La presente tesis doctoral está insertada en la línea de investigación Principiología Constitucional y Política del Derecho, que envuelve una reflexión acerca de la producción de la norma legitimada por la sociedad contemporánea y estudia la posibilidad (o no) de la reducción de la mayoría de edad penal en el estado brasileño, una flexibilización de las aplicaciones de las medidas socioeducativas, bajo la óptica de la Teoría General de los Derechos Humanos. Está contextualizada en la realidad brasileña frente al desarrollo socioeconómico y su influencia en el crecimiento de infracciones de menores, el proceso de evolución de la legislación protectora de la infancia y adolescencia en el ámbito nacional e internacional, finalizando con un análisis de proposiciones de enmienda a la Constitución referente a la polémica de la reducción de la mayoría de edad penal.

Ponentes: -Profesor Luis Alfonso García Corrochano, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (UPC) (Perú) / - Profesor Víctor Rodríguez Cedeño, profesor de Derecho Internacional, Ex Miembro de la Comisión de Derecho Internacional (Venezuela) / -Profesor Antonio Pastor Palomar, docente de Derecho Internacional de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid (España) / - Doctor Juan Carlos Gutiérrez, representante legal de víctimas en los Exámenes Preliminares de Colombia y Venezuela (España) / - Profesor Claudio José Sandoval Velásquez, docente de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de Georgia. (EEUU) / Reflexiones para evaluar si hay razones fundadas o no para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluya el Examen Preliminar e inicie la investigación formal con miras a establecer, la responsabilidad penal individual internacional.

Profesora Milagros Betancourt Catalá, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) / - Profesor Juan Carlos Sainz-Borgo, Decano de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas (Costa Rica) / - Doctor Blas Imbroda Ortiz, Doctor en Derecho, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (España) / - Profesora Soranib Hernández de Deffendini, docente de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III (España) / - Profesora Carmen Alguindigue, representante legal de víctimas en los Exámenes Preliminares de Venezuela (Andorra) / Reflexionar sobre si hay o no razones materiales para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie la investigación formal para establecer la responsabilidad penal individual internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Este trabajo busca precisar la naturaleza jurídica y el por qué de la regla especial de exclusión de punibilidad del artículo 4 de la Ley 20084. Primeramente, a través de la historia del establecimiento de la ley, incluyendo los objetivos del mensaje Presidencial que le dio origen, este trabajo describirá las características especiales del sistema implementado de responsabilidad penal de los adolescentes, fijando algunos temas fundamentales para comprender los fines de la Ley. Conceptos como responsabilidad, imputabilidad penal, bien jurídico tutelado y culpabilidad son claves a la hora de precisar cuál es el objetivo del artículo 4 de la Ley 20084

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / En el presente trabajo se pretende analizar las consecuencias jurídicas de la sanción penal impuesta bajo el régimen de adolescentes previsto en la ley 20.084 ante un nuevo reproche penal, ahora como adulto, en relación con la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, la agravante de responsabilidad penal de reincidencia y la posibilidad de obtención de penas sustitutivas según lo dispone la ley 18216. Lo anterior, atendido a que nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente estas consecuencias, lo que ha dado lugar a diversas respuestas e interpretaciones jurisprudenciales sin que hasta la fecha exista una posición pacifica al respecto

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo busca constituir un aporte en el desarrollo del derecho penal juvenil, al sumarse al desafío de construir respuestas especializadas frente a los vacíos de la Ley de responsabilidad penal del adolescente y así permitir la existencia un sistema penal realmente diferenciado para jóvenes, en el que, partiendo del reconocimiento de las especiales necesidades del agente infractor, se contemplen normas, estándares y reglas diferenciadas y particulares. Para ello se escogió una materia no regulada en la Ley de responsabilidad penal del adolescente, la figura del delito imprudente, y se buscará demostrar la necesidad de que, al momento de valorar este tipo de ilícitos adolescentes, el juez debe adoptar un estándar de juzgamiento diferenciado reemplazando el parámetro del “hombre medio razonable” por el de “joven medio razonable”. Para fundamentar la propuesta se recurrirá a un principio rector del derecho penal juvenil, el principio de especialidad, consagrado en tratados internacionales ratificados por nuestro país. Se atenderá también a los datos aportados por investigaciones científicas, que, desde la realidad empírica, sirven de fundamento a dicho principio y evidencian los cambios que a nivel cerebral, físico e intelectual se verifican durante la adolescencia, cambios que, según se ha demostrado, producen efectos conductuales y obstan a que adolescente y adulto puedan orientar su actuar conforme a un único estándar indicador de la máxima de conducta como lo es el parámetro del hombre medio razonable.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en conductas prohibidas. Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos humanos, no discriminación, ética, etc. Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de prevenir y sancionar determinados delitos. En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente, en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un programa de cumplimiento. El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de cumplimiento el contar con dichas normas. Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados por las actividades empresariales. / Trabajo de investigación

El compliance es una palabra que ha generado revuelo en el desarrollo de los negocios. Casos emblemáticos como Odebrecht, Volkswagen, GyM, entre otros, han puesto de relieve la importancia de la ética, la responsabilidad social y el riesgo legal, convirtiéndose en elementos fundamentales y necesarios dentro de las organizaciones empresariales, a fin de evitar efectos devastadores en la imagen, reputación y relación con la sociedad. Justamente estos términos dotan de contenido y sirven de base para el funcionamiento eficaz del compliance, permitiendo que este se convierta en un mecanismo de gestión de riesgos legales, el cual, acompañado de una verdadero y sólida cultura de cumplimiento, permite un desarrollo de la empresa en armonía con la sociedad. Actualmente, el compliance se gesta como una nueva forma de hacer negocio, cuya obligatoriedad viene sostenida por el mercado internacional. Tomando ello como base, nuestra realidad social nos empuja a enfocar nuestra mirada a la relación de este mecanismo con la micro y pequeña empresa (en adelante, pequeñas compañías), motores de la estructura empresarial peruana. De esta manera, el presente trabajo pretende ofrecer una visión general de la importancia del compliance en las pequeñas compañías, demostrando su importancia en el desarrollo de las mismas, adecuando este mecanismo a las características particulares de este tipo de empresas y proponiendo ciertas mejoras como punto de partida para mayores investigaciones. / Trabajo de investigación