Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis dilucida el alcance del término «efectos» del artículo 31 CP con el fin de probar que se encuentran contenidos dentro de estos las ganancias o provechos del delito. Lo precedente, a su vez, con el objeto de extender el ámbito de aplicación de la pena de comiso, tradicionalmente muy restringido por la doctrina y la práctica jurisprudencial chilena. En el primer capítulo se realiza un estudio de los antecedentes históricos de las penas de confiscación y comiso. Luego, en la segunda sección del mismo, se analizan las diversas reglas constitucionales relativas a la pena de confiscación. En el segundo capítulo se examina la regulación del comiso en el derecho penal español y alemán, poniendo especial énfasis en las reformas acaecidas que explicitaron la regulación del comiso de ganancias, así como también, en su naturaleza jurídica y presupuestos sistemáticos. En el tercer capítulo se realiza un inventario [descriptivo] de las cuestiones identificadas por la doctrina y jurisprudencia chilena respecto a la regulación general del comiso, siendo su eje el alcance de los términos «efectos» e «instrumentos», así como también los presupuestos para su aplicación. En el cuarto capítulo, finalmente, se demuestra el real alcance de la regla en cuestión, descansando dicha interpretación [amplia] en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la doctrina y jurisprudencia de legislaciones comparadas constitutivas del antecedente del cual la regulación chilena es réplica, así como, en la sistemática de la regulación penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria de investigación pretende constituir una muestra de la importancia de poseer un marco conceptual configurado por una teoría de la acción de raíces analíticas para una adecuada construcción de una teoría del hecho punible, sensible a una determinada comprensión de la agencia y de la imputación. Su objetivo específico se estructura en torno a los pasos requeridos en la búsqueda de una interpretación razonable del artículo 10 n° 6 del código penal chileno, que exige la ausencia de “motivos ilegítimos” para dar lugar a la justificación por legítima defensa de terceros extraños. Entre estos pasos cuentan, fundamentalmente, un análisis del papel que han de desempeñar los motivos de un agente en la atribución de responsabilidad jurídico penal, la determinación del rol de los así llamados “factores o elementos subjetivos” en materia de causas de justificación, y una elucidación de la estructura, así como de algunos ámbitos de aplicación, de la imputación extraordinaria. La investigación se realizó en el marco del proyecto FONDECYT nº 11110274, titulado “La ontología del hecho punible. Fundamentos de teoría de las normas y teoría de la acción para la dogmática de la parte general del derecho penal”, cuyo investigador responsable es el Dr. Juan Pablo Mañalich

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Magister en Derecho, mención en Derecho Penal / En este trabajo, partiendo de consideraciones generales sobre la criminalidad económica, y diferenciando conceptualmente entre libre concurrencia y libre competencia, es la protección del mercado y sus precios naturales, como bien jurídico protegido del artículo 285 del Código penal, junto a la sinonimia entre los medios fraudulentos, que el tipo requiere para alterar los precios, y los medios ilícitos, aquellos que permiten incluir en esta abrazadera típica a los acuerdos colusorios de precios al estilo del conocido caso farmacias. Y más aún, no solo es posible establecer, como vía alternativa de punición, la estafa basada en un engaño concluyente por parte de aquel que, como agente económico que oferta en el mercado, está obligado a cumplir y no incurrir en atentados contra la libre competencia, considerados como presupuesto de contratación, sino también, descartar cualquier impedimento que por vía del ne bis in idem prohíba la punición de estos acuerdos, al no concurrir sus requisitos y existir alternativas de sanción.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dada la necesidad de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal Chileno y sus Leyes Complementarias es que el Departamento de Ciencias Penales de nuestra Universidad ha tomado la tarea de recopilar y completar dicho Repertorio. El objetivo general es poder entregar una herramienta para el estudio de la práctica del Derecho Penal en Chile, la cual sea completa, es decir que contenga la evolución de los conceptos, teorías y discusiones que se han dado a través de los años. Al mismo tiempo, se quiere cubrir la necesidad de servir tanto de apoyo incluso a la misma jurisprudencia -por la labor de sistematización realizada- y, también de apoyo a los abogados litigantes, para que puedan fundamentar sus teorías del caso con fallos de nuestros tribunales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo entrega en primer lugar antecedentes históricos y filosóficos sobre el dominio público del derecho de autor, para luego entregar un esquema para su análisis, formulando por último conclusiones respecto de distintas aristas del referido régimen de propiedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo analiza la institución de la expropiación en el sistema jurídico chileno, específicamente la referida a inmuebles y por la causal de utilidad pública. Para ello presenta definición de los conceptos centrales involucrados, analiza la norma constitucional del art. 19 N°24 de la Constitución Política de la República donde se trata el derecho de propiedad, la expropiación y la indemnización. Además, estudiamos el procedimiento expropiatorio, establecido por la ley como la gran garantía para el expropiado, los pasos a enfrentar y los derechos y acciones que consagra para el mismo. Para finalizar, analizamos jurisprudencia actual relativa a materias expropiatorias y hacemos referencia a temas no regulados en nuestro sistema y que son atingentes a la materia de esta investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La tesis propone una reconstrucción alternativa del bien jurídico patrimonio público protegido en los delitos tributarios, con el objeto de construir un criterio de interpretación y sistematización de los mismos, y ofrecer una justificación sustantiva a la categoría “delitos tributarios”. Para lo anterior se revisará en primer lugar, el estado de la cuestión y la inviabilidad del bien jurídico identificado tradicionalmente como Hacienda Pública, reflejo del paradigma clásico del derecho tributario; en segundo lugar, se realizará una reconstrucción alternativa del bien jurídico desde una comprensión del derecho tributario como práctica de reconocimiento recíproco y desde la diferencia conceptual entre la justificación de una obligación tributaria y la justificación de una sanción penal; en tercer lugar se analizarán los casos del artículo 97 n°4 inciso 3 del Código Tributario y la Nueva Cláusula General Antielusión buscando poner a prueba el rendimiento descriptivo del objeto y fundamento de protección propuestos en la tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria es una actualización del Repertorio de jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, específicamente en lo referente al artículo 20 del Código Civil. Se trata de revisar la manera en que se ha aplicado la mencionada norma, y el contenido de determinadas palabras utilizadas por la ley que ha sido delimitado en el marco de la resolución de casos concretos. Así, el presente trabajo se compone de cinco secciones: una Introducción, en que se describe el proyecto de actualización en general y el marco de desarrollo de la actualización; un Trabajo Monográfico sobre el artículo 20 del Código Civil y su tratamiento actual en el Repertorio; una sección de Extractos de Fallos, en que se concentra toda la jurisprudencia recopilada atingente; las Conclusiones, en que se compara lo que había en la actual edición del Repertorio con el resultado de la actualización de la sección del artículo 20; y una última sección correspondiente a las fichas de jurisprudencia elaboradas y completadas por este memorista.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En Chile, en especial desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y de su incorporación a nuestro ordenamiento como instrumento jurídicamente vinculante, se han realizado múltiples esfuerzos a fin de brindar a la infancia la protección que realmente necesita. Entre las reformas planteadas a nuestro sistema jurídico está la nueva Ley de Tribunales de Familia N° 19.968, en virtud de la cual la tramitación respecto a las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes sufrió una importante modificación en especial en atención a sus plazos, principios rectores y forma de tramitación. Los móviles determinantes para la realización del presente estudio fueron la observación de casos sobre medidas de protección tramitados en la ciudad de Punta Arenas y el contacto directo con menores internados en un hogar de menores de la misma ciudad, a raíz de medidas de protección tramitadas a su favor, en virtud de lo cual surgieron una serie de dudas e inquietudes relativas a la tramitación de este tipo de causas y a las razones que determinaron la sentencia en cada uno de los casos. Para ello, se escogieron cuarenta causas sobre medidas de protección, tramitadas ante el tribunal de familia de la ciudad de Punta Arenas, durante un determinado período de tiempo, para lo cual se contó con el apoyo de profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial también partícipes en la tramitación de dichas causas, a fin de acceder a los autos virtuales de las mismas, siempre resguardando la confidencialidad y reserva que ameritan este tipo de antecedentes, teniendo en mente el objetivo final de brindar mayores luces respecto a la tramitación de estas causas, a las principales causas que las originan, a las medidas más frecuentemente adoptadas y a las medidas que finalmente resolvió adoptar el tribunal de familia a través de su sentencia definitiva. Algunas conclusiones de este estudio dicen relación con un favorable aspecto detectado de la tramitación del tribunal de familia, en cuanto a que la medida de internación del menor en un centro residencial, principal foco de este trabajo, fue dictada siempre como última instancia en pro del resguardo de los derechos del menor, después de repetidos intentos por parte del tribunal y de las entidades de protección al menor responsables, de involucrar a los padres en el mejor cuidado de sus hijos y en el fortalecimiento de sus habilidades parentales, y después de constatar que estos esfuerzos no han dado reales frutos que redunden en el beneficio del menor involucrado. Otras conclusiones dijeron relación con el haber constatado en la mayoría de los casos el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley de Tribunales de Familia, así como el resguardo de los principios rectores de esta nueva ley, especialmente el interés superior del menor y el derecho del mismo a ser oído

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El desarrollo de esta Memoria tiene como hipótesis preliminar que las remuneraciones participativas en el Derecho Laboral chileno – entendiendo por tal la participación y la gratificación – se aplican por el empleador de manera discrecional, toda vez que éste puede eximirse del pago de las mismas. El análisis de las remuneraciones participativa, junto con su regulación, deja entrever que su efectiva aplicación se hace en exceso difícil. En el caso de la participación, el Código del Trabajo solamente se limita a definirla en su artículo 42 letra d), sin regular su forma de aplicación, siendo ésta, por lo tanto, convencional y voluntaria, ya que no existe norma en el Código del trabajo que haga obligatorio su pago. En cuanto a la gratificación, ésta sí se debe pagar obligatoriamente, ya que el artículo 47 establece la obligatoriedad del pago del 30% de las utilidades o excedentes que obtengan los establecimientos que detalla la norma y siempre que se cumplan los requisitos que este mismo artículo dispone. Sin embargo, el Código en su artículo 50 exime de esta obligación al empleador que abone o pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, “sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere . En este caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales (…)”. Con este último pago, la utilidad deja de ser una base de cálculo de la gratificación y las demás remuneraciones pasan a ser su base de cálculo. En definitiva, el sistema chileno permite que el empleador evite distribuir el treinta por ciento de sus utilidades entre sus empleados, compensándolos con un aumento del veinticinco por ciento de sus remuneraciones. En la práctica, entonces, la única posibilidad de que existan remuneraciones participativas en el Derecho Laboral chileno es que el empleador decida voluntariamente pagar la gratificación del artículo 47 del Código del Trabajo , no optando por el pago del artículo 50, o convenga individual o colectivamente con sus trabajadores un sistema de participación, tal como lo permite el artículo 42 letra d) del Código del Trabajo