Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria revisa el desarrollo de las intervenciones administrativas orientadas a la protección de caudales mínimos desde la década de 1980 hasta el presente, y critica de la suficiencia o idoneidad de las mismas en el contexto jurídico y político ambiental, especialmente tratándose del denominado Caudal Ecológico Mínimo. La investigación se desarrolla a través del estudio de diversos textos doctrinarios, leyes, reglamentos y minutas, y recurre a un método deductivo, de tipo dogmático jurídico. Entre otras indicaciones sobre la dirección en que debieran orientarse los esfuerzos regulatorios en el ramo, se concluye que, cuando por razones de interés público o de conservación del patrimonio ambiental sea necesario reducir el volumen máximo de extracciones en un cauce o sección del mismo, todos los derechos existentes en él deberían ser reducidos en la medida que corresponda, a través de Planes de Manejo, complementarios a los caudales ecológicos en vigor, por resultar estos insuficientes para la consecución de tales objetivos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El presente trabajo surge como resultado de un proyecto de tesis iniciado durante el curso de Taller de Memoria denominado “El Derecho Sancionatorio de las Superintendencias: Casos Prácticos de la SVS y SEC”, y busca realizar una revisión crítica del estado de la regulación administrativa del Mercado de Valores, tanto desde la perspectiva de la regulación proveniente de los órganos autorregulados como desde la regulación impartida a nivel legislativo y administrativo. Sin intentar desdibujar los lineamientos del sistema económico actual, se sostiene que es necesario que la regulación del Mercado de Valores se efectúe de forma integrada, teniendo en consideración el interés público involucrado en las actuaciones realizadas por sus participantes. La situación anterior, se ejemplifica mediante el análisis de casos de ilícitos de manipulación bursátil, ocurridos en nuestro país durante los últimos años. Se plantea que el problema de la regulación actual del Mercado de Valores atiende tanto a aspectos de fondo como de forma. En relación al fondo, y desde una mirada más sociológica que jurídica, se señala que el problema atiende a que aún las normas del Mercado de Valores no son percibidas transversalmente en la sociedad como una vulneración al interés público, tal como sucede en otros ámbitos del derecho, como el Derecho Penal o la Libre Competencia. En cuanto a la forma, se sostiene que la regulación y los enfoques de fiscalización aplicados actualmente en el Mercado de Valores, son incapaces de anticiparse a los ilícitos, dedicándose principalmente a reaccionar ante los acontecimientos. v Atendido lo anterior, se plantea la tesis de que, en buena medida, la solución a estas problemáticas, se encuentra en realizar modificaciones tanto a nivel teórico como práctico, a través de la implementación de ciertos conceptos como la “Autorregulación Regulada” y la “Supervisión Basada en Riesgos”. / 15/09/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos regula la actividad probatoria en tan sólo cuatro artículos, desde el 35 al 38. Esta deficiencia ha generado diversos conflictos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, al intentar dotar de contenido dicha actividad. En razón de lo anterior, y considerando la relevancia e importancia de la prueba en todo procedimiento, es que hemos decidido aventurarnos en la investigación de la actividad probatoria en el Derecho Administrativo Sancionador, desde una mirada analítica, descriptiva y crítica. Para ello recurriremos a la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación, pretendemos aportar bases para discusiones posteriores, razonamientos jurisprudenciales y, por qué no, ofrecer una propuesta lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza las penas pecuniarias que existen a luz del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en materia ambiental. Para ello, se hará una recopilación de todas las sanciones de multa que puedan existir al respecto, analizando tanto la normativa interna como la internacional. Una vez hecha esta recopilación se hará mención a los bienes jurídicos protegidos por diferentes ramas del derecho que se relacionan con el medio ambiente, para así lograr conocer la diferencia que existe entre ellos o, a contrario sensu, la similitud entre aquellos. Y, finalmente, se hará mención, entre otras cosas, a los fines que el poder punitivo estatal pretende cumplir con la imposición de estas multas, para comprender si con ellas es o no posible reparar el medio ambiente dañado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis se enmarca dentro del proyecto FONDECYT titulado “Análisis económico del derecho administrativo”. Su objeto es evaluar el financiamiento de la educación superior en Chile mediante el Crédito con Aval del Estado (en adelante, “CAE”), desde una perspectiva económica de costos y beneficios sociales. Las políticas públicas de financiamiento de la educación superior suelen estar pensadas para maximizar el acceso y la calidad, sin definir previamente los factores que permiten concluir que estas consecuencias serán alcanzadas. En razón de esto, se analizan los presupuestos económicos subyacentes a la implementación del CAE por medio de la elaboración de una inecuación, que detalla los costos y beneficios contemplados en su diseño. Estos se justifican de acuerdo a un ejercicio de reconstrucción a partir de la historia de la ley y de su contexto, tanto legislativo como político. Para comprender este contexto, se hace un breve resumen de la evolución del sistema de educación superior chileno desde mediados del siglo XX hasta el año 2005, con particular énfasis en las formas de financiamiento. El análisis económico consiste en un análisis empírico en base a datos proporcionados por el Ministerio de Educación y la Comisión Ingresa, entre otras fuentes, sobre los efectos del CAE en el sistema de educación superior desde su implementación hasta el año 2016. Esto permite evaluar si el CAE se trata de una política pública de financiamiento ventajosa y eficiente en relación a los costos y beneficios contemplados originalmente por la misma. Una vez analizados los efectos del CAE, se hace una evaluación de los problemas más importantes que presenta desde dos perspectivas normativas: primero, desde la perspectiva que comprende la educación superior como un mercado que presenta fallas; y, por otra parte, desde la perspectiva que comprende la educación superior como un derecho social que debe tener un régimen particular, distinto del régimen de mercado. Por último se exponen posibles propuestas para mejorar, cambiar o eliminar el CAE en base a las dos perspectivas normativas antes expuestas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

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