El tema escogido gira en torno a las intervenciones en equipamiento urbano de interés cívico, vale decir, aquellas intervenciones que por definición integran programa asociado al desenvolvimiento de los habitantes de la ciudad, las que persiguen la reflexión en torno a su desarrollo, y a cómo estos efectúan esa habitabilidad. Dentro de este género de intervenciones, y junto a proyectos de espacio público, plazas ciudadanas, zócalos y labores administrativas, aparece el sub-grupo de proyectos que tienen que ver con las instalaciones de servicios públicos, disponibles para un determinado grupo de habitates, integrando a el áreas de esparcimiento. Sin embargo, y como forma de permitir al proyecto alcanzar mayores niveles de complejidad, queremos escoger un segundo escenario, aquél donde el área urbana está compuesta por más de una comuna, con lo que el proyecto debería fijar una postura respecto de programas a otras escalas, no excesivamente grandes en intervención, pero al menos con un impacto inter-comunal y/o provincial. El proyecto propone una intervención para alojar una batería de servicios públicos metropolitanos en la Región Metropolitana de Santiago articulando programas, usuarios y terreno de la manera más eficiente posible. Enunciando una estratégia de intervención, tanto en lo operacional como en lo planificativo, que pueda ser replicada en otros casos de áreas metropolitanas del país.

Cuando se desarrolló la presente tesis, se encontró que en la actualidad no existen aún una medida de seguridad suficiente que salvaguarde la identidad de las personas, para celebrar un contrato sumamente seguro; así mismo de la revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, se aprecia que en el artículo 185.1 “los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse; por ende el artículo 185.2 menciona que serán los administrados quienes la administración se abstendrá de contratar peritos por su parte…”. Esto nos lleva a presumir, para demostrar la veracidad de una contratación que se encuentra en un caso de suplantación de identidad o una contratación no solicitada, los administrados deberán soportar los gastos económicos de una prueba pericial, y pagar para su procedimiento administrativo, esto es llamado en la figura jurídica administrativa “solve et repete, pues, para reclamar el administrado deberá pagar un importe económico, para llegar a la verdad material, la cual resulta arbitrario y abusivo toda vez que la administración pública deberá ser quien en realidad soporté el gasto de las costas y costos así como la prueba pericial y no el Administrado ante este tipo de arbitrariedad en un procedimiento administrativo. Finalmente se obtuvo como resultado, ante estos tipos de casos de suplantación de identidad, urge adaptar mecanismos de seguridad de identificación en las llamadas telefónicas, para evitar suplantaciones de identidad de los usuarios, por lo que es necesario una modificatoria o en su defecto la implementación de su reglamento, para adoptar mecanismos idóneos de descarte, para evitar arbitrariedades en las contrataciones en telecomunicaciones, se debe contar con un procedimiento garantista en pro de un debido procedimiento administrativo de servicios públicos en telecomunicaciones. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo realiza un análisis crítico al objeto social único o exclusivo de las empresas de servicios públicos. Para ello analizamos en cada industria: telecomunicaciones, gas, electricidad y servicios sanitarios, en qué consiste dicha restricción, las circunstancias sociales, políticas, económicas y jurídicas bajo las cuales fueron impuestas y cuáles son sus fundamentos. Luego ponemos sobre el tapete los nuevos negocios realizados por dichas empresas, que pueden o no estar circunscritos dentro del giro social determinado por ley, para luego exponer cuales son los riesgos y beneficios que conlleva la ampliación del objeto social. Por último, exponemos los resguardos existentes en las diferentes leyes sectoriales para impedir, aminorar o sancionar los posibles efectos negativos que dicha práctica conlleva, concluyendo finalmente si se justifican dichas limitaciones o bien existen otras formas de obtener los mismos objetivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La pretensión de este trabajo es realizar una descripción y análisis de los múltiples elementos que conforman los cobros que se realizan por aquellos servicios esenciales de la vida moderna y civilizada, conocidos como las tarifas de las empresas de utilidad pública. En el tratamiento del tema, partimos por un estudio general respecto a las tarifas de las empresas de utilidad pública, para luego entrar en detalle a cada sector regulado. Las generalidades las hemos encontrado comparando las diversas leyes, que tienden a criterios comunes, y buscando las semejanzas, intentando una "teoría general de la tarifa".1 Aspectos comunes también aparecen del resguardo de la libre competencia que han hecho las Comisiones Antimonopolios a través de su jurisprudencia. Hemos tratado de respetar el carácter jurídico de esta memoria, evitando -dentro de lo posible- los aspectos económicos de las tarifas, que aparecen de profundis en las leyes, y tienen un marcado sesgo técnico.

El presente trabajo de investigación analiza alternativas de viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la oferta y demanda del transporte de gas natural hacia el sur del país, a efectos de determinar justamente si debería reconsiderarse dicho mecanismo. La importancia de dar respuesta a esta pregunta consiste en que este mecanismo puede ser vital y determinante para viabilizar el proyecto en caso la demanda actual no sea suficiente. Para realizar el presente trabajo de investigación, se utilizó el método mixto, en tanto las mediciones estadísticas han sido determinantes a fin de calcular el número de reservas probadas de gas natural a ser transportadas mediante el GSP, así como las condiciones de oferta y demanda del mercado gasífero. Dichas mediciones han sido utilizadas para un análisis sobre la situación actual del mercado de gas natural a nivel peruano y mundial, toda vez que hemos hecho comparaciones sobre la situación actual hidrocarburífera en otros países, como Estados Unidos, que está determinando el destino de inversiones trasnacionales cuya promoción atañe a la presente investigación.

El acceso universal al gas natural es ahora una política de Estado impostergable porque se trata una herramienta más para la lucha contra la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Esta política de Estado se ha visto reflejada en la emisión de una normativa específica que está orientada a promover la masificación del gas natural al interior del país, con un criterio claro de inclusión social. En la actualidad ya están en marcha proyectos de inversión que tienen como objetivo impulsar este proceso de masificación, tales como las concesiones de transporte y distribución de gas natural comprimido y licuefactado en diversas provincias. No obstante, el alcance de estas concesiones es limitado, lo que implica que las poblaciones ubicadas fuera de su ámbito de acción se verán impedidas de acceder a los beneficios del gas natural en el corto y mediano plazo. Partiendo de estas premisas, el presente trabajo de investigación analizará si es competitivo suministrar gas natural licuefactado en zonas aisladas del sur-oeste del Perú, donde el concesionario de transporte y distribución de gas natural licuefactado no tiene previsto desarrollar infraestructura.

La presente tesis tiene como objetivo principal demostrar que el actuar del regulador debe adecuarse y estar alineado al dinamismo del mercado, toda vez que las industrias evolucionan, el contexto en el que se desarrollan actividades reguladas cambia y todo ello se debe reflejar en las decisiones que tome la autoridad reguladora. La globalización de los mercados, la tecnología, la competencia para llegar a ser considerado “el mejor” en la industria, entre otros elementos, ha llevado a que los procedimientos de las empresas, tanto de bienes como de servicios, sea muy dinámico y evolucione rápidamente. Es conocido que existen algunas industrias en las cuales la propia actividad los lleva a desarrollarse y ser más eficientes cada día, para así ir adaptándose a las nuevas condiciones del mercado orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes. En ese contexto, los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación son los siguientes: (1) la importancia del análisis de las condiciones del mercado donde se realiza la actividad regulada: identificar en primer lugar, cuál es el bien o servicio que se encuentra regulado y cuál es su mercado relevante; en segundo lugar, la o las empresa(s) prestadoras de ese servicio y cuál es su participación en el mercado; finalmente, analizar las condiciones en las que se desenvuelve dicha actividad para determinar si existen o pueden existir otros agentes económicos que ofrezcan el mismo servicio o bien en el mismo mercado relevante, lo cual originaría que se den condiciones de competencia; (2) encontrándonos en un escenario donde existe competencia comprobada, y es el propio mercado el que regula la entrada y la salida de los distintos agentes económicos, la intervención del regulador se debe restringir y no necesariamente eliminarse. Es así que la competencia del regulador se sujetaría a ejercer su función supervisora (monitoreo) mas no reguladora, verificando únicamente que el comportamiento del mercado que ha llevado a una desregulación, mantenga las condiciones que la justificaron; (3) aplicando lo detallado en los objetivos (1) y (2), hemos trabajado específicamente el supuesto de la regulación de las oficinas operativas de las aerolíneas que se encuentran ubicadas dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). A lo largo de esta investigación, hemos analizado el contexto en que tales espacios –oficinas operativas- fueron calificados, en su momento, como una facilidad esencial por OSITRAN, y por tanto, se encontraban bajo las reglas de acceso establecidas por el regulador en el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA). Sin embargo, las condiciones del mercado que llevaron a regular dichos espacios han cambiado con el transcurrir de los años, y, hoy por hoy, el contexto en el cual se utilizan esos espacios ha variado; (4) al haberse modificado las condiciones en las cuales un espacio ubicado dentro de una infraestructura de servicio público, como un aeropuerto, fue regulada por OSITRAN, corresponde ajustar dichos cambios al marco normativo regulatorio. En ese sentido, en la parte final del presente trabajo de investigación, hemos planteado conclusiones sobre lo expuesto, y se proponen recomendaciones que conllevan a modificar el actual marco normativo regulatorio sobre acceso, a fin de incorporar el supuesto de desregulación en el mismo.

La portabilidad numérica (PN) consiste en la capacidad que tienen los usuarios de telefonía, ya sea móvil o fija, de cambiar de operador telefónico, sin cambiar de número telefónico. Esto incluye el cambio de espacio geográfico (portabilidad geográfica). Si bien esto se ha dado de manera inversa en Perú que en otros países, en los cuales se trabajó la portabilidad de telefonía fija primero y luego la móvil, el desarrollo de la portabilidad se incentivó a partir de la mejor participación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL como ente regulador, que vela por las mejores condiciones de mercado en beneficio de los usuarios. En el presente trabajo se busca establecer una relación entre la portabilidad numérica con los usuarios, a partir de dos focos: primero, analizar la evolución de la portabilidad a partir de los tres momentos de publicación de la norma (antes, durante y después de la publicación) y sus posteriores modificaciones, y luego analizar el posible efecto de la norma en el nivel de acceso, tarifas, migraciones y switching costs. Para ello aplicamos la metodología de análisis del switching costs, antes y después de la publicación de la norma. Nuestra hipótesis: La portabilidad numérica en el mercado móvil peruano podría relacionarse con una mejora en las condiciones de mercado. Ello se pudo corroborar tanto por el análisis de los switching costs como por la variación en el sistema tarifario.

el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el marco normativo regulatorio para el control de las descargas de aguas residuales no domésticas a las redes de alcantarillado, con la finalidad de realizar propuestas que permitan su aplicación eficiente. Se considera que el tema se justifica por sí mismo, debido a la relevancia e importancia para el sector saneamiento. Asimismo, al ser un tema totalmente nuevo para el país, no existe experiencia previa, y la normatividad y regulación al respecto ha entrado en vigencia recién a partir del mes de setiembre del 2013. Para realizar dicho análisis y plantear algunas propuestas, el presente documento ha sido estructurado en cinco capítulos. Se inicia con una breve revisión de la organización del sector saneamiento, se describen los servicios de alcantarillado. Luego, en el siguiente capítulo, donde se desarrolla un análisis de la situación de las descargas de aguas residuales no domésticas, se explica las características físicas, químicas y bacteriológicas de las mismas, así como los impactos de la contaminación de dichas aguas en la infraestructura sanitaria. En el cuarto capítulo,se aborda de manera extensa la regulación de las descargas de aguas residuales no domésticas, desarrollando en primer lugar el marco normativo general y específico que circunscribe la aplicación de los VMA y, sobre la base de experiencias reales de EPS, se presenta un análisis del proceso de implementación del marco regulatorio que permite obtener conclusiones valiosas para el planteamiento de propuestas. En esta misma sección, se describen las principales limitaciones encontradas para la efectiva aplicación del marco regulatorio y se analiza brevemente la experiencia sobre el tema del presente trabajo de investigación en otros países como Chile, Colombia y México. En el último capítulo, se plantean algunas propuestas para modificar el marco normativo y se esbozan algunas estrategias y acciones específicas que podrían ser parte de un plan sectorial para facilitar la implementación de los VMA, considerándolo como un proceso que involucra diversos actores, más allá de las entidades del sector saneamiento. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

En el presente trabajo de investigación se analiza el contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica" (Red Vial No 6), suscrito el 20 de setiembre de 2005, así como los problemas que se han suscitado en el transcurso del proceso de promoción de la inversión y la ejecución contractual. El proceso de promoción del proyecto Red Vial N° 6 presentó problemas en la adjudicación de la buena pro, al tener que recurrirse a una segunda convocatoria y licitación, debido a que solo se presentó un postor, lo que representaba una limitación a la libre competencia. Luego de la primera licitación, las bases fueron modificadas para permitir la adjudicación. Asimismo, se analizó el factor de competencia aplicado y cuál fue la experiencia en otros proyectos.