicándose siempre dentro del marco del régimen político peruano, se propone mejorar el tratamiento de la disolución parlamentaria a cargo del Presidente de la República a efectos que, en caso de configurarse el escenario indicado, la inestabilidad que pueda surgir encuentre cauces de desfogue. Los supuestos teóricos en las que se sustenta son: primero, que todo cambio de las normas constitucionales correspondientes a las relaciones entre los órganos ejecutivo y legislativo puede ser beneficioso si cuenta con la debida fundamentación y no desvirtúa la naturaleza del régimen político peruano; y segundo, que no debe perderse de vista que la eficacia de toda propuesta de modificación normativa constitucional dependerá en buena medida del grado de evolución política de la sociedad en la que se pretende implementar; es por esto último que, luego de desarrollar todo lo concerniente el régimen político peruano (Capítulo 1) se abordan los casos de Francia y Níger, ambos con distinta evolución política pero que comparten el denominado régimen político semi presidencial y, dentro de éste, la facultad discrecional del Presidente de la República para disponer la disolución parlamentaria (Capítulo 2); seguido de ello, se continúa con el ejercicio de contraste indicado entre Francia y Níger, pero ya específicamente en lo que respecta al mecanismo de disolución discrecional parlamentario, punto de partida que sirve de conexión para desarrollar los alcances históricos constitucionales del mismo en el régimen político peruano y analizar su actual tratamiento (Capítulo 3). Las conclusiones dan cuenta de los tópicos señalados a efectos de determinar de viabilidad y conveniencia de implementar una modificación constitucional, consistente en concederle al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, facultad discrecional (inmotivada) de disolución parlamentaria.