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El presente informe realiza un análisis respecto a la Casación N° 2720-2019 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve un recurso de casación interpuesto por la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante específicamente con el numeral 2 del artículo 688° del Código Procesal Civil. El análisis se centra en lo resuelto por las instancias judiciales y lo que finalmente terminó por decidir la Corte Suprema sobre las actuaciones del juez y de las partes durante un proceso de ejecución laudo frente, a su vez, la tramitación de una acción de nulidad. Asimismo, se analizarán las defensas que la parte ejecutada puede realizar frente a un mandato ejecutivo que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un laudo arbitral. Por último, se analizará los supuestos en que un laudo arbitral cuenta con la calidad de firme y si ello resulta necesario para ejecutar un laudo arbitral, conforme a las normas de nuestro ordenamiento jurídico. / This report analyzes Cassation No. 2720-2019 issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which resolves a cassation appeal filed for the normative violation of numerals 3 and 5 of article 139° of the Constitution of Peru, specifically consistent with numeral 2 of article 688° of the Civil Procedure Code. The analysis focuses on what was resolved by the judicial instances and what the Supreme Court finally ended up deciding on the actions of the judge and the parties during an award enforcement process against, in turn, the processing of an annulment action. Likewise, the defenses that the executed party can carry out against an executive order that has as its objective the fulfillment of the obligations contained in an arbitral award will be analyzed. Finally, the cases in which an arbitral award has the final quality will be analyzed and if this is necessary to execute an arbitral award, in accordance with the rules of our legal system.

El presente trabajo propone entender el Perú decimonónico como una República corporativa. No sólo porque en su estructura social, como han señalado varios autores desde los liberales del siglo XIX, persistía una “herencia colonial”, sino porque las soluciones políticas también expresaban una concepción organicista, particularmente en el modo de definir la ciudadanía. Así, en 1875, para que los adultos varones ejerzan el derecho a sufragio en la gran mayoría de repúblicas de América Latina, no requerían condiciones o, a lo más, una sola: saber leer y escribir o poseer una renta. Además de Perú y los centroamericanos Honduras y El Salvador, muy pocos países permanecían con fórmulas alternativas, es decir, con más de un requisito válido para acceder a ese derecho. De todos ellos, el Perú poseía una combinación más variada: tanto en la Constitución de 1856 como en la 1860 - que en materia electoral no sería modificada de manera efectiva hasta 18961- se podía ejercer el derecho a sufragio si se alcanzaba al menos uno de cuatro requisitos que apuntaban a distintas cualidades educativas, sociales y económicas. Esta fórmula se mantuvo hasta fines del siglo XIX, sustentando lo que denominamos la República corporativa. La persistencia de lógicas y estructuras corporativas expresadas en discursos y prácticas políticas no sólo fueron responsabilidad de los grupos conservadores. Los liberales de mediados del XIX, que criticarían severamente esa “herencia colonial” y los privilegios de las corporaciones, no rompieron necesariamente con ello y mucho menos propusieron un modelo de sociedad plenamente atomizado en individuos. La influencia del organicismo alemán coincidió con el corporativismo tradicional al reconocer grupos u órganos 1 sociales como componentes de un todo social. Esa “persistencia corporativa no sólo se mantuvo, silenciosa, en la sociedad. Proponemos que influyó en las salidas políticas de la nueva república. Por ello, entre los textos discursivos que estudiamos, ocupan un lugar central las Constituciones políticas. No porque se cumplieran plenamente en la realidad, sino por constituir un espacio simbólico de conflictos ideológicos y políticos y de resolución o negociación de los mismos. La república corporativa, asimismo, se hizo evidente en las prácticas políticas. El fraccionamiento territorial del poder, por un lado, y el poder político y social de corporaciones como la Iglesia, el Ejército, las comunidades indígenas, entre otras, por otro, mostraban un mosaico de difícil articulación política. El presente trabajo busca establecer un diálogo entre los discursos y los procesos económicos, sociales y políticos. No por un afán determinista, sino como entradas complementarias que permiten comprender la complejidad de la realidad política peruana. / Tesis

La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.