Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En pos de la justicia en las relaciones entre grupos étnicos –lo que Kymlicka llamara la “justicia etnocultural” - este trabajo buscará analizar la configuración de un Estado multicultural en Chile, que permita una adecuada y justa integración del pueblo aymara a la sociedad mayoritaria, concentrándonos de forma primordial en la violencia simbólica que dimanó y dimana de las estructuras jurídico-ideológicas de la sociedad mayoritaria hacia el pueblo aymara y que justifica, sustancialmente, la necesidad de su reparación . Dividiremos nuestro trabajo en cuatro partes. La primera estará destinada a un somero repaso de las circunstancias histórico-políticas de las relaciones chileno-bolivianas que, desde sus inicios, se vieron inmersas en una dialéctica compleja, y que hasta el día de hoy no ha sido resuelta en términos convenientes para ambas partes. Dentro de este cuadro encontramos al pueblo aymara. Separado formalmente por la creación de los Estados nacionales, ha debido soportar diversas políticas ajenas a su cultura y organización social. La segunda parte, se concentrará en el pueblo aymara. En este orden de cosas, el capítulo II rezará sobre la historia e identidad común de los aymaras pertenecientes a los distintos Estados. A partir de esto, en los capítulos subsiguientes –capítulos III y IV- se hará una sucinta relación tanto de los problemas que aquejan actualmente a los aymaras (v. gr., enajenación y desarticulación de sus recursos naturales, educación desarraigante, etc.), como de sus organizaciones actuales. En la tercera parte pasaremos a reflexionar sobre los fundamentos teóricos y filosófico-políticos que proporcionan las bases para una integración justa del pueblo aymara al Estado chileno. En un primer término (capítulo V), se expondrán las razones que se han esgrimido en la doctrina contemporánea a favor del reconocimiento jurídico de las minorías dentro de las democracias liberales. En el capítulo siguiente (VI), se revisarán las bases ideológicas que dieron vida al Estado-nación, para luego narrar la historia de las relaciones entre el pueblo aymara y los sucesivos regímenes a los que se vieron sometidos, desde la llegada del imperio español hasta nuestros días. De aquí se pasará a indagar (capítulo VII) de qué forma la igualdad jurídica puede derivar en un sistema opresivo para aquellas culturas que difieren de los patrones normativos y morales occidentales, y el por qué es necesario establecer derechos diferenciados para salvaguardar su identidad. Siguiendo la misma línea de análisis, el capítulo VIII versará sobre los límites de la tolerancia: hasta qué punto es legítimo prohibir/permitir el desarrollo de las costumbres indígenas dentro de una sociedad liberal, ejemplificando el dilema con la antinomia entre el manejo aymara del recurso hídrico y el sistema legal chileno. La última parte de este trabajo estará destinada a revisar las dos principales prerrogativas legislativas que se demandan por el pueblo aymara –y los pueblos indígenas en general- para empezar a hablar de la configuración de un Estado multicultural. Antes de ello, en el capítulo IX, se pasará revista a las constituciones latinoamericanas y los avances que se han hecho en materia indígena. Por último, en el capítulo X, se analizará el caso chileno en lo referido al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la aprobación del Convenio 169 de la OIT.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se abordará el régimen administrativo que afecta al territorio insular de Isla de Pascua, zona que por mucho tiempo ha quedado relegada por parte del Estado, en gran parte debido a su aislamiento geográfico y que la reforma constitucional del año 2007, que introduce el artículo 126 bis a nuestra Constitución Política de la República , pretendió remediar dando el primer paso y dejando establecido el marco normativo constitucional necesario para la posterior dictación de las Leyes Orgánicas Constitucionales que establecerán el Estatuto de Gobierno y Administración para los Territorios especiales de Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández. Con respecto a Isla de Pascua se envió un proyecto de ley que ingresó a nuestro Congreso por Mensaje Presidencial en Junio de 2008, encontrándose actualmente en el Primer Trámite Constitucional en nuestra Cámara de Diputados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación se desarrolla en torno a la aplicación en el derecho chileno de la consulta indígena del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), a propósito del recurso de protección como la principal vía de tutela judicial ejercida por las comunidades indígenas que han demandado una implementación efectiva de sus derechos, por cuanto estos pronunciamientos han logrado influir en la regulación estatal sobre la materia. Al respecto, se hace necesario dilucidar el correcto sentido del Convenio asociado al deber de consulta, a fin de que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones internacionales, sin descansar en la búsqueda de los medios idóneos para hacerla operativa y eficaz. Con ello, será posible evitar la instalación de un ambiente de incertidumbre en la proyección de cualquier tipo de medida, sea gubernamental o privada, que deba ser previamente consultada. Para alcanzar este objetivo se ha conformado una base de documentación a través de la recolección, análisis y sistematización de la principal jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales superiores de justicia a través de los pronunciamientos sobre diversas acciones constitucionales incoadas por diferentes pueblos y organizaciones indígenas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tesis no disponible en línea / Este trabajo presenta y, a la vez, analiza las teorías políticas detrás de estas dos posiciones: El comunitarismo y el liberalismo respectivamente, en el contexto de las relaciones entre el estado chileno y el pueblo mapuche con el fin de conciliar ambas posturas. Para estos efectos el trabajo se dividirá en dos partes. La primera expondrá los principales postulados y representantes de cada doctrina a partir de su concepción ontológica y a partir de éstas, se introducirá una posición intermedia entre el liberalismo y el comunitarismo, para proponer una solución al conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche. Luego de la presentación de este marco teórico, en la segunda parte se expondrá el conjunto de políticas del estado chileno frente al pueblo mapuche documentadas en el conjunto de leyes dictadas a lo largo de la historia republicana. Finalmente, se aplicarán las conclusiones del marco teórico en el contexto del referido conflicto para justificar el reconocimiento jurídico y efectivo de derechos especiales para el pueblo mapuche como minoría nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el primer capítulo, se expondrá el problema político constitucional que ha significado la demanda de los pueblos originarios por su reconocimiento constitucional, explicando las directrices generales de su reconocimiento y mostrando cómo las fórmulas de este reconocimiento significativo derivan en un eje central de autonomía. En el segundo capítulo, se nombrarán las distintas respuestas políticas a la cuestión de la multiculturalidad y las alternativas jurídicas que permiten, en la experiencia histórica y comparada, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: la constitucionalización a través del ius Gentium y las formas pacticias, la constitucionalización a través del reconocimiento judicial y la constitucionalización a través de la reforma constitucional o del ejercicio del poder constituyente originario. En el tercer capítulo, se analizará las formas de autonomía expresadas en el derecho de participación y en las fórmulas de gobierno territorial, de manera que se repasarán los modos de expresión del derecho a participar en las instancias decisorias. En el cuarto capítulo, se explicará la autonomía territorial y sus posibles fórmulas a partir de las instituciones o figuras disponibles del derecho público chileno que aún no se ha desarrollado completamente y que, por lo tanto, poseen un potencial no plenamente aclarado para la gestión de la autonomía dentro la estructura políticojurídica de un Estado unitario como el chileno. En el quinto capítulo, se desarrollara la protección que la Ley Indígena de 1993 brinda a la propiedad indígena, y también se expondrán algunos conflictos 6 normativos concretos que ha suscitado la aplicación de dicha ley con el Derecho chileno vigente. En el sexto capítulo, se repasarán los comentarios y críticas que han surgido de la reciente propuesta de Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía presentado por el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar de forma doctrinaria y jurisprudencial el impacto que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan tener en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando éstas tengan como sujeto principal comunidades indígenas. Para realizar este estudio se analizó una vasta recopilación de bibliografía y jurisprudencia internacional relativa tanto al derecho internacional de los derechos humanos como a comunidades indígenas. Con la información provista por estas fuentes se pasó a analizar 10 sentencias de la Corte Interamericana cuyos criterios interpretativos y conclusiones demuestran la hipótesis de esta tesis. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado, que de manera concreta y práctica permite al lector identificar qué, cómo, y porqué particularidades y costumbres de comunidades indígenas son tomadas en consideración por un tribunal regional de Derechos Humanos al momento de dilucidar un conflicto y de paso llevar hacia adelante la protección de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente, los pueblos indígenas han sido un grupo minoritario desfavorecido social, cultural y económicamente, en parte por un sistema deficiente de protección de sus derechos fundamentales. Las políticas asimilacionistas de los Estados modernos priorizaron legitimar su soberanía y su cultura por sobre las de los originales habitantes, sin tener en consideración sus instituciones. De esta forma, se han producido graves perjuicios en los modos de vida de las comunidades y en el vínculo tradicional de éstas con su entorno. Se han privilegiado los proyectos de desarrollo y las actividades extractivistas de recursos naturales, afectando territorios indígenas. La “modernización legislativa” en leyes sectoriales durante la dictadura militar chilena es tan sólo una muestra más de la consolidación y legitimidad de un modelo neoliberal de desarrollo sustentable que busca fomentar y asegurar la inversión privada. Con el pasar de los años, el desarrollo de la doctrina de los derechos fundamentales ha sido el parámetro para limitar las instituciones que restringen los derechos colectivos de los pueblos originarios, amparados en los estándares reconocidos en diversos instrumentos internacionales por las naciones. A la luz de dichos estándares, lo que busca este trabajo es analizar la legislación actual chilena y sus instituciones en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de sus pueblos indígenas. Para esto, realizaré un estudio comparado de las instituciones nacionales con las de Australia, país angloparlante que vislumbra progresivamente vías participativas de confección de políticas públicas en materia indígena, en el marco de la visita del año pasado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación indígena al país oceánico. Siguiendo los estudios e informes de los anteriores Relatores Especiales se puede realizar un diagnóstico constructivo para la mejora en las instituciones de ambos países, con tal de asegurar la protección de los derechos de sus pueblos originarios.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La memoria estructura en base a una introducción; 7 capítulos; las conclusiones del memorista; y la bibliografía que fue utilizada para realizar el trabajo; contiene, además, 539 notas a pie de página. La Introducción plantea el problema y señala los elementos que servirán de base para analizarlo. El Capítulo I aborda la naturaleza de la consulta. En este capítulo se analiza la consulta como un derecho de los pueblos indígenas, de carácter colectivo y los inconvenientes que existen para su inserción dentro del sistema de derechos humanos, específicamente en la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte del Sistema de Naciones Unidas. Para el entendimiento de la consulta, se expone, además, el fenómeno de la diversidad cultural y las respuestas que se han levantado para responder 2 a la misma, así como de los derechos de las minorías y la particularidad de los pueblos indígenas. El tratamiento específico de los derechos colectivos, especialmente en la propuesta del filósofo canadiense Will Kymlicka, aporta un contenido teórico a la fundamentación de este tipo de derechos y la solución del problema de las demandas de las minorías y los pueblos indígenas, y abordando su estudio desde una perspectiva de la doctrina liberal, que pone su acento en la libertad individual. En términos generales, los derechos colectivos y su marco teórico no son conocidos en nuestro país; la escasa bibliografía nacional y la casi nula referencia a este tipo de derechos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia constituyen síntomas que reflejan esa realidad. Y esta situación se ha mantenido, pese a que la consulta y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo han generado discusiones y modificaciones legislativas importantes en varios países de nuestra región desde hace bastante tiempo. 3 Se exponen algunas notas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y los problemas que presenta la titularidad de esos derechos. Finalmente, la jurisprudencia nacional sobre el carácter y jerarquía del Convenio ha revivido nuevamente el debate acerca de un antiguo tema en nuestro país; el rango normativo de los tratados internacionales de derechos humanos y el sentido de la cláusula constitucional establecida en el artículo 5 inciso segundo de nuestra Constitución. Y en este punto, es posible constatar nuevamente las dos visiones que tienen, por una parte el Tribunal Constitucional, y por otra, los Tribunales Superiores de Justicia. El Capítulo II trata del contenido y concepto del derecho a la consulta. En este capítulo se contrastan particularmente los pronunciamientos de fuente internacional y nacional acerca de cómo se está entendiendo este derecho de los pueblos indígenas. También se estudian en detalle los criterios que surgen en el ámbito nacional y se efectúan las críticas correspondientes. El Capítulo III se refiere a la consulta y sus limitaciones. Esta parte de la memoria intenta dar algunas mínimas pautas acerca de este tema, que también 4 ha sido escasamente abordado por la doctrina y jurisprudencia nacional. El Capítulo IV alude a la fuente del derecho a la consulta en el derecho internacional. En este capítulo se intenta dar a conocer una materia que tampoco ha sido estudiada en profundidad en nuestro país, y que bien puede incentivar un análisis acerca de la complejidad del fenómeno de la consulta en el ámbito internacional, que ha provocado que muchos organismos se estén dedicando a emitir opiniones o directrices acerca del asunto, en el ámbito de sus competencias, y que debería llevar a ordenar y sistematizar esos pronunciamientos, a fin de pesquisar las concordancias y contradicciones que puedan existir. En el l Capítulo V se ve el fundamento del derecho a la consulta. Este capítulo expone las razones que esgrimen diversos autores y los propios pueblos indígenas, acerca de los motivos para que éstos últimos deban ser consultados sobre ciertas medidas que se pretendan dictar por parte de ciertos organismos del Estado. El Capítulo VI aborda la consulta como proceso, procedimiento 5 mecanismo y principio. Esta parte de la memoria sólo busca entregar algunos conceptos que permitan perfilar de mejor manera el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. El Capítulo VII expone algunas ideas sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este capítulo se entregan algunas breves nociones acerca de la Declaración y el debate que ha generado, en el ámbito doctrinario, su pretendida fuerza obligatoria. Además, se efectúan algunos comentarios sobre la consulta en este instrumento internacional, así como de los casos de consentimiento previo que recoge, y que dan cuenta claramente que la Declaración es un instrumento que persigue establecer un marco de protección superior al Convenio. Finalmente, se exponen las conclusiones y propuestas del memorista, en base al diagnóstico realizado en el contenido de la memoria, y a continuación, la bibliografía que fue utilizada para realizar el trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho de contratación comparada e internacional ) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En la presente tesis se analiza la regulación internacional del conocimiento tradicional. Se parte con la delimitación conceptual del término “conocimiento tradicional” para luego determinar su titularidad y características primordiales. A continuación se analizan los modelos de apropiación y protección del conocimiento tradicional y su cobertura por los derechos de propiedad intelectual. Luego se estudian la apropiación indebida del conocimiento tradicional, conocida popularmente como biopiratería, y algunos de sus casos más publicitados globalmente. Acto seguido, se desmenuza el debate actual sobre el conocimiento tradicional. Se atiende a la discusión en diferentes foros internacionales, en especial en la UNESCO, en Tratados de Derechos Humanos, en la FAO, en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la OMC (en especial su Acuerdo TRIPS), en Acuerdos con regímenes TRIPS plus y en la Comunidad Andina de Naciones. Por último, se terminan proponiendo soluciones de apropiación y protección del conocimiento tradicional de lege lata y de lege ferenda