La Corte Suprema es un órgano de vértice que considero trascendental y central en la administración de justicia de nuestro país por dos razones: la primera, porque es el órgano máximo en el que se definen las controversias de manera definitiva; y, segundo, porque tiene atribuciones que resultan fundamentales para el desarrollo y la construcción del derecho. Una de esas atribuciones es precisamente la que motivó la elaboración del presente trabajo: la aplicación del principio iura novit curia en sede casatoria. Para ello, he dividido el artículo en 3 partes: la primera, enfocada en los momentos en los que la Corte Suprema aplica el principio iura novit curia; la segunda, enfocada en los criterios para su aplicación; y, la tercera, centrada en los límites para su aplicación. Todo lo anterior, partiendo desde las hipótesis específicas de que la Corte Suprema sí aplica dicho principio, sí determina los momentos de su aplicación, sí establece criterios y sí fija límites, las cuales- han sido rebatidas o confirmadas en las conclusiones. En efecto, luego del análisis del problema y el desarrollo del presente trabajo, pude concluir que la Corte Suprema sí aplica el principio iura novit curia, sin embargo, no determina los momentos de su aplicación, no establece criterios ni mucho menos fija límites. / The Supreme Court is an apex body that I consider transcendental and central in the administration of justice in our country for two reasons: first, because it is the highest body in which disputes are defined; and second, because it has powers that are fundamental for the development and construction of law. One of these powers is precisely the one that motivated the preparation of this paper: the application of the iura novit curia mainly in cassation proceedings. For this purpose, I split the article into 3 parts: the first one, focused on the moments in which the Supreme Court applies the main iura novit curia; the second, focused on the criteria for its application; and the third, focused on the limits for its application. It is for all the above, starting from the specific hypothesis that the Supreme Court does apply said mainly, does determine the moments of its application, does establish criteria and does set limits, which have been refuted or confirmed in the conclusions. In effect, after the analysis of the problem and the development of this work, I was able to conclude that the Supreme Court does apply the main iura novit curia, however, it does not determine the moments of its application, it does not establish criteria, much less set limits. / Trabajo académico

El presente artículo se centra en el análisis de la ejecución de laudos en sede arbitral, explorando sus límites y posibilidades. A lo largo de sus páginas, se abordarán las razones subyacentes a la tendencia común de las partes de no recurrir al ámbito arbitral para llevar a cabo la ejecución de las decisiones arbitrales, prefiriendo en su lugar recurrir a la vía judicial. La hipótesis propuesta sugiere una percepción errónea que asocia la ejecución de una decisión exclusivamente con el uso de la fuerza, cuando, en realidad, existen escenarios en las que ésta no es necesaria. En ese sentido, se analizará detenidamente las posibles circunstancias en los cuales no se requiere fuerza pública para la ejecución y, donde los árbitros pueden desempeñar un papel crucial, siempre y cuando las partes les haya otorgado dicha facultad. Finalmente, se reflexionará sobre la viabilidad de autorizar a los árbitros el acceso al uso de la fuerza pública, subrayando la importancia de preservar la autonomía del arbitraje en la ejecución de laudos. / This article focuses on a thorough exploration of the enforcement of awards in arbitration proceedings, highlighting both its limitations and opportunities. Throughout its pages, the underlying reasons for the common trend of parties not resorting to arbitration for the execution of arbitral decisions, opting instead to seek enforcement through the judicial system, will be addressed. The proposed hypothesis points to a misconception rooted in the mistaken idea that the enforcement of decisions can only be achieved through the use of force when, in fact, there are situations where this is not necessary. In this context, the scenarios where the intervention of public force is not required for enforcement will be carefully analyzed, and where arbitrators can play a crucial role, provided that the parties have granted them such authority. As a final reflection, there will be an inquiry into the feasibility of authorizing arbitrators to access the use of public force, emphasizing the imperative need to safeguard the autonomy of arbitration in the enforcement of awards. / Trabajo académico

El proceso judicial que se desarrolla a partir de la denuncias por violencia familiar y que se encuentra regulado en la Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, denota en su aplicación la creación de límites y vulneraciones a las facultades del derecho de propiedad al dictar el retiro del hogar del propietario denunciado; debido que al proteger a la presunta agraviada, también se estaría afectando los derechos del denunciado. Es preciso señalar que en la presente investigación se analizó la aplicación inadecuada de la medida de protección de retiro del hogar del propietario denunciado, por parte de los órganos jurisdiccionales; toda vez que, aunque es esencial la protección al derecho de las personas, también es importante el resguardo del derecho de propiedad, debido a que ambos derechos son protegidos por la Carta Magna, no sólo el de la víctima sino también de aquel que ha sido denunciado; es por ello que siendo el derecho de propiedad un derecho fundamental es relevante desarrollar criterios mínimos para ejercer tal medida, así como un parámetro mínimo para su aplicación, además de señalar posibles soluciones alternativas al retiro del hogar del propietario, pues este es titular del derecho de propiedad, un derecho que posee la protección del Estado.

The present article discusses when the tax moratorium interest as part of the tax debt is generated, and which judicial way to discuss its payment. For this purpose, the author starts developing the explicit constitutional principles that are limits to the taxing power of the State; and then she makes a compilation of the judgments of the Constitutional Court regarding the application of the tax moratorium interests. / El presente artículo tiene por objeto analizar la naturaleza del interés moratorio, haciendo presente que la misma forma parte de la deuda tributaria. Dentro del artículo, también se hace referencia a la vía judicial para discutir el pago del mismo. Para tal propósito, inicia desarrollando los principios constitucionales explícitos que sirven de límites al poder tributario del Estado; y luego se centra en analizar la naturaleza restitutoria del mismo, teniendo como base tanto los dispositivos legales como las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del interés moratorio tributario.

En nuestro país, el sistema de justicia se encuentra conformado por el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura, y finalmente, pero no menos importante, el Poder Judicial. Esta última entidad mencionada, es un poder del estado que se encarga de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, en base a la Constitución política del Perú y a sus leyes. El Perú debe realizar cambios en sus procesos para mejorar los diferentes servicios de justicia brindados. Para mejorar los servicios del Poder Judicial se propone implementar arquitectura empresarial, la cual permite alinear los objetivos estratégicos con las tecnologías de información. En la tesis “Propuesta de un modelo de Arquitectura Empresarial para una Corte Superior de Justicia” se desarrollará una propuesta de mejora de servicios a través de arquitectura empresarial a través de la metodología TOGAF. La propuesta comienza con el marco teórico que abarca conceptos de justicia, así como de arquitectura empresarial; luego se explica la situación actual del Poder Judicial, el planteamiento del problema y la justificación de este. A la mitad de la tesis se presenta el objetivo de la propuesta, seguida de la propuesta de solución al problema encontrado, para finalmente brindar las conclusiones y recomendaciones. Mediante el marco de trabajo Zachman se ha realizado el análisis de la situación actual por el cual se determinado que el macro proceso más importante es la “Gestión de procesos judiciales”; se ha usado el diagrama de causa – efecto para encontrar las causas del problema. La propuesta se ha desarrollado en base modelos de mejoras internacionales y una selección de buenas prácticas a través de un modelo propuesto de arquitectura empresarial. La presente tesis es una propuesta que debe servir como modelo para la implementación de una arquitectura empresarial en todo el Poder Judicial. / In our country, the justice system is formed by the Public Ministry, the Constitutional Court, the National Board of Justice, the Academy of the Magistracy, and last but not least, the Power of attorney. This last entity mentioned is a power of the state that is responsible for administer justice through its jurisdictional bodies, based on the Political Constitution of Peru and its laws. Peru must make changes in its processes to improve the different justice services provided. To improve the services of the Judiciary, it is proposed to implement business architecture, which allows aligning strategic objectives with information technologies. In the thesis "Proposal of a Business Architecture model for a Superior Court of Justice" a proposal for improving services through business architecture through the TOGAF methodology will be developed. The proposal begins with the theoretical framework that includes concepts of justice, as well as business architecture; then the current situation of the Judiciary, the approach to the problem and its justification are explained. In the middle of the thesis, the objective of the proposal is presented, followed by the proposed solution to the problem encountered, to finally provide the conclusions and recommendations. Through the Zachman framework, the analysis of the current situation has been carried out, whereby it was determined that the most important macro process is the "Management of judicial processes"; The cause - effect diagram has been used to find the causes of the problem. The proposal has been developed based on international improvement models and a selection of good practices through a proposed business architecture model. This thesis is a proposal that should serve as a model for the implementation of a business architecture throughout the Judiciary. / Tesis

En el presente trabajo de investigación se busca analizar cuándo corresponde someter una controversia derivada de alguna decisión o actuación del OSITRAN durante la ejecución de los Contratos de Concesión que supervisa, a la vía arbitral o, en su defecto, a la vía judicial, mediante un proceso contencioso administrativo. Se busca identificar aquellos criterios que permitan realizar una adecuada determinación de las materias o controversias relacionadas con el quehacer del OSITRAN, actuales o potenciales, susceptibles de ser resueltas a través del arbitraje. Se plantea la hipótesis de que los conflictos o controversias que derivan de actuaciones o decisiones del OSITRAN durante la etapa de ejecución de los Contratos de Concesión únicamente pueden ser dilucidados en la vía arbitral si tales actuaciones o decisiones del organismo regulador tienen naturaleza contractual, no pudiendo ser sometidos a la competencia arbitral aquellos conflictos o controversias vinculados a decisiones adoptadas en el marco del ejercicio de facultades administrativas. Asimismo, en cuanto al supuesto referido a la autorización derivada de la ley, de los tratados o convenios internacionales para someter a la vía arbitral determinado conflicto o controversia, se sustentará que en estos casos será posible someter a arbitraje las decisiones del OSITRAN, independientemente de que la materia califique como de libre disponibilidad o no. Este tema es relevante por cuanto en la doctrina y jurisprudencia no se cuenta con un criterio uniforme sobre qué tipo de materias y controversias pueden resolverse en la vía arbitral, situación que tiene repercusiones prácticas en la realidad que ocasionan un grado de incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas privados que se encuentran vinculados o que pretenden vincularse contractualmente con el Estado, por lo que el presente trabajo pretende brindar un aporte en ese sentido. Se aborda el estudio del tema propuesto desde varios ámbitos: el doctrinario, normativo, el contenido de las cláusulas arbitrales y la jurisprudencia arbitral. En ese sentido, se realiza una clasificación de dichas cláusulas arbitrales atendiendo a su contenido y un análisis crítico de criterios arbitrales adoptados por tribunales nacionales e internacionales (CIADI) sobre la materia. Se concluye que las controversias referidas a la aplicación de penalidades por parte del regulador pueden ser planteadas en la vía arbitral y que las controversias relacionadas con la interpretación de los Contratos de Concesión, la caducidad de la Concesión y aplicación de tarifas no pueden ser resueltas en dicha vía, sino que deben ser dilucidadas en la vía judicial. / This research work seeks to analyze when it is appropriate to submit a dispute arising from any decision or action of OSITRAN during the execution of the Concession Contracts that it supervises, to arbitration or, failing that, to the judicial way, through a contentious-administrative process. It seeks to identify those criteria that allow an adequate determination of the matters or controversies related to the work of OSITRAN, current or potential, that can be resolved through arbitration. The hypothesis is raised that the conflicts or controversies that derive from actions or decisions of OSITRAN during the stage of execution of the Concession Contracts can only be elucidated through arbitration if such actions or decisions of the regulation organism have a contractual nature, not being able to those conflicts or controversies linked to decisions adopted within the framework of the exercise of administrative powers should be submitted to arbitral jurisdiction. Likewise, regarding the assumption referred to the authorization derived from the law, from international treaties or conventions to submit a certain conflict or controversy to arbitration, it will be argued that in these cases it will be possible to submit OSITRAN's decisions to arbitration, regardless of whether the material qualifies as freely available or not. This issue is relevant because in the doctrine and jurisprudence there is no uniform criterion on what type of matters and controversies can be resolved through arbitration, a situation that has practical repercussions in reality that cause a degree of uncertainty and mistrust between private investors who are linked or intend to be contractually linked with the State, so this paper aims to provide a contribution in this regard. The study of the proposed topic is approached from several areas: the doctrinal, normative, the content of the arbitration clauses and the arbitral jurisprudence. In this sense, a classification of said arbitration clauses is carried out according to their content and a critical analysis of arbitration criteria adopted by national and international courts (ICSID) on the matter. It is concluded that the controversies related to the application of penalties by the regulator can be raised in arbitration and that the controversies related to the interpretation of the Concession Contracts, the expiration of the Concession and the application of tariff cannot be resolved in said way, but must be elucidated in judicial way.

El presente trabajo es un arbitraje del CIADI y tiene mucho material enriquecido. El arbitraje que también es referido como un medio alternativo de solución de controversias, toma el caso de Bear Creek v. Republic of Perú y brinda soluciones eficientes, a la controversia que se generó debido a que el Estado Peruano le otorgo derecho sobre concesiones mineras a 50 kilómetros de la frontera peruana a Bear Creek, sin embargo, después de unos años le termina retirando esos derechos adquiridos sobres las concesiones mineras. Debido a que la presente controversia no podía resolverse en jurisdicción peruana y tampoco se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Se recurrió a lo acordado mediante TLC Perú – Canadá y al estar las dos partes afiliadas al CIADI, se procedió a buscar solución a su controversia en dicho centro. Así mismo, mediante el presente trabajo se busca reconocer al ARBITRAJE no solo como un medio alternativo de solución de controversias, sino como una de las varias formas iniciales que el sistema jurídico ha ofrecido como solución pacífica frente al conflicto de sus ciudadanos. El presente arbitraje caso versa sobre medidas de expropiación indirecta, tiene figuras como contratos de opción, emisión de Decretos Supremo emitido por Necesidad Pública, Acuerdos de Transferencia. / Trabajo de suficiencia profesional