El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993, que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento Administrativo General vigente. / This legal report analyzes Resolution No. 1990-2013-TC-S1, administrative act that leaves without effect Resolution N° 1737-2013-TC-S1, being that the resolution lacks the requirements of validity by evidencing contradiction in the motivation and violation of the public purpose, to the extent that it violates Articles 61, 62 and 73 of the Political Constitution of Peru of 1993, which safeguard the Freedom of Contracting and Freedom of Competition in the awarding processes that require public resources of the state. Thus, as we are going to evidence that the principle of legality, procedural conduct and impartiality contemplated in the General Administrative Procedure Law in force is transgressed.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la Resolución N° 00196- 2023/SPC-INDECOPI, a través de la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor emitió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto revocando la decisión de primera instancia que había declarado fundada la denuncia, en consecuencia declaró infundada la misma por una presunta infracción al deber de idoneidad en tanto que el proveedor denunciado no incrementó de forma injustificada la deuda que el denunciante mantenía con su representada. Asimismo, durante el procedimiento se dieron circunstancias que pueden ser analizadas desde el punto de vista del Derecho Administrativo Sancionador tales como las figuras del allanamiento, medidas correctivas, nulidad de oficio, etc. Finalmente, si bien no fue materia de pronunciamiento por la Sala, se analizará si el denunciante calificaba para gozar del beneficio establecido en la Ley Nº 31050. / This legal report deals with the analysis of Resolution No. 00196-2023/SPCINDECOPI, through which the Specialized Consumer Protection Chamber issued a ruling on the merits of the matter revoking the first instance decision that had declared the complaint was founded, consequently it was declared unfounded due to an alleged complaint of the duty of suitability as long as the reported supplier did not unjustifiably increase the debt that the complainant maintained with its client. Likewise, during the procedure, circumstances arose that can be analyzed from the point of view of Administrative Sanction Law, such as the figures of the search, corrective measures, ex officio nullity, etc. Finally, although it was not the subject of a ruling by the Chamber, it will be analyzed whether the complainant qualified to enjoy the benefit established in Law No. 31050.

La inocuidad alimentaria es fundamental para proteger la salud de las personas. Sin embargo, en el año 2019, la Asociación Peruana de Consumidores realizó una denuncia contra Mayorsa, dado que esta empresa se encontraba comercializando alimentos enlatados con golpes y/o abolladuras en ocho de sus establecimientos “Mayorsa y Maxi Ahorro”. Ante esto, el presente informe tiene como objetivo analizar la Resolución 1977-2023 de la Sala Especializada de Protección al Consumidor para evaluar si Mayorsa vulneró su deber de inocuidad como proveedor al vender estos productos. Para ello, se determinará mediante evidencia científica si los alimentos enlatados con estos defectos representan un riesgo para la salud. Además, se examinará el marco normativo aplicable, las obligaciones de Mayorsa en cuanto a la inocuidad alimentaria y la competencia entre la Digesa y el Indecopi en este ámbito. Con estos elementos, se determinará si Mayorsa cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Inocuidad de los Alimentos y si las medidas correctivas dictadas por la Sala fueron adecuadas. En conclusión, debido a la posible afectación directa en la salud de los consumidores, es esencial que el análisis de la Sala tome en consideración el marco normativo de esta materia para asegurar que en futuras denuncias no solo se aborde el concepto de la inocuidad alimentaria, sino también las obligaciones mínimas que todos los proveedores deben de cumplir al comercializar alimentos enlatados. / Food safety is essential to protect people's health. However, in 2019, the Peruvian Association of Consumers filed a complaint against Mayorsa, given that this company was selling canned food with bumps and dents in eight of its establishments "Mayorsa and Maxi Ahorro". In view of this, this report aims to analyze the Resolution 1977-2023 of the Specialized Consumer Protection Court to evaluate whether Mayorsa violated its duty of innocuousness as a supplier by selling these products. To do this, scientific evidence will be used to determine whether canned foods with these defects represent a health risk. In addition, the applicable regulatory framework, Mayorsa's food safety obligations and the competition between Digesa and Indecopi in this area will be examined. With these elements, it will be determined whether Mayorsa complied with the obligations established in the Food Safety Law and if the corrective measures ordered by the Chamber were adequate. In conclusion, due to the possible direct impact on consumers health, it’s crucial that the Chamber’s analysis takes into consideration the regulatory framework of this matter to ensure that future complaints not only address the concept of food safety, but also the minimum obligations that all suppliers must comply when selling canned foods.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el cargo de seis operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito del Señor Sánchez. Así, se profundiza en el deber de despliegue de medidas de seguridad comprendiendo que este implica el deber de monitoreo y cargo de operaciones válidas; con tal fin se analiza la implicancia de las figuras del patrón de consumo y autorización en cada uno de estos supuestos. Finalmente, se analiza la figura del extorno y anulación de la operación como mecanismo de subsanación de este tipo de infracciones al deber de idoneidad. El objetivo de este análisis por lo tanto es dilucidar cuándo el Banco Interamericano de Finanzas – Interbank cumplió con su deber de idoneidad y por tanto correspondería declarar infundada la denuncia en cuestión. Finalmente, se insta a considerar que la presente investigación fue desarrollada con la normativa vigente previo al cambio introducido en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito en Julio de 2024 respecto a la validez de las operaciones presenciales. Sin embargo, saludamos esta iniciativa que beneficiará a miles de consumidores ante la creciente inseguridad ciudadana y el riesgo inherente a un producto financiero tan riesgoso como es la tarjeta de crédito. / The purpose of this investigation is to analyze the charge of six unrecognized transactions against Mr. Sánchez's credit card. Thus, the duty to deploy security measures is analyzed in depth, understanding that this implies the duty to monitor and charge valid transactions; to this end, the implication of the figures of the pattern of consumption and authorization in each of these cases is analyzed. Finally, the figure of extortion and annulment of the operation is analyzed as a mechanism to remedy this type of infringement of the duty of suitability. The purpose of this analysis is therefore to elucidate when Banco Interamericano de Finanzas - Interbank complied with its duty of suitability and therefore the complaint in question should be declared unfounded. Finally, it is urged to consider that the present investigation was carried out under the regulations in force prior to the change introduced in the Credit and Debit Card Regulations in July 2024 regarding the validity of face-to-face transactions. However, we welcome this initiative that will benefit thousands of consumers in view of the growing citizen insecurity and the risk inherent to such a risky financial product as the credit card.

A través de este informe jurídico se analiza la Resolución N° 116-2018/SELINDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante la cual se dio fin al procedimiento administrativo iniciado de oficio por el Indecopi contra el Colegio de Abogados de Lima (CAL), declarando la ilegalidad de las tres barreras burocráticas impuestas que este impuso. Así, este trabajo académico analiza, por un lado, si las medidas impuestas por el CAL pueden ser objeto de análisis en un procedimiento administrativo de barreras burocráticas; y, por otro lado, si dichas medidas constituyen barreras burocráticas ilegales. Para ello, se han utilizado las normas aplicables y vigentes a la fecha de la controversia, como la Ley de Organización y Funciones del Indecopi; la Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada; la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de Colegio de Abogados; así como jurisprudencia y doctrina referida al tema. De esta manera, a partir de la investigación y análisis realizados, demostraremos que las tres medidas impuestas por el CAL sí pueden ser analizadas en el marco de un procedimiento administrativo de barreras burocráticas, en tanto se enmarcan en la definición legal de barrera burocrática al cumplir con los tres elementos característicos de esta; así como que las tres medidas constituyen barreras burocráticas ilegales, en tanto el CAL no siguió las formalidades para imponer dos de ellas y no es competente para imponer la tercera. / Trough this legal report, we analize the Resolution N° 116-2018/SEL-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers of Indecopi, which ended the administrative procedure initiated ex officio by Indecopi against the Lima Bar Association (LBA), declaring the illegality of the three bureaucratic barriers it imposed. Therefore, this academic report analyzes, on the one hand, whether the measures imposed by the LBA can be subject to analysis in an administrative procedure of bureaucratic barriers; and, on the other hand, whether such measures constitute illegal bureaucratic barriers. For this purpose, the applicable regulation in force at the date of the dispute have been used, such as the Law of Organization and Functions of Indecopi, the Law for the Elimination of Cost Overruns, Obstacles and Restrictions to Private Investment, the Law of General Administrative Procedure and the Law of the Bar Association, as well as jurisprudence and doctrine on the subject. In this way, based on the research and analysis carried out, we will demonstrate that the three measures imposed by the LBA can be analyzed in an administrative procedure of bureaucratic barriers, since they fit the legal definition of bureaucratic barrier, because they comply with the three characteristic elements of this. Also, we will demonstrate that the three measures constitute illegal bureaucratic barriers, since the LBA did not follow the formalities to impose two of them and is not competent to impose the third one.

El presente informe jurídico aborda la Resolución No. 006-2013-OEFA/TFA, la cual resuelve declarar infundado el recurso de apelación de Pluspetrol e impone una multa de 8047.41 UIT. Sobre ello, se analiza si la decisión tomada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental de resolver el caso e imponer una multa de 8,047.41 UIT contraviene principios ambientales (en la obligación del cumplimiento del PAC) y procedimentales (derecho de defensa y principio de debida motivación en la imposición de la multa); así como, el deber de inhibición frente a un conflicto jurisdiccional. En esta línea, para abordar las problemáticas planteadas, este informe jurídico analiza la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Texto Único Ordenado del Poder Judicial y la normativa ambiental, incluyendo la Ley General del Ambiente, el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, y el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Además, se realiza una interpretación jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional y otras resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental. De esta manera, el presente informe jurídico concluye que la resolución citada previamente contraviene principios ambientales, como el principio de prevención y no regresión ambiental. Además, es antijurídica al no considerar la normativa ambiental aplicable en materia de hidrocarburos y áreas naturales protegidas. Asimismo, se determina que el Tribunal de Fiscalización Ambiental debió inhibirse de conocer el Procedimiento Administrativo Sancionador y archivarlo. Por último, la imposición de la multa no vulneró el derecho de defensa ni el principio de debida motivación. / This legal report addresses the Resolution No. 006-2013-OEFA/TFA, which declare Pluspetrol's appeal ungrounded and imposes a fine of 8047.41 UIT. Regarding this, it is analyzed whether the decision taken by the Environmental Inspection Court to resolve the case and impose a fine of 8,047.41 UIT violates environmental principles (in the obligation to comply with the PAC) and procedural principles (right of defense and principle of due motivation in the imposition of the fine); as well as the duty of inhibition in the face of a jurisdictional conflict. Also, to address the problems raised, this legal report analyzes the General Administrative Procedure Law, the Single Ordered Text of the Judiciary and environmental regulations, including the General Environmental Law, the Environmental Protection Regulation for Hydrocarbon Activities, and the Regulations of the Law of Protected Natural Areas. In addition, this legal report perform a jurisprudential interpretation of the sentences of the Constitutional Court and other resolutions of the Environmental Inspection Court. In this sense, this legal report concludes that the previously cited resolution violates environmental principles, such as the principle of prevention and nonenvironmental regression. Furthermore, it is illegal by not considering the applicable environmental regulations regarding hydrocarbons and protected natural areas. Likewise, it is determined that the Environmental Control Court should have recused itself from hearing the Administrative Sanctioning Procedure and filed it. Finally, the imposition of the fine did not violate the right of defense or the principle of due motivation.

En el presente informe se analizan los principales problemas jurídicos que surgen en el marco de un procedimiento de barreras burocráticas iniciado por la empresa Wi-net Telecom S.A.C contra la Municipalidad de Miraflores, recaído en el Expediente N° 000134-2022/CEB donde se discute la legalidad y razonabilidad de la exigencia de presentar una autorización de uso de infraestructura de terceros para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. El punto de partida es el análisis de cada uno de los cuatro (4) medios de materialización alegados por Wi-net Telecom S.A.C en la interposición de su denuncia para determinar si la Comisión es competente para pronunciarse sobre ellos y, en consecuencia, si son susceptibles de ser analizados en un procedimiento de barreras burocráticas. Sin perjuicio de ello, es menester de este informe determinar la legalidad de la barrera burocrática objeto de cuestionamiento. Para ello se utilizará el análisis de legalidad empleado por el Indecopi que se divide en 3 aspectos; legalidad de fondo-competencias, legalidad de forma y legalidad de fondo- compatibilidad con otras normas. Finalmente, de manera complementaria se abordarán otros temas tales como la presunta vulneración del principio de continuidad de infracciones por las multas consecutivas impuestas por la Municipalidad, entre otros. / This report analyzes the main legal issues arising in the context of a bureaucratic barrier procedure initiated by the company Wi-net Telecom S.A.C against the Municipality of Miraflores in Case No. 000134-2022/CEB, where the legality and reasonableness of the requirement to submit an authorization for the use of third parties infrastructure for the installation of telecommunications infrastructure is discussed. The starting point is the analysis of each of the four (4) means of materialization alleged by Wi-net Telecom S.A.C. in the filing of its complaint in order to determine whether the Commission is competent to rule on them and, consequently, whether they are susceptible to be analyzed in a bureaucratic barrier procedure. Notwithstanding the foregoing, it is the duty of this report to determine the legality of the bureaucratic barrier matter of this discussion. For this purpose, we are going to apply the legality analysis used by Indecopi, which is divided into three aspects: substantive legality-competences, formal legality and substantive legality-compatibility with other regulations. Finally, in a complementary manner, other issues such as the alleged violation of the principle of continuity of infractions by the consecutive fines imposed by the Municipality, among others, will be addressed.