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La presente investigación se enfoca en el análisis del “Ejercicio de Funciones Públicas por Entidades Privadas Colaboradoras de la Administración” (EPCA), figura del Derecho administrativo que pretende englobar una serie de supuestos en los que la Administración traslada a los particulares la facultad de realizar ciertas funciones públicas, con el fin de obtener con ello un mejor resultado a que si dicha actividad hubiera sido realizada directamente por aquella. No obstante, este mecanismo no ha sido debidamente regulado por nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que resulta importante determinar los criterios, fundamentos y efectos que subyacen a esta forma de colaboración entre los administrados y la Administración. De acuerdo con ello, esta tesis está orientada a la consecución de los siguientes objetivos generales: i) Determinar la viabilidad jurídica de la participación del sector privado en el ejercicio de una función pública, a partir de la teoría del derecho administrativo y el análisis de la doctrina comparada; ii) Determinar el contenido del EPCA como figura del Derecho público, con el fin de identificar adecuadamente su naturaleza jurídica, estructura, procedimiento, elementos característicos y delimitación respecto de otros conceptos relacionados; e, iii) Intentar determinar el mecanismo legal por medio del cual se efectúa el traslado de las funciones públicas a la esfera de ejercicio de los particulares, de acuerdo al marco legal vigente; o, de ser el caso, evaluar una posible solución ante la indeterminación de instrumentos específicos. Al respecto, concluimos que el EPCA es una figura que carece de una regulación normativa genérica y específica que permita dar con una respuesta concisa y directa sobre la correcta manera de trasladar el poder público a los administrados. Es por ello que, a falta de un mecanismo diseñado teórica y normativamente para viabilizar este tipo de operaciones, somos de la opinión de que nuestro marco legal debe ser lo suficientemente flexible como para valerse de los distintos instrumentos que se encuentran recogidos en el ordenamiento, en función a cada actividad y contexto específico. / Tesis

Tesis para optar al grado de Magíster en Tributación / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Con la entrada en vigencia de la Ley N°20.322, que instauró la nueva justicia tributaria, han surgido una serie de aspectos controversiales que resultan de especial interés desde el punto de vista de la litigación tributaria. En razón de lo anterior, se eligieron dos tópicos que por su importancia, aplicación y efectos, pueden resultar determinantes a la hora de resolver un asunto sometido a conocimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y/o Tribunales Superiores de Justicia, motivo por el cual serán analizados cuidadosamente en la presente investigación, junto con exponer y comentar la principal jurisprudencia que se ha dictado a su respecto. En primer lugar se analiza la medida cautelar contemplada en el artículo 137 del Código Tributario, comenzando con una exposición del marco conceptual de las medidas cautelares, tanto desde un punto de vista de la doctrina nacional como internacional. Acto seguido se continúa con el análisis del fundamento de toda medida cautelar, para luego estudiar en particular, las características y requisitos de procedencia de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos del contribuyente. Una vez expuesto lo anterior, se analizan algunos pronunciamientos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y Tribunales Superiores de Justicia sobre el particular, para terminar enunciando algunas críticas que ponen en duda la real efectividad de esta medida. En segundo lugar se examina la Nulidad de Derecho Público en materia tributaria, circunscribiendo su análisis, primero, en resolver la interrogante si los Tribunales Tributarios y Aduaneros son competentes para conocer de ella, y segundo, dilucidar si la falta de fundamentación de un acto administrativo tributario, se enmarca o no dentro de las causales de procedencia de la Nulidad de Derecho Público.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El trabajo se estructura sobre la base de siete capítulos. El primero busca situar la investigación en su contexto histórico, atendiendo a los orígenes y al desarrollo de la institucionalidad medio ambiental a nivel internacional. El segundo revisa los antecedentes de la regulación y la institucionalidad ambiental vigente en Chile y el tercero, busca explicar dicha realidad, atendiendo especialmente a los fundamentos que llevaron a adoptar el actual diseño institucional. Dicho capítulo termina con ciertas conclusiones preliminares sobre nuestra evolución en el contexto internacional. En el cuarto capítulo, se presenta una sistematización de las opiniones críticas que la literatura y diversos especialistas han realizado sobre nuestra regulación ambiental, con el objeto de conformar un diagnóstico del foco de los problemas que permita dirigir las posibles soluciones institucionales. En el quinto, se presentan los diversos proyectos de ley en actual tramitación parlamentaria que abordan parte de dichas falencias, con el propósito de mostrar los avances que en estos aspectos se discuten en el Congreso. En el sexto, se aborda en concreto el estudio sobre los diversos modelos y diseños institucionales que se han establecido a nivel comparado en materia ambiental, para luego realizar, a partir de la información recabada, un ejercicio de sistematización destinado a identificar ciertas “tendencias comparadas” en materia de institucionalidad ambiental, dando cuenta de las alternativas de organización existentes a este respecto. Y finalmente, en el séptimo capítulo, se desarrolla una propuesta de lo que en nuestra opinión debieran ser los lineamientos centrales de la proyectada reforma a la institucionalidad ambiental nacional, considerando los diversos aspectos ya analizados y especialmente la realidad existente a nivel internacional.

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general. / Trabajo académico

Los beneficios económicos, sociales y ambientales que representan la compartición de infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones hacen más atractiva su elección frente a la posibilidad de instalar infraestructura propia. Una regulación que facilite la compartición de infraestructura de red de acceso es necesaria para brindar y expandir los servicios públicos de telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia de la prestación de dichos servicios para la población, con lo cual se debe impulsar una adecuada compartición de infraestructura no solo del sector de telecomunicaciones, sino además de otros sectores, como electricidad e hidrocarburos. / Trabajo académico

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