En nuestro país, la credibilidad del sector justicia por parte de la población es poco prometedora, pues la confianza en las instituciones no se ha incrementado al paso que quisiéramos. Entre muchas de las razones que explican la poca aprobación del sector justicia se encuentra lo imprevisible que pueden ser las decisiones judiciales en base a interpretaciones distintas. Por esta razón, el sistema judicial ha procurado uniformizar su jurisprudencia utilizando herramientas que ayuden a prever el criterio de interpretación de los jueces en casos sustancialmente análogos. El Perú ha desarrollado una cultura jurídica influenciada principalmente de dos sistemas jurídicos diferentes, el civil law y el common law, a través de los cuales nuestro sistema ha creado diversas instituciones y herramientas que nos ayuden a procurar el máximo ideal de justicia. Entre estas herramientas se encuentra la jurisprudencia vinculante y los acuerdos plenarios. La jurisprudencia vinculante es un producto desarrollado desde elcommon law, mientras que los acuerdos plenarios no podría decirse que fueron desarrollados del civil law, pero como podrá observarse en el transcurso del presente trabajo pueden encontrarse algunos rasgos similares a sus orígenes en el sistema continental. A la actualidad, tanto la jurisprudencia vinculante como los acuerdos plenarios han tomado relevancia en cuanto a su elaboración y uso como medios de uniformidad jurisprudencial, sin embargo, aún no se ha desarrollado legislativa respecto de su uso para la resolución de casos concretos. El uso de estas herramientas se desarrolla en la motivación de las resoluciones judiciales, ya sea al aplicarlos como para dejarlos de aplicar, ambos merecen una motivación específica. / Tesis

El presente trabajo se dirige a analizar el parámetro de control judicial de la motivación de los laudos arbitrales. En ese sentido, primero se realiza una aproximación histórica-conceptual sobre la relación entre el arbitraje y el debido proceso, tal que se puede advertir sobre la concepción racional-formal sobre la cual se debe concebir el arbitraje, la justificación que se tiene de la institución, así como las teorías existentes respecto a su naturaleza y su relación con el debido proceso, así como el cambio de visión que se debe tener frente a la constitucionalización del arbitraje. Posteriormente, se identifica la relación entre la motivación y la teoría de la argumentación jurídica adoptándose una concepción racional de la motivación entendida como justificación de la decisión y la existencia de razones que analíticamente sustenten la decisión. Asimismo, se evidencia que no existe un estándar de control judicial de la motivación de los laudos arbitrales, así como la importancia del problema al ser una causal de anulación usada frecuentemente por los justiciables. Por ello, ante la imposibilidad de revisar judicialmente el fondo de la controversia, se propone que se analice tan solo la justificación interna en los laudos arbitrales para determinar su anulación, pues de ingresar a la justificación externa, se transgrediría dicha limitación legal.

El presente trabajo tiene como finalidad proponer un tipo de argumentación jurídica en los casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares a partir del reconocimiento de una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil, al no haber considerado la regla contenida en la disposición mencionada propiedades relevantes que deberían haberse tenido en cuenta para la solución del caso, de esa manera pretendemos que los jueces, de nuestro país, puedan resolver esta clase de procesos justificando de manera racional su decisión de apartarse de la regla para aplicar principios. Para lograr nuestro propósito nos ayudaremos de una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, la Casación N.° 4425-2015 – Lima Este (Corte Suprema, Casación N.° 4425-2015-Lima Este), sobre desalojo por ocupación precaria; trataremos entonces, a partir de dicha Casación, analizar y determinar el reconocimiento de una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil y así explicar por qué en algunos casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares estaría justificado, en determinados supuestos, apartarse de la regla para aplicar principios. Consideramos importante el presente trabajo porque sostenemos que en algunos casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares existe una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil y que dicha laguna se colmaría con la aplicación del principio de solidaridad familiar; principio que debe ser ponderado con el de seguridad jurídica que subyace a la regla. / The purpose of this paper is to propose a type of legal argumentation in difficult cases about eviction due to precarious occupation between family members based on the recognition of an axiological gap in article 911 of the Civil Code, by not having considered the rule contained in the aforementioned provision. Relevant properties that should have been taken into account for the solution of the case, in this way we hope that the judges of our country can resolve this kind of process, rationally justifying their decision to deviate from the rule to apply principles. To achieve our purpose, we will use a resolution issued by the Supreme Court of Justice of the Republic, Cassation No. 4425-2015 - Lima East (Supreme Court, Cassation No. 4425-2015-Lima East), on eviction for precarious occupation; We will then try, based on said Cassation, to analyze and determine the recognition of an axiological gap in article 911 of the Civil Code and thus explain why in some difficult cases of eviction due to precarious occupation between family members it would be justified, in certain cases, to depart from the rule for applying principles. We consider this work important because we maintain that in some difficult cases of eviction due to precarious occupation between family members, there is an axiological gap in article 911 of the Civil Code and that this gap would be filled with the application of the principle of family solidarity; principle that must be weighed with that of legal certainty that underlies the rule.

En nuestro país, la credibilidad del sector justicia por parte de la población es poco prometedora, pues la confianza en las instituciones no se ha incrementado al paso que quisiéramos. Entre muchas de las razones que explican la poca aprobación del sector justicia se encuentra lo imprevisible que pueden ser las decisiones judiciales en base a interpretaciones distintas. Por esta razón, el sistema judicial ha procurado uniformizar su jurisprudencia utilizando herramientas que ayuden a prever el criterio de interpretación de los jueces en casos sustancialmente análogos. El Perú ha desarrollado una cultura jurídica influenciada principalmente de dos sistemas jurídicos diferentes, el civil law y el common law, a través de los cuales nuestro sistema ha creado diversas instituciones y herramientas que nos ayuden a procurar el máximo ideal de justicia. Entre estas herramientas se encuentra la jurisprudencia vinculante y los acuerdos plenarios. La jurisprudencia vinculante es un producto desarrollado desde elcommon law, mientras que los acuerdos plenarios no podría decirse que fueron desarrollados del civil law, pero como podrá observarse en el transcurso del presente trabajo pueden encontrarse algunos rasgos similares a sus orígenes en el sistema continental. A la actualidad, tanto la jurisprudencia vinculante como los acuerdos plenarios han tomado relevancia en cuanto a su elaboración y uso como medios de uniformidad jurisprudencial, sin embargo, aún no se ha desarrollado legislativa respecto de su uso para la resolución de casos concretos. El uso de estas herramientas se desarrolla en la motivación de las resoluciones judiciales, ya sea al aplicarlos como para dejarlos de aplicar, ambos merecen una motivación específica.

Sobre la base fáctica actual de estancamiento en la realización de Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú, la presente investigación busca responder, desde una perspectiva jurídica, como dinamizar el desarrollo de proyectos bajo este régimen. Esto, afín de que se contribuya en general con el cierre de brechas en infraestructura, servicios públicos, servicios relacionados a estos e innovación tecnológica, y en particular, con la reactivación económica post pandemia mediante el aprovechamiento de los beneficios de la colaboración entre el Estado y los privados. Para ello, se propone que de: simplificarse el procedimiento durante las fases de planeamiento - programación y formulación, reformularse la emisión de opiniones de las Entidades, establecerse el uso gradual obligatorio de los mecanismos de solución de controversias junto a un Sistema de Alertas Tempranas, y re-empoderarse a Proinversión; entonces, se logrará el objetivo perseguido. La investigación tuvo un alcance correlacional, aplicando la Metodología Jurídica de Investigación funcional, dogmática y exegética, que transcurrió entre la toma de un problema en el desenvolvimiento actual del régimen APP, el análisis del trasfondo jurídico de los ámbitos planteados en contraste con la regulación actual, y el análisis de la propuesta normativa presentada para superar el problema indicado. De tal manera, arribamos a la conclusión de la existencia de problemas normativos que obstaculizan el desarrollo dinámico de las APP, tales problemas pueden ser superados con la implementación de la propuesta, solo requiriendo ajustes parciales, conservando lo pertinente, y cimentándose tanto en los principios de enfoque por resultados, planificación, distribución de riesgos o preservación del valor por dinero esperado; como en criterios de especialidad y prevención de controversias, que viabilicen la continuidad del proyecto. / Based on the current factual stagnation in the realization of Public Private Partnerships (PPP) in Peru, this research seeks to respond, from a legal perspective, how to boost the development of projects under this regime. This, in order to contribute in general with the closing of gaps in infrastructure, public services, services related to these and technological innovation, and in particular, with the postpandemic economic reactivation by taking advantage of the benefits of collaboration between the State and the private ones. To this end, it is proposed that: the procedure be simplified during the planning - programming and formulation phases, the issuance of Entities' opinions be reformulated, the mandatory gradual use of dispute resolution mechanisms be established together with an Early Warning System, and re-empower Proinversión; then, the desired objective will be achieved. The research had a correlational scope, applying the functional, dogmatic and exegetical Legal Research Methodology, which took place between taking a problem in the current development of the APP regime, the analysis of the legal background of the areas raised in contrast with the current regulation, and the analysis of the normative proposal presented to overcome the indicated problem. In this way, we reach the conclusion of the existence of regulatory problems that hinder the dynamic development of PPP, such problems can be overcome with the implementation of the proposal, only requiring partial adjustments, keeping what is pertinent, and based on both the principles focus on results, planning, distribution of risks or preservation of expected value for money; as in criteria of specialty and prevention of controversies, which make possible the continuity of the project.

Juzgar con conocimiento de causa, es conocer el objeto de juicio, conocer entraña la idea de verdad, y ésta, confirma el conocimiento, permitiendo proponer algo, apoyado y probado en argumentos racionales. Bajo esta premisa, se pretende analizar las condiciones para el pensamiento racional en la formulación de los argumentos de justificación material y formal en el otorgamiento de medidas de protección bajo el enfoque de género previsto en la Ley N° 30364, lo que permitirá establecer que desde dicho enfoque, el motivo determinante de la violencia contra la mujer es «su nueva condición de tal», autodeterminado con el concurso de su libertad en negación a los estereotipos de género derivados de patrones socio-culturales impuestos por la comunidad o sociedad; por tanto, importa mucho saber si en el tiempo y espacio geográfico en el que se desenvuelve la mujer, existen o persisten patrones socio-culturales y cuales son; luego, si con el concurso de su libertad decidió negar alguno o todos los estereotipos de género dominantes en su comunidad o sociedad. Similar indagación debe hacerse en el pensamiento del ente agresor; esto permitirá definir cuál fue y es el estereotipo negado por la víctima que motivo la violencia, lo que a su vez permitirá tipificar la medida de protección necesaria que la haga cesar. / To judge, with knowledge of cause, is to know the object of judgment, to know entails the idea of truth, and this, confirms the knowledge, allowing to propose something, supported and proven in rational arguments. Under this premise, we intend to analyze the conditions for rational thinking in the formulation of the arguments of material and formal justification in the concession of protection measures under the gender perspective contemplated in Law N° 30364, which will provide that from this perspective, the decisive reason for violence against women is "her new condition as a woman", self-determined with the concurrence of her freedom in denial of the gender stereotypes derived from socio-cultural patterns imposed by the community or society; therefore, it´s very important to know if in the time and geographic space in which the woman develops, sociocultural patterns exist or persist and what they are; then, if with the concurrence of her freedom she decided to deny any or all of the dominant gender stereotypes in her community or society. A similar inquiry should be made into the thinking of the aggressor; this will make it possible to define what is the stereotype denied by the victim that caused the violence, which in turn will make it possible to define the necessary protection measure to put an end to it.

El caso “Giuliana Llamoja”, ha marcado un hito en la historia, casuística y doctrina del derecho procesal penal y constitucional peruano, sentando precedentes en teorías y jurisprudencia sobre “motivación de las resoluciones judiciales” “argumentación jurídica” y “prueba indiciaria”, siendo el caso que, hasta hoy en día, es empleada y comentada para el análisis de cualquier resolución, discusión o teoría jurídica en la especialidad de derecho penal y derecho procesal penal. En el informe se establece como objetivo de la investigación, determinar si: Procede el Hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes que resuelven sentencia condenatoria por falta de valoración probatoria y motivación de la sentencia, así como si se vulneraron el derecho al debido proceso, la tutela judicial y el empleo de la prueba pericial para motivar la sentencia, analizando las siguientes instituciones, doctrina y teorías jurídicas: debido proceso, tutela judicial efectiva, motivación escrita de resoluciones, teorías de la argumentación jurídica, la prueba penal y la prueba indiciaria. Al final los resultados fueron los siguientes: Procede el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes que resuelven sentencia condenatoria con falta de valoración probatoria y motivación de la sentencia, soslayando los principios y presupuestos procesales mínimos, que protegen contra cualquier vulneración o amenaza que limite de alguna forma los derechos fundamentales como la libertad personal, la tutela procesal efectiva y el debido proceso. En el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque la sentencia condenatoria emitida con falta de valoración probatoria y motivación no resiste al canon de control constitucional (razonabilidad, coherencia y suficiencia), a la vez que falla en la corrección lógica, coherencia narrativa y justificación externa, precisamente por el defecto de motivación inicial, lo que lo convierte en una sentencia arbitraria e inconstitucional contrario al principio de Debido Proceso Legal y la Tutela Judicial Efectiva, lo que se vincula de manera directa con el principio de presunción de inocencia e indubio pro reo, ya que la motivación indebida genera dudas sobre los hechos. No se han valorado adecuadamente las pruebas indiciarias, específicamente la prueba pericial, con la consecuencia ausencia de razonamiento, motivación y argumentación; errores que se volvieron evidentes a medida del desarrollo del proceso penal, resultando en la nulidad de la ejecutoria suprema y fundado en parte la demanda de Habeas Corpus

La figura del delator encierra tanto cuestionamiento, más aún cuando su actuación busca algún tipo de compensación por asentar la verdad sobre la mesa. No obstante, esto no ha mermado su utilidad en el sistema de justicia penal. En nuestro país, para hacer frente a los fenómenos criminosos más abyectos de su historia, se han utilizado estos mecanismos con diversos matices para su promoción. La regulación actual, bajo la configuración de un proceso especial circunscrito al principio del Consenso, ha dado lugar a diversas críticas orientadas a la proporcionalidad del beneficio que pueda alcanzar un colaborador eficaz, cuyo alcance conceptual es diferente al de un simple delator. Estas exigencias de proporcionalidad, nos sitúa necesariamente en el plano de la justicia penal negociada, lo que importa una tarea de justificación que relacione los resultados obtenidos, vía colaboración, con el beneficio materia de consenso. Así, se reabre el debate sobre la posibilidad de que se pueda argumentar en ámbitos de negociación, postura negada por autores como Elster y Comanducci. Al respecto, se asume esta posibilidad tras reconocer que, llegar al punto de consenso implica muchas veces una tarea dialéctica previa, sobre todo en el establecimiento de pre acuerdos o acuerdos preliminares, reconociéndose que el colaborador actúa siguiendo sus intereses y que éstos pueden llevarlo a postular condenas, obviamente con renuncia a un juicio previo. Lo sostenido, permite emprender una labor argumentativa a través de la perspectiva pragmática que conlleven a sugerir lineamientos, en búsqueda de la comunicación de razones que justifiquen la razonabilidad del acuerdo finalmente adoptado.

En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado, por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos (doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales (nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son: (i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente ilustrativos.

La dogmática jurídica y la jurisprudencia peruana utilizan el siguiente concepto de atipicidad relativa “cuando la conducta no cumple con la hipótesis típica conlleva al archivo del caso”; sin embargo, esta figura jurídica no conlleva al archivo, sino busca que el hecho relevante sea subsumido en otro tipo penal. En base a ello se tiene la pregunta de investigación ¿qué función cumple la dogmática jurídica en las decisiones judiciales penales peruanas en el periodo 2013 – 2019? Asimismo, el objetivo general radica en evaluar esta función y los objetivos específicos versan sobre el análisis que cumple la función de control y la función técnica de la dogmática jurídica en esas decisiones judiciales. Se tiene como resultado que la función que cumple la dogmática jurídica no es coherente con su naturaleza, pues no cuenta con una posición sólida; asimismo, no cumple su función de control ni su función técnica, al no verificarse su compatibilidad lógica con otros enunciados dogmáticos y normas jurídicas. Del análisis realizado a las muestras sobre la interpretación y aplicación de la atipicidad relativa se tiene que en el 71.4% se concluyó con el archivo del proceso y en el 28.6% se dispuso la continuación del mismo, lo que evidencia la falta de seguridad jurídica y la contradicción en la predictibilidad de las decisiones judiciales. El presente trabajo da una posición jurídica distinta, pues la atipicidad relativa debe remitirse a otro tipo penal y solo cuando se encuentren ante una atipicidad absoluta esta generaría el archivo del proceso. / Legal dogmatics and Peruvian jurisprudence use the following concept of relative atypicality "when the conduct does not comply with the typical hypothesis, it leads to the filing of the case"; however, this legal figure does not lead to the file, but seeks that the relevant fact is subsumed in another criminal type Based on this, the research question is: what role does legal dogmatics play in Peruvian criminal judicial decisions in the period 2013 – 2019? Likewise, the general objective lies in evaluating this function and the specific objectives deal with the analysis that fulfills the control function and the technical function of legal dogmatics in these judicial decisions. The result is that the function fulfilled by legal dogmatics is not consistent with its nature, since it does not have a solid position; Likewise, it does not fulfill its control function or its technical function, since its logical compatibility with other dogmatic statements and legal norms has not been verified. From the analysis carried out on the samples on the interpretation and application of the relative atypicality, 71.4% concluded with the filing of the process and 28.6% ordered its continuation, which shows the lack of legal certainty and the contradiction in the predictability of judicial decisions. The present work gives a different legal position, since the relative atypicality must be referred to another criminal type and only when they are faced with an absolute atypicality this would generate the file of the process.