Durante los años noventa, tuvo lugar en nuestro país un proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios públicos, telefonía y energía en principio, y luego el de transportes; el servicio de agua y alcantarillado o saneamiento básico se conservó a cargo del Estado de manera general, con alguna excepción en manos del sector privado. Este proceso de otorgamiento de la explotación comercial al sector privado, generó la necesidad de implementar mecanismos que lo controle y supervise, de manera de lograr niveles de calidad y protección de los usuarios frente al impacto en la sociedad de estos nuevos monopolios legales; tarea a cargo de los Organismos Reguladores. La presente tesis identifica que este proceso no quedó solo en la transferencia, sino que generó el desafío de construir un marco normativo regulatorio por medio del cual y a través de entidades autónomas, el Estado orientó su esfuerzo a corregir la acción de los mercados al vislumbrar que éstos eran imperfectos, y a la vez tendió a incorporar competencia en sectores monopolísticos a través de diversos mecanismos. La creación de estas nuevas entidades regulatorias, se dio en el marco de una reforma del modelo económico que regía las actividades empresariales del Estado, y dentro de una constitución política que modificó la tarea y el rol de la administración pública. El enfoque de la presente tesis se centra en el análisis teórico y empírico de los diversos acontecimientos que se produjeron alrededor de los organismos reguladores, principalmente de OSINERGMIN, durante el periodo 2010-2012, relacionadas a la gestión y administración de sus recursos económicos y presupuestales, en el marco de una autonomía conferida en las normas que los crearon. En primer lugar se ha realizado el estudio empírico de la autonomía institucional y la actuación objetiva de estos entes reguladores, dada sus funciones fundamentalmente técnicas y su necesaria libertad operacional. Se ha hecho una breve revisión a otras experiencias latinoamericanas y, se determinan algunas diferencias sensibles que en algunos casos demuestran una vinculación muy marcada al poder político y en otras una dependencia directa al sector que corresponde la actividad regulada. En segundo lugar, la tesis analiza los aspectos en los cuales repercuten las decisiones del poder político que deben tenerse en cuenta, como Decretos de Urgencia y Sistemas de Administración y Gestión Pública, para apreciar los efectos en su función regulatoria y fiscalizadora. Finalmente, se han estudiado tres propuestas legislativas; la primera propone la creación de la Superintendencia de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad, con el propósito de ejercer un control real y práctico a cargo del poder político; y las dos siguientes por el contrario, procuran fortalecer a los Organismos Reguladores Sectoriales, blindándolos de la posible intromisión del poder político o de otros grupos de interés. Estas dos últimas propuestas solventan el postulado de la tesis al sustentarse en la necesidad de crearles mecanismos de protección frente a la posible captura o politización, haciendo de estas entidades verdaderas herramientas de una transparente regulación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de redes. / Tesis

En el Perú, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) acordó en mayo de 2010 la formulación del Plan Nacional de Trabajo Decente, que promueva empleo productivo y sostenible, así como trabajo decente para todos los peruanos. De modo que en diciembre de 2010, el Consejo acordó definir sus comisiones técnicas permanentes sobre Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Seguridad Social, con el objetivo de que desarrollen una propuesta de Plan o Programa Nacional de Trabajo Decente, durante el periodo 2011 – 2015, dicho Plan, debiera estar vinculado a lo establecido por Organización Internacional del Trabajo, esto es, hacia el cumplimiento de las directrices establecidas por la Agenda 2030, que conllevan al desarrollo sostenible, contribuye a promover políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas que permitan no sólo la creación de empleo decente, sino, lograr un empleo pleno y productivo, garantizando un trabajo para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, que es lo que se pretende hacia el año 2030. A pesar de ello, a la fecha, sólo se han aprobado las estrategias y líneas de acción vinculadas al empleo y formación profesional, diálogo social y protección social. Existiendo, aún la ausencia de implementación de la misma.

Desde el año 1993, Colombia cuenta con normatividad para la implementación de políticas públicas de juventud. Sin embargo, apenas en el 2013 se incluye de manera explícita a este grupo poblacional como actor fundamental para la participación e incidencia en la formulación e implementación de las mismas. Como producto de un proceso de movilización y participación activa de jóvenes, adultos y representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño –Colombia), fue formulada la política pública de juventud, denominada “Lo que somos, sabemos, sentimos y soñamos”. La misma fue aprobada mediante Acuerdo 017 de noviembre 30 de 2011 del Concejo Municipal. En el documento de Acuerdo esta política reconoció dos tipos de instancias de concertación: la primera estatal y la segunda social. En la instancia social estableció que la Red Municipal de Personeros estudiantiles y la Red Municipal de Juventud, serían los organismos a través de los cuales el ente gubernamental tendría interlocución con el grupo poblacional juvenil de San Andrés de Tumaco, básicamente para que los adolescentes y jóvenes adquirieran un rol de incidencia en el proceso de implementación de la política pública de juventud, recién aprobada.

En países como el Perú el saneamiento todavía es un problema, sin embargo, desarrolla acciones para reducir estas brechas de acceso a los servicios de saneamiento. Las pequeñas ciudades de Tambo – Qarhuapampa, San Miguel y Samugari ubicados geográficamente en la región Ayacucho; Haquira en Apurímac y Lircay en Huancavelica; presentan casos crónicos de diarreas, desnutrición y anemia, como consecuencia de los fuertes problemas que se han presentado por la falta de servicios de saneamiento en estas regiones de nuestro país. Es por ello que nos hemos propuesto identificar los factores que inciden en la gestión en la prestación de los servicios de saneamiento de estas pequeñas ciudades, llevando a cabo una investigación con estudio de caso como tipo de diseño, a través de la aplicación de una entrevista no estructurada realizada a cada uno de los involucrados en la prestación del servicio en el ámbito de estudio. Los procesos identificados están lejos de lo requerido por las instituciones públicas. Respecto a la Política Pública de Integración, promueve un marco normativo a nivel nacional, sin embargo, limita la constitución formal y legal de un equipo de trabajo local, las exigencias de los organismos encargados de su implementación son cada vez mayores con respecto a las capacidades de respuesta de las organizaciones constituidas, ocasionando que los procesos sean ineficaces e ineficientes. Adicionalmente no se cuenta con un modelo de gestión de prestación de los servicios de saneamiento que abarque lo administrativo, la infraestructura y lo social, componentes mínimos asociados a indicadores de gestión que permitan garantizar los servicios de saneamiento. / In countries like Peru, sanitation is still a problem, however, it develops actions to reduce these gaps in access to sanitation services. The small cities of Tambo - Qarhuapampa, San Miguel and Samugari of the Ayacucho Region; Haquira of the Apurímac Region and Lircay of the Huancavelica Region; present chronic cases of diarrhea, malnutrition, and anemia as a consequence of the severe problems that have arisen due to the lack of sanitation in these regions of our country. That is why we have proposed to identify the factors that influence the management of these small cities in the provision of sanitation services, conducting the investigation with the case study as a design type, through the application of an unstructured interview carried out on each one of those involved in the provision of sanitation services of the aforementioned cities. The processes identified are far from what is required by public institutions. Concerning the Public Integration Policy, it promotes a normative framework at the national level, however, it limits the formal and legal constitution of a local work team, the requirements of the agencies in charge of its implementation are increasing concerning the response capacities of established organizations, causing processes to be ineffective and inefficient. In addition, there is not a management model for the provision of sanitation services, which included the administrative, infrastructure and social aspects, minimal components to guarantee the sanitation services.

La seguridad es uno de los derechos reconocidos en el catálogo universal de derechos expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Existe un aparente conflicto existente entre el derecho a la seguridad, y los otros derechos que se deben respetar, proteger y garantizar. El tema de las Empresas y los DH es una arista que debe ser atendida dentro de la aspiración de que los DH sean garantizados para todos los seres humanos sin excepción. Las empresas son también sujetos de derecho y también es el mismo Estado quien debe garantizarles condiciones adecuadas para operar. En la conjunción de estos dos grandes temas el Derecho a la Seguridad, y las Empresas y los DH es que se centrara nuestra investigación. Está investigación es relevante y oportuna porque revelará desde la perspectiva de las empresas, cómo estas están atendiendo el tema de los derechos humanos. No se pretende cubrir la totalidad de los DH que enfrentan las empresas, sino que se abocará a uno de gran relevancia en el ejercicio de un sector de la industria como son las empresas extractivas y cómo estas están desarrollando iniciativas de carácter voluntario y de manera muy específica en un tema que involucra grandes riesgos para ellas como es el tema de la seguridad, un DH contenido en la DUDH. • ¿Pueden las Empresas, en su esfuerzo de colaborar en brindar el derecho humano a la seguridad, garantizar el respeto irrestricto de los demás derechos humanos? Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV), son una iniciativa voluntaria que se origina cuando dos Estados convocan a importantes representantes de la Sociedad Civil como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y grandes corporaciones de la industria extractiva.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez es uno de los lugares elegidos por la criminalidad para exportar el clorhidrato de cocaína producido en Perú como segundo mayor productor mundial de esta droga. Los decomisos que en Perú se efectúan de esta droga son abismalmente inferiores a los que realizan sus similares de Colombia, pese a que produce el 42.6% respecto a este país vecino y primer productor. Por lo que el presente proyecto enfoca los escasos resultados del servicio de interdicción del tráfico ilícito de drogas a cargo de la Dirección Antidrogas de la PNP el aeropuerto internacional Jorge Chávez; encontrándose entre las principales causas de este problema las zonas de seguridad restringida para este personal policial e inexistencia de control antidrogas en los accesos a rampa, así como la deficiente gestión de los organismos estatales que operan en el aeropuerto. Conocidas las causas se genera una solución innovadora denominada “Interoperatividad pública y privada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez frente a los actos de interferencia ilícita y al tráfico ilícito de drogas” que debe implementarse integrando los intereses y acordando entre las entidades del Estado y los organismos privados que operan en el aeropuerto, trabajar de manera conjunta y articulada con el objetivo de evitar cualquier acto de interferencia ilícita y el tráfico ilícito de drogas; lo que promoverá un comercio internacional y tráfico de pasajeros seguro y fluido, con el consecuente incremento de la sensación de seguridad en las operaciones aéreas y la confianza en la policía. / The Jorge Chávez international airport is one of the places chosen by criminals to export cocaine hydrochloride produced in Peru as the world's second largest producer of this drug. The seizures made of this drug in Peru are abysmally lower than those made by its counterparts in Colombia, despite the fact that it produces 42.6% compared to this neighboring country and leading producer. Therefore, this project focuses on the poor results of the illicit drug trafficking interdiction service carried out by the Anti-Drug Directorate of the PNP at the Jorge Chávez International Airport; among the main causes of this problem are the restricted security zones for these police personnel and the lack of anti-drug control at ramp accesses, as well as the poor management of the state agencies that operate at the airport. Once the causes are known, an innovative solution called “Public and private interoperability at the Jorge Chávez international airport against acts of illicit interference and illicit drug trafficking” is generated, which must be implemented by integrating the interests and agreeing between the State entities and the private organizations that operate at the airport, work jointly and articulately with the objective of avoiding any act of illicit interference and illicit drug trafficking; which will promote safe and fluid international trade and passenger traffic, with the consequent increase in the feeling of security in air operations and confidence in the police.

La presente investigación aborda la (no) coordinación que se presenta en la implementación de políticas de saneamiento, producto del análisis del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 aplicado en la Provincia del Santa. El estudio formuló como objetivo general: Analizar los problemas de coordinación entre las instituciones involucradas en la implementación de las políticas de saneamiento en la Provincia del Santa en el periodo 2011-2014. Se planteó como hipótesis: La normativa en materia de saneamiento es emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento. Sin embargo, los operadores de la norma, como son: la Municipalidad Provincial del Santa, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, y la EPS SEDACHIMBOTE, están involucradas directamente en el cumplimiento de los planes emitidos por el MVCS. De la revisión de información, puedo sostener que la falta de coordinación en este tipo de política se produjo por diversos factores tales como priorización de planes individuales en base a sus necesidades, capacidades técnicas no comprometidas a la solución de problemas existentes, falta de proyectos mancomunados, presupuestos participativos incorrectos, incumplimiento de procesos formales, coordinación interrumpida por autonomía de acción de cada institución, desinterés de las agencias públicas, autonomía de poder debilitada, falta de capacidad estatal. Esta tesis se encuentra dividida en 4 capítulos. El primero comprende el Marco teórico y el estado de cuestión. En el segundo capítulo se analizaron las políticas de saneamiento en la Provincia del Santa: Plan Nacional de Saneamiento 2006- 2015, la regulación, participación de instituciones, planes y presupuesto. El tercer capítulo toca la Coordinación en la Implementación de la Política de Saneamiento, actores, relaciones interinstitucionales, mecanismos implementados y proyectos priorizados. El cuarto capítulo describe las causas y consecuencias de la falta de coordinación. / The present investigation addresses the (non) coordination that presents in the implementation of sanitation policies, product of the analysis of the National Plan of Sanitation 2006-2015 applied in the Province of Santa. The study formulated as a general objective: Analyze the problems of coordination between the institutions involved in the implementation of sanitation policies in the Province of Santa in the period 2011-2014. It was proposed as a hypothesis: The regulations on sanitation are issued by the Ministry of Housing, Construction and Sanitation, through the Vice Ministry of Construction and Sanitation and the National Sanitation Department. However, the operators of the standard, such as: the Provincial Municipality of Santa, the District Municipality of Nuevo Chimbote, and the EPS SEDACHIMBOTE, are directly involved in complying with the plans issued by the MVCS. From the review of information, I can argue that the lack of coordination in this type of policy was produced by various factors such as prioritization of individual plans based on their needs, technical capabilities not committed to solving existing problems, lack of joint projects , incorrect participatory budgets, non-compliance with formal processes, interrupted coordination due to autonomy of action of each institution, lack of interest of public agencies, weakened autonomy of power, lack of state capacity. This thesis is divided into 4 chapters. The first comprises the theoretical framework and the state of the question. In the second chapter, sanitation policies were analyzed in the Santa Province: National Sanitation Plan 2006-2015, regulation, participation of institutions, plans and budget. The third chapter deals with the Coordination in the Implementation of the Sanitation Policy, actors, interinstitutional relations, implemented mechanisms and prioritized projects. The fourth chapter describes the causes and consequences of the lack of coordination.

El Terminal Portuario del Callao es considerado como el puerto más importante del Perú por ser donde se lleva a cabo el mayor número de operaciones comerciales que generan un gran ingreso al Estado. Dentro del contexto de liberalización económica, en el país se dieron reformas importantes que llevaron a la redefinición de varios sectores económicos como por ejemplo el sector transporte y, dentro de él, el sector portuario. Sin embargo, a partir del año 2003, luego de más de una década del proceso de liberalización, el gobierno peruano decidió implementar una política pública de desarrollo portuario que tenía como objetivo lograr la competitividad del sector.

El estudio se propuso con la intención de conocer los cambios y reformas que realizaron los sectores de Educación y Defensa en la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Género (SNIG) del Ministerio de la Mujer (MIMP), como parte del proceso de evaluación y monitoreo, respecto a las políticas públicas señaladas en la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) y en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG).

Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación. / Tesis