Tesis (magíster en derecho penal) / El presente trabajo apunta al análisis del requisito o elemento normativo del tipo “teniendo a su cargo” utilizado por el legislador en la primera parte del artículo 233 del Código Penal chileno, a propósito del delito de Malversación de Caudales Públicos o, también llamado, peculado, regulado en el párrafo 5, Título V del Libro II, del Cuerpo Legal citado. Con este objeto y a fin de esclarecer adecuadamente los contornos de la alocución referida, en primer término desarrollaré, brevemente, los principales elementos de esta figura típica, especialmente lo relativo al sujeto activo, al sujeto pasivo, al objeto material, a la conducta, al bien jurídico protegido y a algunos conceptos básicos. A continuación, me avocaré a la calificación de elemento normativo del tipo que recibe la frase que me ocupa, exponiendo además algunos problemas que se pueden presentar desde la perspectiva de la autoría y participación y del iter criminis. Posteriormente revisaré algunos aspectos relativos a las calidades y al vínculo que debe existir entre el sujeto activo del delito y los caudales o efectos que éste tiene a su cargo, haciendo referencia a opiniones nacionales y extranjeras que pretenden explicarlo, para luego abordar la variada doctrina y jurisprudencia nacionales sobre el tema principal, y por último compartir algunas conclusiones y reflexiones que se deriven de todo lo expuesto precedentemente.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / Bucchi Cuevas, Pablo Gabriel, [Parte I], Leiva Mella, Luis Javier, [Parte II] / A través de la Ley N˚ 20.780 el legislador introdujo un conjunto de modificaciones a la legislación tributaria chilena que significaron la mayor reforma que ha experimentado nuestra legislación fiscal desde la dictación de la Ley N° 18.293 del año 1984 y la integración de los impuestos de primera categoría y finales en el sistema de impuesto a la renta chileno. En el proyecto de la Ley N° 20.780, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso poco menos de seis meses antes de su promulgación y publicación, se señalaba expresamente que los principales objetivos perseguidos por esta ley de reforma eran aumentar el financiamiento permanente del fisco para cumplir con sus fines, avanzar en mejorar la equidad tributaria, incorporar nuevos y mejores mecanismos de incentivo al ahorro y la inversión, y avanzar en mejorar las medidas para disminuir la evasión y la elusión fiscal1. Entre de las medidas incorporadas a la LIR para prevenir y disminuir la evasión y la elusión fiscal en materia de tributación internacional, se destacó una importante modificación a la norma de subcapitalización – conocida en el medio local como norma sobre exceso de endeudamiento. En efecto, a través de la incorporación del nuevo artículo 41 F, las leyes N° 20.780 y N° 20.899 introdujeron en la LIR una nueva norma de control de subcapitalización, reemplazando íntegramente, a partir del 1˚ de enero de 2015, la antigua norma contenida en el N˚ 1 del inciso cuarto del artículo 59 de la LIR según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende efectuar un análisis detallado de las diversas figuras delictivas que componen dicho precepto, con el objeto de identificar aquellas situaciones que, a nuestro juicio, entran en conflicto con los principios y fines más básicos del derecho penal e, incluso, del derecho en general.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho penal) / La presente investigación se centra en la etapa de la ejecución de la sentencia condenatoria penal, con el objeto de determinar si es posible sostener actualmente que se mantiene el carácter jurisdiccional de ese estadio procesal, o si, por el contrario, con la irrupción de los nuevos órganos de gestión esa fase es eminentemente administrativa. Una primera parte del trabajo abarcará los conceptos generales sobre la ejecución de la sentencia; sus características, principios, tratamiento legislativo, así como la proyección de posibles vías de solución que se sugieren en el futuro para intervenir esta etapa procesal. La segunda parte de la investigación, la más extensa, aludirá a los distintos aspectos que comprende la ejecución penal, mencionados en el artículo 468 del Código del ramo. La tercera parte del trabajo enfrentará los postulados de los dos capítulos anteriores con la aplicación práctica que algunos Juzgados de Garantía de Santiago y otro de Región han experimentado desde su aparición en la Reforma Procesal Penal. Un último capítulo condensa las conclusiones del autor, resolviendo la pregunta inicial que motivó la presente investigación. Palabras claves: Ejecución de sentencias condenatorias penales, cumplimiento de sentencias penales, sentencias condenatorias penales, pena efectiva, jurisdicción, administración

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proyecto de análisis de jurisprudencia, del Departamento de Ciencias Penales, nace a partir de la necesidad de dar una debida actualización y complementación al Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal y sus Leyes Complementarias, en tanto éste constituye una importante herramienta para la interpretación y aplicación de las leyes, siendo de gran utilidad para el ejercicio de la profesión legal y el análisis crítico de las normas. Así, lo que se busca con la revisión de jurisprudencia es una correcta actualización de las discusiones legales que se dan en nuestros tribunales de justicia con el fin de contribuir al debate legal y enriquecer las controversias que ocurren en sede judicial. Con ello, se tiene una visión amplia del devenir jurídico en el siglo XXI, considerando aquellas controversias de importancia en cuanto a la trascendencia de la sanción, el efecto de las modificaciones legales sufridas por un gran número de artículos del Código Penal, así como la aplicación práctica de una serie de normas

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / La Ley sobre Impuesto a la Renta está contenida en el Decreto Ley N°824, el que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 1974 y su última modificación se produce con las leyes 20.780 y 20.899, publicadas en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 2014 y 8 de febrero de 2016, respectivamente. Conforme a dicha ley, nuestro régimen de tributación a las rentas corresponde a un sistema perfectamente integrado, esto es, el impuesto a la renta pagado por la empresa sirve en un 100% como crédito contra los impuestos finales de los dueños, socios o accionistas, sea este, Impuesto Global Complementario en el caso de contribuyentes con residencia en Chile o Impuesto Adicional para contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile (Yañez, 2013, p.9 reporte tributario mayo). Es importante destacar, que, hasta el 31 de diciembre de 2016, los dueños de las empresas pagaban impuestos solo por las utilidades percibidas, lo que les permitiría postergar indefinidamente el pago del impuesto global complementario y el impuesto adicional. La postergación de los impuestos finales por utilidades no retiradas o distribuidas y algunos regímenes especiales de tributación se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se han convertido en fuentes de elusión y evasión. En la búsqueda del mejoramiento del sistema tributario se han promulgado en los últimos años, tres leyes enfocadas a disminuir las erosiones tributarias para obtener un sistema óptimo que cumpla con los objetivos de equidad en la distribución de los ingresos, suficiencia para hacer frente a los gastos en que debe incurrir el Estado, simpleza de la ley que permita una adecuada comprensión y certeza de las normas que amparan el sistema tributario. La primera de ellas es la Ley 20.630 publicada en septiembre de 2012, que perfecciona la legislación tributaria y tiene como objetivo principal el aumentar la recaudación fiscal para financiar una reforma educacional. En abril de 2014 la presidenta de la República Michelle Bachelet envía al parlamento un proyecto de ley de reforma tributaria que establecía un sistema de tributación sobre rentas atribuidas, aplicable a los empresarios individuales, contribuyentes del articulo 58 N°1 de la LIR, comuneros, socios y accionistas de empresas que declaren renta efectiva según contabilidad completa, incorporando bajo el concepto de rentas atribuidas, aquellas establecidas en el artículo 14 de dicho proyecto. De esta manera el proyecto de ley considera un aumento de la tasa del IDPC, tributación sobre base devengada y término del Fondo de Utilidades Tributables, ajustes a la tasa máxima marginal de los impuestos a las personas y ajustes a la tributación de las ganancias de capital. Con fecha 29 de septiembre de 2014 fue publicada la Ley 20.780 sobre reforma tributaria, que constituye la mayor modificación que ha sufrido nuestro sistema tributario en las últimas tres décadas y a diferencia de la reforma del año 2012, ésta cambia el régimen de las rentas empresariales establecido en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, basado en los retiros o distribuciones de las utilidades tributarias imputadas al Fondo de Utilidades Tributables, por dos nuevos regímenes opcionales de renta efectiva con vigencia a partir del 1° de enero de 2017 y son el Régimen de renta atribuida (artículo14 letra A) y el Régimen de imputación parcial de créditos (artículo14 letra B). Cada uno de estos regímenes de tributación incorpora nuevos registros y nuevos sistemas de imputación de las utilidades para contribuyentes con contabilidad completa y balance. Una vez publicada la Ley 20.780 se observaron dificultades y problemas en su implementación, como consecuencia de su complejidad y aparición de costos asociados en su puesta en marcha y aplicación gradual1, en la pequeña y mediana empresa lo que derivó en una tercera modificación legal, dando origen a la Ley 20.899, promulgada el 1° de febrero de 2016, conocida como la ley de simplificación del sistema de tributación a la Renta y perfección de otras disposiciones legales o “la reforma de la reforma”. Esta ley considera modificaciones a la ley sobre Impuesto a la Renta, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, Código Tributario y a normas transitorias establecidas en la Ley 20.780 con vigencia algunas a partir del 1° de enero de 2016 y 1° de enero de 2017 otras. Son estas disposiciones transitorias que norman el tratamiento tributario de los saldos existentes en el Fondo de Utilidades Tributables y sus registros anexos (FUR, FUF, FUNT) al 31 de diciembre de 2016 y su adecuación a los nuevos regímenes tributarios establecidos en el nuevo artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo trata de forma analítica la posesión de derechos regulada en el Código Civil chileno, dilucidando las principales dificultades teóricas que presenta este tema para la doctrina nacional y comparada, en cuanto a la amplitud del concepto de cosa incorporal para el ordenamiento jurídico civil, la conformación de un concepto de posesión de derechos, con sus características y rasgos esenciales, y finalmente la susceptibilidad de posesión de cada categoría de derecho a la luz de los argumentos que se exponen en ella. Se busca, en primer lugar, y al alero del análisis histórico y reinterpretación de la clasificación de las cosas en corporales e incorporales, establecer aquellos derechos que pueden ser categorizados como cosas incorporales. Ello permite dilucidar no solo la construcción teorica de la posesión de derechos (capítulo II), sino también el ámbito de aplicación de ella (capítulo III). En segundo lugar, y habiéndose realizado el estudio de la posesión en general, se expondrán las dos teorías explicativas del fenómeno de la posesión de derechos, con cada uno de sus elementos característicos y las críticas que se les puedan formular al efecto. vi Finalmente, habiendo establecido el marco conceptual de la posesión de derechos, buscará este trabajo responder la pregunta más relevante planteada en la doctrina, a saber, la referida a aquellos derechos susceptibles de posesión, exponiendo al efecto los criterios de inclusión y exclusión de cada uno de ellos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analiza la acción que conceden los artículos 1458 y 2316 del Código Civil, para perseguir en un tercero el provecho que éste haya obtenido a partir de un hecho doloso, con el objetivo de determinar cuál es su fundamento. Considerando las fuentes de las obligaciones que establece el mismo Código, se analizan todas las alternativas disponibles a la luz de las características y requisitos que la doctrina ha desarrollado en relación a cada una de tales fuentes. Se concluye que se trata de un caso de enriquecimiento injusto, considerando la forma en que, desde el derecho romano y hasta la actualidad, se ha entendido en nuestra tradición jurídica el principio que prohíbe enriquecerse a expensas de otro de un modo que no se ajusta a las reglas del Derecho. Se concluye, asimismo, que lo específicamente injusto de este provecho está dado por el dolo que está en el origen de la ganancia. A partir de tales conclusiones, avaladas por la revisión de significativa doctrina acerca del derecho de enriquecimiento, y también de la escasa jurisprudencia disponible al respecto, se propone que está pendiente en nuestro país una sistematización más profunda del derecho de enriquecimiento, considerado como fuente autónoma de obligaciones, que permita definir con claridad los contornos de esta institución. Dentro de las limitaciones propias del objetivo y extensión de este trabajo, se adelantan algunos criterios respecto a cuándo debe calificarse como injusto un enriquecimiento. Por último, se revisan la naturaleza y los requisitos de procedencia de la acción de enriquecimiento, conocida en nuestro derecho como acción de in rem verso, considerando para esta definición la evolución que ha tenido esta acción desde el derecho romano clásico, y cómo su actual configuración es la resulta de una superposición entre la actio de in rem verso y la condictio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo propone una interpretación del artículo 494 bis del Código Penal a través del análisis de la tentativa (en sentido amplio) del delito de hurto, en particular, el hurto frustrado. Para esto, la primera parte se centra en el estudio del concepto de tentativa y la distinción que se ha planteado entre “tentativa idónea” y “tentativa inidónea”. El rechazo a esta distinción, permite examinar en qué consistiría un hurto frustrado, examen que se lleva a cabo en la segunda parte del trabajo, a través del estudio de la descripción contenida en el tipo de hurto y la pregunta de si se corresponde con un delito de actividad o de resultado. La respuesta a esta pregunta requerirá un análisis enfocado en cómo se ha entendido la distinción, lo que llevará a una crítica de la comprensión de la categoría de delitos de resultado como referida exclusivamente a delitos de resultado causalmente complejo. La defensa de que el hurto se corresponde con un tipo de delito de resultado constitutivamente complejo permitirá aclarar qué casos corresponden a un hurto frustrado

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / La presente investigación busca responder la pregunta siguiente: Si la atenuante especial de cooperación eficaz, contenida en el artículo 22 de la Ley Nº 20.000, puede ser aplicada de manera conjunta con la circunstancia común de responsabilidad penal de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos establecida en el artículo 9 del Código Penal, o si por el contrario, ésta excluye aquella, al fundarse ambas en el mismo supuesto fáctico, esto es, la cooperación sustancial que presta el imputado a la investigación, debiendo optarse por la más adecuada al caso concreto. Para poder responder a la pregunta anterior, se analizaron los textos legales pertinentes; sus historias fidedignas, que permiten entender el razonamiento del legislador; la doctrina existente -lo que piensan los autores sobre el asunto- y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. También se consideró para responder la pregunta de investigación, los efectos atenuatorios en cuanto a rebaja del marco punitivo determinado, que permite una u otra circunstancia modificatoria. El camino expuesto en el párrafo anterior, permitió encontrar respuesta a la pregunta planteada y sostener, que no es posible aplicar ambas circunstancias modificatorias conjuntamente, pues se concluye que un mismo hecho no puede dar lugar a dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Palabras claves: colaboración, cooperación, sustancial, eficaz, naturaleza jurídica, compatibilidad, exclusión