Especialista en terapias de arte, mención arteterapia / El presente trabajo de monografía relata el proceso de práctica profesional para optar al título de Postgrado de Especialización en Terapias de Arte, mención Arteterapia de la Universidad de Chile. En él se expone el trabajo con una mujer migrante sobreviviente de violencia de género y abuso sexual, en el contexto de una casa de acogida ubicada en la región de Valparaíso. Mediante una revisión bibliográfica se problematiza la violencia de género desde un punto de vista social, para poder entender el impacto individual que genera la violencia sexual en las mujeres, desde el punto de vista del trauma. El abordaje terapéutico se realizó a través del arteterapia, a lo largo de 16 sesiones de las cuales se relatarán las principales sesiones, para dar cuenta de los avances y logros obtenidos durante el proceso, como también de los aprendizajes obtenidos por la arteterapeuta en práctica y los beneficios del arteterapia asociados a la temática de este caso de estudio

Programa de especialización en terapias de arte mención arteterapia / La presente monografía es el testimonio escrito de la práctica clínica para optar al título de Arteterapeuta realizada entre septiembre de 2012 y enero de 2013 en una casa de tránsito de la zona central de nuestro país. Dicha casa acoge mujeres víctimas de violencia y sus hijos, otorgándoles un lugar seguro donde comenzar a construir su vida nuevamente

Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico

Memoria para optar al título de Periodista / Más de mil mujeres han sido asesinadas en Chile sólo en los últimos 20 años, la mayoría de ellas por femicidios. Murieron torturadas, violadas, quemadas, mutiladas, golpeadas, destrozadas, convertidas en nada. Es que más de la mitad de las muertes de mujeres en Chile son femicidios. Y una de cada dos mujeres sufre algún tipo de violencia por hombres que prometen amarlas. Nacer mujer tanto en Chile como en Latinoamérica, así como en todo el mundo, significa la posibilidad cierta de morir a causa de la violencia de género o sufrirla en cualquier etapa de la vida y en todo lugar.

Memoria para optar al título de Periodista / La Organización de Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en el género que resulte en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privaciones arbitrarias de libertad, tanto en el ámbito público como en el privado” . Dicen que la procesión va por dentro. Muchas mujeres viven en silencio el dolor de ver avasallados sus derechos más básicos por hombres que han prometido quererlas y protegerlas. Históricamente en Chile la agresión a mujeres en el marco de las relaciones de pareja formó parte de aquello de lo que no se hablaba. El problema pasó buena parte del siglo veinte relegado a la esfera de la vida privada. Eso hasta que, paradójicamente, la opresión vivida por muchos compatriotas en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), destapó la olla. Fue entonces cuando cuajó la lucha que venían dando los movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales. Esos grupos le dieron a este tipo de violencia un lugar visible en la discusión pública. Pero la institucionalidad aún hacía oídos sordos. Fue en 1990 y con el advenimiento de la democracia, cuando el Estado tomó por primera vez el asunto en sus manos. En 1991 se creó una secretaría gubernamental, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), mientras que en 1994 y 2005 entraron en vigencia las dos primeras leyes, llamadas de “violencia intrafamiliar” (VIF). En 2000 y 2005 comenzaron a funcionar el Ministerio Público y los Tribunales de Familia, respectivamente, ambos con competencia en VIF. El surgimiento de nuevos protagonistas en la escena pública de protección a las mujeres desde el año 2000, entre ellos las fiscalías del Ministerio Público y los Tribunales de Familia, abrigó nuevas esperanzas de solución. Sin embargo, dichas expectativas chocaron en un comienzo con serios problemas de implementación y capacidad para atender las crecientes demandas de unas mujeres cada día más decididas a denunciar. La demanda de la ciudadanía desbordó cualquier pronóstico. El asesinato en 2007 de la joven Catherine Casas Cordero a manos de su pareja tuvo una amplia cobertura en la prensa nacional y fue el hecho que permitió visibilizar la precariedad del sistema estatal de protección a las mujeres y colocarla como uno de los principales temas de la agenda política. Se dotó, entre otras medidas, de más recursos y juezas a los tribunales de familia y algunas fiscalías crearon planes especiales contra la “violencia intrafamiliar”. Si bien desde entonces hubo una reacción y ciertas mejoras en la atención de la violencia de pareja, los principales órganos involucrados reconocen que aún falta mucho por hacer. En el Ministerio Público, por ejemplo, reconocen que la labor de las fiscalías en la protección de las mujeres no basta, sobretodo en lo referente a los nuevos tipos penales contemplados en la última ley de 2005. Pero no sólo existen problemas al interior de cada institución, sino entre ellas. A comienzos de 2009, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, denunció falta de apoyo por parte del Sernam. Enfatizó que el fenómeno de violencia intrafamiliar es absolutamente complejo y que sin duda no se agota en la respuesta penal, ya que exige la adopción de políticas públicas destinadas a abordar de manera integral este fenómeno. Su demanda fue clara: “nosotros tenemos que contar con una red pública que nos apoye” . Datos del Ministerio del Interior revelan que durante los primeros trimestres de 2007 y 2008 el incremento en la tasa de denuncias por violencia contra la mujer superó incluso al aumento de delitos caratulados como de mayor connotación social, como son el robo con violencia, el robo con intimidación o con fuerza, el hurto, las lesiones, el homicidio y la violación . Mientras las denuncias por VIF contra mujeres aumentaron un 17,5 por ciento, los delitos de “mayor connotación social” lo hicieron un 14,8. El propio Ministerio del Interior señala que otras estadísticas confirman esa tendencia. l propósito de este reportaje de investigación es describir los cambios en las instituciones públicas encargadas de proteger a aquellas mujeres agredidas por sus parejas. Dichos órganos del Estado son, según la ley chilena de Violencia Intrafamiliar, los primeros entes a los que una mujer debe recurrir cuando toman la decisión de salir de la situación de violencia de pareja.

La violencia física en la pareja como instrumento dispositivo de poder, representa una evidencia palpable en las realidades sociales, se conforma como una especie de continuidad histórica, enmarcada dentro de una circularidad de la dominación masculina; en la medida en que el hombre mayormente es el sujeto que la maneja. De esta manera, los homicidios perpetrados por las mujeres a sus parejas se alzan como una ruptura dentro de la continuidad histórica de la distinción sexual que atribuye el ejercicio de la violencia física a los hombres.

Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios de Género y Cultura en América Latina mención Humanidades / En el texto de esta tesis se revisa, desde una perspectiva de género, la violencia contra las mujeres en Chile en el período 2010 – 2014, esto es, después de la promulgación del delito de femicidio hasta el cierre del año más reciente. Existen diversos tipos de violencia. Esta investigación centra sus análisis en violencia simbólica y masculina, en la medida que postula encontrar en estas formas los orígenes o fundamentos de otros tipos de violencia contra las mujeres. De esta manera, se revisan una serie de datos estadísticos derivados del Ministerio Público y de Carabineros de Chile, que ilustran un panorama general durante los cinco años revisados, acerca de cómo se manifiestan las diferencias de sexo en la comisión de delitos, suicidios y en la cantidad de víctimas de distintos delitos. Asimismo, se discuten diversas dificultades que surgen a partir de la revisión de dichas estadísticas, fundamentalmente por falta de información derivada de los órganos del Estado y la ausencia de la división por sexo en los datos, lo que contribuye al desconocimiento de la población acerca de las reales dimensiones del problema de la violencia contra las mujeres en nuestro país, pero también dificulta el trabajo del Estado en la propuesta de políticas públicas. Por otra parte, se revisan las diversas formas en que la cultura, la sociedad y el Estado contribuyen a perpetuar el sistema patriarcal, sobre todo ante la noción de mujeres como víctimas absolutas y de hombres como victimarios absolutos. Se establece cómo esto no constituye un aporte en la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de una vida más saludable en la población chilena.

Tesis restringida por petición de su autora hasta el 2018 para ser publicada a texto completo en www.repositorio.uchile.cl. / Pintora / Este trabajo es una serie que se titula “Posesiones” y toma tres frases que aluden a la construcción de mundos desde la violencia en la pareja, como una manera de poner en tensión cuatro atenuantes relativos a este universo: el amor/pasión y el romanticismo idealizado; la posesión/apropiación del otro, de su cuerpo e individualidad, inclusive referida a la maternidad; culpabilizar a la mujer por el hecho de serlo, de la ejecución de la violencia; y la intimidación a través del lenguaje, como consecuencia de una denigración sistemática que construye una realidad.

Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios de Género y Cultura en América Latina mención Humanidades / La investigación que sigue, se escribió en torno a diez y siete casos de violencia de género suscitados entre hombres y mujeres Mapuche de comunidades de la Araucanía que entre los años 2011 y 2012, los que tras ser denunciados, fueron resueltos en primera instancia judicial a través de Acuerdos Reparatorios. Como objetivo general, esta investigación se propuso realizar un estudio crítico de los hechos de violencia de género en el contexto familiar Mapuche, y junto con ello, abordar la violencia como algo taxativo pero también simbólico presente en las mujeres víctimas. Para ello, se estudió el contexto histórico y sociocultural de la Araucanía. La yuxtaposición de Estado chileno versus la vida en comunidades Mapuche y, el anclaje de las normativas legales versus la construcción de sujetas Mapuche. Se analizaron también aspectos jurídicos tangenciales en torno a la violencia de género como delito atentatorio a los derechos humanos y, las actuaciones vistas en los escritos judiciales. Se rescataron las alocuciones y tensiones discursivas suscitadas entre agencias vinculadas al poder judicial. Y, por último, se analizó discursivamente el relato de estas mujeres y sus aproximaciones a su situación como víctimas corporeizadas social y territorialmente, y junto con ello, participación dentro del proceso judicial del cual fueron parte. Esto permitió concluir que, la violencia ejercida contra estas mujeres Mapuche, se sirvió del Sistema Sexo Género, de su división arbitraria y de su situación asimétrica en cuanto a etnia y, que al no ser sancionados los delitos violentos, se obviaron las vejaciones acometidas, se dejó impune el delito y se desequilibró la situación de las víctimas como mujeres, viéndose sus roles reestructurados en torno a la dominación legal, corpórea, territorial y cultural como víctimas permanentes, quienes si bien pactaron acuerdos Reparatorios con sus agresores, lo hicieron desde su circunstancia social, familiar, étnica y desigual.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En el 2011, el Poder Judicial responde al requerimiento de servicios de las mujeres víctimas de violencia doméstica en Pavas, San José, creando la primera PISAV. Esta plataforma reúne y coordina el servicio del Juzgado de Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias, la Fiscalía contra la Violencia y Delitos Sexuales, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito (OAPVD), y la Unidad Médico Legal en un solo local. Un año después, los niveles de satisfacción de las usuarias con el servicio ofrecido en la PISAV de Pavas, contrastan con informes anteriores sobre precepción de los mismos servicios ofrecidos de forma separada en otras sedes de San José. Lo anterior motivó este estudio de alcance descriptivo, que analiza las dimensiones de la gestión estratégica, organizacional, programática, y política para explicar el buen funcionamiento de la plataforma. Se revisaron los antecedentes, por medio de la documentación propia del programa, al igual que bibliografía que permite enmarcar el surgimiento y permanencia de organizaciones como la PISAV en el seno del estado. Además, se optó por la entrevista semiestructurada aplicada a tres tipos de actores: actores de implementación, actuales operadoras y una ex usuaria, ahora mentora de mujeres víctimas de violencia. En conclusión, en su dimensión organizacional, la PISAV es un arreglo de oficinas que conservan su naturaleza y funciones, y procedimientos de general aceptación que se articulan en función de las condiciones personales y situacionales de las usuarias. En la dimensión programática, las oficinas se abstraen parcialmente de los cuadros de planificación de sus ámbitos, sin contravenirlos, para dar paso a un objetivo común . Este objetivo común tiene una fuerte carga valórica, y es complementado con un grupo de principios rectores que actúan como elemento de cohesión para el grupo, y se manifiestan en una sólida coordinación intrainstitucional. En su dimensión política, la plataforma surgió y se replicó al amparo del jerarca de mayor poder en la institución y mantuvo una línea de autorización y mando directo con él. La combinación de las expresiones de la plataforma en cada dimensión, configuró un modelo de atención integral, caracterizado por la flexibilidad y el pragmatismo. Esto le ha permitido irse adaptando a las necesidades, y entregar servicio oportuno, pertinente y humanizado, forjándose tempranamente legitimidad entre sus usuarias.