El principio del informalismo a favor del administrado es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento. Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir, aquellasque no están exigidas por el orden público administrativo. Su aplicaciónimpide que el particular pierda un derecho por el incumplimiento de undeber formal, con lo que obliga a la administración a optar por la soluciónmás favorable para aquel. En definitiva, se propugna un equilibrio entrela acción administrativa que no puede ser entorpecida y el derecho de losadministrados a no encontrarse sometidos a rigorismos que los perjudiquen,porque sería inconstitucional negar una solución al particular por causasmeramente formales.

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El estudio del recurso de queja en el contexto del arbitraje es relevante debido al aumento exponencial en el número de ingresos en Cortes de Apelaciones, donde además es habitual entre las partes la renuncia voluntaria a todo recurso, siendo esta la única vía de impugnación, que, a pesar de tener una naturaleza disciplinaria, eventualmente permite a las partes la enmienda, revocación o invalidación de la sentencia. En la primera parte de esta memoria de investigación se ofrece al lector una caracterización de la institución, entregándose los conceptos, definiciones y teorías claves para la comprensión de las problemáticas que se abordan más adelante. En el análisis jurisprudencial, se analizan las faltas o abusos graves en la dictación de resoluciones jurisdiccionales que hacen procedente o improcedente el recurso de queja en contra de árbitros arbitradores, según los criterios recogidos de la jurisprudencia estudiada de la Corte de Apelaciones de Santiago durante el periodo de enero de 2016 a junio de 2018. Posteriormente, se analizan los principales fenómenos jurídicos advertidos en el estudio, para luego extraer conclusiones generales. Se tratan los problemas relativos a la renunciabilidad del recurso de queja, la procedencia del recurso de queja en contra de Ministros de Corte de Apelaciones que se pronunciaron respecto de otro recurso de queja y la no aplicación de sanciones disciplinarias en aquellos casos en que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acoge el recurso. El presente es un reporte de un estudio empírico, basado en la recolección de datos jurisprudenciales, referido a la aplicación, vigencia o interpretación de normas y fenómenos jurídicos relativos a la institución en estudio

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Existe actualmente, tanto en la ley como en la doctrina nacional chilena, una incertidumbre respecto a que entendemos por falta o abuso grave cuando hablamos de recursos de queja. Pareciera ser que está bien claro que la finalidad del recurso de queja es corregir los faltas o abusos graves cometidos por nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no existe ni en la ley ni en la doctrina un tratamiento sobre cuál es el real alcance y sentido de la falta o abuso grave. Al observar esta deficiencia de contenido me vi en la necesidad de recopilar las definiciones o criterios jurisprudenciales recientes de abuso o falta grave. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación radica en realizar un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante de nuestra Excelentísima Corte Suprema durante el año 2017, con el fin de obtener el criterio o los criterios empleados por el máximo tribunal para describir o definir la falta o abuso grave en que incurren los tribunales de justicia para acoger o rechazar un recurso de queja en particular. Después de una clasificación de los criterios empleados, se procederá a realizar un análisis cuantitativo acerca de cuáles son los criterios más empleados por la Corte Suprema y, además, los criterios más usados por cada sala. Por último, se concluirá con los antecedentes incorporados al presente trabajo y se responderá a una pregunta esencial. ¿Es el recurso de queja en la práctica un recurso disciplinario o en realidad se utiliza como un recurso de instancia?

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Dentro de nuestro país cohabitan diversos pueblos indígenas que han subsistido hasta la actualidad. Sin embargo, el desarrollo del mundo moderno y sus proyectos económicos, en tanto manifestación concreta de éste, han ido crecientemente entrando en conflicto con estos pueblos, los que durante largos años se vieron desprotegidos y algunos incluso exterminados, como es el caso de los Onas en el extremo sur de Chile. En este contexto, presente en diversas partes del mundo, el año 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Éste constituye en la actualidad el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y fue ratificado por nuestro país el año 2008, entrando finalmente en vigencia en septiembre del año siguiente. Con ello el Estado de Chile ha adquirido el deber de llevar a cabos procesos de consulta indígena cada vez que se prevea la emisión de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en forma directa a uno o más pueblos indígenas. Deber que, desde su entrada en vigencia ha sido altamente controvertido, respecto de su obligatoriedad, forma de aplicación, entre otros aspectos. El objeto del presente trabajo consiste en el análisis del deber de consulta indígena en nuestro país definiendo su concepto, analizando la normativa correspondiente que la regula y configura sus elementos, para llegar a su aplicación específica por los órganos de la Administración del Estado en las distintas áreas desde la perspectiva que ha ido adoptando la Contraloría General de la República por medio de la jurisprudencia administrativa y así poder confirmar o refutar la hipótesis de que los dictámenes de la Contraloría General de la República, en materia de Consulta Indígena, no han sido uniformes