Según una reciente encuesta elaborada por CPI, que evalúa la aprobación de diversas instituciones públicas en el Perú, el Poder Judicial ocupa el puesto número dos dentro de las instituciones públicas con mayor desaprobación, superada únicamente por el Congreso de la República.1 En nuestro país, es posible que estos resultados ya no causen una gran sorpresa, puesto que el desprestigio actual de esta institución es ampliamente conocido. Al igual que ésta, existen numerosas encuestas anteriores que arrojan los mismos resultados y, muy probablemente, existirán otras en el futuro cuyas conclusiones serán las mismas. No obstante, lo que realmente vale la pena preguntarse, una vez más, es: ¿A qué se deben estos resultados? Para establecer una breve comparación, en el caso del Congreso Nacional de la República, la desaprobación se debe principalmente al desprestigio que existe, particularmente, hacia los congresistas. En el caso del Poder Judicial, se podría decir válidamente que la desaprobación se debe también al desprestigio de los jueces. Sin embargo, se debe notar que en el caso del Poder Judicial, la gran diferencia es que existe, de manera muy marcada, un servicio de por medio: el servicio de justicia. Al hablar de un servicio se debe hablar también de productores y consumidores. Aunque en este caso particular, de un solo productor: el Poder Judicial. / Tesis

A veces perdemos de vista la importancia del respeto a aquellos derechos y principios fundamentales que sustentan a nuestro Estado, todo por darle prioridad a soluciones que ayudan a resolver de inmediato algún problema que se suscite. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo importante no es la solución más rápida y fácil, sino aquella que sea la más adecuada y más justa para todos teniendo en cuenta los diversos factores involucrados así como las consecuencias que se pudieran generar. De esta forma, se debe buscar la opción que respete en la mayor medida de lo posible los derechos fundamentales de la persona y que pueda resolver el problema desde su origen. Tenemos como ejemplo la Ley N° 28389 sobre la reforma constitucional de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993 que entró en vigencia el 16 de noviembre del 2004, mediante la cual se suprimieron los derechos adquiridos en materia pensionaria, y que, por ende, generó la eliminación del derecho a la pensión nivelable e imposición de topes, vulnerando así el Estado Social de Derecho. Esto se da debido a que no se respetaron los principios y derechos sobre los cuales se asienta todo Estado de Derecho y que sirven de sustento a nuestra Constitución. / Tesis

Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo aborda la evolución normativa que ha tenido la regulación de la iniciativa de ley a través de las diferentes Constituciones y otras normas complementarias que se han dictado en Chile desde 1811 hasta 2019 inclusive, resaltando los cambios e innovaciones que cada una de ellas ha presentado en este campo, con el objeto de poder entender los fundamentos que rigen la regulación de esta materia en la Carta Fundamental de 1980. Seguidamente, el trabajo se enfoca en estudiar los diferentes tópicos y puntos de vista presentados sobre la materia tratada, por la doctrina nacional, la jurisprudencia, los que se desprenden de la legislación comparada, y de los cambios propuestos en los diferentes proyectos de reforma constitucional presentados a la fecha, con el fin de poder hacer un análisis crítico de la actual regulación de la iniciativa de ley en Chile, y proponer las bases de los potenciales cambios que sean pertinentes de aplicar en este terreno

La Constitución Política del Perú de 1993 y la Constitución Política de Panamá de 1972 prevén la reforma total de la Constitución, pero el tema de los alcances de este tipo de reforma no es pacífico, y a pesar de que ninguna de estas constituciones establece cláusulas pétreas, queda la posibilidad de plantear la existencia de límites materiales implícitos al poder de reforma. Los límites materiales implícitos a la reforma constitucional se presentan entonces como diques de contención con los que se intenta impedir en última instancia la caída del sistema constitucional. Así, la reforma constitucional total, no puede ser total en el sentido de que pueda legítimamente desconocer la dignidad del hombre, los derechos fundamentales o la soberanía popular característica del Estado constitucional democrático, pues terminaría socavando la propia esencia de la Constitución como herramienta de limitación del poder político y protección de los derechos fundamentales. En realidad, desde el punto de vista material, toda reforma deberá ser limitada y parcial, aun en los casos de aquellos Estados constitucionales cuyas Constituciones aparentemente han “constitucionalizado la función constituyente” y no han previsto límites materiales expresos frente a la reforma. En esta misma línea, el control de constitucionalidad de la reforma es una consecuencia lógica de la necesidad de autoconservación del Estado constitucional, pero además, dicho control no queda limitado a los aspectos meramente formales de la reforma, sino que abarca la defensa de los principios básicos que definen una Constitución en sentido moderno, entre ellos, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Así, si el constituyente no ha dispuesto límites materiales expresos al poder de reforma, los órganos jurisdiccionales supremos de control de constitucionalidad deberán entrar a discernir aquellos elementos que se levantan como barreras frente a cualquier intento de destruir el sistema constitucional mediante una reforma. / Tesis

El principal rol que el Estado tiene es asegurar que los bienes y servicios que administra se ejecuten de manera más adecuada y beneficiosa para los ciudadanos, sobre todo asegurando la prestación de los servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Adicionalmente, no podemos negar que actualmente en el Perú existen serias deficiencias y debilidades institucionales, lo que genera que en muchos casos los asuntos públicos y de interés general, como los servicios públicos, no sean atendidos eficientemente por parte del Estado, sin embargo al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho no podemos desconocer la división de poderes, que es la base del orden y distribución de funciones en el Estado. / Trabajo académico

En el Perú existen muy pocas instituciones políticas sólidas. Entre las más endebles están los partidos políticos: hasta hace poco, era casi un consenso entre los politólogos que el sistema peruano podía describirse como una “democracia sin partidos” (Levitsky y Cameron, 2003; Tanaka, 2005). Este problema, a su vez, genera otros que afectan la calidad de diversas instituciones, así como la calidad de las leyes y de la economía. Como ya se ha sugerido (Tuesta, 2012; Transparencia, 2013), al menos parte de la solución a este problema pasa por reformar el deficiente diseño de las normas electorales vigentes, hoy reguladas en la Constitución, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Orgánica de Elecciones; entre otras (varias) normas. Con el propósito de contribuir a dicha tarea, y analizando el problema bajo la óptica de la Opción Pública (Public Choice), el presente trabajo plantea una propuesta de reforma constitucional que crearía incentivos para que sean los propios partidos los que busquen mejorar. Esto es, modificar el procedimiento de elección presidencial para que resulte elegido el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos en una sola elección. Es decir, eliminar la segunda vuelta. Mi conclusión, tras revisar algunos aspectos teóricos y la experiencia comparada de seis estados además del Perú, es que la medida propuesta impulsaría al sistema de partidos peruano a migrar progresiva y espontáneamente hacia uno en el que coexistan solo dos fuerzas políticas relevantes. Por necesidad, ambas tenderían a estabilizarse en el mediano plazo. Y con ello, el sistema de partidos ganaría orden y predictibilidad. / Tesis

La presente investigación titulada “La Reforma Constitucional como Garantía Jurídica frente al Poder Político en el Perú” aborda la problemática que se cierne en torno a los procesos de reforma constitucional llevados a cabo en el Perú en vinculación al poder político como aquel factor que aparece como la principal causa que motiva su realización, no sin antes distinguir las dos formas en que puede reformarse una constitución: total y parcialmente. Siendo de mi mayor interés el referirme con mayor detenimiento al estudio de la reforma total, por cuanto ésta ha sido recogida en la Constitución de 1993, en su artículo 32°. La pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿Cuál es la relación existente entre el poder político y los procesos de reforma constitucional llevados a cabo en el Perú, distinguiendo dicha relación por el tipo de gobierno que la llevó a cabo? Luego de trabajada la hipótesis planteada obtuvimos como resultado que el principal factor que ha determinado las reformas constitucionales en el Perú, es el factor político, independientemente del tipo de gobierno que la llevó a cabo. Se ha podido arribar a la conclusión de que en el Perú los problemas de reforma constitucional, más que problemas de derecho, son problemas de poder político, pese a que dentro de un estado constitucional se reconoce hoy a las constituciones como auténticos documentos jurídicos, lo que tanto ha servido para sustentar el principio de supremacía constitucional, y permitir, a su vez, la elaboración de mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes.

La reinterpretación del artículo 9 estuvo influenciada por el uso de un liderazgo político anti-mainstream por Shinzo Abe desde que llega al poder en 2012. Los medios utilizados para lograr este fin fueron cuatro: la alianza con el partido Nuevo Komeito en el Parlamento Bicameral, la intimidación de medios de comunicación críticos hacia la postura anti-mainstream de Abe, la reinterpretación de tradiciones existentes o temas sensibles como el de las ‘mujeres confort’, las visitas al santuario Yasukuni y las transformaciones de la política de defensa, y finalmente, por medio de una ‘diplomacia orientada hacia los valores’. Del mismo modo, Abe ha hecho uso de la firma de Tratados de Libre Comercio para acercarse no solo de manera comercial, sino en materia de seguridad a otros países de la región, como India o Australia, para quitarle influencia a China en la región del Este Asiático. Por otro lado, la presión que ha ejercido la relación en materia de seguridad con Estados Unidos, la influencia política y económica de China en la región y la amenaza bélica norcoreana, si bien han ‘facilitado’ la reinterpretación, han sido, en cierta manera, sobre-dimensionadas por Abe para agilizar la implementación de su agenda en materia de seguridad. / Tesis

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta obra tiene como objetivo generar perspectivas respecto de la evolución constitucional que Chile ha experimentado a partir de la creación e incorporación del Tribunal Constitucional y la complementación de atribuciones que introduce en este órgano la Ley 20.050, promulgada en el año 2005. Además, se abordarán en particular las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en relación al control preventivo obligatorio que éste tiene encomendado realizar. El interés en abordar las materias ya señaladas radica en la función que vino a cumplir la reforma constitucional mencionada, esto es, solucionar diversos vacíos, 7 dudas o quebrantamientos del orden jurídico que se presentaban para determinar la radicación de la competencia en materia de control jurisdiccional de constitucionalidad