Esta tesis se centra en estudiar la obligatoriedad de un sistema de atención de denuncias ambientales en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (en adelante, MDJLO) debido a que está obligada a implementar como ente de fiscalización ambiental (en adelante, EFA). En el primer capítulo, estudiaremos la denuncia ambiental como derecho y deber de participación, para lo cual desarrollaremos la importancia de la participación ciudadana en materia y conoceremos cuales son las condiciones para una efectiva participación. En el segundo capítulo de la tesis, desarrollaremos el rol de los gobiernos locales en materia ambiental. A tal fin tomaremos en consideración lo regulado en su Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (más adelante, LOM) para su previo análisis, respecto a sus funciones establecidas por norma, así como los documentos de gestión como parte de su desarrollo en la función pública. En concreto, examinaremos el marco normativo que regula a Entidades locales, dado que tienen competencia en materia ambiental y deben cumplir con cabalidad la normatividad respecto a la protección y conservación del Medio Ambiente, así como ejercer funciones de fiscalización ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas de competencia municipal y sobre todo el impacto en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones ambientales para generar una participación activa. En el tercer capítulo examinaremos cuál es el panorama de la situación ambiental de la MDJLO, además se desarrollará porque es necesaria la implementación de un sistema de atención denuncias ambientales, justificado en un procedimiento. En ese sentido se planteará el procedimiento que la municipalidad podría implementar para garantizar el derecho a denunciar actos que afecten el medio ambiente, y así establecer la manera de tramitar la denuncia que estaría a cargo de la unidad orgánica de la municipalidad en competencia de fiscalización ambiental. Nuestras conclusiones son que es necesario la implementación de este sistema de atención de denuncias ambientales, que, por un lado, permitiría ejercer en plenitud las funciones asignadas a la MDJLO, y por otro su implementación garantiza el derecho de participación en materia ambiental, así como el derecho de acceso a la información. Este sistema de atención de denuncias ambientales permitirá que la MDJLO, en su calidad de EFA pueda recepecionar, tramitar y hacer seguimiento a las denuncias ambientales que los ciudadanos, leonardinos o la sociedad civil realicen en atención a la participación ciudadana, salvaguardando derechos constitucionales protegidos por nuestra Constitución Política del Perú (en adelante, CPP) de 1993.

La violencia contra la mujer es un problema que persiste en la sociedad peruana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses (ENDES, 2016). En este contexto, resaltan los esfuerzos del sector público por atender situaciones de violencia doméstica. Entre ellos, la instalación de instituciones especializadas conocidas también como Centros de Emergencia Mujer (CEM). Así, desde el año 2002 hasta agosto 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha logrado implementar 275 CEM a nivel nacional, brindando cobertura al 100% de las provincias. En este sentido, el Estado se ha vuelto un agente activo y con personal especializado en la atención de casos de violencia doméstica; no obstante, no hay evidencia formal sobre los resultados de dichos esfuerzos. En este marco, esta investigación propone lo siguiente: (1) Identificar ciertos elementos clave en la violencia contra la mujer y cómo estos han variado (o no) en los últimos años, (2) Brindar alcances sobre cuáles son los principales determinantes en la elección de denunciar un caso de violencia y (3) Identificar si la cercanía a servicios especializados de atención primaria ante casos de violencia es una variable relevante en la elección de elegir denunciar o no una agresión. Para cumplir con los objetivos, se realizan estimaciones econométricas en tres etapas: el modelo de probabilidad lineal (Probit) y el modelo probit bivariado (Bi probit). Los resultados sugieren que ha habido algunos cambios en los patrones de las víctimas entre 2012 y 2017. Asimismo, las estimaciones señalan que, si bien se han reforzado las estrategias de apoyo a víctimas de violencia, la presencia de los CEM no parece ser significativa para las víctimas en su decisión de denunciar un acto de violencia.

El presente trabajo de tiene como objetivo presentar una propuesta de innovación que permita la unificación y sistematización de la información en relación a las denuncias policiales. Esto, con el fin de poder proponer una mejora en el registro de denuncias, particularmente en el SIDPOL y el Mapa del Delito que no solo sirvan para mapear lo hechos ocurridos; sino también para proponer estrategias y oportunidades de mejora en los operativos policiales. El alcance de la investigación es Lima Metropolitana y el Callao. A través de la revisión de literatura y de casos similares en otros países de América Latina se pudieron identificar los principales problemas del tema en cuestión y; además, se lograron desarrollar diferentes alternativas de solución que oscilan desde la modificación física del SIDPOL y el Mapa del Delito hasta la capacitación de personal y la operatividad interinstitucional. Al culminar se concluye que las propuestas de innovación son viables económica y normativamente, excepto la operatividad interinstitucional / Tesis

El Perú, entre los años 1980 y 2000, vivió un periodo de violencia política, de acuerdo con lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento estableció la violación de derechos humanos en miles de personas y recomendó que las denuncias sean investigadas por el Ministerio Público La labor se realizó desde 2004, tras la constitución de un subsistema especializado en la materia. Empero, de un estudio al año 2020, se detectó casos que continuaban en trámite correspondiente al periodo de violencia, ante lo cual se infirió la posible “inoportunidad”, así como un inadecuado desempeño de los servicios fiscales. Se identificó el problema público: “Inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980-2000, vigentes al 2020”. Al jerarquizar las causas, se verificó que la carencia de información actualizada y exacta genera mayor impacto en el problema, al impedir su impulso. Esta investigación plantea una solución innovadora para enfrentar el problema identificado: crear una Oficina General Especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, que asuma el rol de diseñar, proponer y evaluar la situación de casos de violación de derechos humanos. También sugeriría estrategias para viabilizar el impulso de las investigaciones y procesos en instancias fiscales o judiciales, y contribuiría con la asunción de un rol efectivo del Ministerio Público, en favor de la sociedad. / In Perú, between 1980 and 2000, a period of political violence occurred. This is in accordance with the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission, which recommended that complaints regarding alleged human rights violations be investigated by the Public Ministry. Work has been ongoing since 2004, with the establishment of a specialized subsystem. However, a study conducted prior to 2020 revealed that there were cases still being processed from that period, indicating alleged delays and inadequate service. This led to the identification of a public problem: “Inopportune attention to complaints in the field of Human Rights by the Public Ministry at the national level, related to the period of political violence from 1980- 2000, valid until 2020" To address this issue, a thorough analysis identified that the lack of updated and accurate information was the root cause with the most significant impact on the problem. This lack of information hindered the development of strategies and initiatives to address the issue effectively. As a result, this study proposes an innovative solution to tackle the identified problem. It suggests the establishment of a General Office Specialized in Human Rights within the Public Ministry. This office would be responsible for designing, proposing, and evaluating cases related to human rights violations and associated crimes. It would also recommend strategies to facilitate investigations and legal proceedings, thus enhancing the Public Ministry's role in these cases and benefiting society as a whole.

Desde las últimas décadas, el impacto negativo que generan las actividades humanas ha incrementado la importancia de la protección del medio ambiente año tras año tanto en el mundo como en el Perú. Por esta razón, los gobiernos a nivel mundial implementan mecanismos de protección ambiental tales como las denuncias ambientales. Estas permiten a la población informar sobre una posible contaminación ambiental a las autoridades competentes con el fin de que tomen las acciones necesarias, para esto, es necesario que las denuncias sean formuladas, clasificadas y derivadas de forma correcta y oportuna. Sin embargo, para realizar esas tareas de forma correcta se requiere de un amplio conocimiento técnico y legal que pocas personas poseen, esto lleva a que las denuncias ambientales no puedan ser atendidas de forma rápida y eficiente generando malestar en la población afectada. Frente a esta problemática, se propone una solución informática que gestione de forma automática la clasificación y derivación de denuncias ambientales mediante el uso del aprendizaje de máquina. Considerando que la mayoría de las denuncias ambientales consisten en textos se aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural que mediante algoritmos de clasificación de múltiples etiquetas se pueda clasificar automáticamente las denuncias ambientales lo que mejorará los tiempos de atención. / Since the last decades, the negative impact generated by human activities has increased the importance of protecting the environment year after year both in the world and in Peru. For this reason, governments worldwide implement mechanisms for environmental protection such as environmental complaints. These allow the population to report possible environmental contamination to the competent authorities for them to take the necessary actions, for this, it is necessary that the complaints be formulated, classified, and derived in a correct and timely manner. However, to perform these tasks correctly requires extensive technical and legal knowledge that few people possess, this means that environmental complaints cannot be dealt with quickly and efficiently, generating discomfort in the affected population. Faced with this problem, a computer solution is proposed that automatically manages the classification and derivation of environmental complaints using machine learning. Considering that most environmental complaints consists of texts, natural language processing techniques are applied that, using multi-label classification algorithms, environmental complaints can be automatically classified, which will improve service times. / Tesis