Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo pretende contribuir en la reconstrucción dogmática de la sana crítica como sistema de valoración probatoria, a partir de su consideración como una institución extralingüística dotada de una metodología positiva de justificación de las inferencias fácticas en la motivación judicial. Apostar a la reconstrucción dogmática de la sana crítica, responde al diagnóstico que se expone de lleno en el capítulo II, amén de la inexistencia de una noción sistémica y consolidada de la misma, situación que ha traído consigo múltiples inconvenientes operativos. De la exhibición en dicha sección de los aportes doctrinarios que caracterizan y definen a la sana crítica, resulta forzoso concluir que, a pesar de ciertas divergencias, hay consenso en que dicho sistema de valoración, primero, comprende exigencias de motivación y de racionalidad, y que además, se debe a ciertas reglas que ofician como guía y límite en la operación de valoración, a saber, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, cuyo análisis crítico, se plasma en los capítulos III, IV y V.1., y V.2., donde asalta como novedad, subsumirlos bajo las categorías de garantías lógicas y tópicas de racionalidad. Finalmente en el capítulo VI, con asidero en las herramientas metodológicas provistas por el modelo cognoscitivista de valoración racional de la prueba, tratado fundamentalmente en el capítulo I, y, con lo resuelto en el apartado V.3., sobre hechos institucionales, materia abordada desde la filosofía de la sociedad de John Searle, se abordan ciertos presupuestos que fundamentarán las bases conceptuales de una propuesta de reconstrucción dogmática de la sana crítica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se investigará sobre cómo resuelve la Corte Suprema los recursos de nulidad que solicitan la exclusión de la prueba por haber sido obtenida con infracción de los derechos fundamentales del imputado, en su jurisprudencia más reciente (período 2014- 2016). Para ello, se revisará el concepto de la prueba ilícita, sus clasificaciones, y su importancia dentro de las finalidades del proceso penal. Además, se expondrán las diversas posturas que han existido en torno a las consecuencias jurídicas de esta institución, se analizará su operatividad en Chile, y las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento jurídico para hacer valer su ineficacia. Finalmente, se efectuará un análisis crítico de las principales sentencias dictadas por la Corte Suprema durante este lapso, donde se examinarán los razonamientos seguidos para excluir la prueba o confirmar las sentencias, todo esto mediante la utilización un esquema objetivo que permite razonar en base a los derechos fundamentales del imputado. Palabras clave: Prueba ilícita; derechos fundamentales del imputado; regla de exclusión; jurisprudencia de la Corte Suprema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la Prueba ilícita y su aplicación dentro del Procedimiento de Tutela Laboral, con el fin de determinar si estas dos figuras jurídicas se complementan en cuanto a la protección que la legislación ha dispuesto para el caso de existir una infracción de derechos fundamentales de un trabajador.Para tal efecto se desarrollan los temas del Procedimiento de Tutela Laboral, la prueba y la Prueba ilícita, señalando en cada uno de ellos tanto sus aspectos principales como las características propias que presentan al aplicarse estas figuras en forma conjunta.Es a través de este proceso que logramos determinar cual es la regulación que el nuevo procedimiento laboral propone para la valoración de la prueba, la forma en que la prueba ilícita puede ser aplicada a la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, la sanción que la legislación laboral ha dispuesto para la prueba ilícita y la efectividad de la misma como mecanismo sancionador de una lesión de derechos fundamentales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se desarrolla respecto de los medios de prueba, en particular los medios de prueba tecnológicos que la ley prevé, para probar ciertas conductas antijurídicas en juicio. Dichas conductas se refieren a la discriminación, particularmente en los juicios referidos al Bullying y Grooming. En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de esta clase de pruebas para probar las acciones u omisiones antijurídicas que se refieren, al igual que el valor probatorio y la impugnación de los mismos, en los distintos procedimientos en que ésta clase de conductas podrían ser perseguidas y eventualmente sancionadas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En un área del Derecho Procesal con un escaso tratamiento doctrinario, como lo es el de la libre competencia, el principio de publicidad ha pasado prácticamente inadvertido, pese a que adopta allí ciertas cualidades difíciles de observar en otras sedes. Este trabajo pretende otorgarle la visibilidad que se merece, desentrañando su esencia, desde lo general a lo particular. Así, en primer lugar, se aborda la configuración de los principios procesales, referidos tanto al proceso como al procedimiento. Para luego dar paso a una explicación teórica del proceso de libre competencia, en tanto mecanismo de solución de estos conflictos, y de sus respectivos elementos de existencia. La parte medular de este trabajo la componen los capítulos tercero y cuarto, donde se analiza la aplicación del principio de publicidad en esta especial forma de proceso y, principalmente, el establecimiento de destacadas excepciones configurativas de secreto. De entre ellas, destaca la declaración de confidencialidad y reserva, institución que supone interesantes problemáticas, como la de su justificación, contenido, alcance y fuente, control judicial y efectos intra y extraprocesales, todas las cuales serán analizadas detallada y críticamente.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En este trabajo se analiza la incorporación probatoria del Informe Final de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyo único objetivo, según el Anexo 13 del Convenio de Chicago, es el de establecer la causa del accidente para así efectuar recomendaciones de seguridad que permitan evitar la repetición del accidente y no el establecimiento de culpas o responsabilidades. La incorporación probatoria del Informe Final puede afectar dicho objetivo. Por ello, en esta tesis se analizan las relaciones entre la investigación técnica y los procesos judiciales, las limitaciones a la incorporación probatoria del informe y la naturaleza de éste como medio de prueba. En cuanto a sus relaciones, se evidencia que ambas comparten el objetivo de descubrimiento de la verdad del accidente, pero se diferencian en su regulación y contexto. En lo relacionado a su incorporación probatoria, el I.F es un medio de prueba ilegal e ilícito. En lo tocante a su naturaleza como medio de prueba, se consideran dos perspectivas. Como fuente de prueba no es un instrumento público, sino un documento oficial dotado de una presunción de autenticidad y veracidad. Como medio de prueba, es un testimonio experto documentado, por lo que, para proteger el derecho al contradictorio de las partes, no puede incorporarse como prueba documental, sino a lo más, como un testimonio documentado sometido a la validación de las partes con la aquiescencia del tribunal. 4 Al mismo tiempo, su valoración debe ser cuidadosa considerando que la DGAC es un ente parcial y que, por lo tanto, no es un auxiliar de la administración de justicia. También, debe considerarse que el I.F. es una prueba científica y debe evitarse su sobrevaloración. En sede civil, el I.F. es valorado como una presunción judicial