Ante la interrogante de por qué la Administración Tributaria se empecina en cobrar a los contribuyentes intereses moratorios cuando es el propio Estado (Tribunal Fiscal), el que– con su morosidad para resolver las controversias bajo su competencia –origina que dichos intereses se incrementen indebidamente, decidimos realizar el presente trabajo de investigación. Es más, es recién con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30230 que por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano se establece que el Estado no puede cobrar intereses moratorios por su demora al resolver. Sin embargo, el problema subsiste por la existencia de procedimientos contenciosos tributarios en trámite ante el Tribunal Fiscal anteriores a la entrada en vigencia de la citada ley. En el decurso de la investigación advertimos que la posición de la autoridad fiscal, en los referidos procedimientos, es la de no suspender el cómputo de los intereses moratorios bajo una interpretación antojadiza de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230. Así, el presente trabajo de investigación recoge argumentos y principios constitucionales sobre la base de los cuales podemos concluir y afirmar, de manera categórica, que la posición de la Administración Tributaria es arbitraria e inconstitucional. Al término del presente trabajo, exponemos cuál es la interpretación correcta de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 y cómo debe actuar la Administración Tributaria para no vulnerar derechos constitucionales de los contribuyentes. / Facing the question of why the Tax Administration is obstinate in charging taxpayers monetary interests when it is the State itself (Tax Court), the one that– with its slowness to solve controversies under their competence– cause these interests to increase improperly, we decided to make the present research work. Moreover, it is just after the Law No. 30230 entered into force that for the very first time in the peruvian legal order is established that the State cannot charge interests because of its slowness in resolving. Nevertheless, the problem subsists because of the existence of tax litigation procedures in process before the Tax Court prior to the entrance into force of the aforementioned law. In the course of the investigation we warn that the position of the fiscal authority, in the referred procedures, is not to suspend the computation of the moratorium interests under a fickle interpretation to the Fourth Complementary Transitory Disposition of the Law No.30230. Thus, this research work arguments and constitutional principles on the basis of which we can conclude and affirm, in a categorical way, that the position of the Tax Administration is arbitrary and unconstitutional. At the end of the present work, we expose which is the right interpretation to the Fourth Complementary Transitory of the Law No. 30230 and how the Tax Administration is supposed to act in order to not infringe the constitutional rights of the taxpayers. / Tesis

La presente investigación versa sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015 que resuelven controversias respecto del principio de causalidad del gasto, bajo la hipótesis de que estas no conformaban una doctrina jurisprudencial que contribuya al mejor entendimiento de dicho principio. Para poner a prueba esta última, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad a la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Con esa base conceptual, se procedió a la revisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015, encontrándose tres criterios recurrentes: el de “vinculación entre el gasto y la actividad empresarial del contribuyente”, el de “obligatoriedad del gasto”, y el de “finalidad y/o destino del gasto”. Tales criterios se contrastaron con el marco conceptual propuesto, con lo cual se pudo concluir que en los años 2013 a 2015 se desarrolló una doctrina jurisprudencial que, en efecto, contribuye a un mejor entendimiento del principio de causalidad del gasto. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

A propósito de la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria emitida por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 15607-5-2010, en virtud de la cual dicho colegiado dispone que no procede en la vía de Queja dilucidar si las Órdenes de Pago fueron emitidas con arreglo a Ley, efectos de determinar su exigibilidad en el procedimiento de cobranza coactiva, se ponen de manifiesto posibles escenarios en los cuales los alcances del fallo deriven; por un lado, en una zona exenta de control legal del procedimiento de cobranza coactiva, seguido por la Administración Tributaria a través de ejecutor coactivo, por parte del Tribunal Fiscal; por otro lado, en la reducción de los mecanismos de defensa de los contribuyentes para poder tener una real tutela de derecho en protección de su patrimonio ante un sumarísimo procedimiento de cobranza; y finalmente, en la evidencia que el propio Tribunal Fiscal reduce sus facultades legalmente concedidas. En ese sentido, se desarrollarán los alcances del precedente jurisprudencial en el marco de la revisión de resoluciones del referido colegiado, con anterioridad y posterioridad a dicho fallo, así como las posiciones a favor y en contra en atención a las interpretaciones de los conceptos jurídicos vinculados e instituciones procedimentales, para finalizar con una propuesta de interpretación, del caso bajo estudio, dirigido a la protección del derecho de defensa de los contribuyentes y a la salvaguardia de la legalidad del procedimiento de cobranza coactiva, así como sus respectivos controles legales por parte del Tribunal Fiscal, incluyendo una exhortación al cambio del precedente vinculante, el cual no incluye modificaciones normativas, sino un giro de la interpretación jurisprudencial del mismo órgano resolutor con las normas vigentes.

La presente investigación versa sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015 que resuelven controversias respecto del principio de causalidad del gasto, bajo la hipótesis de que estas no conformaban una doctrina jurisprudencial que contribuya al mejor entendimiento de dicho principio. Para poner a prueba esta última, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad a la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Con esa base conceptual, se procedió a la revisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015, encontrándose tres criterios recurrentes: el de “vinculación entre el gasto y la actividad empresarial del contribuyente”, el de “obligatoriedad del gasto”, y el de “finalidad y/o destino del gasto”. Tales criterios se contrastaron con el marco conceptual propuesto, con lo cual se pudo concluir que en los años 2013 a 2015 se desarrolló una doctrina jurisprudencial que, en efecto, contribuye a un mejor entendimiento del principio de causalidad del gasto.

En el presente informe jurídico se cuestiona la interpretación del Tribunal Fiscal respecto a la suspensión del plazo de prescripción, referida a la tramitación del procedimiento contencioso tributario, en el sentido que establece como jurisprudencia de observancia obligatoria que dicha suspensión opere en los plazos legales para resolver los recursos impugnatorios, solo cuando se ha declarado la nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para su emisión. En ese sentido, dicho órgano resolutor considera que la suspensión del procedimiento contencioso tributario se mantendrá durante todo el procedimiento, incluida la demora fuera del plazo legal para resolver, en caso no se haya declarado la nulidad. La mencionada posición vulnera los principios de legalidad, debido procedimiento e igualdad, así como el derecho al plazo razonable, toda vez que va en contra de la propia naturaleza de la prescripción y del ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a los plazos legales establecidos. Para el análisis se empleó pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, así como bibliografía especializada. Finalmente, la conclusión principal del presente informe es que la causal de suspensión del plazo de prescripción referida a la tramitación del procedimiento contencioso tributario debe operar en todos los casos sólo durante los plazos legales que tienen los órganos administrativos para resolver. / This legal report questions the interpretation of the Tax Court regarding the suspension of the limitation period, referring to the processing of the tax litigation procedure, in the sense that it establishes as mandatory jurisprudence that said suspension operates within the legal deadlines to resolve challenging appeals, only when the nullity of the administrative acts or the procedure carried out for their issuance has been declared. In this sense, said resolution body considers that the suspension of the tax litigation procedure will be maintained throughout the entire procedure, including the delay outside the legal deadline to resolve, if nullity has not been declared. The aforementioned position violates the principles of legality, due procedure and equality, as well as the right to a reasonable period of time, since it goes against the very nature of prescription and the legal system, with regard to the established legal periods. For the analysis, pronouncements from the Constitutional Court and the Supreme Court were used, as well as specialized bibliography. Finally, the main conclusion of this report is that the cause for suspension of the limitation period referring to the processing of the contentious tax procedure should operate in all cases only during the legal deadlines that the administrative bodies have to resolve.

La finalidad de la presente investigación es conocer y establecer los criterios utilizados por el Tribunal Fiscal al analizar las pruebas recabadas durante el procedimiento de fiscalización y el procedimiento contencioso tributario, relacionadas con los reparos al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas por operaciones no reales, efectuados por la administración tributaria al amparo de lo establecido en el inciso a) del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, a tal efecto, se analizará las resoluciones emitidas por dicho colegiado del 2020 y 2021, recabando las conclusiones más usuales a las arribadas por el citado colegiado al meritar dichas pruebas que sustentan las operaciones observadas a los contribuyentes, en específico aquellas relacionadas con las adquisiciones de bienes, de modo tal que nos permita establecer con claridad el aspecto determinante que los contribuyentes deben acreditar a fin de sustentar las acotaciones efectuadas por el ente fiscalizador. Operaciones no reales, jurisprudencia del Tribunal Fiscal y medios probatorios.

El presente informe jurídico analiza el Expediente No. 4985-2004, el cual representa el procedimiento tributario del que es parte el excomandante del Ejército del Perú, Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Este caso reabre el debate sobre la tributación de actividades ilícitas, un tema que continúa siendo objeto de controversia en la comunidad jurídica hasta la actualidad. Con el propósito de analizar los principales problemas jurídicos que plantea este caso desde una perspectiva tanto procedimental como sustantiva, el presente informe jurídico evaluará las instituciones y funciones reservadas al derecho penal y el derecho tributario, así como la figura del incremento patrimonial no justificado, reconocida en el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. Finalmente, mediante un análisis constitucional del caso, este informe jurídico adopta una postura contraria a las conclusiones de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sosteniendo que los fondos obtenidos por el excomandante como resultado de sus actos ilícitos no deberían estar sujetos al Impuesto a la Renta.