La transmisión de electricidad se presenta como una actividad de alto interés debido a la relevancia de la prestación del servicio de electricidad. En razón de ello, el estudio de la transmisión ha sido una constante en diferentes ramas del conocimiento, siendo el presente estudio un aporte adicional desde la perspectiva del derecho. La investigación analiza la gestión y prestación del servicio de transmisión de electricidad, abordando para ello la teoría de los servicios públicos y los títulos habilitantes mediante una metodología comparativa que permite analizar de manera crítica tanto las experiencias extranjeras como la experiencia nacional. Producto de ello, se identifican los aspectos más importantes de la estructura jurídica del servicio de transmisión de electricidad, para luego examinar la realidad nacional, identificándose los beneficios y/o las falencias que presenta el modelo de títulos habilitantes adoptado para el servicio de transmisión de electricidad en el Perú. / Tesis

El objetivo de este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si las entidades públicas están fraccionando indebidamente sus contrataciones de servicios públicos de telecomunicaciones, mediante la realización de dos o más compras menores a las 8 UITS, para así evitar aplicar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado; y con ello, suprimir intencionalmente el acceso de los demás proveedores existentes en el mercado a ofrecer los mismos servicios, a un mejor precio y con mejores condiciones de calidad. A lo largo de nuestra investigación veremos la importancia que tiene para el Estado la existencia de regulaciones y normas que permitan a las entidades seleccionar de forma transparente a sus proveedores de servicios de telecomunicaciones, consiguiendo maximizar el uso de los fondos públicos; explicaremos que los servicios de telecomunicaciones constituyen una herramienta y una necesidad permanente para el funcionamiento y operatividad de las entidades públicas y a base de ejemplos demostraremos cuáles son las entidades que vulneran la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado en la contratación de sus servicios de telecomunicaciones, para finalmente, analizar el rol que cumple el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado frente al mecanismo de contratación por montos menores a 8 UITS de servicios públicos de telecomunicaciones. / Trabajo de investigación

A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

La transmisión de electricidad se presenta como una actividad de alto interés debido a la relevancia de la prestación del servicio de electricidad. En razón de ello, el estudio de la transmisión ha sido una constante en diferentes ramas del conocimiento, siendo el presente estudio un aporte adicional desde la perspectiva del derecho. La investigación analiza la gestión y prestación del servicio de transmisión de electricidad, abordando para ello la teoría de los servicios públicos y los títulos habilitantes mediante una metodología comparativa que permite analizar de manera crítica tanto las experiencias extranjeras como la experiencia nacional. Producto de ello, se identifican los aspectos más importantes de la estructura jurídica del servicio de transmisión de electricidad, para luego examinar la realidad nacional, identificándose los beneficios y/o las falencias que presenta el modelo de títulos habilitantes adoptado para el servicio de transmisión de electricidad en el Perú.

El objetivo de este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si las entidades públicas están fraccionando indebidamente sus contrataciones de servicios públicos de telecomunicaciones, mediante la realización de dos o más compras menores a las 8 UITS, para así evitar aplicar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado; y con ello, suprimir intencionalmente el acceso de los demás proveedores existentes en el mercado a ofrecer los mismos servicios, a un mejor precio y con mejores condiciones de calidad. A lo largo de nuestra investigación veremos la importancia que tiene para el Estado la existencia de regulaciones y normas que permitan a las entidades seleccionar de forma transparente a sus proveedores de servicios de telecomunicaciones, consiguiendo maximizar el uso de los fondos públicos; explicaremos que los servicios de telecomunicaciones constituyen una herramienta y una necesidad permanente para el funcionamiento y operatividad de las entidades públicas y a base de ejemplos demostraremos cuáles son las entidades que vulneran la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado en la contratación de sus servicios de telecomunicaciones, para finalmente, analizar el rol que cumple el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado frente al mecanismo de contratación por montos menores a 8 UITS de servicios públicos de telecomunicaciones. / Trabajo de investigación

A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

El presente trabajo de investigación analiza el régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica establecido en el Sistema Nacional de Endeudamiento. Para ello, se verifica si las condiciones de su endeudamiento limitan el desarrollo de sus inversiones en servicios públicos, debido a su estructura y modelo de negocio, sin considerar la condición de igualdad en tratamiento legal respecto de las empresas privadas establecido en el Artículo 60° de la Constitución Política del Perú. A partir de este análisis, se concluye que la decisión del financiamiento de este tipo de empresa debe comprender una autogestión a nivel de empresa/accionista (dotarla de autonomía), con la finalidad de que el acceso al financiamiento para sus inversiones en servicios públicos no sea complejo, ordinario, ni limitado; en cambio sea compatible con el modelo regulatorio del negocio y sus características, que están enfocados al cumplimiento de sus fines sociales y empresariales. En ese sentido, resulta prioritario distinguir que la dinámica empresarial en la actividad de distribución eléctrica exige inversiones de forma intensiva, por lo que se requiere procedimientos óptimos que coadyuven su desarrollo económico y garanticen el suministro de conformidad con el Artículo 58° de la Constitución Política del Perú. / Trabajo de investigación

El artículo académico tiene como finalidad demostrar si se presenta una afectación a los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas que presuntamente son generadas por la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea que estos hayan sido instalados en bienes de dominio público o en bienes de dominio privado de los gobiernos locales por parte de los operadores de telecomunicaciones. En el mismo sentido, se busca determinar si los referidos gobiernos locales pueden emitir disposiciones normativas y/o adoptar decisiones administrativas que limiten la aprobación de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, argumentando la referida afectación de derechos. Para responder dichas interrogantes se ha recurrido a la identificación, revisión y análisis de la normativas, doctrina, jurisprudencia y el análisis de casos concretos referidos las autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, a la actuación de los gobiernos locales sobre la emisión de las mismas y los límites de su función normativa; así como a la presunta afectación de derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas a partir de la emisión de autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El presente trabajo ha sido realizado en atención a los cambios estructurales que se han realizado en el subsector de energía eléctrica, el que, al igual que otros sectores de vital importancia para el desarrollo de la sociedad han sido liberalizados brindando mayor protagonismo al sector privado, no obstante ello, el Estado se ha reservado la titularidad de ciertos servicios mediante el correspondiente reconocimiento por medio de ley del congreso, calificándolos como “Servicio Público”. Es el caso de las actividades de transmisión y distribución de electricidad, siendo el primero de ellos el que será analizado en el presente trabajo, en específico el sistema secundario y el complementario de transmisión de electricidad que, si bien existen líneas de transmisión que forman parte de dichos sistemas que deben mantener su calificación de servicio público al tener como finalidad el suministro de energía eléctrica dentro de un área de concesión a usuarios regulados, se han construido otras que, son materia de estudio, siendo las líneas de transmisión de dichos sistemas que transportan electricidad directamente a usuarios libres no siendo su finalidad el desarrollo de la colectividad si no meramente el desarrollo de actividades netamente privadas. Considerando la finalidad de suministrar energía a usuarios no regulados, llamados “usuarios libres” por la normativa, al no cumplir con el elemento fundamental del servicio público, no deberían ser calificadas de esta manera por el legislador, por lo que debería realizarse una adaptación normativa respecto a estas líneas de transmisión permitiendo así que los privados puedan acordar los precios a ser pagados en relación al uso de las líneas de dichos sistemas de transmisión, corrigiendo así un error conceptual que tiene implicancias en la realidad y continuando con la liberalización de los sectores en los cuales debe ser promovida la iniciativa privada.

La presente tesis busca analizar la situación actual de la regulación de la calidad de los servicios públicos de electricidad - calidad de suministro -, y plantear un marco regulatorio que ayude a obtener mejores niveles de calidad. La Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, promulgado mediante Decreto Ley Nº 25844, se definieron las características más representativas del modelo regulatorio peruano actual, en las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Mediante Decreto Supremo Nº 020-1997-EM, se promulgó la ‘Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos’ (en adelante NTCSE) para zonas urbanas, donde se establecieron los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos. La NTCSE es de aplicación obligatoria para las actividades de servicios relacionados con la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Para las zonas rurales, se promulgó, la Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 025- 2007-EM. Desde la promulgación de las Normas que regulan la Calidad de los Servicios Eléctricos en el país hasta la fecha, el estado ha hecho poco o casi nada referente a mejorar este marco regulatorio. En los últimos años, la calidad del servicio ha empeorado. En la presente tesis, se propone que la razón es que el Costo vigente de la Energía no Servida vigente “e”, para compensar el incumplimiento en la calidad de suministro y considerada en su oportunidad, es muy baja, en comparación con los costos de países vecinos (0,35 US $/kW.h). Por lo tanto, no es disuasiva; lo que origina que las empresas eléctricas prefieran pagar las compensaciones a los usuarios y no efectuar inversiones para reducir las fallas que se producen en sus instalaciones. Esto, acompañado de restricciones gubernamentales al gasto e inversión. Se presenta una metodología de investigación que establece un marco normativo, donde se pretende relacionar un Costo Óptimo de Calidad con una Costo de Compensación más disuasiva. Mediante un análisis estadístico en tres escenarios: Pesimista, conservador y optimista y una variable en función del Costo de la Compensación. Donde se pretende demostrar el costo - beneficio que tendrán las empresas con los nuevos valores de compensación. Considerando que la aplicación de estos planteamientos, resolverán la deficiente calidad del servicio eléctrico en el Perú. / This thesis seeks to analyze the current situation of the regulation of the quality of public electricity services - supply quality - and to propose a regulatory framework that helps to obtain better levels of quality. The Electric Concessions Law of 1992, promulgated by Decreto Ley No. 25844, defined the most representative characteristics of the current Peruvian regulatory model, in the activities of generation, transmission and distribution of electrical energy. By Decreto Supremo No. 020-1997-EM, the ‘Technical Standard for the Quality of Electrical Services’ (hereinafter NTCSE) was promulgated for urban areas, where the minimum levels of quality of electrical services were established. The NTCSE is of imperative application for service activities related to the generation, transmission and distribution of electricity. For rural areas, through Law No. 28749, General Law of Rural Electrification and its Regulations, approved by Supreme Decree No. 025-2007-EM, regulations were issued for the development of electrification projects in rural areas by the State. Since the promulgation of the Standard that regulates the Quality of Electric Services in the country to date, the state has done little or almost nothing to improve this regulation. In recent years, the quality of service has worsened. In this study, it is proposed that the reason is that the current Cost of Energy not Served in force “e”, to compensate for the breach in the quality of supply and considered in its opportunity, is very low, compared to the costs of neighboring countries (US $ 0.35 / kWh). Therefore, it is not a deterrent; which means that electricity companies prefer to pay compensation to users and not make investments to reduce failures that occur in their facilities. This, accompanied by government restrictions on spending and investment. A research methodology that establishes a regulatory framework is presented, where it is intended to relate an Optimal Cost of Quality with a more dissuasive Compensation Cost. Through a statistical analysis in three scenarios: Pessimistic, conservative and optimistic and a variable based on the Cost of Compensation. Where it is intended to demonstrate the cost - benefit that companies will have with the new compensation values. Considering that the application of these approaches will resolve the poor quality of the electrical service in Peru.