El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Ello debido a que, hasta el momento, este tribunal internacional ha llevado a cabo un doble estándar dependiendo de si el Estado en cuestión es o no parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado para efectos de esta investigación como bifurcación jurisprudencial. Por ello, en la medida en que nos encontramos en un contexto internacional donde los Estados tienden a una práctica extractivista que reproduce despojos históricos a los territorios de los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que la Corte IDH debe efectuar una fundamentación más sólida y uniforme respecto al derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas: primero, sobre la base de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH; segundo, una lectura del artículo 21 de la CADH a la luz del el art. 1 común de los Pactos Internacionales de la ONU; y tercero, la jurisprudencia de la Corte IDH

El presente informe jurídico analiza el fallo n° 43835/11 expedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde valora si la prohibición del uso del velo integral en lugares públicos por parte Estado francés vulnera los derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), específicamente, el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8); la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9); la libertad de expresión (artículo 10); y, de forma separada y en conjunta con los artículos mencionados anteriormente, la prohibición de discriminación (artículo 14). El TEDH en su resolución concluye que no existe violación del CEDH por parte de la República francesa. Es difícil estar de acuerdo con este fallo. Ser considera que se no se empleó de manera adecuada el principio de subsidiariedad y se realizó una incorrecta interpretación del consenso europeo para otorgarle un amplio margen de apreciación al Estado francés. De esa manera, se aplicó de manera inadecuada el principio de proporcionalidad sobre los posibles derechos lesionados de la peticionaria versus el interés estatal. / This legal report analyses Judgment no. 43835/11 issued by the European Court of Human Rights (HUDOC) where it assesses whether the French State's ban on the wearing of the full-face veil in public places violates the rights protected by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), specifically, the right to respect for private and family life (Article 8); freedom of thought, conscience and religion (Article 9); freedom of expression (Article 10); and, separately and in conjunction with the aforementioned articles, the prohibition of discrimination (Article 14); freedom of thought, conscience and religion (Article 9); freedom of expression (Article 10); and, separately and in conjunction with the above-mentioned articles, the prohibition of discrimination (Article 14). The HUDOC in its ruling concludes that there is no violation of the ECHR by the French Republic. It is difficult to agree whit this ruling. It is considered that the principle of subsidiarity was not effectively use. Also too, an incorrect interpretation of the European consensus was made to grant wide margin of appreciation to the French State. In this way, the HUDOC avoid conducting the test of conventionality on the possible rights of the petitioner versus the State's interest.

En este trabajo se examina la obligación de negociar a propósito del caso presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Para ello, se hará énfasis en la estrategia procesal empleada por Bolivia, señalando algunos puntos fuertes y debilidades de la teoría del caso planteada por el Estado boliviano. Luego de ello, se estudiará la obligación de negociar y el desarrollo de esta en la jurisprudencia internacional. Posteriormente, se hace énfasis en la disquisición teórica entre las obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado con la finalidad de identificar en cual de estos dos tipos se encontraría la obligación de negociar. Este trabajo concluye sosteniendo que la obligación de negociar puede ser calificada como una obligación de comportamiento o una obligación de resultado dependiendo del contenido que esta tenga.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evidenciar la creciente problemática del reclutamiento de niños en el valle del Vraem para utilizarlos activamente en las hostilidades con las fuerzas militares peruanas. En tal sentido, se aborda la primera sentencia de la Corte Penal Internacional sobre el reclutamiento de niños soldados por la UPC/FPLC en la República Democrática del Congo. Los nuevos lineamientos en Derecho Penal Internacional sobre la participación activa en las hostilidades y la violencia sexual intra filas, son aportes fundamentales para visibilizar a grupos vulnerados en los conflictos armados internacionales y no internacionales. Este trabajo, hace incidencia de la precaria legislación jurídica peruana en torno al reclutamiento de niños para ser utilizados como niños soldados, la falta de organización a nivel institucional para coordinar planes de acción y el desinterés por parte de las autoridades para solucionar una situación tan delicada. En tal sentido, la principal conclusión reside en proponer la tipificación del crimen de reclutamiento de niños soldados para utilizarlos activamente en hostilidades. Para ello, es relevante tomar en cuenta las particularidades del Perú y alejarse mesuradamente de la discusión de si existe o no un conflicto armado no internacional.