El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar cómo el nuevo constitucionalismo ha sido incorporado en el derecho colombiano mediante la Constitución Política de 1991. El Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los mecanismos de participación ciudadana y distintas y eficaces acciones judiciales como la Acción de Tutela forman hoy parte activa del ejercicio jurídico colombiano.Sin embargo, distintos aspectos parecen hoy amenazar lo conquistado durante estos casi veinticinco años, a un insuficiente diseño institucional en algunos casos se une la necesidad urgente de incorporar a las normas vigentes lo que se acuerde en el proceso de paz con las FARC en la Habana, poniendo a prueba el paradigma constitucional actual, el cual se encuentra consolidado en algunos casos pero que permanece frágil en otros.

This article analyzes the different electoral reforms that have taken place since 1990 and the changes that have characterized the party system in Colombia, mainly in terms of fragmentation and volatility of preferences, with an emphasis on the competition that takes place at the national level and on the origin and dynamics of the new coalition government established by President Juan Manuel Santos in 2010. In addition, we observe the configuration created by the regional and local elections of October 2011 and we discuss on the relationship between electoral regulations and the post conflict scenary. In particular, we deal with questions about the future of Colombian representative institutions, especially rules that determine access to elected office and a possible political participation of demobilized guerrillas. In that sense, it is argued that while the objectives of previous reforms were to achieve higher levels of governance, this new context may put the discussion on the need to sacrifice governance for achieving greater representation back in the center of the debate. / El presente artículo analiza las diferentes reformas electorales que han tenido lugar desde 1990, y los cambios que ha sufrido el sistema de partidos, fundamentalmente en términos de fragmentación y volatilidad de las preferencias, con un énfasis en la competencia que tiene lugar en el nivel nacional y en el origen y las dinámicas de la coalición de gobierno creada por el presidente Juan Manuel Santos en 2010. Además, se observa la configuración que puso en evidencia el proceso electoral regional y local de octubre de 2011 y se problematiza la relación entre reglas electorales y postconflicto, especialmente, las reglas que determinan el acceso a los cargos de elección popular y una posible participación de los guerrilleros desmovilizados. En ese sentido, se arguye que, aunque al observar los objetivos de las reformas anteriores la apuesta había sido por lograr mayores niveles de gobernabilidad, este nuevo contexto vuelve a poner en debate la necesidad de sacrificar gobernabilidad por el logro de mayor representatividad.