Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo infantil es un problema latente en nuestra sociedad. En forma paulatina, se ha ido tomando conciencia sobre este tema, debido a la injusticia aparejada a éste, porque coarta a temprana edad el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es a principios de siglo XX que se empieza a manifestar rechazo social al trabajo infantil, siendo a mediados del siglo pasado, donde podemos observar un cambio de actitud en la sociedad chilena. En la actualidad en Chile no existen normas que traten de forma sistemática la regulación del trabajo infantil. La actual legislación solo se aboca a ciertos temas específicos, a saber, la capacidad y edad para trabajar en los artículos 13 a 18 del Código del Trabajo, no sistematizando en forma total el trabajo infantil. En relación a las normas de origen interno, éstas establecen tres grupos de edad a efectos de la incorporación de niños y adolescentes al mercado de trabajo. a) Por debajo de los 15 años el trabajo está prohibido, excepto en la situación especialísima de niños que en casos calificados, pueden ser autorizados a que trabajen en teatro, cine, televisión o actividades similares. b) Entre los 15 y 18 años, se requiere de la autorización de los padres, tutores o del inspector del trabajo; que los niños hayan cumplido con su obligación escolar, que realicen únicamente trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, no impidan su asistencia a la escuela ni su participación en programas educativos o de formación. La edad de capacidad plena para contratar son los 18 años. En general, cuando se analiza el marco normativo del trabajo infantil en Chile, se suele señalar que con las modificaciones introducidas por la ley 20.189, éste sería plenamente concordante con los requerimientos de la normativa de origen internacional. Sin embargo, en relación con el Convenio Nº138 del año 1999 de la OIT, la legislación es insuficiente, ya que el Código del Trabajo es, por definición, aplicable sólo al sector formal de la economía y cuando existe trabajo remunerado bajo vínculo de subordinación y dependencia, situación que sería minoritaria en las actividades laborales desarrolladas por los niños y adolescentes. Asimismo, la normativa no regula adecuadamente la protección del derecho a la educación y el cumplimiento de la obligación escolar de todos los adolescentes.

La presente investigación presenta la problemática actual del hundimiento de los territorios terrestres de determinados Estados insulares debido al aumento en el nivel del mar ocasionado por el cambio climático. Dicha problemática motivó la aprobación del tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional” en el programa de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. La justificación de la presente investigación parte de la necesidad de dar una respuesta jurídica a la problemática planteada dada la posibilidad de una eventual pérdida del espacio terrestre de los Estados en riesgo producto de su sumergimiento total. Esta necesidad se basa en el supuesto teórico de que la situación descrita generaría como resultado la pérdida del territorio y, por ende, también de la “condición de Estado” (Statehood en inglés) tras perder uno de los elementos constitutivos del Estado como sujeto de derecho internacional. Nuestra hipótesis es que la respuesta jurídica que debe darse ante la disminución y eventual pérdida del espacio terrestre de los Estados en riesgo es la creación de una ficción jurídica que implique el congelamiento de sus líneas de base a fin de poder mantenerlas jurídicamente luego de la pérdida fáctica del territorio terrestre. Esta es una cuestión a trabajar por parte de la Comisión de Derecho Internacional en el ámbito de la condición de Estado del tema anteriormente señalado. Para demostrar esta hipótesis, se analiza la normativa internacional y la doctrina existente en la materia. Como resultado de lo investigado, se concluye que la creación de la ficción jurídica propuesta permitiría a los Estados en riesgo aplicarla a fin de que sus líneas de base se mantengan jurídicamente, lo cual implicaría que no se pierda jurídicamente el territorio y que, por tanto, se continúe gozando de la condición de Estado.

Muchos autores han descrito a la responsabilidad como necesaria para la existencia del derecho. De este modo, “la existencia de un orden legal internacional establece que los sujetos a los cuales se les impone obligaciones deben ser responsables en el caso de fallar con el cumplimiento de esas obligaciones”. Esto inclusive es aplicado en el derecho doméstico de los Estados en donde la violación de una norma determina la responsabilidad del infractor y, por lo tanto, su sanción. Asimismo, Paul Reuter declaró que “la responsabilidad se encuentra en el corazón del derecho internacional […] esta constituye una parte esencial de lo que puede ser considerado la Constitución de la comunidad internacional”. La responsabilidad internacional constituye, de este modo, una pieza clave del derecho internacional, más aun, de su existencia y efectividad, y ha ido evolucionando a raíz de su desarrollo. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el cual las medidas de reparación se han diversificado para otorgar una protección más íntegra a las víctimas.

La situación actual del comercio internacional demuestra la importancia de las relaciones comerciales y económicas entre los estados; los países necesitan de la inversión extranjera para poder desarrollarse, debiendo para ello contar con un clima favorable a la misma, así como con las condiciones óptimas para poder permitir a los inversionistas extranjeros desarrollar sus negocios. La constante evolución de la economía, el comercio mundial y la globalización han generado que los estados negocien acuerdos comerciales, celebrándose así una gran cantidad de Tratados Bilaterales de Inversión, en adelante BITs1 Sin embargo, aun cuando el sistema CIADI en general ha tenido gran aceptación, existen diversos estados que han expresado su descontento con la manera en que se desarrollan y Tratados de Libre Comercio, en adelante TLCs, debido a la rapidez de los flujos económicos y comerciales y las ventajas que genera para las economías de los estados que participan en estos acuerdos. Teniendo esto en consideración, los estados exportadores de inversión buscan proteger a sus inversionistas, motivo por el cual se han suscrito diversos acuerdos, donde se establecen condiciones especiales de protección y seguridad a la inversión extranjera. Por ello, se establecieron cláusulas de solución de controversias que contemplan el desarrollo de la disputa en una instancia ajena al estado sede de la inversión, teniendo como objetivo evitar la posible parcialización de los tribunales nacionales para con sus estados y la desconfianza de los inversionistas en los sistemas judiciales nacionales. A través de estas cláusulas se busca contar con un mecanismo por el que las controversias entre el estado y el inversionista puedan ser resueltas rápida y definitivamente; a tal efecto, se tienen previstos diversos medios de solución como mediación, conciliación y arbitraje, siendo éste último el que ha tenido el mayor y más notable desarrollo a escala internacional, especialmente debido a los procedimientos llevados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en adelante CIADI. Siguiendo la tendencia establecida en los diversos acuerdos firmados por los estados alrededor del mundo, más de 140 países han ratificado el Convenio CIADI, demostrando la confianza en dicho sistema, apreciándolo como mecanismo a utilizar en caso se suscite algún tipo de controversia entre un inversionista y el estado sede de la inversión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Nuestra hipótesis es que nos parece inadecuada la caracterización de la política exterior del radicalismo como idealista exclusivamente, ya que también posee elementos realistas. Por eso en la primera parte de la tesis hicimos una interpretación teórica y luego procederemos al análisis. La tesis es que proponemos una categoría más adecuada para caracterizar la política exterior del radicalismo, la de racionalismo pragmático, entendiéndolo como la búsqueda de una política basada en una percepción racional del mundo, lo que no quiere decir que el mundo lo sea, complementada por un pragmatismo que permite la adaptación de propuestas e intereses ante un mundo cambiante. Para ello, haremos un seguimiento desde el punto de vista discursivo -entendiendo esto no en un sentido restringido sino amplio-. Intentaremos identificar en él variables, como por ejemplo el Mundo, América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, etc. que nos indican las estrategias de autonomía e inserción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objetivo analizar en profundidad la reducción del precio como remedio contractual, con especial énfasis en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, la cual es ley de la República de Chile desde 1990. En primer lugar, se analizará el desarrollo histórico de este remedio, desde la actio quanti minoris en el derecho romano hasta su tratamiento en el derecho moderno y uniforme de la contratación. A continuación, se examinará exhaustivamente su regulación en la Convención de Viena de 1980. Luego, se estudiará la aplicación de la acción de reducción del precio en el derecho civil y comercial chileno. Para terminar, se hará referencia a la recepción de la reducción del precio en otros instrumentos de derecho internacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Corrían los años cincuenta, y los seis Estados europeos más comprometidos con la devastación de post guerra, reconocían la importancia de mantener un equilibrio controlado del mercado de las materias primas indispensables para la conducción de una guerra. En 1952 se firmó el Tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, materias primas esenciales para cualquier actividad bélica, y en 1957 se constituyó la Comunidad Económica Europea, la que aseguraría el equilibrio de los diversos mercados que se comenzaban a restablecer en el viejo continente, luego de la Segunda Guerra Mundial. La intención apuntaba claramente hacia la estabilidad tanto en los mercados del carbón y del acero, como también la estabilidad general dentro de los límites del continente. Mediante compromisos mutuos y facultades susceptibles de ser exigidos recíprocamente, los seis Estado fundadores, esto es, Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, vislumbraban que solamente mediante la estabilidad del comercio podría alcanzarse la ansiada paz duradera. Los 7 intereses económicos podrían desincentivar cualquier perturbación del balance continental. A la luz de los hechos, nada podría ser mas visionario, pues la historia reciente ha demostrado que desde la celebración de los Tratados constitutivos de lo que hoy denominamos Unión Europea, no ha estallado conflicto bélico alguno entre los países signatarios. Tampoco es imaginable que una situación así pudiera acontecer, por lo menos dentro de las décadas más cercanas, pues en los días que corren, sería mucho más costoso para las diversas arcas fiscales europeas que eso suceda. Los Estados miembros se han dado cuenta que una guerra al interior de las fronteras comunitarias saldría excesivamente cara. De esta manera hay amplio consenso respecto de la ruta escogida hasta ahora, y aún más, hay quienes propugnan aún más integración. Dentro de éstos últimos, se encuentran algunos Estados miembros, como también algunas instituciones comunitarias, como lo veremos más adelante.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba tiene por objetivo dilucidar si la autonomía de la voluntad, en tanto principio rector de la libertad contractual tanto nacional como internacional, constituye o no una fuente de Derecho aplicable a los contratos internacionales.