Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis desarrolla las reformas procesales introducidas al Decreto Ley 211 en el contexto de la criminalización de la colusión, con el objeto de analizar críticamente las deficiencias del diseño dual utilizado por el legislador nacional. Para ello, en el primer capítulo se estudia el problema de la aplicación de los principios penales al derecho administrativo sancionador y como esto incide en el sistema de defensa de la libre competencia. Luego, en el segundo capítulo de la tesis revisamos los diseños institucionales de persecución de la colusión y la evolución del castigo penal de este ilícito en Chile. Finalmente, el tercer capítulo del trabajo está dedicado al análisis de los conflictos procesales que hemos detectado en el sistema de persecución penal de la colusión, esto es, la constitucionalidad de la regla de legitimación activa, la infracción al principio ne bis in ídem, la vulneración del derecho a defensa, la utilidad penal del material probatorio producido por la Fiscalía Nacional Económica en sede de libre competencia y la vigencia del artículo 285 del Código Penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal