La presente investigación tiene como objetivo estudiar el paternalismo estatal aplicado a problemas de salud pública con el objetivo de elaborar una herramienta para determinar la validez de intervenciones concretas. Por paternalismo en salud pública se aludirá, de forma abreviada, a toda intervención (mayoritariamente estatal) que tiene como objetivo a ayudar que individuos que conforman una población lleven o dejen de llevar a cabo conductas (acciones u omisiones) por el bien de su propia salud. / Tesis

El artículo de investigación analiza el sistema de salud, específicamente su descentralización, como parte de la reforma del Estado, donde se podrá verificar si dicho proceso en el sector salud se está llevando a cabo de manera idónea y uniforme en todos los niveles de implementación del mismo, donde se debería incorporar el acceso, la participación y la equidad respecto del derecho fundamental a la salud de todas y todos los peruanos. Asimismo, se determinó que la descentralización debería ser un proceso gradual y progresivo, que tiene como objetivo de brindar a cada uno de los peruanos un servicio de salud accesible y eficiente; asimismo, la de garantizar los derechos a la seguridad social y a la salud de las personas. / Trabajo académico

El derecho a la salud sexual y reproductiva y la situación particular de la población adolescente no suelen ser protagonistas de la agenda pública ni de la doctrina nacional. Por ello, en el presente trabajo se pretende abrir un punto de discusión en torno a los derechos de este sector de la población, muchas veces olvidado por el Estado peruano. Para ello, se parte del análisis de la Ley Nº 28704 y sus impactos en los derechos de los adolescentes, entre ellos, a la salud sexual y reproductiva. En dicho contexto resultó necesaria la intervención del Tribunal Constitucional, quien finalmente la declaró inconstitucional. Sin embargo, esta decisión solo fue un primer paso para lograr proteger y garantizar la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Por ello, en el segundo capítulo se analizan las medidas adoptadas por el Estado peruano en dicha materia, a efectos de verificar el cumplimiento o no de sus obligaciones, de conformidad con las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y bajo un enfoque basado en derechos humanos. Finalmente se concluye que, si bien hay notables avances, queda aún mucho trabajo por realizar. Por ello, resulta necesario no solo ahondar en la discusión académica –que sirve de insumo–, sino sobre todo elaborar e implementar políticas públicas efectivas, orientadas a garantizar realmente los derechos de las y los adolescentes bajo los enfoques y obligaciones expuestas en el presente trabajo.

La presente investigación tiene como objetivo estudiar el paternalismo estatal aplicado a problemas de salud pública con el objetivo de elaborar una herramienta para determinar la validez de intervenciones concretas. Por paternalismo en salud pública se aludirá, de forma abreviada, a toda intervención (mayoritariamente estatal) que tiene como objetivo a ayudar que individuos que conforman una población lleven o dejen de llevar a cabo conductas (acciones u omisiones) por el bien de su propia salud.

La introducción de patentes para proteger los productos farmacéuticos (1991) ha reducido el acceso de la población, con escasos recursos económicos, a los medicamentos. Esta medida fue tomada a nivel regional y se va fortaleciendo progresivamente mediante la firma de tratados como el TLC con Estados Unidos, que el Perú ha suscrito. Sin embargo, el mayor problema que enfrenta la salud pública es el abuso del dominio de dichas patentes, el cual reduce incluso mucho más la posibilidad de acceder a los medicamentos. Esto se debe a que, al lograr incrementar la duración del monopolio de la patente, los medicamentos mantienen precios muy elevados por más de los 20 años. Frente a este constante conflicto entre: los derechos de exclusividad de las patentes sobre nuevos fármacos y la necesidad de la población de acceder a los medicamentos primordiales, este trabajo pretende mostrar que no tenemos una regulación clara sobre el derecho de las patentes que compatibilice con el derecho a la salud, ya que, si bien existen mecanismos de flexibilidad generados en el propio sistema de patentes a nivel internacional, a nivel interno nos falta establecer normas más concretas y reforzar los organismos estatales (Indecopi). Del mismo modo, mostraré la nueva problemática en torno a la actual pandemia del COVID-19 pues este gran impacto nos motiva a replantear el futuro de los monopolios de explotación en ámbitos tan importantes como la salud de las personas / The introduction of patents to protect pharmaceutical products (1991) has reduced the access of the population, with limited economic resources, to medicines. This measure was taken at the regional level and is progressively strengthened through the signing of treaties such as the TLC that Peru has been signing. However, the biggest problem facing public health is the abuse of patent domain of patents, which further reduces the possibility of accessing medicines. This is because, by increasing the duration of the patent monopoly, medicines maintain very high prices for more than 20 years. Faced with this constant conflict between: the exclusive rights of patents on new drugs and the need of the population to access essential drugs, this work aims to show that we do not have a clear regulation on patent law that makes compatible with the right to health, since, although there are flexibility mechanisms generated in the patent system itself at the international level, at the internal level we need to establish more concrete laws and reinforce state agencies (Indecopi). In the same way, I will show the new problems surrounding the current COVID-19 pandemic as this great impact motivates us to rethink the future of exploitation monopolies in areas as important as health of people.

La presente investigación tiene como finalidad analizar la problemática de Keytruda, un medicamento que ha venido demostrando tener grandes beneficios para el tratamiento de diversos tipos de cáncer pero que lamentablemente no es de fácil acceso debido a su poca disponibilidad y elevado precio. Sobre el particular, el objetivo consta en brindar una solución de índole jurídica que involucre la implementación de una política pública cuya finalidad última sea tutelar el derecho a la salud y privilegiar el interés público existente en el presente caso. Para lograr ello, resulta pertinente realizar un test de ponderación que plantee conciliar esta necesidad con los derechos de exclusiva otorgados a Merck Sharp & Dohme (MSD), quien es el titular de la respectiva patente. En ese sentido, el análisis propuesto busca a proponer al sistema de licencias obligatorias como la vía más adecuada para solucionar la problemática planteada. Así, nuestra propuesta no solamente está diseñada para brindar una salida al conflicto en cuestión, sino que también posee una vocación de servir como una alternativa válida ante el actual contexto de los elevados costos que tienen los tratamientos oncológicos. / The purpose of this research is to analyze the problems of Keytruda, a drug that has been shown to have great benefits for the treatment of various types of cancer but that unfortunately is not easily accessible due to its low availability and high price. In this regard, the objective is to provide a legal solution that involves the implementation of a public policy whose ultimate goal is to protect the right to health and give priority to the public interest in this case. In order to achieve this, it is pertinent to carry out a weighting test to reconcile this need with the exclusive rights granted to Merck Sharp & Dohme (MSD), which is the holder of the respective patent. In this sense, the proposed analysis seeks to propose the system of compulsory licenses as the most appropriate way to solve the problems raised. Thus, our proposal is not only designed to provide a solution to the conflict in question, but also has a vocation to serve as a valid alternative in the current context of high costs of cancer treatments.

El objeto de este artículo académico es poner a la vista el frágil sistema de salud y, además, el inconcluso proceso de descentralización en materia de salud específicamente hacia los niveles de gobierno local, pues, ello ha generado cuestiones como las que se plantea en el presente artículo, es así que, las municipalidades a través de ordenanzas imponen medidas o exigencias dentro de este contexto de pandemia, las cuales serán analizadas a la luz de las normas municipales y de salud, entre ellas: la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud; a fin de determinar que las municipalidades no tienen competencias exclusivas ni compartidas en materia de salud, específicamente, sobre la regulación de la aplicación de pruebas Covid- 19, y el uso de desinfectantes de las superficies de todos los espacios de atención al público. / The purpose of this academic paper is to bring to light the fragile health system and, in addition, the unfinished process of decentralization in health matters, specifically towards local government levels, as this has raised issues such as those raised in this academic paper, i.e., municipalities through ordinances impose measures or requirements within this context of pandemic that in light of municipal and health regulations, Among them, Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 27783, Law on the Bases of Decentralization and Law No. 26842, General Health Law, they have no exclusive or shared competences in sanitary matters, specifically on the requirement of the application of Covid-19 tests, and the use of disinfectants from the surfaces of all public service spaces.

Las adicciones han sido históricamente abordadas en nuestra legislación no como problemas de salud mental, sino como situaciones que generan una serie de consecuencias jurídicas que restringen los derechos de las personas adictas. Estos trastornos se han construido sobre la base de una concepción moral que ha impedido tratarlas de manera adecuada. A pesar de esta situación, muchas de estas normas han ido variando y se ha optado por una posición que garantiza cada vez más los derechos de las personas adictas; sin embargo, aun se encuentra pendiente el reconocimiento de su plena autonomía y su capacidad jurídica. El objetivo principal de esta investigación es demostrar que las adicciones son trastornos mentales altamente complejos que deben ser tratados de manera individualizada, objetiva y libre de prejuicios y estigmas. De igual modo, se evidencia cómo la concepción inadecuada de las adicciones ha conllevado a una regulación contradictoria e incongruente en diferentes cuerpos normativos, que requiere con urgencia ser revertida. Son múltiples los desafíos que nos impone el tratamiento de los trastornos de adicciones y es que, si bien ha existido un avance significativo con la dación de la nueva ley de salud mental en este año 2019, aún se requieren otros esfuerzos normativos, a fin de que el tema sea abordado jurídicamente de manera sistémica. Con esta misma finalidad, es necesaria la participación coordinada y activa de diversas entidades públicas que velen por los derechos de las personas con adicciones, especialmente aquellas que se encuentran recluidas en establecimientos de salud mental y presentan serios problemas para acceder a la justicia.

El artículo de investigación analiza el sistema de salud, específicamente su descentralización, como parte de la reforma del Estado, donde se podrá verificar si dicho proceso en el sector salud se está llevando a cabo de manera idónea y uniforme en todos los niveles de implementación del mismo, donde se debería incorporar el acceso, la participación y la equidad respecto del derecho fundamental a la salud de todas y todos los peruanos. Asimismo, se determinó que la descentralización debería ser un proceso gradual y progresivo, que tiene como objetivo de brindar a cada uno de los peruanos un servicio de salud accesible y eficiente; asimismo, la de garantizar los derechos a la seguridad social y a la salud de las personas.

La investigación se justifica en la relevancia práctica de la discusión de los problemas jurídicos encontrados en el expediente. Por un lado, aquellos relacionados al Derecho Administrativo, Constitucional y de Protección al Consumidor (la tipificación reglamentaria de las infracciones administrativas; la aplicación de la figura de la caducidad en los procedimientos de protección al consumidor y la naturaleza jurídica de estos, el objetivo de las multas administrativas, la aplicación de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción).Y, por otro lado, aquellos relacionados al Derecho de Seguros (la obligación de las aseguradoras de cubrir enfermedades preexistentes). El objetivo de la investigación es brindar una opinión sustentada y sumar, con ello, al debate de los temas señalados. El autor evalúa cada problema jurídico a partir de una mirada crítica de la posición de la autoridad administrativa y de la empresa; es por ello que existe un supuesto teórico, una hipótesis y una conclusión particular para cada problema abordado. Sin perjuicio de ello, la conclusión principal de la investigación es que se descubrió que la ejecución de algunas figuras de nuestro sistema, no está del todo clara para ninguno de los actores del sistema jurídico: las autoridades administrativas, la jurisprudencia y la doctrina tienen posiciones distintas sobre los problemas jurídicos abordados en el informe. La importancia de tener claridad en ello, radica en que tiene un impacto real en la vida y en los derechos de los administrados. No solo se trata de una discusión académica