El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El propósito de esta memoria consiste, por una parte, en examinar el tratamiento que recibe el crimen de violación en el contexto del Derecho Internacional Humanitario. Por otra, sistematizar los progresos e innovaciones observados al respecto en el plano del Derecho Penal Internacional, particularmente en la jurisprudencia y los Estatutos de los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia y Estatuto de la CPI. Esto nos permitirá construir una visión integral que permita una adecuada y correcta interpretación sobre las normas de violación, tanto en la esfera de las legislaciones y tribunales nacionales como en el ámbito internacional. Particularmente, se ofrecerán un conjunto de criterios jurídicos y normativos que sirvan como herramienta de reinterpretación de los Convenios de Ginebra, específicamente respecto de las disposiciones que tratan la violación sexual en el contexto de conflictos armados internos e internacionales. Como vemos, este objetivo general abarca varias dimensiones. Primero se describirá el contenido y alcance que recibe la figura de violación sexual en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, mediante el análisis normativo de las disposiciones que se remiten a esta infracción en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, principales instrumentos que consagran el derecho aplicable en los conflictos armados. En base a dicho análisis, se realizará una reflexión crítica en torno al contenido sustantivo de éstas normas, con el objeto de evidenciar las falencias de que adolecen, así como las consecuencias fácticas y jurídicas que estas imperfecciones e imprecisiones producen en la protección a las mujeres en tiempos de conflicto armado. En segundo lugar, se procederá al estudio y exposición del desarrollo experimentado por el Derecho Penal Internacional respecto del crimen de violación. Para ello examinaremos los Estatutos y casos emblemáticos de la jurisprudencia de los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, así como el tratamiento de este crimen en el Estatuto de la CPI. De acuerdo con esta información, se formularán observaciones críticas en torno a la forma cómo estos órganos (y sus respectivos instrumentos) han delineado la figura de la violación como crimen de guerra. Por último, presentaremos un conjunto de principios jurídicos derivados del análisis crítico de las distintas etapas de evolución del crimen de violación. Principios que realzan los aciertos y superan las falencias detectadas a lo largo del estudio. Estas directrices permitirán una adecuada relectura de los Convenios de Ginebra a la luz de los logros cristalizados en el Derecho Penal Internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar la aplicación del principio de la Jurisdicción Universal al hecho ilícito internacional conocido como Crimen de Guerra. Con este fin el tema ha sido dividido en dos partes: La primera se denomina “el Crimen de Guerra” que tiene como objeto lograr un estudio particular del concepto y de los supuestos que conforman el Crimen de Guerra. Para llevar a cabo lo anterior, esta parte primera, a su vez, la he dividido en dos capítulos: En el primero se trata el supuesto de hecho que por antonomasia requiere el Crimen de Guerra, el conflicto armado, sea este internacional o de carácter interno o no internacional. El segundo capítulo versa sobre el tipo penal propiamente tal, sus características, elementos y su relación con el Derecho Internacional Humanitario. La parte segunda, por su lado, se centra en el estudio del principio de la Jurisdicción Universal y su aplicación en materia de Crímenes de Guerra

Tesis (magíster en derecho) / Es precisamente, “la prescripción gradual”, el objeto de estudio del presente trabajo, debido a que su aplicación a delitos que la propia Corte Suprema declara de naturaleza imprescriptible, además de ser improcedente, produce la eliminación de todas las agravantes que rodean la comisión del ilícito y confiere al sentenciador la posibilidad de atenuar la pena en hasta tres grados. Enunciado el problema, con el objeto de orientar esta investigación, formulo la siguiente hipótesis, que se compone de dos aspectos. Los que demostrados permiten rechazar fundadamente, la aplicación que la Corte Suprema realiza de la prescripción gradual en casos seguidos por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, a los que previamente asigna el carácter de imprescriptibles: Con el propósito de comprobar los diversos aspectos que conforman esta hipótesis, dividiré la presente investigación en cuatro Capítulos. En el Capítulo I abordaré la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, tratando los aspectos generales del instituto de la prescripción y las razones que fundamentan el carácter imprescriptible de los crímenes internacionales. Posteriormente, expondré las fuentes que consagran la imprescriptibilidad y, finalmente, en base a dicha argumentación me referiré brevemente a los aspectos más controvertidos de la mencionada imprescriptibilidad. La aplicación de la prescripción gradual a los casos seguidos por violaciones a los derechos humanos será materia del Capítulo II. En él, examinaré la jurisprudencia de la Corte Suprema al enjuiciar penalmente los crímenes perpetrados en el transcurso de la dictadura militar. También, analizaré detalladamente el razonamiento seguido por la Corte Suprema para declarar aplicable la prescripción gradual en tres fallos representativos del actual período jurisprudencial y, concluiré el capítulo, examinando detalladamente el instituto de la prescripción gradual, fijando su concepto, naturaleza jurídica y efectos, a fin de demostrar que la Corte Suprema al aplicar la prescripción gradual a los casos de secuestros y homicidios perpetrados durante la dictadura militar, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 103 del Código penal. En el Capítulo III examinaré las obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana, con especial atención en la obligación de sancionar, su contenido y aspectos más relevantes, acudiendo a diversas fuentes del Derecho internacional que se refieren a ella, fundamentalmente a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tarea de demostrar que los efectos de aplicar la prescripción gradual en casos seguidos por violaciones a los derechos humanos, estableciendo penas desproporcionales y permitiendo la libertad de los responsables, constituye una infracción a la obligación de sancionar, la que, además, en algunos de los casos se asocia a la figura de la impunidad, será desarrollada en el Capítulo IV. La conclusión que afirma, que no corresponde continuar aplicando un instituto improcedente y cuyos efectos implica la infracción de obligaciones internacionales destinadas a proteger los derechos fundamentales, será recogida en la parte final de esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación nosotros nos avocaremos justamente al tratamiento de este grupo de ilícitos que caen bajo la órbita de atribuciones de la Corte, especificando cuáles son y las particularidades que cada uno de ellos tiene. En cuanto a la metodología a utilizar en el curso de este trabajo, desde ya creemos importante señalar que ella principalmente está referida a la exposición de lo contenido tanto en el Estatuto de la Corte como en lo señalado por el Proyecto de Elementos de los Crímenes que ha preparado la Comisión Preparatoria. En los casos en que lo creamos pertinente también nos referiremos a los antecedentes de las normas establecidas en el Estatuto, en la medida de que ellas ya se encontraren contenidas con anterioridad en otros instrumentos, señalando los puntos en que son coincidentes y aquellos en los cuales el Estatuto de la Corte innova o pueda significar un retroceso.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal III) / El objetivo buscando mediante la dictación de la ley N° 20.357 era evitar que la Corte Penal Internacional pudiese ejercer su jurisdicción sobre conductas constitutivas de crímenes de guerra acecidos en el territorio nacional. Para ello, todo lo punible bajo el Estatuto de Roma debía también ser penado en la norma nacional. El presente trabajo busca analizar, desde la perspectiva de los requisitos comunes de los crímenes de guerra, si el objetivo buscando se obtuvo, o si por el contrario, se dejaron espacios a nivel normativo que permitirían la intervención de la Corte. En ese contexto, la presente investigación buscará determinar e interpretar los requisitos comunes de los crímenes de guerra en la ley N° 20.357, comparándolos con aquellos contenidos en el Estatuto de Roma, para luego analizar quien, de acuerdo con los resultados obtenidos, poseería jurisdicción sobre un hecho constitutivo de delito o crimen de guerra acaecido en territorio nacional, o en el extranjero cometido por un connacional.

Los crímenes internacionales más repudiados y considerados por toda la Comunidad Internacional, son atentatorios para los bienes jurídicos fundamentales de la persona humana, motivo por el cual no deben ser la excepción dentro de nuestro Estado Peruano cuando se trata de su regulación a través de la normatividad interna, es así que con esta investigación buscaremos implantar criterios necesarios para una propuesta de regulación en crímenes que se encuentran regulados por el Derecho Internacional dentro del Estatuto de Roma, y de esta manera pueda verse regulado en nuestra normativa interna las características más relevantes de estos crímenes, como es la imprescriptibilidad de la acción penal y el despliegue de sus efectos jurídicos, a través de las funciones de investigación, persecución y ejecución por parte del Estado Peruano de aquellos responsables, sin atentar los derecho fundamentales de las familias de las víctimas a conocer las verdad, así como el principio de nullum crimen sine lege de los criminales.

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación.

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Esta Tesis Doctoral se inserta en la Línea de Investigación: ESTADO, TRANSNACIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD y representa el resultado de la investigación realizada en el ámbito del curso de postgrado stricto sensu a nivel de doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Vale do Itajaí - UNIVALI, en el área de concentración: CONSTITUCIONALISMO, TRANSNACIONALIDAD Y PRODUCCIÓN DE DERECHO bajo doble titulación con la Universidad de Alicante en España. Su objetivo general es verificar la posibilidad de que el juicio de delitos ambientales por parte de la Corte Penal Internacional, para permitir la realización del ideal de Sostenibilidad, con la valorización del medio ambiente y su preservación en todo el mundo, evitando así la impunidad para la práctica de los delitos ambientales. Para ello, el informe de investigación se divide en cinco partes: comienza con el análisis del concepto de Estado, desde su origen, pero especialmente el representado por el Estado Moderno, con sus matices y características peculiares, hasta llegar al Estado actual y la crisis de soberanía, con la ruptura de fronteras y todo el proceso de globalización. A continuación, analizamos el concepto de sostenibilidad en sus dimensiones y la necesidad de respetar el medio ambiente para garantizar una vida saludable tanto para la actual como para las generaciones futuras. En el tercer capítulo, dejamos para el Derecho Ambiental Internacional, con todas sus propias características y limitaciones para tratar los problemas frente a las soberanías de los Estados y cómo este ámbito del derecho se utiliza para resolver los problemas ambientales. Posteriormente, se verifica la importancia del derecho penal, con el fin de actuar como la última proporción, pero como una forma de frenar la práctica de los delitos ambientales o, en caso de que ocurran, para castigar a los delincuentes. Por último, en el quinto capítulo se hace un análisis de la posibilidad de que la Corte Penal Internacional jure los grandes delitos ambientales, así como una propuesta de enmiendas al Estatuto de Roma para permitir que la CPI ejerza esa jurisdicción. En cuanto a la metodología utilizada, se registra que el Informe de Resultados expresado en esta tesis se compone en la base lógica inductiva.