Entre el 2012 al 2017, la ciudad de Lima atrajo una gran cantidad de turistas del exterior con el motivo principal de realizar congresos y convenciones internacionales. El número de estos eventos realizados en la capital del Perú fue tan significativo que, de acuerdo al ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Lima se posiciona en el 2015 junto a Buenos Aires como la ciudad en la que más se celebraron congresos y convenciones en todo el continente americano. El presente trabajo propone y analiza 3 ejes explicativos para explicar este valorable logro: el alto grado de colaboración y coordinación entre PROMPERÚ y el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima en alianza estratégica con empresas del sector privado para promover una imagen y características atractivas de Lima para el turismo de reuniones, la proyección internacional de una imagen general positiva del Perú para el turismo mediante diplomacia pública, y, finalmente, la existencia de condiciones de desarrollo turístico favorables en la capital.

La respuesta del gobierno peruano frente a la intensiva migración de venezolanos al país desde el año 2017 experimenta un cambio sustancial con la llegada de Martín Vizcarra a la Presidencia de la República en marzo del 2018. Diversos trabajos coinciden en que tal cambio radica en la securitización de la inmigración, lo que supone su definición como un problema de seguridad. El presente trabajo se propone analizar dicha securitización hasta junio del 2019, identificando sus características fundamentales y los factores relativos a objetivos políticos del presidente que lo explica. La elección del enfoque de la securitización para el análisis de la respuesta gubernamental se sustenta en que parte de la inexistencia de una realidad perenne, considerando a la seguridad como una construcción social. En consecuencia, la migración no constituye un problema de seguridad de modo inherente, por lo que resulta fundamental rastrear el desarrollo de su construcción. Asimismo, esta aproximación posibilita explicar al endurecimiento de la política migratoria a partir de factores que trascienden al fenómeno migratorio para entenderlo, también, desde los objetivos políticos que han influido en su determinación. Se postula, entonces, que esta securitización consiste en la progresiva asociación de la inmigración con un problema para la seguridad ciudadana. Los factores explicativos considerados son: la agenda presidencial vinculada a la política migratoria; el rol cumplido por los medios de comunicación; la opinión pública; y el uso político de los datos sobre el fenómeno delictivo y la inmigración. Se concluye, entonces, que durante el gobierno presidido por Vizcarra se forja de manera progresiva un discurso que define a la inmigración venezolana como un problema de seguridad, y con creciente relevancia, como uno para la seguridad ciudadana, proceso que se comprende cabalmente a partir de un conjunto de factores relativos a los objetivos políticos del presidente. / The response of the Peruvian government towards the massive migration of Venezuelan citizens that the country experience since 2017 changed drastically with the arrival of Martín Vizcarra to the Presidency in March of 2018. An array of texts and articles on the matter agree that such change in policy lies in the securitization of migration, which supposes its definition as a security problem. The present investigation proposes to analyze said securitization up to June of 2019, identifying its main characteristics and factors relative to the political objectives of the president that explain it. The election of the securitization perspective for the analysis of the government response is based, in part, on the inexistence of a perennial reality, considering security to be a social construct. In consequence, migration does not inherently constitute a security problem, which is why it is fundamental to trace the development of its construction. Likewise, this approach helps explain the hardening of migration policies from factors that transcend the migratory phenomenon in order to also understand it from the political objectives that have influenced in their determination. The research then proposes that this securitization consists of a progressive association of migration with a citizen security problem. The explicative factors considered are: the presidential agenda related to migration policy; the role played by the media; public opinion; and the political use of data about migration and criminal activity. The research concludes that during the government presided by Vizcarra a public discourse was forged progressively that defined Venezuelan migration as a security problem, and with growing relevance, a problem for citizen security, process with can be thoroughly comprehended from a group of factors relative to the political objectives of the president.

Desde el 2014, Venezuela se encuentra sumida en una crisis generalizada, compleja y multidimensional que para mediados del 2019 se había encargado de expulsar a 4 millones de ciudadanos, de los cuales el 80% se encontraban en países de América Latina y el Caribe. De estos, 1.3 millones se fueron a Colombia, 766 mil al Perú, 288 mil a Chile, 263 mil a Ecuador, 168 mil a Brasil y 130 mil a Argentina. Frente a esta abrumadora presión, los gobiernos de la región reconocieron la necesidad de una respuesta regional conjunta y coordinada, y empezaron a cooperar mediante el establecimiento de dos instancias multilaterales ad hoc, a saber, el Grupo de Lima y el Proceso de Quito. Es por eso que la presente investigación se propone realizar un acercamiento al establecimiento de un sistema de gobernanza regional en materia de migración en América Latina en el marco de la crisis migratoria venezolana. Para ello se parte de la siguiente pregunta: ¿se está construyendo un sistema de gobernanza regional en materia de migración en América Latina? y se plantea la necesidad de entender la gobernanza en materia de migración como una construcción flexible que va cambiando y reajustándose con base en los acuerdos y acciones que se toman sobre la marcha, y analizar tanto los aspectos positivos como negativos del funcionamiento de esta.

En el presente trabajo se realiza un diseño de investigación para poder explicar los factores detrás del cambio en la política migratoria del Perú hacia los ciudadanos venezolanos entre el 2016 y 2018; de una política aperturista a una considerablemente más cerrada. Esta investigación se justifica en vista de que se han dado muchos cambios en materia migratoria en un periodo muy corto de tiempo. Cuando algo de esta índole ocurre, siempre es necesario realizar un análisis para encontrar qué existe detrás. La política migratoria debería estar construida para ser mantenida en el tiempo. Por lo tanto, cuando ocurre lo contrario, se vuelve imperativo encontrar las motivaciones detrás de estos cambios . A partir de la revisión de la literura, que se dividió en dos grupos - aquellos autores que sostienen que los factores externos motivan los cambios en la política exterior, y aquellos que argumentan que son los internos-, se formularon dos posibles hipótesis correspondientes. La hipotesís ‘A’ sostiene que son los factores externos -como los cambios políticos que se dieron a nivel regional en ese periodo de tiempo- los que explican el cambio en la política migratoria. La hipótesis ‘B’ sostiene que son los factores internos, tales como el creciente número de migrantes venezolanos en el Perú y la opinión pública. Esta investigaición está planteada para ser hecha mediante entrevistas a profundidad y búsqueda de fuentes primarias, en vista de que es de índole cualitativa.

Recibir un cuidado adecuado ha demostrado ser uno de los componentes necesarios para un adecuado desarrollo infantil temprano (OMS y UNICEF, 2018). En ese marco, se vienen diseñando y ejecutando intervenciones que apuntan a fortalecer a todo el Sistema de cuidado, compuesto por distintos actores además de las familias. Uno de los actores principales que compone este sistema, aunque poco estudiados, son los operadores que trabajan de una manera más directa con las familias. En este contexto, esta investigación pretende responder a la pregunta ¿Cuáles son las percepciones sobre el sistema de cuidado infantil que tienen los operadores de servicios relacionados al cuidado infantil que incluyen a familias de entidades públicas y privadas? El propósito principal fue analizar las percepciones de operadoras de servicios, un grupo compuesto por operadoras de un PRONOEI, y el otro por operadoras de una ONG. El enfoque es cualitativo, de nivel descriptivo y tipo fenomenológico. Se entrevistó a las operadoras para recoger sus percepciones. Los resultados evidencian algunos dilemas que las cuidadoras tiene con respecto a su rol, como el nivel de cercanía que deben tener con las familias. Además, se encuentran diferencias entre las percepciones de los roles que madres y padres desempeñan en el cuidado, evidenciando algunos estereotipos de género. Este estudio muestra la complejidad que implican las percepciones de las operadoras y cómo esto, por medio de dinámicas de relación y poder que se establecen con las familias, podría llegar a impactar la efectividad de las intervenciones en beneficio del cuidado y el desarrollo infantil. / Receiving a nurturing care has proven to be one of the main components for an adequate early childhood development (OMS y UNICEF, 2018). In this framework, multiple interventions are being design and executed to strengthen the entire care system, made up of different actors in addition to families. One of the main actors that make up this system, although little studied, are the operators that work more directly with families. In this context, this research aims to answer the question: What are the perceptions of the child care system that service operators, from public and private entities, related to child care that includes families have? The main purpose was to analyze the perceptions of the service operators, one group made up of operators from a PRONOEI, and the other by operators from an NGO. The approach is qualitative, descriptive level and phenomenological type. The operators were interviewed to collect their perceptions. The results show some dilemmas that caregivers have regarding their role, such as the level of closeness they should have with families. In addition, there are differences between the perceptions of the roles that mothers and fathers play in care, evidencing some gender stereotypes. This study shows the complexity involved in the perceptions of the operators and how this, through the dynamics and power relationships that they established with the families, could impact the effectiveness of interventions for the benefit of child care and development.

La seguridad social es un derecho humano y fundamental, reconocido no sólo a nivel interno en la Constitución Política del Perú, sino también en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Estos instrumentos, de carácter vinculante y de rango constitucional, generan una serie de obligaciones que el Estado peruano debe cumplir, y que por tanto resultan exigibles. Sin embargo, el panorama actual de la protección social en el Perú genera incertidumbre sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en materia de seguridad social. Por ello, es necesario conocer el contenido de las obligaciones vinculadas al derecho a la seguridad social a fin de determinar si: i) el Estado peruano está cumpliendo con aquello a lo que se ha obligado cuando ratificó estos instrumentos o si se encuentra en situación de incumplimiento y ii) en el segundo caso, cuáles son los parámetros que debe seguir el Estado a fin de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social. De este modo, en el presente trabajo haremos un recuento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a fin de identificar las acciones que el Estado peruano debe asumir para la protección de este derecho en el marco de las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

La presente investigación analizó la eficacia de la implementación de la Presupuestación por Resultados, con base en el cumplimiento de los objetivos, en la aprobación y revisión del diseño del Programa Presupuestal 0142 Acceso De Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados (en adelante PP del adulto mayor). En ese sentido, el trabajo inicia con la descripción de la población adulta mayor (en adelante PAM) según el enfoque de derechos y se le caracterizará de acuerdo al contexto peruano. Luego se procede a desarrollar la herramienta del Presupuesto por Resultados (en adelante el PpR), en términos de sus orígenes, antecedentes, definiciones, objetivos y herramientas. Luego de ello, se describe este sistema en la gestión pública peruana y se enfatiza en uno de los instrumentos que utiliza: los programas presupuestales (en adelante PP). Para ello, la tesis emplea el término el presupuesto por resultados (en adelante el PpR) haciendo referencia a la herramienta de gestión pública, mientras que cuando utilice el término la presupuestación por resultados hará referencia a la aplicación de esta metodología en el PP del Adulto Mayor. Una vez descrita la parte teórica y contextual se procede a desarrollar el capítulo analítico, el cual aborda los siguientes subcapítulos: i) La descripción del PP del adulto mayor; ii) ¿Existió una sola forma de implementación de la PpR en el Perú?, en el cual se presentan definiciones, objetivos y posturas para la implementación de la PpR, así como el cambio en la rigurosidad en la aprobación de PP; y por último, iii) La aprobación y revisión del diseño del PP del adulto mayor, para lo cual se describen las actividades previas a su creación, la evolución del PP a nivel de diagnóstico y diseño, y se realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos de la implementación de la PpR en la aprobación y revisión del diseño del PP del caso de estudio.

La presente tesis trata sobre: El Programa Carnet Joven: problemas en el proceso de implementación de políticas públicas en materia de juventudes en el Perú, durante el 2012 – 2016. La justificación de esta investigación se da través del análisis y el estudio académico multidisciplinario para conocer más sobre los problemas y barreras de implementación de políticas públicas que se dan en las instituciones públicas. El objetivo general de esta investigación trata sobre: La comprensión del proceso de implementación de una política pública en materia de juventudes. Los objetivos específicos consisten en: comprender la política pública a implementar y su entidad responsable de realizarlo. Describe la estructura, relación de las instituciones y actores en el proceso de implementación. Determina los problemas que se presentaron durante el proceso de la implementación. La hipótesis se basa en cuatro principales factores que tienen incidencia sobre los problemas en el proceso de la implementación. Tomamos en cuenta a los autores sobre temas de análisis, brechas e implementación de políticas públicas. Para el análisis de información se planteó y utilizó los tipos de metodología cualitativa, cuantitativa que nos permitió recabar información a través de entrevistas semiestructuradas, revisión de fuentes visuales, audiovisuales y archivos de los diferentes medios de comunicación que contenían datos de interés y estadístico. La magnitud en general de los problemas que se presentan en el proceso de implementación de la política pública, como son los problemas normativos estructurales, presupuestales económicos, falta de voluntad política, la coyuntura política nacional y la falta de participación efectiva de los actores, nos demuestra que en materia de implementación de políticas públicas en el caso del Perú específicamente, este se encuentra en un proceso reformativo camino hacia su perfeccionamiento en cuanto al desarrollo de cada fase del proceso de la implementación.

Este trabajo aborda el proceso de toma de decisiones políticas emprendido por el parlamento peruano respecto de la ley de cambio climático. En otras palabras, examina el proceso político que atravesaron las iniciativas legislativas climáticas desde que se presentaron y discutieron en las comisiones parlamentarias hasta su aprobación y promulgación, con el propósito de demostrar que el Congreso de la República ha adoptado una conducta proactiva y propositiva en materia de la legislación del cambio climático, pese a algunas visiones que postulan la preeminencia de los poderes ejecutivos. Para lograrlo, se plantea dos objetivos: a) describir el proceso político y legislativo atravesado por la Ley marco de Cambio Climático en el Congreso de la República; b) Identificar los factores impulsores e inhibidores que interactuaron en la trayectoria de las iniciativas climáticas en el Congreso de la República, entre los años 2011-2018. Para ello, se interesa en los cursos de acción (proyectos de ley, dictámenes, grupos de trabajo, audiencias, convocatoria a autoridades ambientales, participación en eventos internacionales, publicaciones, etc.) que el poder legislativo despliega respecto del cambio climático, en su calidad de problema público de naturaleza transversal que concita el creciente interés de diversos actores: poder Ejecutivo, ONG, académicos, opinión pública, organismos supranacionales. Una de las conclusiones del trabajo indica que, si bien los asuntos climáticos puedan ser percibidos como altamente consensuales y fácilmente asimilados por las agendas partidarias, la experiencia del Congreso peruano revela la necesidad de ciertas coyunturas extraordinarias (COP-20, COP-23, visitas de dignatarios) y situaciones imprevistas (Niño Costero, precoz renuncia del presidente Kuczynski, inicio de una nueva gestión gubernamental con Martín Vizcarra) que impulsen el interés legislativo en las iniciativas climáticas. / This paper deals with the process of political decision making undertaken by the Peruvian parliament regarding the climate change law. In other words, it examines the political process that climatic legislative initiatives have gone through since they were presented and discussed in the parliamentary committees until their approval and promulgation, with the purpose of demonstrating that the Congress of the Republic has adopted proactive and proactive behavior in matters of climate change legislation, despite some views that postulate the pre-eminence of executive powers. To achieve this, two objectives are proposed: a) describe the political and legislative process under the framework of the Climate Change Framework Law in the Congress of the Republic; b) Identify the drivers and inhibitors that interacted in the trajectory of climate initiatives in the Congress of the Republic, between the years 2011-2018. For this, it is interested in the courses of action (bills, opinions, working groups, hearings, call to environmental authorities, participation in international events, publications, etc.) that the legislative branch deploys regarding climate change, in its quality of a public problem of a transversal nature that attracts the growing interest of various actors: Executive power, NGOs, academics, public opinion, supranational organizations. One of the conclusions of the work indicates that, although climate issues can be perceived as highly consensual and easily assimilated by party agendas, the experience of the Peruvian Congress reveals the need for certain extraordinary conjunctures (COP-20, COP-23, visits of dignitaries) and unforeseen situations (Niño Costero, precocious resignation of President Kuczynski, start of a new government administration with Martín Vizcarra) that boost the legislative interest in climate initiatives.

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.