El hacinamiento penitenciario es considerado como uno de los principales problemas en las cárceles alrededor del mundo, en especial en la región de Latinoamérica. Según diversos informes, el hacinamiento en las cárceles peruanas ha oscilado entre el 118% y el 140% en la última década. De esta manera, implica un problema en cuanto la vulneración de los derechos humanos de los internos, puesto que no se cumplen con los mínimos requeridos para un albergue digno contemplado por distintas organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales. Debido a esto, en las últimas décadas el Estado peruano se ha visto en la obligación de implementar distintas medidas alternativas para disminuir los niveles de hacinamiento en las cárceles, como es la vigilancia electrónica personal y la prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, estas medidas se han visto insuficientes e ineficaces como resolución de la problemática. Para responder la pregunta de la insuficiencia de estas medidas, se proponen como posibles explicaciones: 1. Populismo penal; 2. Proceso burocrático excesivo, y 3. Desarticulación entre órganos estatales. Este análisis no necesariamente contrapone a estas razones entre sí, es decir, aceptar una razón no implica obligatoriamente que la otra razón no pueda aplicarse, sino que entre estos puntos se pueden complementar mejor.

El presente perfil de proyecto busca incentivar en las autoridades y el público general la importancia de tener un envejecimiento saludable, guiado por el humanismo que debemos tener hacia las personas privadas de su libertad y que se encuentran recluidas en un penal el mismo que no cuenta con un servicio que vele por la salud e integridad de las personas adultas mayores que se van incrementando en éste recinto. Asimismo, mediante la instalación de éste servicio busca enfrentar al incremento de las enfermedades en el adulto mayor en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, mediante el cumplimiento de normas que involucren a las autoridades penitenciarias como a las locales como MINSA y la Municipalidad a fin de crear conciencia sobre ésta fracción de la población que necesitan ayuda y atención sobre todo en lo que a su salud se refiere. Así como también contar con equipamiento adecuado y moderno para su atención, además, que permitan un control y detección oportuna de enfermedades agobiantes en ésta etapa de la vida. Siguiendo un balance de costos adecuados y priorizando necesidades en bien del adulto mayor se propone el siguiente proyecto de inversión a tomar en cuenta para ofrecer una atención con calidad y calidez humana a estas personas privadas de su libertad pero no de sus derechos a la salud. Se considera un horizonte de duración de 10 años de generación de beneficios, que comprende el tiempo de realización de todas las acciones, la evaluación y seguimiento del proyecto. El presupuesto de inversión es de 269,703 nuevos soles.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde su creación y adopción en el año 1955, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron reconocidas como la base para la elaboración de políticas penitenciarias en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo y producto del desarrollo en el ámbito legislativo internacional en lo que al tratamiento del recluso se refiere, se hizo necesaria su actualización. Se inició así un proceso de discusión y revisión de las diversas materias que regulaba, concluyendo tal labor en el año 2015 con la adopción de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, a modo de homenaje al difunto presidente de Sudáfrica. Constatando en el ámbito nacional las precarias condiciones carcelarias, se hace necesario efectuar un análisis de las Reglas Mandela, dando cuenta de sus fundamentos y principios, así como aquellas materias que fueron modificadas para adecuarse a los nuevos tiempos. En el mismo sentido, la presente memoria se refiere a las principales normas nacionales que se encargan de regular la gestión de los recintos penitenciarios y los derechos y garantías de los reclusos, con énfasis en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a fin de determinar si éstas incorporan elementos de tales Reglas.