Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia. / En este pequeño estudio abordaré las condiciones de existencia de la encomienda en el norte chico durante el Siglo XVIII, recogiendo para ello Visitas, Informes de distintos funcionarios, cartas, y Cedulas reales.

El tema de este trabajo surgió del estudio de los decretos de las Cortes de Cádiz, y más concretamente de la investigación acerca de la libertad de imprenta iniciados en el seminario de Independencia del Instituto Riva Agüero. / Tesis

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:47:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROBERTO SERRA DA SILVA MAIA.pdf: 1472376 bytes, checksum: c8e34dce8f341710fe61a8d926da518a (MD5) Previous issue date: 2010-11-05 / La investigación apoya la necesidad de problematizar la prisión civil del deudor de alimentos en Brasil, bajo el enfoque presentado por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuyo pensamiento tiene como propósito la tutela de la libertad individual contra las diversas formas de ejercicio arbitrario del poder; e, incluso, como complemento, por las opiniones críticas de los jurisconsultos Villaça Alvaro Azevedo y Roberto Cezar Bitencourt, que también han servido de hito teórico y práctico para una observación dialéctica de la prisión civil en Brasil y en el mundo. El orden mundial reconoce la libertad de locomoción como derecho fundamental del ciudadano. Pese a que se garantiza la protección de ese bien jurídico elemental, autoriza su anulación, por vía de regla, por medio de un sistema penal, instrumento de ultima ratio, que posee la privación de la libertad como su centro y final medida; y, también, se reconoce su ineficacia, fundamentalmente, ante el fracaso de la prisión y en detrimento al principio de la dignidad de la persona humana. El derecho no penal, por su parte, reconoce la prisión civil, con cargo a los alimentos, como medio de coerción (art. 5, LXVII, CF, y el art. 7, punto 7, el Pacto de San José, Costa Rica), justificada, básicamente, por la preservación del valor de vida de quien se alimenta, sopesada en detrimento del valor de libertad del deudor. Sin embargo, ya hay una tipificación penal para el débito alimentar, y la detención (civil) viola el principio de la proporcionalidad. Además, el orden mundial impone responsabilidad solidaria al Estado en la provisión de alimentos. Por lo tanto, se hace necesaria que la acción del Estado no recaiga sobre la persona, sino sobre los bienes del deudor, desde la creación de mecanismos jurídicos efectivos para hacerlo. Siendo de la incumbencia del legislador brasileño suprimir el decreto de la prisión civil por deuda alimenticia, a través de la derogación del art. 733, del actual Código de Procedimiento Civil (Ley 5869 de 11 de enero de 1973), y de la exclusión del art. 500 del proyecto de ley del Senado n° 166 de 2010. / A pesquisa sustenta a necessidade de problematizar a prisão civil do devedor de alimentos no Brasil, sob o enfoque trazido pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli, cujo pensamento tem como escopo a tutela da liberdade do indivíduo contra as várias formas de exercício arbitrário do poder; e, ainda, como complemento, pelas visões críticas dos jurisconsultos Álvaro Villaça Azevedo e Cezar Roberto Bitencourt, que também serviram de marco teórico e prático para uma observação dialética da prisão civil no Brasil e no mundo. A ordem mundial global reconhece a liberdade de locomoção como direito fundamental do cidadão. Apesar de garantir a proteção desse bem jurídico primordial, autoriza a sua anulação, em regra, por intermédio de um sistema penal, instrumento de ultima ratio, que tem a privação da liberdade como o seu centro e derradeira medida; e, também, reconhece a sua ineficácia, sobretudo diante da falência da prisão e em detrimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. O direito não penal, por seu turno, reconhece a prisão civil, por débito alimentar, como meio coercitivo (art. 5º, LXVII, CF, e art. 7º, item 7, do Pacto de San José da Costa Rica), sendo justificada, basicamente, pela preservação do valor vida do alimentando, sopesada em detrimento do valor liberdade do devedor. Contudo, o débito alimentar já encontra tipificação penal, e sua prisão (civil) viola o princípio da proporcionalidade. Ademais, a ordem mundial impõe responsabilidade solidária ao Estado na prestação de alimentos. Desse modo, necessário se faz que a ação do Estado recaia sobre o patrimônio do devedor e não sobre a sua pessoa, cabendo ao legislador brasileiro suprimir a decretabilidade da prisão civil por dívida alimentícia, através da revogação do art. 733, do atual Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), e da exclusão do art. 500, do Projeto de Lei do Senado no 166, de 2010.

El tema de este trabajo surgió del estudio de los decretos de las Cortes de Cádiz, y más concretamente de la investigación acerca de la libertad de imprenta iniciados en el seminario de Independencia del Instituto Riva Agüero.