A fines de la década de 1980 e inicio de la década de 1990, el Perú implementó un proceso de descentralización en la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, también conocidos como servicios de saneamiento, que llevó a una fuerte y continua atomización de empresas municipales. Conformen ha pasado el tiempo, el número de empresas dedicadas a este servicio se ha ido incrementando junto con la atomización de éstas. En muchos casos, producto de la decisión de las municipales accionistas de retirarse del ámbito de prestación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) constituidas para más de 15.000 habitantes. En la actualidad suman más de 6.000 las empresas que, a nivel nacional, son prestadoras de dichos servicios, y solo 50 de ellas son EPS. Sin embargo, los resultados de todas ellas no alcanzan para brindar el acceso a los servicios en condiciones de eficiencia, entre otros aspectos, por la imposibilidad de aprovechar las economías de escala existentes. A partir de la aplicación de la metodología del análisis de envolventes de datos (DEA, por sus siglas en inglés) el presente trabajo de investigación ha determinado un tamaño mínimo de escala eficiente, del orden de los 6.5 millones de metros cúbicos facturados anualmente. Contrastado este resultado con el universo de las empresas prestadoras se ha concluido que son muy pocas las empresas que alcanzan este tamaño, lo que determina la conveniencia de integrarlas para que puedan beneficiarse de las ganancias de eficiencia que esto conlleva.

El presente trabajo de investigación se realizó teniendo como objetivo principal identificar y comprender los factores que han determinado el limitado desarrollo de los operadores móviles virtuales (OMV) en el Perú desde el año 2016 hasta agosto de 2018, a fin de plantear recomendaciones que contribuyan a impulsar su desarrollo y dinamizar la competencia en el mercado nacional de servicios públicos móviles. Para ello, como objetivos secundarios nos hemos propuesto evaluar el actual marco regulatorio y realizar un diagnóstico de la estrategia comercial que siguieron los OMV a fin de saber si estos factores han ocasionado su limitado desarrollo. Para lograr los objetivos antes mencionados, utilizamos diversas fuentes de información secundaria tales como libros académicos, reportes, artículos de revistas y libros. Del mismo modo, analizamos el marco normativo nacional de los OMV, asimismo, estudiamos la legislación sobre OMV a nivel internacional y la experiencia comparada, centrándonos en los países Colombia, México, Argentina y España, además de Hong Kong. Adicionalmente, realizamos encuestas a los diferentes actores del mercado de las comunicaciones móviles y a expertos en la materia. Además, hemos profundizado el análisis a través del estudio de los casos de las empresas Virgin Mobile Perú S.A. (Virgin Mobile) y Dolphin Telecom del Perú S.A.C. (Dolphin Telecom).

El presente trabajo de investigación pretende perfeccionar la regulación de las energías renovables no convencionales en el contexto actual de transición energética hacia el uso de fuentes de generación eléctrica menos contaminantes, donde países como Arabia Saudita (primer exportador de crudo) tienen como meta al 2023, que la generación eléctrica a través de fuentes de recursos energéticos renovables no convencionales (en adelante RER) representen el 10 % de su matriz energética. La Unión Europea, al 2030, tendrá un 30 %; Colombia, Chile, Ecuador y Argentina, un 20 %; sin embargo, el Perú no tiene un trazo definido.

Tesis para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho público / Las entidades privadas que colaboran con la función estatal reciben, entre otros incentivos, subvenciones consistentes en transferencias de recursos afectas a una actividad determinada en pos de la consecución de un interés público. Una de ellas, contemplada en la ley Nº 20.032, se otorga a los colaboradores acreditados, adjudicatarios para la ejecución de las líneas de acción del SENAME. Sobre su régimen, se observan características que, ajustándose a la doctrina teórica y presupuestaria de la subvención como instrumento de fomento, se asemejan también a la naturaleza de servicio público, entendido este desde una perspectiva funcional, es decir, con énfasis en la actividad y no en la pertenencia del prestador a los cuadros orgánicos de la Administración. Así, el objetivo de este trabajo ha consistido en determinar si a través de su entrega se conforma un modelo de gestión indirecta de servicio público, por el cual se satisface una necesidad pública mediante el otorgamiento de las prestaciones a que la entidad colaboradora se compromete por la percepción de la referida atribución patrimonial, respecto de las cuales el Estado, mediante el ejercicio de potestades de supervigilancia y control, asume la posición de garante. Con esa finalidad se estudió el avance desde la noción orgánica a la funcional de servicio público y las figuras de CPP reconocidas bajo su conceptualización. Seguidamente, para procurar el entendimiento de la figura en cuestión, se examinó la subvención como tal y, finalmente, se efectuó un análisis de la ley Nº 20.032 y su reglamento considerando parámetros propios de la actividad prestacional –como sus características y el rol que corresponde al ente otorgante–, verificándose la presencia de aquellos en el régimen de que se trata, así como la mayor exigencia que se impone en su aplicación de manera de garantizar su continuidad, regularidad y permanencia.

Determinar si la corrupción que se presenta en la contratación pública, además de ser una externalidad, constituye una barrera burocrática, y como ésta afecta el crecimiento económico y la calidad de los servicios públicos. Para identificar a la corrupción como una barrera burocrática en las contrataciones públicas, hemos analizado un marco teórico jurídico, ético y económico, así como que hemos descrito cómo se realizan los procesos de selección para que los diversos estamentos del Estado puedan proveerse de bienes, servicios y ejecutar obras en beneficio de bien común y el interés general. Hemos identificado y evaluado los problemas que se generan en relación a los actos de corrupción en las contrataciones con el Estado, de tal forma que hemos podido corroborar que la corrupción constituye una barrera burocrática, así como que es una externalidad negativa, por cuanto si bien se beneficia el corruptor y corrompido, ello representa para el sistema de contratación pública y para la sociedad, asumir los altos costos en perjuicio para la sociedad y sistema legal; además de impactar negativamente en el desarrollo económico, generándose la falta de competencia, lo cual restringe el acceso de los agentes económicos al mercado, impidiendo la pluralidad de postores, derivando ello en la deficiencia en los servicios y en la ejecución de las obras. / Determine if the corruption that occurs in public recruitment, besides being an externality, it establishes a bureaucratic barrier, and how it affects economic growth and the good quality of public services. In order to be able to identify corruption as a bureaucratic barrier in public recruitment, we have analyzed a legal, ethical and economic theorist framework, as well as describing how selection processes are accomplished so that the various State entities can provide themselves with goods, services and execute works to benefit the common good and the whole general interest. We have identified and evaluated the problems that are generated in relation to acts of corruption in public recruitment, in such a way that we have been able to corroborate that corruption constitutes a bureaucratic barrier, as well as that it is a negative externality, while it is true the corrupter and corrupted both are benefited, it represents for the system of public recruitment and for society too, to take over the high costs in damage for society and legal system; besides having a negative impact on economic development, as a result generating a lack of competition, which restricts the access of economic agents to the market, inhibiting the plurality of bidders and suppliers, resulting in a deficiency in services and performing of works. / Trabajo de investigación

Resumen El presente trabajo aborda la problemática generada por el incumplimiento de la presentación del Plan Maestro Optimizado por parte de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito urbano, así como su inobservancia al momento de efectuar en las inversiones por el gobierno: nacional, regional y/o local en dicho ámbito. El objetivo principal de esta investigación es establecer si el marco normativo para la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el Perú ejerce influencia significativa en el incumplimiento del PMO como herramienta de regulación y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. Para ello se utilizó una metodología de enfoque cualitativo con un tipo de estudio descriptivo y explicativo. La investigación consta de 3 partes, la primera que comprende el capítulo 1 en el que se define el problema, objetivo de la investigación y metodología, la segunda que comprende el capítulo 2 y 3 en los que se aborda el marco teórico y contextual de la investigación y la tercera que comprende los capítulos 4, 5, y 6 que integran los hallazgos de la investigación, la propuesta ante la problemática evidenciada y las conclusiones de la investigación. La investigación concluye, que los vacíos del marco normativo que regula la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el Perú, alientan el incumplimiento de la presentación de los PMO y propicia su omisión como herramienta de planificación de las inversiones en el ámbito urbano por parte de las autoridades regionales y municipales / The present work addresses the problem generated by the breach of the presentation of the Optimized Master Plan (OMP) by the entities providing drinking water & sanitation services in urban areas; non-observance investments executed by the regional and local governments (which were outside the OMP). The main objective of this research is to establish if the regulatory framework for the management and provision of drinking water & sanitation services in Peru has a significant influence on the circumvention of the PMO as a tool for regulation and management of drinking water & sanitation services in the urban environment. For this, a qualitative approach methodology was used with a descriptive and explanatory type of study. The research consists of 3 parts, the first one comprising chapter 1 in which the problem is defined, the objective of the research and methodology, the second one comprising chapter 2 and 3 in which the theoretical and contextual framework of the research and the third one that includes the chapters 4, 5, and 6 that integrate the findings of the research, the solution proposal before the problem and the conclusions of this research. The research concludes that the gaps in the regulatory framework that regulates the management and provision of drinking water & sanitation services in Peru encourages beach with the presentation of OMPs and encourages their circumvention as a tool for planning investments in the urban environment, of the regional and municipal authorities / Trabajo de investigación

El propósito de este trabajo es analizar los efectos de las políticas de obligación de servicio y obligación de servicio universal en la provisión de agua y de desagües cloacales para el caso particular de Aguas Argentinas S. A. Para ello, en la segunda sección del trabajo se introducen los conceptos de obligación de servicio y de obligación de servicio universal. Se analizan su relevancia, su justificación y sus características. En la tercer sección se describen los atributos de los servicios de agua y de desagües cloacales que justifican la necesidad de que sean provistos universalmente. La situación del área de concesión de Aguas Argentinas S. A. se estudia en la cuarta sección. En la quinta sección se realiza un modelo de control óptimo que busca el sendero de la cobertura de los servicios que maximice el valor presente de la utilidad de la sociedad a lo largo del tiempo. Como las externalidades y las metas de extensión y de tiempo de cobertura del servicio afectan los costos de expansión de las redes, aparece el problema de cómo financiar dicha expansión. Entonces, se evalúan las diferentes posibilidades de financiar e implementar una provisión universal del servicio. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.

La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia distintas nociones. Frente a dicha situación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se presenta como una fuente jurídica que permite abordar la teoría del servicio público de una manera sistemática y de aplicación concreta a la realidad peruana. El objetivo de la tesis es determinar y analizar la construcción propuesta de la noción de servicio público realizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al rol del Estado y el contexto económico de nuestro país. Por ello, la hipótesis de trabajo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha moldeado un nuevo concepto de servicio público, dejando atrás la noción clásica o tradicional. Noción que se encuentra más acorde a nuestro ordenamiento jurídico como resultado de un proceso de liberalización de la economía y el nuevo rol del Estado. Para ello se realiza el desarrollo histórico de la noción de servicio público para determinar sus fines y objetivos dentro de un contexto determinado. Se estudia el régimen jurídico de la Comunidad Europea respecto de los servicios de interés general y cómo es que éste plantea nuevos objetivos y características para la noción de servicio público. Y se realiza un estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir los alcances y características del concepto de servicio público y sus implicancias en el contexto socio económico peruano. Como resultado de ello se ha permitido encontrar un concepto de servicio público objetivo y de corte económico que excluye a la titularidad del Estado como característica principal, así como también se proponen nuevos supuestos para determinar qué actividades pueden ser catalogadas como servicio público. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hace unos pocos años se inauguró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la cátedra de “Regulación de Servicios Públicos”. Este ámbito de materias, no obstante el cariz estrictamente administrativista de la expresión, tradicional como se sabe en el Derecho Administrativo, representa un área que bien podría calificarse de nueva para el mundo de quienes nos dedicamos al derecho en Chile, pues tradicionalmente (en los últimos treinta años) ha sido abordado desde -y ha estado entregada al trabajo riguroso- de la ciencia económica. Desde que se pusieron en marcha en nuestro país, en plena dictadura militar, los procesos de liberalización, privatización y desregulación, han sido los economistas quienes han dedicado sus metódicas páginas a la discusión acerca de los temas que atingen al establecimiento de las reglas que informan el funcionamiento correcto de los mercados y de los agentes que operan a sus sombras. Sin embargo es ésta un área de la que no podemos dimitir quienes tenemos inquietud por lo público. En efecto, como veremos, antes de ser una cuestión que surge de la maximizadora racionalidad económica (transformación metodológica de la economía posterior a Smith y asociada al utilitarismo), la regulación –cualquiera sea su apellido- es eminentemente producto de un determinado “diseño constitucional finalizado”, el cual representa un compromiso ideológico y axiológico, histórico y comunitario, que hace referencia a valores e intereses compartidos que la sociedad realiza performativamente mediante su institucionalización y exigibilidad jurídica. Luego, y en un segundo nivel, depende de un complejo entramado jurídico de intervenciones administrativas construido a partir de ese diseño. Y eso es, a todas luces, una tarea en la que no pueden estar ajenos aquellos que trabajan en esos procesos y quienes tenemos inquietud por lo público. Como ha dicho el profesor español Jaime Rodríguez-Arana “los que cultivamos el Derecho Administrativo tenemos que levantar la voz y clamar que el interés general no ha muerto a manos de la eficacia del mercado. Más bien, el mercado debe entenderse, desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, en un marco de interés general que garantice el equilibrio entre poder y libertad"

El presente trabajo tiene como propósito analizar las herramientas que pueden utilizarse para controlar el cumplimiento de la regulación en los servicios públicos peruanos y en particular, en el mercado de telecomunicaciones. Esta actividad, también denominada enforcement, no solo debe recurrir al castigo sino también a otros mecanismos como la educación, los incentivos y la persuasión, los cuales pueden salvaguardar el cumplimiento de una norma de la misma manera o más eficazmente. Esta posición, es acogida por la teoría de “Responsive Regulation”, cuya aplicación en el país ha sido recomendada por la OCDE. Nuestro sistema de derecho administrativo (que norma la intervención de los reguladores en nuestros servicios públicos) posee principios y herramientas comunes con la Responsive Regulation, entre los que se encuentran el principio de razonabilidad, la actividad de inspección, las medidas de restablecimiento de la legalidad, también llamadas medidas u órdenes administrativas y las sanciones administrativas. Para adaptar una estrategia de enforcement de esta naturaleza en nuestro medio no se necesita alterar las bases ni los principios de nuestro régimen, sino establecer reglas adecuadas para la aplicación y combinación de mecanismos y herramientas jurídicas alternativas a las sanciones administrativas. Esta combinación puede materializar un enforcement flexible y compatible con la Responsive Regulation, donde se busque prevenir incumplimientos a través de supervisiones apropiadas, moldear conductas mediante medidas administrativas y solo al final, cuando todo lo demás no haya dado resultados, sancionar como última ratio. La parte final del trabajo propone reformular la estrategia de enforcement del sector de telecomunicaciones para reorientar la aplicación de las medidas administrativas y las sanciones. Se sugiere también una reforma institucional que involucre el paso de una visión sancionadora a una más proclive a la corrección, la independencia plena del regulador y el otorgamiento de recursos apropiados para acometer las reformas.