Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda principalmente la problemática de la ejecución e implementación de sentencias de la Corte IDH, en el ordenamiento jurídico peruano, así como los límites convencionales de este tribunal regional, en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sus sentencias. Para tal efecto, se analiza los mecanismos internacionales de supervisión de sentencias internacionales sobre derechos humanos a nivel regional, así como los mecanismos internos de monitoreo, control y supervisión de sentencias internacionales. En ese sentido, utiliza como escenario de análisis o muestra, el marco normativo e institucional internacional y nacional, así como las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias expedidas hasta la fecha respecto a los siguientes casos: (i) Barrios Altos, (ii) Cinco Pensionistas, (iii) Tribunal Constitucional, (iv) Baruch Ivcher, (v) Hermanos Gómez Paquiyauri, (vi) De La Cruz Flores, (vii) Lori Berenson Mejía, (viii) Huilca Tecse, (ix) García Asto y Ramírez Rojas, (x) Gómez Palomino, (xi) Cesti Hurtado, (xii) Durand y Ugarte y xiii) Cantoral Benavides. / Tesis

No description available.

Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

La presente Tesis titulada “El Principio de Imprescriptibilidad en los Delitos Contra la Humanidad en el proceso de Judicialización Peruano”, forma parte de una investigación desarrollada por varios años en que hemos estado inmersos en el proceso de judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado interno que atravesó el Perú (1980-2000). A través de esta investigación presentamos y analizamos diversas corrientes y posturas que han sido adoptadas por la comunidad internacional en el tratamiento de estos crímenes. Además de presentar alternativas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos a fin de contribuir principalmente a erradicar los mecanismos de impunidad, a la integración del derecho nacional a los estándares internacionales en materia de derecho humanos, y a consolidar una formación de jurisprudencia sobre la materia. La investigación y procesamiento de crímenes contra los derechos humanos perpetrados en el periodo de violencia (1980-2000), se encuentran en estrecha relación con limitaciones de la acción penal: (i) la excepción de prescripción; (ii) la violación al principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal. La aplicación de las reglas de prescripción reguladas en el ordenamiento legal peruano no permite el procesamiento y condena de hechos que constituyen delitos contra la humanidad por lo que el simple paso del tiempo podría generar la impunidad de los crímenes más atroces y horrendos cometidos durante el proceso de violencia que vivió el Perú. Asimismo el procesamiento de estos crímenes como delitos comunes en aras de no violar el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal limitaría el acceso a la justicia de cientos de victimas. En ese sentido, una solución, solo desde la perspectiva de la legislación nacional, sería la aplicación de otros tipos delictivos concretos de la Parte Especial del Código Penal (Ej. se puede recurrir al tipo de lesiones graves en vez del tipo penal de tortura). Sin embargo, esta solución no presenta la magnitud del hecho en tanto crimen contra los derechos humanos, y de otro lado, una de las consecuencias más graves es la aplicación de las reglas de prescripción correspondientes a estos tipos delictivos, que mayoritariamente tienen términos cortos para su prescripción, generando la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. En ese sentido, la presente Tesis postula que en el análisis del procesamiento de crímenes contra los derechos humanos se debe atender a interpretaciones que integren el derecho nacional con el derecho internacional. Con ello no se pretende dejar de lado a la legislación nacional, todo lo contrario, se busca presentar respuestas concretas e integradas que argumenten en contra de la impunidad de estos actos.

A pesar de que algunos autores lo consideraban la “reyna de las pruebas”, el estudio de la confesión no ha tenido mucha acogida en nuestra doctrina, en otras palabras, su análisis no ha sido objeto de mayor desarrollo en el ámbito académico, no obstante su contribución y riqueza práctica para los propios fines del proceso penal. En nuestro quehacer como magistrada de segundo nivel de una Sala Penal de Lima, hemos tenido la oportunidad de apreciar de cerca cuáles eran las vicisitudes que se presentaban al momento de decidir sobre la valoración probatoria de la confesión sincera, pues cabe la posibilidad de que incida directamente en la disminución de la pena, más aun si consideramos que en la norma no se encuentra desarrollada cuáles son los supuestos a tener en cuenta y se deja mucho a la discreción de los magistrados. Incluso es de considerar que aun la propia Corte Suprema de nuestro país no ha sido uniforme en los criterios adoptados ante los distintos casos en que ha tenido oportunidad de pronunciarse, a pesar que tal decisión repercute directamente en uno de los valores y derechos fundamentales más importantes de la persona humana: su libertad, pues la adopción de una determinada postura influenciará directamente en un mayor o menor tiempo de privación de libertad que pueda sufrir una persona a través de una sentencia condenatoria. Todo esto nos ha llevado a que nuestra investigación se centre en esta figura, y sobre la cual aún persisten inquietudes y divergencias sobre su naturaleza jurídica, es decir: si es un acto procesal, prueba o medio de prueba, tema sobre el cual también estaremos adoptando una postura. A partir del análisis de la pena, del razonamiento judicial, de la teoría del proceso penal y la prueba, ingresaremos a desarrollar el marco teórico que sustenta la confesión, para posteriormente explicar los resultados de nuestra investigación. Esperamos haber cumplido con los objetivos de la cátedra. / Tesis

El estándar de prueba más allá de toda duda razonable, ha sido estudiado desde diversos aspectos problemáticos, siendo uno de ellas su imprecisión y subjetividad. En este trabajo pretendo abordar este último punto, que, si bien ha sido ampliamente analizado por diferentes autores, tales como Larry Laudan, Marina Gascón, Jordi Ferrer Beltran, Daniel González Lagier, entre otros; me centraré en la propuesta de este último, quién plantea la aplicación de criterios de solidez en inferencias probatorias epistemológicas- fiabilidad, suficiencia, variedad, pertinencia de la pruebas, eliminación de hipótesis alternativas, confirmación de hipótesis derivadas- a fin de alcanzar una mayor objetividad a nuestro estándar de prueba. El objetivo del presente trabajo es dotar al juez de mejores herramientas de análisis al momento de sustentar la suficiencia de prueba en una sentencia condenatoria, para ello pretendo a partir del planteamiento de un caso penal en específico, abordar las principales dificultades que ofrece el análisis de la suficiencia de prueba, representando mediante un examen inductivo las inferencias fácticas en el ámbito penal, logrando aplicar las reglas de control de solidez y verificar como influyen en la motivación, pues si bien no anula el problema de subjetividad, coadyuvan a una mejor confirmación, y también a una mayor dotación de credibilidad al dar un hecho por probado

El control de los hechos en casación con toda seguridad es uno de los temas más polémicos y actuales en la doctrina procesalista. Los constantes debates y materiales académicos en la legislación comparada así lo demuestran. Un sector de la doctrina cuestiona las teorías que avalan la fiscalización de la quaestio facti, con el argumento de que se desnaturalizaría la casación convirtiéndola en una tercera instancia; además, no se cumplirían los fines y funciones de la casación. Sin embargo, a pesar de las críticas existentes, con el presente trabajo se pretende justificar el control de los hechos a partir de infracciones normativas constitucionales y brindar la técnica adecuada para denunciar problemas relacionados con las cuestiones de hecho, de esta forma se contribuye a que el Tribunal de casación no exceda de su poder. De esta forma, a partir del análisis dogmático realizado, se puede afirmar que la fiscalización de los hechos en casación no se aleja de los fines y funciones de la casación, ni se desnaturalizaría su esencia.