Con frecuencia, los daños que sufren las víctimas de accidentes pueden ser puestos a cargo de varias personas. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no dispone de un régimen que regule las relaciones de los corresponsables entre sí y las de éstos con la víctima. En el derecho español de daños, un numeroso grupo de leyes especiales y una jurisprudencia ya consolidada han optado por imponer el régimen jurídico de la solidaridad de deudores a los casos de corresponsabilidad por un daño. La importación de la solidaridad a los supuestos de cocausación de un daño ha significado, sin embargo, la aplicación de ese régimen jurídico a supuestos de hecho diferentes a los previstos en la parca regulación del Código civil. El trabajo analiza los efectos de la solución en la prevención de accidentes futuros y en el aseguramiento de las actividades sometidas a un régimen de responsabilidad solidaria. / Amb freqüència, els danys que sofreixen les víctimes dels accidents poden posar-se a càrrec de vàries persones. L'ordenament jurídic espanyol no disposa, però, d'un règim que reguli les relacions dels corresponsables entre sí i les d'aquests amb la víctima comú. En el dret espanyol de danys, un nombrós grup de lleis especials i una jurisprudència ja consolidada han optat per imposar el règim de la solidaritat de deutors als supòsits de corresponsabilitat per un dany. La importació de la solidaritat als casos de cocausació d'un danys ha significat l'ampliació d'aquell règim jurídic a situacions no previstes a la minsa regulació del Codi civil. El treball analitza els efectes de la solució a la prevenció d'accidents futurs i a l'assegurament de les activitats sotmeses a un règim de responsabilitat solidària. / Joint and several liability is almost the default rule in cases with multiple tortfeasors in the Spanish law of torts. The traditional justification of the rule thinks on the victims and the advantage of one rule that permits to the victims to attack a variety of debtors. Anyway, the joint and several liability rule has an effect on the deterrence and in the insurance market. The work proposes an analysis of the joint and several liability among multiple tortfeasors from the tortfeasor perspective.

This paper analyzes from a constitutional perspective, applying the test of proportionality about limiting rights, the impediment to hiring those associated corporations, through individuals, with those legal persons which has imposed a sanction temporary or permanent disqualification from government contracts. From this framework of study, the author finds that the interference on freedom of contract is disproportionate because it violates the principle of causality and strict liability, by attributing to a third party (legal person linked) consequences for the actions made to it by a different legal entity. / El presente trabajo analiza desde una perspectiva constitucional, aplicando el test de proporcionalidad en la limitación de los derechos, el impedimento para la contratación de aquellas personas jurídicas vinculadas, a través personas naturales, con aquellas personas jurídicas a las cuales se las ha impuesto una sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado. A partir de dicho marco de estudio, la autora considera que la injerencia sobre la libertad de contratación es desproporcionada en razón a que vulnera el principio de causalidad y la responsabilidad objetiva, al atribuirle a un tercero (persona jurídica vinculada) las consecuencias por las acciones realizadas por una persona jurídica distinta a ella.

Given the traditional views that demonstrate causation in criminal facts, the renowned authoress of this article discusses a new approach to achieve this goal: the theory of objective imputation.How is this theory implemented in real-life cases? What normative standards guide this theory? Is it effective to solve criminal conflicts? These are some of the questions the authoress looks up to answer through her argumentation and herdemonstration of case studies. / Ante las posturas tradicionales que demuestran la causalidad en un hecho penal, la reconocida autora del presente artículo explica un nuevo criterio para conseguir este fin: la teoría de la imputación objetiva.¿Cómo aplica esta teoría a casos de la vida real? ¿Qué criterios normativos guían esta teoría? ¿Qué tan eficaz resulta ser para solucionar conflictos penales? Estas son algunas de las preguntas que la autora busca responder mediante su argumentacióny su demostración de casos prácticos.

La importancia del sector extractivo en nuestro país como factor de desarrollo y crecimiento, radica sin lugar a dudas, en el impacto que genera en la cadena productiva, comercial y de generación de empleo nacional, lo cual resulta importante para el sostenimiento de la dinámica económica ya que esta actividad implica la apuesta de grandes inversiones por parte de importantes conglomerados empresariales extranjeros como nacionales que buscan posicionarse en el mercado mundial de la comercialización de minerales y explotación de recursos naturales. Siendo este el escenario en el cual confluyen además las exigencias propias de un mundo globalizado, las empresas del sector en aras de establecer un equilibrio entre el mantenimiento de su producción y el desarrollo local de las poblaciones cercanas al proyecto han comenzado a incluir progresivamente en sus planes estratégicos programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, el tratamiento tributario respecto a la deducibilidad sobre este tipo de gastos no ha encontrado uniformidad en los pronunciamientos de las principales entidades resolutoras, encontrándose criterios divergentes, como el que sostiene la Administración Tributaria (SUNAT) la cual ha considerado por desestimar en diversas oportunidades la posibilidad de deducir estos desembolsos al no considerarlos necesarios para producir y/o mantener la fuente generadora de renta calificándolos como meras liberalidades; no obstante, también se perfila una postura más amplia asumida progresivamente por el Tribunal Fiscal, en ciertos casos obedeciendo a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Esta situación genera una afectación a los contribuyentes debido a la falta de seguridad jurídica que se otorga a sus inversiones lo que pudiera traer como consecuencia posibles perjuicios económicos debido a la pérdida del escudo fiscal de dichos gastos. El presente trabajo de investigación desarrolla una revisión doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de las implicancias tributarias y constitucionales que se suscitan al pretender la deducción sobre este tipo de gasto, además se busca determinar los alcances y límites del principio de causalidad y la importancia de la fehaciencia de los gastos realizados a fin de determinar si en efecto tales gastos deben considerarse como deducibles, tomando en cuenta los principales gastos por RSE incurridos por empresas extractivas.

La presente investigación tiene como objetivo el análisis al controversial tema de las consideraciones tributarias de los gastos por responsabilidad social empresarial que realizan las empresas mineras en el Perú, buscando la aprobación de la deducibilidad de estos desembolsos para efectos del Impuesto a la Renta, con la finalidad de evitar conflictos sociales y mantener su fuente de productiva. Asimismo, se busca establecer una solución jurídica para conseguir el beneficio conjunto y sostenible de todos los actores involucrados. La metodología empleada en este trabajo, contempla la investigación doctrinaria de diversos autores, para definir un concepto integrado de Responsabilidad social, la revisión de fuentes oficiales del Estado sobre la situación económica de la industria minera para observar la urgencia de implementar una solución eficiente al problema, y el análisis normativo y jurisprudencial a nivel administrativo como judicial para observar las consideraciones institucionales respecto a los mencionados desembolsos realizado por las empresas extractivas en el Perú. Las principales conclusiones fueron las siguientes: primero, la Responsabilidad social empresarial supera el compromiso altruista por el bienestar social y ambiental, siendo un importante instrumento de inversión para mantener la fuente productora y así asegurar el desarrollo de la industria; segundo, existe una clara deficiencia normativa que regule la deducción de los gastos por responsabilidad social, provocando una incertidumbre sobre el tratamiento tributario correspondiente; y tercero, en la exigua jurisprudencia vigente se ha reconocido que existe vinculación entre estos gastos y el mantenimiento de la fuente productora, configurándose así la causalidad de estos gastos considerándose deducibles para efectos tributarios, pues previenen, atenúan y eliminan potenciales escenarios negativos en el entorno social que atentarían contra el mantenimiento de la fuente productiva asegurando los objetivo económicos de la empresa. The objective of the present investigation is to analyze the controversial issue of tax considerations of the expenses for corporate social responsibility carried out by mining companies in Peru, seeking the approval of the deductibility of these disbursements for Income Tax purposes, with the Purpose of avoiding social conflicts and maintaining their productive source. It also seeks to establish a legal solution to achieve the joint and sustainable benefit of all actors involved. The methodology used in this work, includes the doctrinal research of various authors, to define an integrated concept of social responsibility, the review of official sources of the State on the economic situation of the mining industry to observe the urgency of implementing an efficient solution to the problem , And normative and jurisprudential analysis at the administrative as well as judicial level to observe the institutional considerations regarding the aforementioned disbursements made by extractive companies in Peru. The main conclusions were: first, Corporate Social Responsibility exceeds the altruistic commitment to social and environmental welfare, being an important investment instrument to maintain the production source and thus ensure the development of the industry; Second, there is a clear regulatory deficiency that regulates the deduction of social responsibility expenses, causing uncertainty about the corresponding tax treatment; And third, in the limited jurisprudence in force, it has been recognized that there is a link between these expenses and the maintenance of the source of production, thus configuring the causality of these expenses considered as deductible for tax purposes, since they prevent, attenuate and eliminate potential negative scenarios in the environment Which would jeopardize the maintenance of the productive source, ensuring the economic objectives of the company.

After presenting the evolution of labor stability law in Peru, public and private scopes of the right to work are described allowing the Constitutional Court redefine dismissal regime (working stability of exit), in general, and specifying temporary recruitment regime (working stability of entry). Redefinition of dismissal legal framework is analyzed from constitutional and judicial case law stressing solved and pending issues. / Tras presentar la evolución del derecho de estabilidad laboral en el Perú, se precisan los alcances públicos y privados del derecho al trabajo, que permitieron al Tribunal Constitucional redefinir el régimen del despido (estabilidad laboral de salida), en general, y comenzar a precisar el régimen de contratación temporal (estabilidad laboral de entrada). Se analiza la redefinición del marco jurídico del despido a partir de la jurisprudencia constitucional y judicial, poniendo en relieve los temas resueltos y los pendientes.