Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad fecuentemente clama por un eficiente funcionamiento de todos los poderes del Estado, sin embargo, cuando la opinión se dirige al Poder Judicial, el clamor popular se torna extremadamente exigente. Se le exige al Estado que a través de sus Tribunales investigue los delitos, que castigue al culpable y que toda la labor jurisdiccional sea realizada en el menor tiempo posible. A su vez se le exige que en el desarrollo de todo procedimiento se respete a las partes que no se sanciones jamás al inocente y que en general la buena fe y el respeto por las garantías fundamentales lideren su actuar.

En nuestro siglo XXI la prueba del daño moral en nuestra Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha sido vacilante creando a todas luces inseguridad para el justiciable. La cantidad de Ejecutorias de la prueba del daño moral expedidas por los Magistrados de la Sala Civil de nuestra Corte Suprema ha tenido criterios muy variados, por lo que la percepción que tiene el justiciable respecto del Poder Judicial no ha sido muy bien vista. Esta problemática es muy compleja porque se circunscribe en la parte afectiva del ser humano y que muy pocos doctrinarios peruanos han sido sensibles de percibir y escribir sobre dicho problema. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La prueba, entendida como aquella actividad necesaria para formar la convicción del juez y acreditar los hechos que en un proceso se controvierten, constituye un aspecto fundamental en el juicio civil. A través de ella el legislador permite a las partes convencer al juez que los hechos se han desarrollado de una determinada manera y en consecuencia obtener en último término la pretensión que han deducido en juicio. Tradicionalmente los medios de prueba se encuentran establecidos en los Códigos de Procedimiento de los distintos ordenamientos jurídicos de modo uniforme, es decir, se repiten constantemente, salvo diferencias menores en sus apelativos. De esta manera, sea en Argentina, Francia, Chile, Uruguay o México, si analizamos el cuerpo legal respectivo de cada cual, nos encontraremos con el instrumento, la confesión, la prueba testimonial, pericial, la inspección personal del Tribunal y las presunciones como principales medios probatorios. Cada uno de ellos posee una larga tradición pues existen desde hace siglos y afortunadamente el desarrollo de la doctrina, jurisprudencia y por supuesto la ley han resuelto gran parte de los problemas que se han suscitado, pero al mismo tiempo han instaurado nociones que parecen invariables, por ejemplo el concepto de documento identificado con el soporte papel firmado manuscritamente o la confesión que debe provenir directamente de la persona, hasta que determinados fenómenos obligan a replantear los conceptos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las reformas del proceso penal y el de familia marcaron el inicio de un camino sin retorno que busca adecuar la forma de impartir justicia a las nuevas necesidades de una sociedad que demanda una oportuna y eficaz protección de sus derechos. Con esta finalidad se comienza la investigación y reflexión sobre la misma, partiendo con un primer capítulo donde se explican los fundamentos de la reforma, el desarrollo de este proceso legislativo y los fines perseguidos con las modificaciones legales que se introdujeron al Código del Trabajo en materia de justicia laboral. Creemos imprescindible conocer el contexto que dio origen a la modificación de los procedimientos del trabajo para entender y valorar de manera adecuada la labor desarrollada por el legislador. El segundo capítulo, expone la nueva configuración de los procedimientos del trabajo, analizando aquellos aspectos que necesitan un tratamiento más profundo para lograr un cabal entendimiento de los mismos. Ejemplo de lo anterior, es el estudio que se hace de la incompatibilidad entre la acción de tutela laboral y acción de protección constitucional en cuanto se produce una duplicidad de protección de derechos fundamentales. Los principios formativos del procedimiento, como criterio de análisis procesal, son la luz que se ha elegido en el tercer capítulo para estudiar la etapa de prueba y darle relieve a sus principales características. Esto nos permite evaluar si las reformas introducidas apuntan en la dirección correcta de hacer de los procedimientos del trabajo mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos y protección de derechos, anticipando posibles inconvenientes prácticos. El cuarto capítulo nos invita a analizar el objeto de la prueba, la carga de prueba y las limitaciones que afectan a cada medio de prueba en particular. En el transcurso de la investigación se hizo necesario abordar con profundidad tanto el estudio de la prueba ilícita en materia laboral y el alcance de la regla de exclusión a la prueba derivada, como el análisis de la prueba indiciaria y la determinación del estándar probatorio que deben satisfacer las partes. Estos dos temas fácilmente pueden constituir objetos de investigación que den origen a trabajos independientes, dada su extraordinaria riqueza doctrinaria y jurisprudencial, sin embargo, en consideración a que el centro de este trabajo es otro se hizo un análisis tan profundo como fue posible. Así llegamos a las conclusiones, las que nos permitirán evaluar la reforma en estudio, haciendo hincapié en la verificación del cumplimiento de los objetivos perseguidos con la misma y, valga la redundancia, concluyendo si la regulación prueba constituye o no un real aporte en este sentido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los modernos medios de prueba han ido adquiriendo cada vez mayor presencia en la práctica forense, razón por la cual se hace imperioso su estudio y análisis en específico. Así, en la presente investigación abordamos uno de ellos, que por sus características consustanciales dista mucho de ser pacífica su admisión como medio de prueba en juicio, nos referimos a las videograbaciones dentro de la relación laboral. En la presente monografía se determinará qué se entiende por video vigilancia laboral, se establecerán los derechos que le asisten al trabajador y al empleador en esta materia, así como también se Identificarán las condiciones de legitimidad existentes en nuestro país en torno a ella. Se analiza además la jurisprudencia nacional de manera tal de conocer cuál es el tratamiento que le ha dado a las video grabaciones realizadas por el empleador, como así mismo la jurisprudencia y doctrina de España de manera tal de fijar un marco comparativo. Finalmente se da a conocer la reglamentación y grado de admisibilidad actual de las video grabaciones como medio de prueba en juicio.

El trabajo de investigación tiene como propósito la elaboración de los Fundamentos para una nueva concepción de justicia a través de la lucha de escuelas jurídicas, a fin de evitar la inconmensurabilidad de los diálogos jurídicos en un proceso judicial que conlleva a resolver el conflicto a través de la imposición de algún tipo de justicia que no necesariamente es coherente y consistente a la concepción de justicia que tienen los procesados, lo cual conlleva a superar el mencionado problema con el derecho propuesto en la presente tesis: “Toda persona tiene derecho a elegir, a guiarse y a ser sometido bajo una determinada concepción de justicia coherente y consistente”, esto implica que el procesado, quién piensa, habla y actúa bajo una determinada concepción de justicia sea juzgado en conformidad a un determinado sistema de administración de justicia coherente y consistente. Para el desarrollo y ejecución de la tesis, se ha utilizado la metodología de la concepción informática de Solomnof y el método axiomático aplicado a las ciencias sociales, con el objetivo de verificar las propiedades básicas de una teoría; por lo que los resultados fueron los siguientes: (a) la propiedad de la teoría propuesta carece de completitud, por cuanto no se sabe cuántos tipos de justicia, escuelas jurídicas o fuentes del derecho puedan crearse a futuro, a éste tipo de deficiencia se la denomina incompletitud semántica; sin embargo (b) la teoría en mención ha probado ser consistente y axiomatizable. Es por ello que se llegó a las siguientes conclusiones: (1) Sólo 6 escuelas jurídicas pueden ser consideradas como tales por cumplir sus requisitos básicos; y (2) la escuela de la argumentación jurídica aplicado en el Estado peruano es INCOSISTENTE. / The purpose of the research work is to elaborate the Fundamentals for a new conception of justice through the struggle of legal schools, in order to avoid the incommensurability of legal dialogues in a judicial process that entails resolving the conflict through the imposition of some kind of justice that is not necessarily coherent and consistent with the conception of justice that the accused have, which leads to overcome the mentioned problem with the right proposed in this thesis: "Every person has the right to choose, guiding and being subjected to a certain conception of consistent and consistent justice, "this implies that the accused, who thinks, speaks and acts under a particular conception of justice, is judged in accordance with a coherent and consistent system of administration of justice. For the development and execution of the thesis, Solomnof's computer conception methodology and the axiomatic method applied to the social sciences have used, in order to verify the basic properties of a theory; the results were as follows: (a) ownership of the proposed theory lacks completeness, since it is not known how many types of justice, legal schools or sources of law can be created in the future, then this type of deficiency is It is called semantic incompleteness; However (b) the theory in question has proved to be consistent and axiomatizable. It is for this reason that the following conclusions were reached: (1) Only 6 legal schools can be considered as such because they meet their basic requirements; and (2) the school of legal argumentation applied in the peruvian State is INCOSISTENT. / Tesis

El objetivo del presente trabajo es postular que el nivel de valoración de la prueba que debe realizarse al momento de analizar una excepción de falta de legitimidad para obrar es preliminar respecto del fondo de la controversia. Esto se justificará en el diseño de la institución de las excepciones en nuestro ordenamiento jurídico, desde la perspectiva jurisprudencial y doctrinaria, y en la necesidad de dotar a este diseño de coherencia. En este desarrollo se postularán conclusiones tales como, que la legitimidad para obrar requiere ser probada, preliminarmente, no siendo suficiente la mera afirmación de ser titular de un derecho; y que ciertas excepciones implican un análisis de cuestiones del fondo de la controversia. / Trabajo académico

El principio de flexibilidad interviene en las diversas etapas del proceso arbitral, siendo uno de ellas la actividad probatoria, confluyendo, a su vez, con otras situaciones jurídicas de titularidad de las partes, que se plasman en principios tales como el dispositivo, aportación de parte y, además, con la llamada asunción de la carga de la prueba. Por otro lado, se ha sostenido que el ejercicio de la potestad con que cuenta el árbitro para hacer valer su iniciativa probatoria –al igual que un juez–, puede llevar a que incurra en excesos al momento de disponer u ordenar de oficio la actuación de una prueba. Partiendo entonces de ambas premisas examinaremos cómo estas interactúan en el arbitraje privado doméstico, tomando como marco normativo la actual Ley de Arbitraje (LDA), así como los reglamentos de los principales centros de arbitraje del país (RCA). / The principle of flexibility intervenes in the various stages of the arbitration process, one of them being the probative activity, converging, in turn, with other legal situations of ownership of the parties, which are embodied in principles such as the device, contribution of part and, in addition, with the so-called assumption of the burden of proof. On the other hand, it has been argued that the exercise of the power available to the arbitrator to assert his evidentiary initiative -as a judge- can lead to excesses when disposing or ordering the action of a test. Starting from both premises we will examine how they interact in private domestic arbitration, taking the current Arbitration Law (LDA) as a regulatory framework, as well as the regulations of the main arbitration centers of the country (RCA). / Trabajo académico

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Es por todos reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico en general y en el proceso en particular, al punto que sin ella no es imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho resulta inadmisible que los agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos en favor de los ciudadanos. En otras palabras: la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación o proceso penal de ningún modo deben ser realizadas “a cualquier precio”. Además de ello, para el juzgador siempre representará un problema decidir en el caso concreto la posibilidad de admitir excepciones a la regla que prohibe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. El presente proyecto de tesis, intitulado “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana”, está referido precisamente a la cuestión precedentemente esbozada. En efecto, nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de orden procesal en las que los operadores jurídicos, especialmente quienes tienen la misión constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos fundamentales o hacer prevalecer la vigencia irrestricta de estos últimos expulsando del proceso la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que en el proceso penal están en juego la libertad y la dignidad del ser humano pero también la necesidad de descubrir la verdad para el ejercicio eficaz del ius puniendi. O dicho de otro modo, asistimos al eterno conflicto entre libertad y seguridad que buscará resolverse de acuerdo con el momento histórico y el modelo de proceso derivado de la Constitución Política. / Tesis