Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La estructura de la presente Memoria se encuentra dividida en tres Capítulos: el primero de ellos, titulado “El Derecho Administrativo”, aborda los orígenes de aquél, así como los del Estado de Derecho. Del mismo modo analiza las Bases de las Institucionalidad contenidas en el Capítulo I de la Constitución de la República de Chile: Bien común, Estado de Chile: Democrático y Republicano, Supremacía y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de las Potestades Públicas y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de la Soberanía y de las Potestades Públicas, Principio de Subsidiariedad y Habilitación Constitucional. Para terminar examinando las Potestades Administrativas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el moderno Estado Constitucional la libertad constituye el valor sobre el cual se asienta la organización política societaria, pues configura el límite natural al poder público. Sin embargo, a menudo somos testigos de como la actividad estatal – específicamente la Administración - infiere en nuestras vidas, afectando, por consiguiente, nuestra libertad; ya sea positiva o negativamente. Precisamente, la actividad del Estado limitativa de derechos, se denomina actividad de policía. Ahora bien, la policía actúa utilizando diversas técnicas, que se diferencian entre sí, por la distinta forma en que afectan la libertad de los privados, es decir, más o menos intensamente. En este sentido, una de las técnicas de intervención más represivas es la autorización, la que podemos definir, en primera instancia, como un acto administrativo que habilita a los particulares para desarrollar una determinada actividad; esto significa, que en múltiples supuestos, es imperioso obtener un acto de consentimiento de la autoridad administrativa, pues sin él sería imposible desarrollar la actividad que en cada caso se pretende efectuar. Pero, ¿por qué es necesario obtener una autorización para ejercer una actividad determinada?, ¿ no somos acaso libres para elegir y realizar la actividad que deseemos?, de no ser así, ¿no basta ampararnos, para ejercer la actividad que pretendemos, en la disposición constitucional que consagra la libertad de empresa?. El presente estudio pretende responder éstas y otras interrogantes que surgen en torno al tema. Con tal objeto, nos abocaremos a analizar la situación existente en la doctrina comparada, principalmente española, ya que nuestro país carece de estudios al respecto. Debemos hacer presente, que esta memoria más que un diagnóstico, ofrece una exposición de planteamientos de varios tratadistas, quienes analizan la autorización a partir de su propia realidad jurídica. No obstante, esperamos que constituya un real aporte, de manera que sea el inicio para futuros y más acabados análisis, que al mismo tiempo configuren una herramienta que permitan comprender y vislumbrar la importancia de un adecuado manejo de esta técnica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas. / Hasta la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA), en el año dos mil tres, habían conceptos tan relevantes como el de acto administrativo, que no tenían una definición legal expresa, en norma general, sino, sólo las contenidas en la jurisprudencia administrativa expresada en dictámenes de la Contraloría General de la República ( CGR ), institución que tantas veces ha debido suplir por esa vía los vacíos que nuestro ordenamiento presenta en materias de nuestra disciplina. Otro de los temas que vino a tratar de forma orgánica y completa la ( LBPA ), fue el tópico de la presente memoria, esto es, los modos de extinguir los efectos de los actos de la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer lugar, es esta una tesis cuyo objeto de interés es la estructura de legitimación de la sanción administrativa, no del procedimiento de cognición y atribución de la misma. Muchas veces, al abordar al Derecho Administrativo Sancionador, se confunden criterios sustantivos con los puramente procesales, tratando ambos aspectos de la cuestión- de suyo diferentes y gobernados por plataformas normativas diferentes- en una sola línea argumental, por lo mismo confusa. Nosotros, en cambio, desde ya advertimos que las consideraciones que informarán el desarrollo del presente texto se enmarcan en un objetivo netamente sustantivo, aun cuando nos haremos cargo de algunos aspectos procedimentales tangenciales a nuestro estudio

A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo órgano de la Administración del Estado debe realizar un trabajo de interpretación para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas que le confieren competencia y regulan su procedimiento. Si bien es cierto la ley le confiere, en varios casos, una potestad expresa para interpretar las normas, también lo es que, aunque no las posean, igual deben realizar una tarea interpretativa. Estas las hemos conceptualizado como las facultades implícitas de interpretación. Puede suceder que el organismo administrativo cambie el criterio de su interpretación, y por lo mismo adopte medidas opuestas a las que venía realizando con anterioridad. Esta realidad puede originar vulneraciones a diferentes principios del Derecho Administrativo como a las garantías constitucionales de las personas. Esta problemática se dará con mayor frecuencia en el caso de los cambios de criterios interpretativos en los órganos administrativos con potestad sancionadora. En efecto, se pretende dilucidar en el presente trabajo los conflictos entre los cambios de criterio, en uso de las facultades interpretativas, con los principios del Derecho Administrativo Sancionador, y garantías constitucionales como los principios de igualdad jurídica, actos propios de la Administración, igualdad ante la ley, confianza legítima, irretroactividad, culpabilidad, y otros que se estudiarán. Se buscará precisar la problemática, y dar ciertas luces de soluciones a ellas. Para el desarrollo se estudiará, en primer lugar, lo que se debe entender por Derecho Administrativo Sancionador como sus elementos y características. En segundo término, entraremos en el estudio de la Infracción y Sanción Administrativa. En tercer lugar, veremos el concepto de potestad interpretativa sancionadora, como los conflictos con los principios y garantías aludidas. Finalmente, para comprender mejor la problemática, haremos un análisis de lo estudiado en el caso de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a los señores Piñera y Cueto, según se analizará.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La “comuna” desde el punto de vista socio-político es una estructura que presenta características que le son muy particulares, generadas, a grandes rasgos por su número de habitantes (30% de las 345 municipalidades cuentan con una población inferior a 10.000 habitantes ), y por la horizontalidad entre los particulares y su municipio. Lo anterior nos abre una amplia gama de oportunidades de participación e inclusión en la toma de decisiones, posibilidad más próxima para la resolución de problemas, y en general, desarrollo de las políticas generales de la municipalidad. Sin embargo, quizás por desgano o por desconocimiento no nos servimos o utilizamos erróneamente las herramientas de participación y defensa de derechos que el orden jurídico nos otorga. Una de estas herramientas son los Recursos de Protección, Reclamo de Ilegalidad Municipal y Recurso de Amparo Económico. Así, motivado por lo dicho anteriormente, en el presente trabajo, recurriremos a las sentencias de nuestros tribunales que se refieran a temas de importancia para el derecho municipal, en específico a las clausuras y concesiones municipales. Nuestro objetivo, una vez analizadas todas las sentencias que contienen dichas materias, será definir una tendencia de nuestros tribunales en cada tema, con el fin de que este trabajo se transforme en una guía medianamente útil tanto para que los particulares sepan en que ocasiones el municipio ha vulnerado sus derechos y que recursos pueden ser efectivos para su defensa; como también una herramienta para que los funcionarios municipales puedan aplicar correctamente el derecho a los casos concretos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto analizar el concepto de Debido Proceso y su vinculación con el Derecho Administrativo. Conocida es la aplicación de dicha garantía en materia jurisdiccional, sin embargo, menos clara es la manera en que se aplica en el ámbito del Derecho de la Administración del Estado. Para un análisis adecuado de esta garantía, se estudia desde la construcción histórica del concepto hasta la manera en que la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo han entendido. Por medio del análisis jurisprudencial, se pretende dar respuesta principalmente a dos preguntas definitorias para determinar la manera en que el Debido Proceso se manifiesta en las decisiones administrativas; en primer lugar, si es que existe un Debido Proceso que sea autónomo del concepto ampliamente conocido en materia jurisdiccional; y en segundo lugar, si este concepto de Debido Proceso Administrativo autónomo puede extrapolarse y ser exigido no solamente en el área administrativa sancionadora sino que en todo tipo de actos administrativos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)