El 18 de julio de 1962 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el primer golpe institucional militar en la historia del Perú, deponiendo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche a tan sólo diez días de su finalización. Dicho episodio llevó al poder a una Junta Militar de Gobierno liderada por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, la cual se amparó en una acusación de fraude electoral para vetar la elección presidencial que debía ser ejecutada por el Congreso. Aunque sólo permaneció en el poder durante un año, la Junta Militar realizó una serie de reformas que iban de la mano con el nacimiento de una visión particular de desarrollo nacional entre los militares. Una de las prioridades de esta Junta fue la realización de una reforma electoral - dadas las acusaciones de fraude contra el sistema anterior -, proceso que finalizó con la promulgación de un nuevo Estatuto Electoral mediante el Decreto Legislativo 14250. / Tesis

Manifiesta que en Perú no existe una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, debido al deficiente modelo político criminal implementado por el Estado. Así, la normatividad penal peruana, en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude tendientes a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. El ordenamiento jurídico peruano, debe prepararse normativamente para afrontar estos tipos de "nuevos" delitos de "avanzada", sobre todo en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa. El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos (el desarrollo actual y moderno nos ha traído avances importantes para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no deseados). / Tesis

Revisa los requisitos e impedimentos para ser candidato a cargos públicos representativos que exige en la legislación vigente, a efectos de someterlos a evaluación para dilucidar si el marco normativo vigente resulta suficiente para asegurar, precisamente, la “idoneidad” o “aptitud”, sobre todo en su dimensión “ética”, de dichos candidatos; siendo que, sobre la base de ello, se puedan formular algunas recomendaciones que permitan optimizar aquel principio de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos. El objeto de estudio es el Derecho Electoral, en concreto, las reglas y principios relacionados con el ejercicio del derecho a ser elegido para un cargo público representativo. Efectivamente, la presente investigación se encuentra delimitada o circunscrita al estudio de las condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio del derecho a ser elegido. Es en la Constitución, las leyes y reglamentos electorales las que establecen los requisitos e impedimentos que delimitan el ejercicio del derecho a la participación política en nuestro país, siendo que el derecho al sufragio pasivo, tal como se encuentra regulado nuestro ordenamiento jurídico es de titularidad de las personas naturales, esto es, se trata de un derecho individual, pero que solo puede ser ejercido a través de las organizaciones políticas. Es decir, al no admitirse la presentación de candidaturas individuales, nos encontramos ante un derecho constitucional individual de ejercicio colectivo o asociado. / Tesis

El 18 de julio de 1962 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el primer golpe institucional militar en la historia del Perú, deponiendo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche a tan sólo diez días de su finalización. Dicho episodio llevó al poder a una Junta Militar de Gobierno liderada por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, la cual se amparó en una acusación de fraude electoral para vetar la elección presidencial que debía ser ejecutada por el Congreso. Aunque sólo permaneció en el poder durante un año, la Junta Militar realizó una serie de reformas que iban de la mano con el nacimiento de una visión particular de desarrollo nacional entre los militares. Una de las prioridades de esta Junta fue la realización de una reforma electoral - dadas las acusaciones de fraude contra el sistema anterior -, proceso que finalizó con la promulgación de un nuevo Estatuto Electoral mediante el Decreto Legislativo 14250.

instituciones cuya función principal es resolver conflictos en materia electoral. Estos jurados han sido parte del Jurado Nacional de Elecciones desde 1931, en los que han sido, y son hoy en día, órganos jurisdiccionales de primera instancia en sede electoral. Estos órganos solo funcionan durante cada periodo electoral, por lo que una de sus características es su temporalidad. A la fecha, no existen estudios sobre los Jurados Electorales Especiales. Esto ha creado la necesidad de investigaciones dirigidas a saber cuáles son sus principales características, de dónde provienen, cómo se crean y se clausuran, cómo influyen en ellos los procesos electorales y qué problemas están vinculados a su temporalidad. De esta manera, el objetivo del presente trabajo es responder a cada una de las interrogantes anteriores. Así, esta tesis se enfoca en describir la estructura y funciones de los Jurados Electorales Especiales, en realizar un breve estudio histórico sobre su origen, en realizar una descripción de su proceso de creación y disolución, en realizar una breve descripción de la influencia que tiene en ellos los procesos electorales y, finalmente, en analizar y proponer soluciones a uno de los principales problemas originados por su carácter temporal: El problema de la doble instancia en sede electoral para periodo no electoral. / Tesis

En este trabajo se busca reflexionar sobre el diseño del Jurado Nacional de Elecciones. En particular, nos concentramos en los casos de las apelaciones de las decisiones del Registro de Organizaciones Políticas, las cuales serán conocidas en últimas y definitiva instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El estudio realizado nos ha permitido corroborar que no existe una adecuada identificación y distribución de las funciones encomendadas al Jurado Nacional de Elecciones. Así pues, muchas de sus funciones, dada su naturaleza administrativa, deberían ser asignadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, resulta necesario pensar en un rediseño de nuestro sistema electoral. Por otro lado, el análisis desarrollado nos permite afirmar que el contenido mínimo de la garantía a la pluralidad de instancias reconocido en el numeral 6 del art. 139 de la Constitución impone la exigencia de que todo proceso seguido ante la jurisdicción electoral prevea dos instancias. Sin embargo, ello no se cumple en el caso de las decisiones del Pleno del JNE sobre los cuestionamientos a las decisiones del ROP, pues solamente se encontraría prevista una única instancia que emite decisiones irrevisables. Siendo ello así, concluimos que el diseño del sistema de impugnaciones del Jurado Nacional de Elecciones vulnera abiertamente la garantía a la pluralidad de instancias que inspira todo ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo cual debe ser revisado.

El presente trabajo propone entender el Perú decimonónico como una República corporativa. No sólo porque en su estructura social, como han señalado varios autores desde los liberales del siglo XIX, persistía una “herencia colonial”, sino porque las soluciones políticas también expresaban una concepción organicista, particularmente en el modo de definir la ciudadanía. Así, en 1875, para que los adultos varones ejerzan el derecho a sufragio en la gran mayoría de repúblicas de América Latina, no requerían condiciones o, a lo más, una sola: saber leer y escribir o poseer una renta. Además de Perú y los centroamericanos Honduras y El Salvador, muy pocos países permanecían con fórmulas alternativas, es decir, con más de un requisito válido para acceder a ese derecho. De todos ellos, el Perú poseía una combinación más variada: tanto en la Constitución de 1856 como en la 1860 - que en materia electoral no sería modificada de manera efectiva hasta 18961- se podía ejercer el derecho a sufragio si se alcanzaba al menos uno de cuatro requisitos que apuntaban a distintas cualidades educativas, sociales y económicas. Esta fórmula se mantuvo hasta fines del siglo XIX, sustentando lo que denominamos la República corporativa. La persistencia de lógicas y estructuras corporativas expresadas en discursos y prácticas políticas no sólo fueron responsabilidad de los grupos conservadores. Los liberales de mediados del XIX, que criticarían severamente esa “herencia colonial” y los privilegios de las corporaciones, no rompieron necesariamente con ello y mucho menos propusieron un modelo de sociedad plenamente atomizado en individuos. La influencia del organicismo alemán coincidió con el corporativismo tradicional al reconocer grupos u órganos 1 sociales como componentes de un todo social. Esa “persistencia corporativa no sólo se mantuvo, silenciosa, en la sociedad. Proponemos que influyó en las salidas políticas de la nueva república. Por ello, entre los textos discursivos que estudiamos, ocupan un lugar central las Constituciones políticas. No porque se cumplieran plenamente en la realidad, sino por constituir un espacio simbólico de conflictos ideológicos y políticos y de resolución o negociación de los mismos. La república corporativa, asimismo, se hizo evidente en las prácticas políticas. El fraccionamiento territorial del poder, por un lado, y el poder político y social de corporaciones como la Iglesia, el Ejército, las comunidades indígenas, entre otras, por otro, mostraban un mosaico de difícil articulación política. El presente trabajo busca establecer un diálogo entre los discursos y los procesos económicos, sociales y políticos. No por un afán determinista, sino como entradas complementarias que permiten comprender la complejidad de la realidad política peruana. / Tesis

instituciones cuya función principal es resolver conflictos en materia electoral. Estos jurados han sido parte del Jurado Nacional de Elecciones desde 1931, en los que han sido, y son hoy en día, órganos jurisdiccionales de primera instancia en sede electoral. Estos órganos solo funcionan durante cada periodo electoral, por lo que una de sus características es su temporalidad. A la fecha, no existen estudios sobre los Jurados Electorales Especiales. Esto ha creado la necesidad de investigaciones dirigidas a saber cuáles son sus principales características, de dónde provienen, cómo se crean y se clausuran, cómo influyen en ellos los procesos electorales y qué problemas están vinculados a su temporalidad. De esta manera, el objetivo del presente trabajo es responder a cada una de las interrogantes anteriores. Así, esta tesis se enfoca en describir la estructura y funciones de los Jurados Electorales Especiales, en realizar un breve estudio histórico sobre su origen, en realizar una descripción de su proceso de creación y disolución, en realizar una breve descripción de la influencia que tiene en ellos los procesos electorales y, finalmente, en analizar y proponer soluciones a uno de los principales problemas originados por su carácter temporal: El problema de la doble instancia en sede electoral para periodo no electoral.

El presente trabajo de investigación busca analizar desde una perspectiva de gerencia social la instalación de mesas de sufragio en centros poblados de difícil acceso, en el centro poblado (CP) de Villa La Peñita del departamento de Piura, realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las Elecciones Generales de 2016. Para la investigación se han analizado cuáles eran los factores que limitaban la participación electoral de los pobladores antes de la instalación de las mesas de votación. Asimismo, el trabajo realiza una descripción del proceso de instalación de las mesas electorales, definiendo sus limitaciones e identificando los efectos que dicha instalación genera en los electores para proponer mejoras al servicio y en consecuencia fomentar la participación electoral de los pobladores de centros poblados de difícil acceso. (...) / Tesis

La participación política es un derecho que asisten a todas las personas. Esta, está bajo el paraguas de la igualdad, como principio fundamental de las sociedades democráticas. Sin embargo, este derecho ha sido desconocido históricamente para las mujeres que, si bien cada vez tiene una mayor participación, hasta la actualidad no gozan plenamente del mismo y evidencian que brechas que persisten a lo largo del tiempo. Con la finalidad de acorta esas brechas en el mundo y en el Perú se han aprobado medidas de acción afirmativa desde la década de los 90s. En el caso peruano, las cuotas de género aprobadas se aplican desde el año 2000 sin embargo, a pesar de estas, no se ha logrado tener una representación equitativa, y las mujeres se han mantenido en niveles de subrepresentación a pesar de la norma. En 2019 se aprobó la paridad y alternancia junto con otras reformas políticas con el objetivo de incrementar la representación femenina e intentar llegar a una representación más igualitaria. La hipótesis plante que las reformas políticas aprobadas referidas a la ubicación en las listas (alternancia), así como a la prohibición de contratar propaganda en medios de comunicación, han tenido un impactado positivo en la elección de mujeres parlamentarias. El trabajo concluye que, si bien estas normas han mostrado un alto nivel de efectividad, aún existen otros factores que impiden que las mujeres puedan gozar plenamente sus derechos políticos. / Political participation is a right to which all people are entitled. It falls under the umbrella of equality, as a fundamental principle of democratic societies. Historically, however, this right has been unknown to women, who, despite having ever greater participation, still do not fully enjoy it, a fact reflected in gaps that persist over time. In an effort to close these gaps in the world and in Peru, beginning in the 1990s, affirmative action measures have been approved. In Peru, approved gender quotas have been implemented since 2000; nevertheless, equal representation has not been achieved and women have remained underrepresented. In 2019, parity and alternation were approved, along with other political reforms, with the goal of increasing female representation and achieving more equitable representation. The hypothesis posed in this paper is that political reforms related to candidate positions on lists (alternation), as well as prohibitions on contracting political advertising in the media, have had a positive impact on the election of women parliamentarians. The paper concludes, however, that although these norms have been highly effective, other factors persist that prevent women from fully enjoying their political rights.