Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / En América Latina la implementación de sistemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se extiende como un instrumento innovador para financiar la conservación de la naturaleza y el buen manejo de los recursos naturales. Sin embargo, aún se presenta como una nueva herramienta de gestión medioambiental donde las variables locales y las condiciones previas a su instalación pueden determinar su potencial éxito, por lo que existen múltiples recomendaciones y desafíos para mejorarlos. Dado que en Chile aún no se llevan a cabo iniciativas de este tipo, se estimó relevante y necesario abordar el estudio de los PSA en general y de los PSA Hídricos en particular dada la condición estratégica de ese recurso, mediante la identificación y síntesis de los requerimientos previos que son necesarios para implementarlos en el país. Con ese propósito el trabajo se dividió en tres etapas. El primer paso consistió en analizar y sintetizar la literatura de sistemas de PSA, mediante el método teórico de “Análisis y Síntesis”, que permitió identificar las condiciones y elementos que pueden influir en la implementación de un PSAH. En la segunda etapa, se revisó el marco legal e institucional relacionado a los recursos hídricos en Chile y se seleccionaron las características pertinentes a los requerimientos identificados y seleccionados en la etapa anterior. Finalmente, en la tercera etapa, mediante el cruce de los resultados de las etapas precedentes, se sintetizaron los hallazgos que pueden limitar la viabilidad o factibilidad de implementación de un PSAH en relación al marco legal e institucional del país. Los resultados muestran condiciones que es necesario considerar como requisitos previos a la implementación de sistemas de PSAH en Chile. En efecto, los hallazgos señalan que el marco legal e institucional en materia de recursos hídricos en el país, supone limitaciones. Entre ellas se cuentan la dispersión de las distintas funciones que desarrolla el Estado en materia de aguas, la falta de coordinación entre las políticas sectoriales y las de gestión de los recursos hídricos y la importante cantidad de usos consuetudinarios y de derechos antiguos de aprovechamiento de aguas, que no están inscritos en los Registros de Aguas. Los resultados también indican que existen elementos que brindarían viabilidad o potenciarían el éxito del funcionamiento de un PSAH, por ejemplo, el que la Constitución Política de Chile reconozca los derechos sobre las aguas y que a su vez el Código de Aguas establezca sus condiciones y características específicas constituye un ejemplo y una de las evidencia más destacables de la potencial viabilidad que confiere el marco legal chileno a la implementación de un PSAH. Por lo tanto, atendidas las limitaciones identificadas, es posible concluir que sería viable (desde el punto de vista legal e institucional) la implementación de un sistema de PSAH en el país. / In Latin America the implementation of systems of payment for environmental services (PES) extends as an innovative instrument to finance the conservation of nature and the good management of natural resources. However, even arises as a new tool of environmental management where local variables may determine his potential success, so there are multiple recommendations and challenges to improve them. Since in Chile the interest in this tool has been lower, it is considered relevant and necessary to tackle the study of the PES in general, and watershed PES in particular (PESH), through the identification and synthesis of the previous requirements that are necessary to implement them in the country. For this purpose, the present work was divided in three stages. The first step was to analyze and synthesize literature on PES schemes, using the theoretical method of "Analysis and synthesis", which allowed us to identify the conditions and elements which influence the implementation of a PES. In the second stage, I reviewed the legal and institutional framework related to water resources in Chile and the relevant requirements identified at the previous stage were selected. Finally, in the third stage were synthesized the findings that may limit the viability or feasibility of implementation of a PES in relation to the legal and institutional framework of the country. The results show that there are prerequisites for the implementation of systems of PESH in Chile. Indeed, the findings indicate that the legal and institutional framework in the field of water resources has limitations, which include the dispersion of functions developed by the State on water issues, the lack of coordination between sectoral policies and the management of water resources and the significant amount of uses and old water property rights are not registered in the records of waters. Likewise, the results also indicate that there are elements that would provide viability or boost the success of the operation of a PESH, for example, that the Constitution politics of Chile recognizes water property rights and the specific characteristics are laid down by the Water Code is an example and one of the most noteworthy evidence about the potential viability which confers the Chilean legal framework to the implementation of a PES. Therefore, addressed the identified limitations, it is possible to conclude that it would be advisable and viable implementation of a PESH in the country.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia / No autorizada para ser publicada a texto completo a petición de su autor / Este estudio pretende conocer a los miembros de la clase media en Chile que según las estadísticas corresponderían a un ochenta por cien de la población,2 y más aún, el caso particular de los trabajadores de la tierra, campesinos y propietarios de parcelas y de maquinaria agrícola que han logrado conservar sus tierras y que obtienen de ellas, gracias al trabajo y a la buena administración, un gran sustento que les permite sostener su peculiar estilo de vida, propio de las nuevas clases medias chilenas.

Ingeniera Civil Industrial / El proyecto a realizar en este trabajo de título está enfocado en evaluar una metodología de determinación de multas sancionatorias para empresas que infringen normas medioambientales. A nivel mundial existe una inquietud por el desarrollo sustentable, lo que ha llevado a los países a firmar múltiples acuerdos relacionados al tema medioambiental. El gobierno de Chile no desea estar fuera de los nuevos desafíos que se han generado, es por ello que se crea el Ministerio y la Superintendencia del Medioambiente, con el fin de crear políticas, fiscalizar y sancionar. Para el adecuado desarrollo de estas funciones es necesaria la definición de una herramienta sólida de determinación de multas ya que los agentes privados tienen incentivos a infringir las normas pues obtienen muchos más beneficios económicos violándolas que cumpliéndolas. El beneficio económico del infractor es el eje central de las multas, por lo que la primera parte del trabajo consistió en establecer este beneficio mediante la metodología para la evaluación de proyectos, considerando costos evitados, costos retrasados e ingresos ilícitos (ingresos directos de una actividad ilegal). De forma posterior a este cálculo se procedió a la aplicación del modelo colombiano, peruano y estadounidense. Como resultado se obtuvo que los tres modelos aplicados fueron capaces de remover el beneficio económico obtenido por el infractor, es decir, que los valores de las multas determinadas superaron a los ingresos ilegales asociados a la infracción. Cada uno de estos modelos posee similitudes en estructura y diferencias en cuanto a consistencia, eficiencia, eficacia y flexibilidad. Un análisis de estos criterios llevó a la alumna a escoger la metodología colombiana como la más apropiada para ser aplicada en Chile, lo que le entrega al país un modelo claro, de fácil aplicación y bastante consistente con la teoría económica de determinación de multas. Además, su construcción permite la adaptación a Chile y otros países que requieran utilizarlo. Se recomienda, para casos donde los beneficios del infractor son cuantiosos, incorporar el valor del daño ambiental, a través de estudios de valoración contingente, como medida de internalización del daño y compensación a la sociedad. Finalmente, como desafío futuro queda el evaluar el modelo británico que se presenta como una buena opción junto al modelo desarrollado por Colombia.

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / En América Latina la implementación de sistemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se extiende como un instrumento innovador para financiar la conservación de la naturaleza y el buen manejo de los recursos naturales. Sin embargo, aún se presenta como una nueva herramienta de gestión medioambiental donde las variables locales y las condiciones previas a su instalación pueden determinar su potencial éxito, por lo que existen múltiples recomendaciones y desafíos para mejorarlos. Dado que en Chile aún no se llevan a cabo iniciativas de este tipo, se estimó relevante y necesario abordar el estudio de los PSA en general y de los PSA Hídricos en particular dada la condición estratégica de ese recurso, mediante la identificación y síntesis de los requerimientos previos que son necesarios para implementarlos en el país. Con ese propósito el trabajo se dividió en tres etapas. El primer paso consistió en analizar y sintetizar la literatura de sistemas de PSA, mediante el método teórico de “Análisis y Síntesis”, que permitió identificar las condiciones y elementos que pueden influir en la implementación de un PSAH. En la segunda etapa, se revisó el marco legal e institucional relacionado a los recursos hídricos en Chile y se seleccionaron las características pertinentes a los requerimientos identificados y seleccionados en la etapa anterior. Finalmente, en la tercera etapa, mediante el cruce de los resultados de las etapas precedentes, se sintetizaron los hallazgos que pueden limitar la viabilidad o factibilidad de implementación de un PSAH en relación al marco legal e institucional del país. Los resultados muestran condiciones que es necesario considerar como requisitos previos a la implementación de sistemas de PSAH en Chile. En efecto, los hallazgos señalan que el marco legal e institucional en materia de recursos hídricos en el país, supone limitaciones. Entre ellas se cuentan la dispersión de las distintas funciones que desarrolla el Estado en materia de aguas, la falta de coordinación entre las políticas sectoriales y las de gestión de los recursos hídricos y la importante cantidad de usos consuetudinarios y de derechos antiguos de aprovechamiento de aguas, que no están inscritos en los Registros de Aguas. Los resultados también indican que existen elementos que brindarían viabilidad o potenciarían el éxito del funcionamiento de un PSAH, por ejemplo, el que la Constitución Política de Chile reconozca los derechos sobre las aguas y que a su vez el Código de Aguas establezca sus condiciones y características específicas constituye un ejemplo y una de las evidencia más destacables de la potencial viabilidad que confiere el marco legal chileno a la implementación de un PSAH. Por lo tanto, atendidas las limitaciones identificadas, es posible concluir que sería viable (desde el punto de vista legal e institucional) la implementación de un sistema de PSAH en el país.

Memoria para optar al título de Periodista / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El surgimiento de lo que se podría denominar una “conciencia medioambiental” tiene en Chile dos grandes hitos: la abrumadora oposición que generaron los ensayos nucleares practicados por Francia en el Atolón de Muroroa en 1995 y el informe realizado ese mismo año por el economista Marcel Claude, en el seno del Banco Central, acerca de los efectos de la sobreexplotación del bosque nativo. El polémico documento elaborado por Claude, hasta abril de 2002 presidente de la Fundación Terram y entonces jefe de la Unidad de Cuentas Ambientales del instituto emisor, describía un desalentador panorama para las especies originarias, algunas de las cuales desaparecerían en 20 años si no se tomaban medidas para impedirlo. Ambos hechos, aunque de muy distinto tipo, remecieron a la ciudadanía y fortalecieron el incipiente movimiento ambiental que había surgido tímidamente en la década del ’80. Las serie de pruebas nucleares ejecutada en el Pacífico Sur durante el gobierno de Jacques Chirac, así como la preocupante sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación vinculada a la actividad económica del país dieron pie al debate sobre el desarrollo sustentable, que en esa época se encontraba ya bastante avanzado en el contexto internacional. El primer antecedente importante a nivel institucional en este tema es el artículo N°19 de la Constitución de 1980, que concede a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Y aunque desde algunos sectores se criticó el citado artículo porque significaría una “estatización” del tema medioambiental, lo cierto es que marcó el inicio de una preocupación por el problema por parte de las autoridades. Pero no fue sino hasta el Gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994) que el Estado contó con herramientas concretas para conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Hasta la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA, Ley 19.300, del 9 de marzo de 1994), la autoridad no tenía instrumentos para hacer una efectiva gestión ambiental. Los cuerpos legales para fiscalizar los daños al medioambiente se encontraban dispersos en una multiplicidad de servicios, lo que redundaba en una carencia de uniformidad y criterios objetivos. El programa de gobierno de Aylwin abordó el desafío ambiental debido a que el problema se veía como un obstáculo para la modernización del sector productivo, cuyo desarrollo debía ir de la mano con la conservación de los recursos y de un entorno sano. Para alcanzar ese objetivo se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), cuya primera tarea fue la recopilación de toda la legislación ambiental vigente y la elaboración de un diagnóstico de los principales problemas ambientales del país. La política que dio origen a la Ley de Bases tuvo por principios rectores el realismo, en el sentido de plantear objetivos alcanzables teniendo en cuenta la magnitud de los problemas y los recursos disponibles, y el gradualismo, que significaba reconocer que más que medidas efectistas de corto plazo, se requería de modificaciones estructurales cuyos resultados se darían en el largo plazo . Uno de los objetivos del Gobierno era prevenir la emergencia de conflictos ambientales debidos a la contraposición de intereses entre proponentes y las comunidades afectadas por los proyectos. Los inversionistas, por su parte, esperaban contar con una normativa clara y precisa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A través de esta memoria examinaremos la situación jurídica en que se encuentran las áreas protegidas que conforman el denominado Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), especialmente en lo relativo a la precariedad de la tenencia fiscal de sus unidades, procurando determinar el grado de vulnerabilidad que ello representa para el resguardo de sus deslindes y superficies, en síntesis, para la custodia de su integridad. Considerando que, en un sentido amplio, el objetivo de los espacios naturales protegidos es el de preservar, conservar y restaurar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, esperamos contribuir al diagnóstico del SNASPE y de las unidades que lo conforman y sugerir la adopción de medidas precisas e integradas que, en el marco de la siguiente investigación, favorezcan el cumplimiento de su finalidad. La relevancia de una efectiva protección de las áreas silvestres sujetas a tutela corresponde a un imperativo legal del derecho interno y de los compromisos internacionales vigentes, pero también a un imperativo ético con las generaciones presentes y futuras. El deterioro ambiental es causa y efecto de la pobreza. Un país que agota sus recursos genera cesantía y dependencia de terceros, arriesga la integridad de su territorio, resiente la calidad de vida de sus habitantes, y engendra un inminente deterioro social y comunitario. La redacción definitiva de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eliminó su inciso final. Este decía: “la integridad territorial de Chile comprende la de su patrimonio ambiental”.

Actividad formativa equivalente a Tesis (magíster en derecho ambiental) / La presente Actividad Formativa Equivalente a Tesis, tiene por objetivo contribuir al proceso de discusión existente en la práctica legal y en círculos académicos, respecto de la procedencia de la discrecionalidad administrativa en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En este orden de ideas, pretende identificar que potestades tiene el Servicio de Evaluación Ambiental (ex-CONAMA), en el contexto de dicho procedimiento administrativo; cual es su naturaleza jurídica y si la figura de discrecionalidad administrativa se hace presente en el mismo y bajo que modalidades. Para tales efectos, se ha desarrollado un análisis doctrinario, respecto del concepto y alcances de la discrecionalidad administrativa, para posteriormente, y a través del análisis de diversos casos presentados en el contexto del SEIA, justificar o rechazar su presencia o configuración legal. De dicho examen, es posible concluir que: El ordenamiento jurídico, le ha entregado a la Administración Ambiental, facultades genéricas o amplias y/o potestades discrecionales. Todo acto administrativo, independientemente de la potestad que le sirve de fuente a los mismos (reglada o discrecional), deben respetar límites jurídicos precisos. El SEIA constituye un procedimiento administrativo, que si bien es susceptible de mejorar en muchos aspectos, funciona correctamente.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El desarrollo de la sociedad hace imperiosa la necesidad de abastecimiento de recursos minerales, los cuales necesitan ser extraídos, transformados, transportados. Esta intervención no está exenta de riesgos, ni transformaciones físicas y químicas del entorno inmediato, afectando incluso áreas más retiradas del centro en donde se llevan a cabo estas actividades. La industria minera y petrolera son las llamada en mayor grado a extraer los recursos minerales indispensable para el desarrollo, por ende son las que confrontan las legislaciones cada vez más exigentes en materia de protección del medio ambiente. A nivel mundial día a día las naciones y las comunidades locales son más cautelosas y resguardan con celo su entorno y a la vez se hacen más responsables y exigen a las empresas cumplir con requisitos que aseguren un mínimo de impacto al ecosistema, y sus estilos de vida. Es en esta nueva realidad, que los países se han dotado de Legislaciones que obligan a las empresas a cumplir con normas que aseguren la protección del medio ambiente y la vida. Lo anterior se traduce para las empresas en la necesidad de someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, y para ello deben gestionar los permisos correspondientes, para así poder llevar acabo sus proyectos mineros, pasando a ser esta tramitación legal una parte importante de la puesta en marcha y el desarrollo de las faenas. La gestión de los permisos se convertirse en un punto de inflexión dentro del CAPEX de un proyecto, como también de la viabilidad de un proyecto minero. Para realizar el presente trabajo se ha investigado la legislación ambiental chilena, y la legislación asociada directa o indirectamente con ella. Igualmente se han investigado sobre la legislación ambiental en otros países, de manera a que el lector pueda tener un espectro más amplio de la realidad ambiental en el mundo. A su vez se estudió diferentes modelos de proyecto Greenfield (Cu y Au) según su ubicación regional y su proceso. Teniendo la cantidad total de permisos y clasificándolos con las organizaciones respectivas. Esto ayudo a identificar las organizaciones más importantes dentro de la etapa de Construcción. En este trabajo se desea dar una recomendación de gestión de permisos que involucre las diferentes áreas como Sustentabilidad, Ingeniería, Construcción, Legal, y se realiza en dos fases: Primero fase antes de obtener la DIA es donde se desarrolla el estudio de factibilidad. Segundo fase de ingeniería de detalles y Construcción para proyectos Greenfield. Estas dos fases son importantes para el desarrollo de un proyecto, desde el punto de vista de permisos.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho ambiental) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende exponer y analizar la normativa internacional referida a los conflictos armados, desde sus inicios hasta la actualidad, en relación a la protección del medio ambiente en período de conflicto armado para poder establecer, entre otros aspectos, si los principios y normas del jus in bello se han complementado con los principios del derecho ambiental y si aquellas son eficaces en tal protección. En este sentido, se analizará la influencia que el derecho ambiental ha causado en el Derecho Internacional de los Conflictos Armados como también sus interrelaciones jurídicas antes, durante y luego del conflicto armado mismo. Del mismo modo, desde el punto de la Teoría del Conflicto, poder vislumbrar aquellas relaciones con el problema del desarrollo sostenible. Desde estos puntos de vista, merece particular atención la forma y el modo de cómo el Derecho de los Conflictos Armados se hace cargo de la protección ambiental y de algunos de sus principios, pero bajo el imperio de sus propios principios particulares.

Memoria para optar al título profesional de: Ingeniera en Recursos Naturales Renovables / Chilectra es la empresa de distribución eléctrica más grande de Chile, encargada de entregar electricidad a gran parte de la Región Metropolitana. Ésta presenta un Sistema de Gestión Ambiental, que generó en un documento denominado “Plan de Gestión y Acciones Ambientales en redes de distribución eléctrica de Chilectra” (PGAA 2009), el cual no fue implementado. Así, los objetivos de esta memoria se enmarcan en analizar en forma crítica el PGAA 2009, para identificar las falencias de su implementación y generar recomendaciones para una Propuesta del Plan de Gestión Ambiental a partir de la información recopilada. El área de estudio corresponde a toda la red de distribución de energía eléctrica, la que abarca 33 comunas. Para la propuesta de Plan de Gestión Ambiental se utilizó información proveniente del PGAA 2009, Intranet, Internet Consulta a expertos, Publicaciones relacionadas y el Plan Quinquenal de Inversiones Ambientales (PQIA), de la compañía. El trabajo se dividió en tres etapas: la primera etapa consistió en dos partes; realizar un análisis crítico del PGAA 2009 y el PQIA comparándolo con la norma ISO 14001:2004 realizando un análisis de forma, fondo e implementación y una revisión bibliográfica. En la segunda etapa se realizó consulta a los Expertos Clave de la empresa para indagar los motivos por los cuales el PGAA 2009 no se implementó en la compañía. Finalmente, en la tercera etapa se generaron recomendaciones y una Propuesta del Plan de Gestión ambiental. A partir del análisis se proponen recomendaciones, tanto de forma, fondo e implementación, del Plan de Gestión Ambiental, detectándose falencias comunes entre el PGAA 2009 y el PQIA. Dentro de las recomendaciones más relevantes se puede mencionar el diagnosticar la situación ambiental actual de la organización y replantear la visión ambiental que se quiere plasmar en el PGA, para contextualizarla a los tiempos actuales Por otro lado, la asignación de Especialistas Ambientales en cada área considerada dentro del PGAA evitaría la sobrecarga de trabajo y responsabilidad que tiene el Especialista Ambiental de la empresa. Además, se debe recalcar la importancia del compromiso de toda la organización, y en especial de las personas que realizan labores para ésta. Es necesario que cada eslabón de la cadena tenga clara su responsabilidad para que estos elementos funcionen.Si no existe una conciencia real del impacto de su trabajo, nuevamente el Plan de Gestión Ambiental no llegará a implementarse. El trabajo que se hace se seguirá haciendo, pero se perderá el objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental, que es la mejora continua. / Chilectra is the largest electricity distribution company in Chile, responsible for bringing energy to the most of the “Region Metropolitana”. It has an environmental management system and the given existence of this it was prepared the document entitled "Environmental Management Plan and Action in electricity distribution networks Chilectra" in 2009 (PGAA 2009). Thus, the objectives of this report are part critically analyze the PGAA 2009 , to identify flawd of its implementation and generate recommendations for a proposed Environmental Management Plan based on the information gathered. The study site corresponds to the entire electricity network distribution, which covers 33 municipalities. For the proposed Environmental Management Plan it was used information of PGAA 2009, Intranet, Internet, Experts consulting, related publishing and the Five-Year Plan for Environmental Investments (PQIA) of the company is used. The work was divided into three stages. The first stage consisted of two parts; a critical analysis of PGAA 2009 and PQIA comparing them to ISO 14001: 2004 with an analysis of form, substance and implementation and a literature review. In the second stage consultation was held with a company’s key experts to investigate the reasons why the PGAA 2009 was not implemented in the company. Finally, in the third stage recommendations were generated with a new version of the Environmental Management Plan. From the analysis recommendations were generated of the Environmental Management Plan detecting common errors between PQIA and PGAA 2009. Within the most relevant recommendations it can be mentioned the diagnosing of the current environmental situation of the organization and rethink environmental vision that it want to be captured on the PGA to update it with regard to current times. Otherwise, the allocation of Environmental Managers in each area within the PGAA it would avoid the workload and responsibility of the Environmental Manager of the company. Furthermore, it should be emphasized the importance of the entire organization commitment and especially the persons performing work for the organization. It is necessary that each link in the chain has clear their responsibilities to make these elements work. If there is no real awareness of the impact of their work, once again the Environmental Management Plan it won’t be implemented. The work done will continue but it will miss the target of an Environmental Management System, which is continuously improving.