Ingeniero Civil Industrial / Los Acuerdos de Producción Limpia (APL), instrumento público a cargo del Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), fueron registrados el año 2012 como Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA) para apoyar el cumplimiento de las metas país adquiridas en el acuerdo climático de Copenhague. Esto significa nuevas obligaciones en materia de reporte de impactos, la cuales se anticipa que evolucionarán en el futuro. Este trabajo consistió en cuantificar el nivel de reportabilidad obtenido por los APL frente a estas nuevas obligaciones y diseñar un sistema de gestión para la evaluación de impactos con el objetivo de incrementar significativamente el grado de cumplimiento logrado. Para ello se diseñó una metodología cuya aplicación arrojó un 36% de reportabilidad respecto de lo exigido. La principal falencia detectada fue el reporte de elementos asociados al flujo de datos, lo cual explica la mitad de la brecha. Con el fin de incrementar el cumplimiento, se realizó un análisis a cada una de las falencias detectadas, cuyas conclusiones fueron utilizadas en el diseño de un sistema de gestión para el la evaluación de impactos. De implementarse el diseño propuesto, se calcula que la reportabilidad se incrementaría al 92%. Adicionalmente, el diseño propuesto podría utilizarse para el seguimiento del cumplimiento de las acciones comprometidas por cada instalación en los APL, resolviendo las falencias detectadas en dicho ámbito. Queda planteado como trabajo futuro la inclusión de los elementos necesarios para incluir el reporte de la incertidumbre, así como el desarrollo de dos elementos centrales al sistema propuesto: Un estándar de APL y el sistema informático de apoyo. En el presente trabajo se establecieron sus características esenciales. / Este trabajo ha contado con el apoyo del Consejo Nacional de Producción Limpia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La política ambiental chilena comienza su desarrollo a partir de la consagración a nivel constitucional del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (en el Art. 19 N° 8 de la CPR) y pasando por la legislación ambiental que se ha desarrollado desde aquel punto de inicio. Si bien se trata de una política ambiental en proceso de maduración y cuya sofisticación dista mucho de la que puede observarse en países desarrollados, la nuestra busca conseguir los mismos objetivos que ambiciona cualquier otra: brindar a los habitantes de la República un medio ambiente sano en el cual desarrollarse. En su cruzada histórica por alcanzar objetivos de crecimiento económico (progresión del PIB, control de la inflación, atracción de la inversión, etc.) y sociales (la erradicación de la pobreza y de las inequidades sociales, el acceso igualitario a la vivienda, a la salud y a la educación) la sociedad chilena dejó muchas veces de percibir la innumerable serie de vínculos que unen a estos objetivos de desarrollo con el medio ambiente, produciéndose su consiguiente deterioro y la merma de la calidad de los servicios que nos otorga la biosfera

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se ocupa de la "participación ciudadana" en la Ley No. 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Se divide en ocho capítulos, el primero de los cuales trata la relación entre participación ciudadana y régimen político, mientras que el segundo aborda la garantía constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en una medio ambiente libre de contaminación. Luego, el tercer capítulo introduce la participación ciudadana en la ley del Medio Ambiente para que, a su turno, el cuarto se refiere a la conceptualización y formas de manifestación de ésta en dicho cuerpo legal. el quinto capítulo, el más extenso y medular, estudia la participación ciudadana en los distintos instrumentos de gestión ambiental previstos por la Ley de Bases. A continuación, el sexto trata los ámbitos en que se desenvuelve ésta otros cuerpos normativos nacionales y el séptimo capítulo, la acción constitucional de protección referida al derecho al medio ambiente, que por su importancia debió tratarse separadamente. Para finalizar, el octavo y último capítulo de este trabajo analiza dos casos de participación ciudadana en derecho comparado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La transparencia como democracia dice relación con la posibilidad de control de las decisiones tomadas por la Administración del Estado por parte de los ciudadanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo regula por primera vez en su Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) identificándose prontamente con la libertad de información. En nuestro país el desarrollo de la información ambiental tiene como punto de inicio el año 1994 con la ley de Bases Generales del Medio Ambiente teniendo como coronación la reforma constitucional del Art.8 de nuestra Constitución Política (2005). En materia ambiental, el control de los ciudadanos se manifiesta en el acceso que tienen éstos a la información de las emisiones de contaminantes cercanos. Es por ello por lo que, a partir del año 2002, comenzó el proceso de aproximación a los RETC en el marco del programa de trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile – Canadá. Como resultado de este taller se reconoció la necesidad de contar con un Registro, generándose de esta manera el estudio Análisis de situación y factibilidad para establecer un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Chile, ejecutado entre marzo y mayo del 20031 sin embargo, era necesario en primer lugar conocer en qué situación se encontraba el país, por ello se realizó una prueba piloto con el objeto de probar el funcionamiento de 1 COMISIÓN NACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE, 2003. Estudio análisis de la situación y factibilidad para el desarrollo de un registro nacional de emisiones y transferencia de contaminantes en Chile, informe final. [En línea]. Santiago de Chile. Conama. < http://www.sinia.cl/1292/articles-41125_recurso_1.pdf>. [ consulta: 19 junio 2017] 10 un RETC a escala limitada y como resultado fue publicado un informe con fecha 27 de enero de 2005. Todo esto trajo como consecuencia la dictación del Decreto número 1 de 2 de mayo de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente mediante el cual se puso en marcha este proyecto. Los años han pasado y los objetivos que tuvo en cuenta la instalación del RETC no se han cumplido. Tanto expertos como ciudadanos no utilizan estos datos. Dicho lo anterior busco dar una explicación a esto utilizando un criterio comparativo en virtud del cual analizo el éxito del TRI (Toxic release inventory) norteamericano cuya evolución data de 1986, cuando el presidente Ronald Reagan promulgó la Superfund Amendments and Reauthorization (SARA). Ingresando en mí calidad de usuario a los distintos sitios online he tomado ejemplos de contaminantes y empresas con el objeto de establecer la manera en que un ciudadano común puede tener acceso a esta información desde la completa ignorancia. Dicho lo anterior concluyo que el procesamiento de la información ambiental debe realizarse no solo por los expertos para expertos, sino que también de expertos para ciudadanos proponiendo la reforma de este registro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo tiene por principal objeto aportar los elementos necesarios para comprender en mejor medida el desarrollo que han experimentado las Energías Renovables No Convencionales en nuestro país, las cuales han contribuido exponencialmente a la diversificación de la que ha sido objeto la matriz energética nacional. Lo anterior, fruto de la visión y objetivo político planteado a largo plazo para obtener resultados susceptibles de dar respuesta y apalear la problemática energética local y que tiene por principal misión explotar el potencial energético de fuentes renovables no convencionales, junto con expandir el parque de generación y con ello la oferta energética ante el incremento en la demanda por la misma, con el interés puesto en la eficiencia y sustentabilidad. Para ello, analizaremos la situación que se ha ido fraguando en nuestro país, tanto del punto de vista de la normativa existente, constitucional como legal, así como las diversas medidas de fomento que se han implementado para propiciar su evolución y crecimiento. Junto con lo anterior, someteremos a un breve escrutinio la Ley N° 20.571 que consagra la generación domiciliaria de energía eléctrica, la cual permite a los clientes regulados generar su propia energía eléctrica, consumirla, y en caso de contar con excedentes poder venderlo a las mismas empresas distribuidoras.